Los contratos de alquiler con fines de vivienda tendrán una duración mínima de tres años -12 meses más que en la actualidad- y los ajustes anuales en el precio no podrán superar las proyecciones de inflación calculadas por el Indec para el mismo período, de prosperar un proyecto presentado hoy por la senadora Silvina García Larraburu y elaborado junto a las 14 organizaciones del Frente Nacional de Inquilinos.

La iniciativa -que supone reformar el Código Civil y Comercial de la Nación-, propone, además, que las expensas extraordinarias en ningún caso sean pagadas por el inquilino, que el depósito en garantía no supere el valor de un mes alquiler y que el monto de lo devuelto por ese concepto al término del contrato sea equivalente al último período abonado.

Adicionalmente, estipula que las comisiones cobradas por las inmobiliarias sean estrictamente determinadas por ley en cada jurisdicción y, en caso de no estar reguladas, sean siempre inferiores o iguales a un mes de alquiler.

Por último, el proyecto supone la eliminación del plazo de seis meses para la rescisión del contrato (que podría hacerse al inicio del mismo) y señala que las partes están obligadas a acordar o no la renovación del contrato sesenta días antes del vencimiento de la locación.

"Argentina es un país atrasado en materia de alquileres y esta norma viene a poner un poco de seriedad y a equilibrar las asimetrías en la relación entre inquilino, propietario, inmobiliarias y mercado”, dijo a Télam Gervarsio Muñoz, referente del Frente Nacional de Inquilinos.

Tras resaltar que es la primera vez que organizaciones de inquilinos de todo el país participan de la elaboración de una norma de esta naturaleza, Muñoz destacó que el objetivo es "quebrar con una lógica cultural según la cual el mercado es el que rige las condiciones” y los precios de los contratos de alquiler.

"Argentina es un país atrasado en materia de alquileres y esta norma viene a poner un poco de seriedad y a equilibrar las asimetrías en la relación entre inquilino, propietario, inmobiliarias y mercado”

"Si logramos instalar que el precio del alquiler no tiene que ver con el precio de mercado sino con los índices económicos y que tiene límites, no ocurría lo que sucede ahora, que aumentan todo lo que quieren”, agregó.

La presentación de la iniciativa llega en un momento de inflación creciente, alzas impositivas y tarifarias que, según sus autores, “dieron vía libre a la especulación inmobiliaria”, lo que se traduce en que "los aumentos superan los índices de inflación más altos”.

"Los aumentos en los precios de los alquileres desde noviembre pasado rondan el 46 por ciento y en algunos casos llegan al 60 por ciento. A estos, hay que sumar los discrecionales incrementos de las expensas -nunca del todo claros- que deben pagar los inquilinos”, dijo a Télam García Larraburu, senadora del Frente para la Victoria por la provincia de Río Negro.

La legisladora aseguró que el incesante aumento de precios “está acorralando en particular a una clase social, la de los trabajadores”, que “están viviendo una situación un poco límite porque una de cada tres familias alquila, prácticamente tienen cerrado el acceso al crédito y se ven sometidos a los manejos arbitrarios” del mercado inmobiliario, lo cual “es muy injusto”.

"Si sumamos el 100 por ciento de aumento en el transporte, el 300 por ciento en el gas y el 500 por ciento en la luz, el alquiler termina siendo una espada de Damocles que está sobre las familias”, dijo.

Para Muñoz "lo fundamental y más importante es pasar de dos a tres años” el plazo mínimo de los contratos de alquiler para vivienda, porque sería "un cambio significativo en la vida” de las familias no propietarias.

"Agregar un año más de contrato cambia sustancialmente la vida de una familia, que ya no tiene que pensar en mudarse cada dos años. Además, cuando tenés más tiempo de contrato, el inquilino empieza a establecer una relación con el dueño y puede conseguir condiciones más justas y que las cuestiones legales perduren más en el tiempo”, dijo.

En sus fundamentos el proyecto asegura que "los costos de alquiler ocupan alrededor del 50 por ciento de los ingresos totales del hogar” y que, mientras año a año cae el número de propietarios, la cantidad de familias que alquilan está en alza.

Así, mientras el 1980 el 71,4 por ciento de las familias eran propietarias, en 2001 sólo el 70,64 tenía acceso a una vivienda y el 67,70 en 2010.

Como contrapartida, la cantidad de hogares de alquiler subió sostenidamente del 11,4 por ciento en 2001 al 18,6 por ciento actuales.

El texto compara también la evolución de los precios al consumidor con el aumento promedio de los alquileres: mientras el IPC Indec para el 2015 fue del 17,1 por ciento y el IPC Congreso del 25,5 por ciento, el aumento promedio de los alquileres fue del 38,4 por ciento.

Para el mismo período, el coeficiente de variación salarial fue del 30,11 por ciento.

Las intensas precipitaciones del sábado a la noche también provocaron en las ciudades jujeñas de Palpalá y San Salvador la caída de árboles y postes de luz, además del anegamiento de numerosas viviendas.

El organismo provincial junto con el Same y la policía de la provincia llevaron a cabo un operativo para atender la situación de emergencia y brindar asistencia a los damnificados.

"Esta mañana hay una mejora leve en el clima, dejó de llover y la situación tiende a normalizarse", dijo este domingo a Télam el Coordinador Provincial de Emergencias, Alejandro Cooke.

El funcionario informó este domingo al mediodía que son 21 las personas que fueron evacuadas en total: 17 de ellas fueron trasladadas al Centro Integrador de Palpalá (CIC) de Palpalá, donde permanecían este domingo a la mañana, mientras que una familia -una mujer y sus tres hijos- recibe asistencia en instalaciones del Regimiento de Infantería 20, de San Salvador de Jujuy.

Las fuertes precipitaciones del sábado por la noche provocaron los desbordes del Arroyo Las Martas en Río Blanco, y los barrios La Merced y 23 de Agosto, todos de Palpalá.

Mientras que en Alto Comedero, el agua anegó varios domicilios de los planes de 70 Viviendas y 19 Viviendas y en algunos casos sus moradores no quisieron ser evacuados.

Por otro lado, cuadrillas de la Coordinación de Emergencia provincial verificó la existencia de diversos daños en la vía pública, como caída de árboles y postes de luz en Palpalá, donde el sábado a la noche el hospital local quedó sin servicio eléctrico.

“No se tuvo que realizar ninguna atención de gravedad a causa de la lluvia”, se informó desde el Same.

Mientras que desde el gobierno provincial se informó que la Secretaría de Asistencia Directa y Calidad de Vida realizó un relevando en los barrios afectados para brindar la asistencia necesaria con colchones, frazadas, detergente, lavandina, agua, alimentos no perecederos y ropa.

En los últimos tres meses acumuló un baja del 13,6%, la mayor de la década

La construcción comenzó el año con los peores resultados en la última década. De acuerdo con un estudio privado sobre la evolución del empleo en el sector, la cantidad de trabajadores en obras en enero sufrió una caída interanual del 5,5% y los empresarios del rubro anticipan que la tendencia negativa se mantuvo durante febrero y marzo.

Según los datos provisorios del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric), el promedio de ocupación en la construcción el primer mes del año se ubicó en 368.826 puestos de trabajo registrados, lo que implica una baja del 4,5% frente a diciembre y del 5,5% contra el primer mes de 2015. Por su parte, en el acumulado de los últimos tres meses el descenso se profundizó al 13,6%, lo que constituye la caída más intensa de la última década.

El sector además está muy lejos de mostrar alguna señal de recuperación en los niveles de empleo. "Si bien no tenemos datos precisos, está claro que no se ve una mejora en la demanda de empleo, y no sería extraño que los datos de febrero y marzo muestren una caída aun más pronunciada", admitió un dirigente empresario del sector. "El Gobierno está trabajando con algunos planes de vivienda e infraestructura y se mostró esperanzado en que en el segundo semestre del año la economía empiece a reactivarse. Pero hoy es difícil pensar en un cambio de tendencia", agregó.

Impacto en el salario

La pronunciada caída en los niveles de empleo se tradujo en un estancamiento en los niveles salariales. De acuerdo con el Ieric, el sueldo promedio del sector en enero se ubicó en $ 9524, lo que implica una suba interanual del 21,6%. "La dinámica salarial acusa así el impacto de la evolución negativa de la actividad general y registra su tasa de crecimiento más baja desde julio pasado, antes de la entrada en vigor del segundo tramo de incrementos sobre los básicos de convenio negociados en el acuerdo salarial de 2015", señaló el informe.

La baja en el empleo fue el reflejo de un achicamiento en los planteles de las empresas constructoras. "El indicador de empleo promedio para el primer mes de 2016 se situó en un nivel de 12,9 puestos de trabajo por firma, marcando así una disminución del 1,7% con relación a diciembre de 2015. Así, por primera vez desde el inicio de la serie, en junio de 2010, el nivel del indicador perforó la barrera de los 13 puestos de trabajo registrados", precisó el Ieric.

-5,5%

En crisis

Es la caída interanual que sufrió el empleo registrado en la construcción en enero

ALFREDO SAINZ / La Nación
Página Web - 2016/01/04
Fuente: http://www.lanacion.com.ar

Ocupan desde hace 25 años un inmueble en la calle Pavón al 4100, en el barrio porteño de Boedo, e iniciarán el jueves una "vigilia" ante la orden desalojo judicial prevista para el viernes tras la denuncia de una empresa que reclama la propiedad del inmueble.

Unas 37 familias que ocupan desde hace 25 años un inmueble en la calle Pavón al 4100, en el barrio porteño de Boedo, iniciarán el jueves una "vigilia" ante la orden desalojo judicial prevista para el viernes tras la denuncia de una empresa que reclama la propiedad del inmueble y anunciaron que "van a resistir" la medida.

Esta es la segunda orden de desalojo que dicta el juez Fernando Christello, ya que la anterior, prevista para el 18 de marzo pasado, fue frenada tras la intervención de diversas organizaciones sociales y políticas y el llamado a una mesa de diálogo.

"Los habitantes del inmueble manifestamos en repetidas oportunidades nuestra voluntad de encontrar una solución al conflicto, ya fuera mediante la compra del inmueble en disputa o a partir de la adquisición de otra propiedad", dijo Luis Roldán delegado de las familias.

Precisó que esta voluntad "no sólo fue expresada en palabras, sino también en hechos concretos: conformamos la cooperativa de vivienda “El Surco” y sus integrantes solicitamos créditos, algunos de los cuales ya fueron otorgados".

"Entendemos que los tiempos de la Justicia no son los nuestros, pero queremos que se tenga en cuenta que presentamos un proyecto para tener una casa donde podamos vivir las familias de este edificio y desde el Instituto de Vivienda nos dijeron que primero tienen que aprobar si esta en condiciones habitables, y luego tenemos que ver si el banco nos aprueba el crédito", agregó.

Roldán dijo que necesitan tiempo "para solucionar el tema de la vivienda, y debido a la burocracia en un año no se puede tener una respuesta rápida, pero el juez no da el brazo a torcer, y ya dictó la orden de desalojo"y aseguró que presentaron un recurso que llegó a la Corte Suprema de Justicia, que todavía no se expidió al respecto.

"Vamos a resistir ante el desalojo, porque no tenemos donde ir con nuestras familias y queremos que el juez nos garantice que no va a haber represión", advirtió Roldán quien destacó: Esperemos que el juez se apiade de los 60 chicos en edad escolar que quedarían en la calle junto a sus familias".