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Muchos perciben las contribuciones como una doble tributación: sobre los ingresos y sobre la casa financiada con el ahorro de ellos.

 

Debido al reavalúo de bienes raíces no agrícolas, entre 100 mil y 200 mil propiedades hasta ahora exentas deberán comenzar a pagar contribuciones, pues su valor se ha elevado más allá del umbral de exención. Esto ha causado preocupación en el Gobierno, ya que pocas medidas son más impopulares que el pago de impuestos, especialmente en aquellos que nunca antes los habían pagado. Por eso, el Ministerio de Hacienda está analizando medidas para mitigar su impacto.

 

El temor a la reacción ciudadana se observa en el retraso de al menos un año de la entrada en vigencia del nuevo avalúo de viviendas, así como en el proyecto de ley que congelaría las contribuciones de los adultos mayores. El escaso apoyo a este impuesto (a diferencia de otros) obedece en parte a que algunos piensan que constituye una doble tributación -sobre los ingresos y sobre la casa financiada con el ahorro de ellos-. Esta combinación de problema político e insuficiente convicción de la legitimidad de las contribuciones debilita su aplicación.

 

Por otra parte, las contribuciones, que generan ingresos a los municipios, tienen como contraprestación servicios proveídos por estos y que, en teoría, son a la vez deseados por el público y difíciles de proveer en forma privada: aseo y ornato en la comuna, parques y otras amenidades comunales. Esto se manifiesta en que los municipios con más ingresos por contribuciones son los que proveen mejores servicios a sus habitantes.

 

Existen muchos argumentos a favor de aplicar el reavalúo. Una de las causas del alza de precios de los inmuebles son las restricciones que imponen los vecinos a la construcción, y sería injusto que quienes se benefician de restricciones que perjudican a quienes desean vivir en el barrio se vean favorecidos con el mayor valor y no paguen nada a cambio. Luego, cuando los propietarios exentos se transforman en contribuyentes, se sienten más empoderados -porque son sus recursos- para exigir eficiencia a la burocracia comunal y que el alcalde responda a sus intereses. Esto no ocurre cuando los fondos municipales provienen del Estado central o del Fondo Común Municipal.

 

Un tercer aspecto es que el alza de contribuciones le da movilidad a la ciudad. Cuando suben las contribuciones de quienes viven en una vivienda demasiado grande y cara para sus ingresos y necesidades, estos se inclinan más a mudarse y vender a quienes tienen una necesidad efectiva de una vivienda con esas características.

 

Por estos factores, parece razonable una aplicación gradual de las contribuciones, para suavizar su efecto sobre los nuevos contribuyentes, pero sin olvidar, de un modo realista, que un mayor número de ciudadanos tiene viviendas cuyo valor ha aumentado.

 


El Mercurio

Página Web - 2013/12/02

Fuente: http://diario.elmercurio.com/


Algunos, como Vitacura y Estación Central, usan el sistema de leaseback y así no pierden la propiedad del predio. Otras comunas prefieren conservar los sitios mientras otras los usan para dar opciones a familias que no tienen vivienda.

 

Pocos recursos y muchos gastos. Esa es la realidad de la mayoría de los municipios, con presupuestos siempre estrechos. Así, sacar provecho de sus bienes aparece como una opción para generar más fondos y, de hecho, se ha convertido en una de las principales vías, además del cobro de permisos y patentes, para aumentar sus arcas cada año.

 

"El Mercurio" pidió a través de las oficinas de Transparencia de las 34 comunas del Gran Santiago la lista de predios que cada municipio vendió desde 2008. En total, son 62 sitios por un monto de casi $20 mil millones.

 

Por supuesto, hay algunos sitios que despiertan más interés: de hecho, solo Vitacura y Lo Barnechea recaudaron más de $9.600 millones por los terrenos que abrieron a concurso público. Esto es la mitad del total captado por las 15 comunas que enajenaron predios en el período.

 

En Vitacura, las principales transacciones no son a ventas; el municipio ocupó el leaseback , que le permite recibir dinero a cambio de terrenos y, una vez cancelada la última cuota del monto pactado, recuperar la propiedad del sitio.

 

La operación también se hace a través de licitaciones, en las cuales Vitacura estableció que los más de $4 mil millones recibidos por un terreno en avenida Padre Hurtado se usarían para financiar la segunda etapa del Parque Bicentenario, y los casi $1.000 millones obtenidos por sitios en Lo Arcaya y San Félix costearán el programa para adultos mayores Vitamayor.

 

Ese mismo mecanismo usaron las municipalidades de San Joaquín con dos terrenos que suman más de 6 mil m2 por $1.790 millones, y Estación Central, que obtuvo $1.500 millones por sitios en tres calles.

 

Lo Barnechea es la comuna que más superficie vendió desde 2008. Son 45.304 m2 repartidos en 12 predios, la mayoría en La Dehesa. "Cada vez que se hace un loteo se entrega un terreno de equipamiento y área verde al municipio. Pero muchas veces quedan en lugares que no son útiles para la administración comunal. ¿Qué podemos hacer en medio de un condominio? En esos casos, uno lo vende con la condición de que el dinero se ocupe en equipamiento", explica el alcalde Felipe Guevara.

 

Los fondos han permitido costear la remodelación del Centro Lector ($143 millones en 2009), el estadio municipal ($346 millones), el Parque de la Chilenidad ($672 millones) y el nuevo centro cívico ($12 mil millones).

 

Los interesados

 

Los principales compradores de estos terrenos son las inmobiliarias y los bancos, según consta en los decretos de cada enajenación. En La Granja, por ejemplo, Inmobiliaria San José adquirió tres de los cuatro sitios que el municipio abrió a concurso público -dos en 2009 y uno en 2013- por $1.340 millones. Es decir, el 84% de los recursos que obtuvo esa comuna por venta de terrenos provinieron de esa empresa. Algo similar ocurre en Peñalolén, donde el banco BBVA pagó el 87% de los $1.375 millones que recibió la comuna desde 2008 por venta de predios.

 

También los vecinos se interesan. En Maipú, la mayoría de las transacciones que informó el municipio son regularizaciones de propiedades de vecinos que, después de cancelar deudas, pudieron quedarse con los lugares donde ya vivían. En San Bernardo, en tanto, el municipio entregó subsidios de hasta 75% del precio de los predios para que vecinos pudieran comprarlos.

 

Las situaciones son dispares. En Pudahuel, aseguraron que el municipio no vende terrenos, pero "ha ejecutado programas de viviendas sociales, transfiriendo viviendas a los beneficiarios de los programas". Eso se ha hecho con más de 23 mil m2.

 

En cambio, en Puente Alto no se ha vendido ninguno y afirman que "el interés de la municipalidad no está en desprenderse de bienes del patrimonio municipal, sino en cautelarlos".

 


Nadia Cabello  / El Mercurio

Página Web - 2013/12/02

Fuente: http://diario.elmercurio.com/


Advierten que unos 50 mil subsidios otorgados no cuentan con proyectos en construcción. El Gobierno en acuerdo con diputados opositores presentó una glosa donde se compromete a evaluar la reconstrucción y diversos programas del Minvu

 

Por varias horas se extendió ayer en la Cámara de Diputados la discusión sobre los programas del Ministerio de Vivienda en el marco de la discusión del Presupuesto 2014, en el que la oposición cuestionó los resultados de las políticas ejecutadas en esta cartera, en especial las que tienen que ver con la reconstrucción.

 

En ese debate se señaló que que las estadísticas que muestra La Moneda se encuentran distorsionadas al mezclar la ejecución de obras de reparación con la construcción de nuevas viviendas y no detallarse los progresos en otras áreas, que presentan un avance menor. Al respecto, el diputado Carlos Montes señaló que ”queremos que se objetive cuál es realmente el avance de la reconstrucción de vivienda, en reconstrucción de equipamiento y en reconstrucción de vialidad”. “tenemos una serie de indicios de que las cifras que da el gobierno no coinciden con la realidad, en el sentido que las interpretan O se suman cosas que no hay que sumar” – agregó.

 

Asimismo, se criticó enérgicamente el resultado del programa de Fondo Solidario de Vivienda, destinado a las personas de menores recursos, en que se denunció una grave escasez de proyectos en construcción, derivados de la separación que la normativa impulsada por el actual Gobierno, el Decreto Supremo 49, hizo entre la demanda y la oferta. Antes, la postulación se ligaba a un proyecto específico, en tanto en la actualidad los subsidios se entregan a las familias beneficiarias, que deben salir a comprar su vivienda entre las disponibles en el mercado.

 

Montes indicó que los niveles de construcción de vivienda social no destinadas a la reconstrucción se encuentran en niveles muy bajos y expresó que “la información que tenemos es que hay entre 48 mil y 50 mil personas que tienen un papel de subsidios de soluciones habitacionales que todavía no empiezan a construirse, no tienen ni terreno, ni proyecto ni nada. Entonces el próximo gobierno va a tener que dedicar una gran cantidad de energía y recursos para construir soluciones para esas 50 mil familias y ese va a ser un problema bastante serio, porque no van a poder iniciar nuevos programas”. “Este gobierno fracasó porque creyó que entregando subsidios, se iban a producir todas las casas, pero entregando subsidios la gente ha empezado a buscar casas y no encuentra casas de ese valor. Tenemos gente en todo Chile gente muy frustrada con subsidio, pero sin solución” – recalcó.

 

Como una manera de salvar la partida de la cartera, el Gobierno llegó a un acuerdo con los diputados opositores y presentó una glosa donde se compromete a evaluar tanto la reconstrucción como diversos programas del Ministerio de Vivienda, a través de un informe que solicitará a alguna entidad especializada.

 

Así lo anunció el propio ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien en medio del análisis del presupuesto de Vivienda en la Cámara Baja anunció que “el gobierno compromete un análisis comparativo del programa D.S. 49 y una evaluación de la reconstrucción por región realizado por un organismo internacional o universidad de prestigio”. El secretario de Estado afirmó que el estudio será dado a conocer antes del 28 de febrero de 2014. Y agregó que “adicionalmente se tramitará dentro de la evaluación regular que efectúa la Dirección de Presupuestos, una evaluación del DFL 1 como parte del proceso de evaluación regular”.

 


El Dínamo

Página Web - 2013/11/29

Fuente: http://www.eldinamo.cl/

 


En el rubro inmobiliario reconocen un alza en las quejas y que los gastos ligados a las áreas de servicio a clientes hasta se han duplicado en últimos años.  

Tres de cada cuatro clientes que compraron una vivienda nueva en el último año contactaron a posventa o servicio al cliente de su inmobiliaria para reportar, principalmente, fallas en su propiedad.

 

Así lo reveló una encuesta de la consultora TGA, representante de Great Place to Live, que trabaja con inmobiliarias en materias de satisfacción de clientes. La consulta, realizada entre septiembre de 2012 e igual mes de este año, consideró 25 proyectos residenciales de once comunas de la Región Metropolitana, e involucró a 1.575 propietarios.

 

Tomás Cartagena, director ejecutivo de TGA y de Great Place to Live, afirmó que es la primera vez que se da a conocer públicamente el resultado de un sondeo sobre este tema. Añadió que si bien el promedio arroja que casi el 73% de los clientes llama a posventa en el primer año, en los proyectos mejor evaluados ese porcentaje es de 60 a 65% y en los con más baja nota la cifra sube a casi 100%.

 

De quienes no se habían contactado con posventa, casi la mitad afirmó que no había tenido problemas, mientras que 22% no lo hizo por falta de tiempo.

 

El presidente del Comité Inmobiliario de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Mauricio Salinas, reconoció que hoy los clientes reclaman más que antes, situación que se ha intensificado en los últimos dos años. Esto, añadió, ha implicado mayores recursos en posventa en el sector. Hace un par de años ese ítem representaba el 1,5% del costo de construcción, mientras que hoy llega al 2,5%.

 

El gerente general corporativo de Empresas Armas, Cristián Armas, admitió que los clientes están más exigentes, pero que saben distinguir entre "buenas" y "malas" empresas. Armas afirmó entre el 10 y el 25% de sus clientes que compran viviendas llama a posventa, la mayoría por problemas menores.

 

El gerente general de Inmobiliaria Actual, Rodrigo Lyon, afirmó que actualmente se gasta el doble en atención a cliente respecto de hace un par de años, y esto llega al 3% de los costos de la construcción.

 

Lyon comentó que los usuarios, en general, se sienten "empoderados" y son exigentes a la hora de pedir sus derechos. Indicó que dentro del primer año, cerca de 35% de los clientes de Actual llama a posventa.

 

Problemas
Fallas ligadas a los calefones, baja presión de agua y artefactos de baño lideran las quejas.

 


Marco Gutiérrez V.  / El Mercurio

Página Web - 2013/11/28

Fuente: http://diario.elmercurio.com/


Este instrumento ahorrará recursos a las familias y fomentará el desarrollo de una economía verde, entre otros beneficios

 

Los ministros de Vivienda y Urbanismo, Rodrigo Pérez, y de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, junto al embajador británico, Jon Benjamin, lanzaron este martes el primer "Código de construcción sustentable" para Chile.

 

Según las autoridades, desde el punto de vista económico, este instrumento ayudará a conseguir ahorros financieros para los ocupantes, beneficios económicos para los fabricantes de tecnologías sostenibles y apoyará el desarrollo de una economía verde.

 

Desde una perspectiva ambiental, fomentará la reducción de las emisiones de carbono de las viviendas y el sector de la construcción, además de la reducción de los escombros y desechos, e introduce medidas para proteger la ecología.

 

Y desde lo social, el código busca mejorar el confort de las viviendas para sus ocupantes, incrementar las habilidades de los trabajadores de la construcción y propende hacia la creación de comunidades sostenibles.

 

"Éste será de aplicación voluntaria en los primeros años, pero esperamos que la industria lo adopte progresivamente, y que la construcción con los estándares dispuestos en el código sea valorada por los consumidores para que se constituya como un valor diferenciador respecto a construcciones tradicionales", dijo el ministro Pérez.

 

A su turno, Benítez sostuvo que "el lanzamiento del Código de Construcción Sustentable es un gran paso dentro del trabajo mancomunado que venimos desarrollando en alianza los Ministerios de Vivienda, de Obras Públicas y Energía, todos juntos con el fin de hacer que las construcciones chilenas sean más sustentables".

 

La titular de Medio Ambiente explicó que "no obstante nuestros esfuerzos, pensamos que la actitud que tomen las empresas constructoras y también la ciudadanía, son claves para hacer nuestras construcciones más sostenibles. Para eso, es necesario que partamos por casa, y que generemos un cambio de conciencia".

 

En la elaboración del código contribuyó la organización británica Building Research Establishment (BRE) que se dedica a la consultoría, capacitación y análisis de innovaciones en el sector construcción, con amplia experiencia internacional en diseño e implementación de estándares de construcción sustentable.

 


 

El Mercurio

Página Web - 2013/11/27

Fuente: http://www.emol.com/