Presentan un proyecto que busca abaratar los costos y facilitar el acceso a los alquileres

De acuerdo a datos oficiales, el 35% de los porteños vive en departamentos o casas alquiladas. Uno de los principales problemas que sufren son los altos costos para ingresar a una vivienda, entre comisiones, trámites y otros. Ahora, un proyecto de ley retomó la discusión: asociaciones civiles y diputados de la oposición impulsan una iniciativa para bajar esos gastos, pero desde el sector inmobiliario advierten que algunas de esas propuestas podrían encarecer los alquileres. En tanto, el oficialismo aseguró estar dispuesto a discutir el tema.

El proyecto fue elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Ministerio Público de la Defensa, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), las asociaciones Inquilinos Agrupados y La Boca Propone, más la Dirección de Acceso a la Justicia de la Procuración nacional. Lo apoyaron legisladores del Frente para la Victoria, Suma+, el Partido Socialista Auténtico, el peronismo, la izquierda y otros.

La iniciativa tiene tres puntos principales. Primero, eximir a los inquilinos del pago de los honorarios a las inmobiliarias, que sólo deberían abonarlos los propietarios y no podrían superar el 4,15% del total del contrato. Hoy, los corredores pactan con el dueño una comisión y además perciben el 4,15% por parte del inquilino.

En segundo lugar, propone que las certificaciones de firmas y los informes de dominio se realicen en forma gratuita.

El tercer punto tiene que ver con una de las principales dificultades que sufren los inquilinos: conseguir una garantía. El proyecto impulsa que se establezca un "Sistema de Pago Asegurado", un débito automático para que el monto del alquiler se descuente de la cuenta sueldo. En principio, este método se aplicaría en el caso de los inquilinos que trabajen para el Estado porteño, aunque también se podría usar para los privados y los estatales nacionales.

Con estas medidas apuntan a reducir los costos de ingreso a la propiedad, que hoy superan el 10% del total del contrato.

“La creciente inquilinización de la ciudad muestra que el acceso a una vivienda ya no es solo una problemática de los sectores populares sino que afecta a un tercio de los porteños”, señaló el Defensor General de la Ciudad, Horacio Corti. En tanto, el diputado Adrián Camps, del Socialismo Auténtico, agregó que "el costo de los contratos y las dificultades para obtener garantías empujan a muchas familias a alojarse en falsos hoteles, en villas o a la situación de calle".

El problema es que, del otro lado del contrato, la situación para los propietarios tampoco es perfecta. Según un informe de la consultora Reporte Inmobiliario, la renta que se obtiene por alquilar un departamento ronda el 2,5% anual. Si se compara el año pasado con lo que pasó en la última década, la cifra está más cerca del piso del 1,5% de 2014 que del techo del 3,9% de 2006. Esto se produjo porque las subas de los alquileres, aunque fuertes, también perdieron contra la inflación. Tampoco hay que olvidar que en muchos casos los dueños no son grandes empresas de bienes raíces sino familias de clase media.

En el sector inmobiliario pidieron precaución. Héctor D'Odorico, presidente del Colegio Unico de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad, comentó: "Sin una garantía, y considerando que más del 30% de un sueldo no se puede embargar, ¿qué pasaría si el inquilino entregara el departamento en mal estado?, ¿cómo se protegería el propietario?. Si al dueño se le aumentan los costos o los riesgos puede terminar pidiendo un alquiler más caro o sacando el departamento de la oferta".

Por lo pronto, para que esta ley tenga chances de ser aprobada, hace falta que el PRO, el partido mayoritario, esté dispuesto a discutirla. En el bloque oficialista afirmaron que analizarán el proyecto "para buscar un consenso". En tanto, Juan Ignacio Maquieyra, presidente del Instituto de Vivienda de la Ciudad, aseguró: "Venimos trabajando en mesas de discusión con las instituciones que presentaron este proyecto. Pensamos trabajar el tema este año porque es cierto que los inquilinos tienen altos costos de ingreso. También hay que explorar alternativas para resolver el problema de las garantías".

 

 

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Pablo Novillo / Clarín

Página Web - 2017/07/07

Fuente: https://www.clarin.com/

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A la iniciativa del Gobierno porteño se sumó otra de la gente del barrio, que quiere más lugares públicos.

Si hay algo que el barrio de Colegiales, uno de los tres puntos porteños con más desarrollo inmobiliario en la actualidad, no necesita, es que sigan levantando edificios. Menos aún, y todavía más alarmante, si para construir esas viviendas se utiliza uno de los últimos terrenos libres que hay en la zona. La iniciativa avanza en la Legislatura porteña, en donde un proyecto comenzó a ser debatido por vecinos y diputados.

El predio está junto a la estación Colegiales del tren Mitre. Comprendido por las calles Virrey Avilés, Vidal, Moldes y la avenida Federico Lacroze, está en desuso.

Ayer, y a través del proyecto oficial que comenzó a debatirse en la Comisión de Planeamiento Urbano, el Ejecutivo porteño plantea el traspaso de la Nación a la Ciudad de las 6,7 hectáreas mencionadas, para convertirlas en un espacio que tenga zonas verdes y que incluya la posibilidad de construir edificios y locales comerciales.

Según el proyecto, la relación entre el área edificable y la preservación del espacio público sería de un 35% contra un 65%. Pero para los vecinos estos porcentajes son engañosos, ya que "ese 65% incluye la apertura de calles y veredas, por lo tanto el espacio verde público quedaría reducido a un porcentaje mínimo", expresaron.

En efecto, con fecha de entrada a fines de 2016, los residentes nucleados en el Consejo Consultivo de la Comuna 13 y en otros espacios de participación ciudadana del barrio, ingresaron en la Legislatura el primer proyecto para el Playón Colegiales, como se conoce al espacio.

Su propuesta está en las antípodas de la oficial, ya que pretende transformar el predio en el “Parque Cultural Estación Colegiales”, con un anfiteatro de acceso público, un cine al aire libre y un paseo de artesanías, además de postas aeróbicas, zona de acrobacias, danzas, juegos de pelota y espacios de entretenimiento para chicos, la tercera edad y personas con accesibilidad reducida.

En esta configuración, el objetivo vecinal es "generar la mayor superficie posible de espacio verde público vegetado con especies autóctonas", para suplir, aunque sea en parte, los escasos 0,7 metros cuadrados de verde por habitante con los que cuentan en la actualidad.

"Construir sobre el 35% del terreno es una gran obra, no es una casita, hablan de rezonificar 100 mil metros cuadrados en un barrio donde la densidad de población está muy por encima de la media de la Ciudad", manifiesta Santiago Sobral, uno de los vecinos que participa activamente de esta cruzada contra más torres en Colegiales.

Aunque en la Legislatura también se considerará el proyecto de los vecinos, sus promotores observan con cierta cautela el hecho de que la iniciativa oficial avance a pesar de tener un recurso de amparo a cuestas. Resuelto por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad N° 9, a cargo de la Jueza Andrea Danas, en el escrito se ordenó una serie de medidas de difusión ante la solicitud de anular el tratamiento legislativo por violación del artículo 63 de la Constitución de la Ciudad.

Dicha normativa establece la convocatoria obligatoria a Audiencia Pública "antes del tratamiento legislativo de proyectos de normas de edificación, planeamiento urbano, emplazamientos industriales o comerciales, o ante modificaciones de uso o dominio de bienes públicos".

Por el momento, sobre una parte de los terrenos hasta ahora propiedad del Estado Nacional, lo único verde que se levanta son las canchas de césped sintético que funcionan hace un tiempo en el lugar, junto con una especie de corralón de materiales y un centro de entrenamiento de una empresa de seguridad.

 

 

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Verónica Frittaoni / Clarín

Página Web - 2017/07/07

Fuente: https://www.clarin.com/

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Son las que tienen sus casillas apoyadas en la estructura del edficio abandonado y aún no aceptaron irse. En ese predio construirán la sede un ministerio porteño y un espacio verde.

 

Como un monumento infame al abandono, el Elefante Blanco cumple 80 años en Villa Lugano. Una mole de 14 pisos que se construyó en la década del 30 con la idea de contener desde allí una epidemia de tuberculosis. En 1955 el golpe de Estado autoproclamado "Revolución Libertadora" -que derrocó al segundo gobierno de Perón- desactivó el proyecto y desde ese entonces se erige como un esqueleto arrumbado en torno al cual nació un asentamiento, la Villa 15, conocida también como Ciudad Oculta. Ayer el gobierno porteño confirmó que pretende demolerlo en 280 días, con un costo de 130 millones de pesos. Sin embargo, un grupo de familias resiste en el lugar y la Justicia ordenó a la Ciudad que se abstenga de realizar un desalojo.

 

El plan de los ministerios de Desarrollo Humano y Habitat y de Desarrollo Urbano y Transporte es demoler el edificio -de 14 pisos, más dos subsuelos y basamento- a pico y pala. La cercanía con la Villa 15, calle de por medio, impide que se haga una implosión, como sucedió con el albergue Warnes en 1991. Al mismo tiempo, anunciaron la construcción de una nueva sede para Desarrollo Humano, sobre los mismos terrenos, en paralelo a la avenida Piedra Buena.

 

 

De esta manera explican que las dos obras podrían hacerse en paralelo: por un lado la demolición, que arrancaría el 17 de agosto, y por otro, la construcción del ministerio, el 26 de octubre. "En el lugar hay aún 40 familias, que decidieron judicializar su situación. Están en todo su derecho, pero nosotros queremos avanzar con las obras porque estamos cumpliendo una orden de la justicia, limpiar, otorgar condiciones de salubridad y contención a la vecinos, por ejemplo, en tema de adicciones", explicó la ministra de Desarrollo Humano, Guadalupe Tagliaferri. Desde la Defensoría Pública -que patrocina un reclamo vecinal por el derecho a un ambiente sano y una vivienda digna- aseguraron que son 75 las familias que aún no resolvieron su problemática.

 

 

La Ciudad tomó posesión del Elefante Blanco en 2011. En ese momento había doce metros de aguas servidas y residuos cloacales acumulados en los subsuelos. En el interior del edificio vivían 90 familias y otras 180 en inmediaciones: muchas aprovechaban las paredes del edificio para apoyar sus precarias casas. La Ciudad aseguró a Clarín que a cada familia se le ofreció una solución: "Algunas recibieron subsidios, otras se mudaron a viviendas ubicadas en la villa y otras, a Provincia. Cada familia es un caso en sí mismo y las soluciones llegaron atendiendo las particularidades de cada una".

El ministerio de Desarrollo Urbano relevó el asentamiento a través de una fotogrametría y estima que viven más de 24.000 personas. A diferencia de lo que ocurre en otras villas porteñas, aquí hay cierto ordenamiento que lo otorgan las calles formales, que sobrevivieron pese al crecimiento exponencial del asentamiento.

 

Franco Moccia, ministro de Desarrollo Urbano, explicó que el edificio del ministerio se construirá con fondos de la Ciudad y costará 500 millones de pesos. El proyecto fue elaborado por arquitectos e ingenieros de su ministerio: tendrá tres pisos, será inteligente, sustentable y funcionará a partir de plantas libres, continuando el modelo de la jefatura de Gobierno, de Parque Patricios. "El concepto es que este edificio bajo se integre al barrio, no que lo esconda como sucede ahora con esta mole de 14 pisos. Queremos que el nuevo ministerio sea un puente y no una barrera", dijo el funcionario. Estimó que para marzo de 2019 debería estar terminado. Allí trabajarán 1.138 personas y en la planta baja funcionarán áreas de atención a los vecinos. Hoy ingresaría a la Legislatura porteña un proyecto de ley para cambiar la zonificación de esa manzana y permitir su construcción.

Actualmente el ministerio de Desarrollo Humano tiene 5.200 trabajadores distribuidos en 3 edificios y un presupuesto de 8.000 millones de pesos.

 

 

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Silvia Gómez / Clarín

Página Web - 2017/07/05

Fuente: https://www.clarin.com/

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La venta de inmuebles en la Ciudad creció 39,7% interanual en mayo y una de cada cinco operaciones fue con préstamos para viviendas.

 

El mercado inmobiliario se concentra actualmente en la comercialización de unidades usadas que se adquieren gracias a los créditos hipotecarios impulsados por los bancos estatales.

Según el analista inmobiliario Damián Tabakman, las ventas apuntan a inmuebles "usados" adquiridos gracias a préstamos de la banca pública y advirtió que aún falta expandir el mercado que permita comercializar emprendimientos nuevos.

La venta de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires creció 39,7% interanual y una de cada cinco de esas operaciones se realizaron a través de un crédito hipotecario, según el Colegio de Escribanos porteño.

Las escrituras hechas con estos créditos crecieron un 131% respecto a mayo del año pasado y ya concentran el 22,1% del total.

Hacia fin de año se prevé que el incremento de los créditos hipotecarios otorgados sea aún mayor por la cantidad de trámites que se encuentran en proceso.

 

 

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Clarín

Página Web - 2017/07/05

Fuente: https://www.clarin.com/

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