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Vecinos piden impedir el colapso de los servicios, antes de que comiencen a construir las viviendas

 

El Ministerio de Vivienda y Hábitat ordenó la ocupación temporal de un terreno de 6.607,71 metros cuadrados, de acuerdo con la resolución publicada en Gaceta Oficial Nº403042 del 27 de enero. El inmueble está ubicado en la avenida Francisco Lazzo Martí y calle Saluzzo, en Santa Mónica, municipio Libertador. Además, establece que el Instituto Nacional de Tierras Urbanas ejecutará evaluaciones técnicas necesarias para determinar la factibilidad del uso del terreno para el desarrollo de viviendas, dentro del marco de la Ley de Emergencia para Terrenos y Viviendas.

 

Enmanuel Jiménez, concejal de la parroquia San Pedro, dijo que, en principio, los vecinos de la zona no están en contra del uso de esos espacios para construir nuevos inmuebles, pero sí piden que sean atendidos los servicios básicos, que están a punto de colapso y cuya situación podría empeorar con el crecimiento de la población. "Lo ideal es que todo sea consultado con la comunidad. En esa calle hemos hecho tres asambleas el último año y las quejas han sido recurrentes. Hay problemas de recolección de basura, las calles están terriblemente oscuras y hay un grave deterioro de las vías".

 

En lo que va de año, otros dos terrenos de Caracas han sido intervenidos. Uno de los lotes está ubicado en Macaracuay, al lado de la Escuela de Natación Teo Carriles, tiene 19.000 metros cuadrados y pertenece a la Fundación UCV. El segundo, en la urbanización La Quebradita, en San Martín, tiene 6.500 metros cuadrados.

 

 


MARÍA EMILIA JORGE / El Nacional

Impreso Dígital - 2014/01/29

Fuente: http://www.el-nacional.com


Ante la grave crisis que atraviesa el sector de la construcción debido a la escasez de materia prima, los representantes de la Cámara de la Construcción en el estado Táchira piden reunirse lo antes posible con el gobernador, José Gregorio Vielma Mora.

 

Leonardo Gamboa, presidente de la Cámara de la Construcción del estado Táchira, y Luis Enrique Zafra, consultor permanente de la Cámara, subrayaron que se está agudizando la crisis que viene atravesando desde hace varios meses este sector.

 

La carencia de insumos está haciendo cada vez más difícil cumplir con las obligaciones que las empresas constructoras asumen con los entes públicos y privados; particularmente, en estos momentos nos atañe que todas las gandolas que vienen con cemento desde el centro del país a nuestro estado han sido detenidas en La Pedrera— subrayaron.

 

En tal sentido, dijeron que esta es una situación reiterada. “Todo el tiempo que quieren mostrar eficiencia los organismos de seguridad del Estado, lo que hacen es retener todos aquellos transportes que traen materia prima para la construcción de manera legal, y a los que vienen de manera ilegal no los detienen, porque tienen su tarifa, que es cancelada en cada punto de control, esos sí circulan libremente”.

 

Explicaron que les llama la atención que acusan de contrabandistas a los que están en el ramo de la construcción; “cuando se pasa de Barinas para el estado Táchira, parece que este estado ya fue adosado al territorio colombiano, atravesando el río Caparo y llegando al punto de control de La Pedrera, ya les dicen a todos contrabandistas”.

 

Argumentaron que tienen que traer cemento desde el centro del país porque la planta instalada en el Táchira desde hace unos cuantos años no está funcionando. Los dos hornos de deshidratación de la materia prima están fuera de servicio por falta de mantenimiento, que la gerencia de esta planta tiene que hacerle a estas dos unidades de producción, y las unidades de molienda tampoco sirven, es decir, está en deterioro la planta.

 

El poco cemento que están sacando lo están procesando con “Klinker” que viene del estado Zulia, de la única planta que queda en manos privadas. Se nota la ineficiencia en las industrias de cemento y acero que fueron nacionalizadas en al año 2006. Sentenciaron.

 

Preocupados, manifestaron la carencia importante del producto, y que el poco que existe lo están vendiendo a precios inalcanzables. Antes se hablaba de que un saco de cemento costaba 70 bolívares y ahora está por el orden de los 400, e igual sucede con la cabilla, que hoy vale ocho veces más de lo que cuesta regulada.

 

Nosotros, como sector productivo, hemos visto que detrás de una crisis hay una oportunidad de desarrollo, pero en estos momentos no se ve ninguna, la cual siempre se observa cuando el Gobierno nacional y regional apoya al sector productivo— apuntaron.

 

Ante esta situación, hacen un llamado de atención al gobernador del estado, quien tiene muy buenas intenciones en que la economía regional empiece a caminar, de allí que es importante que se reúnan para ver de qué manera se abocan para salir de esta crisis.

 

Explicaron que el sector construcción no tiene una empresa, un organismo que les venda cemento a los empresarios que hacen casas, edificios, que trabajan con el Gobierno, y tampoco ministerios. La única oportunidad que se tiene para conseguir cemento es con gente que tiene códigos, de las empresas de cemento de Puerto Cumarebo, con quienes lograron hacer contacto y consiguieron que les vendan cemento, pero sale muy caro, y ahora se consiguen con el problema que los paran en cualquier alcabala exigiendo una cantidad de documentos, todo con el único fin de detener las gandolas.

 

Colocaron como ejemplo la paralización, el viernes en la noche, de tres gandolas de cemento en La Pedrera. “Todas tienen su documentación legal y aunque le explicaron al teniente que incluso contaban con la autorización de Pdvsa, porque es material para obras de esta empresa y otros desarrollos urbanísticos de la ciudad, sin embargo las detuvieron”.

 

Asimismo, señalaron que pararon cerca de 15 gandolas más, para luego decir en rueda de prensa que están controlando el contrabando de cemento, pero a su juicio es mentira, “no lo están controlando. Están simplemente haciendo daño a todas las personas que trabajan en la construcción”.

 

“Ya ningún constructor quiere aceptar obras porque, aunque tiene los obreros y cierto material, no se consigue cemento. El llamado es entonces para que el gobernador autorice y el general del Core 1 haga cumplir esa disposición, de que cemento que venga legalmente no lo detengan, porque esto significa que la construcción se paraliza, es decir, se pierde la oportunidad de construir. No nos atrevemos a comenzar obras que ya están aprobadas, pues no se arrancan porque no hay cemento, y el poco que se logra traer lo quitan. Esta situación cada día a día se hace cada vez más insostenible, estamos en emergencia”, sentenciaron.

 

También precisaron los directivos de la Cámara de la Construcción que la tasa de desempleo en el sector construcción ha aumentado considerablemente, a su juicio hoy está en cerca de 87% , porcentaje que se teme puede seguir subiendo, hasta que sea total, concluyeron.

 

 

 


Infoconstrucción
Página Web - 2014/01/28

Antímano entes del gobierno aplicarán la medida para evitar invasiones

 

La Vicepresidencia de la República, la Comisión Presidencial, el Ministerio de Vivienda y Hábitat, y el Instituto Municipal de Gestión de Riesgo y Administración de Desastres de la Alcaldía de Libertador (DC) realizarán inspecciones en el sector La Pedrera de Antímano durante esta semana para demarcar las casas de quienes ya recibieron adjudicación en urbanismos construidos por el Gobierno nacional, las cuales serán demolidas a partir del lunes para evitar invasiones.

 

De esa manera se dará cumplimiento al Decreto Nº 305, publicado en la Gaceta Oficial Nº 40.227, del 13 de agosto de 2013, mediante el cual se creó el área de emergencia habitacional (Areha) en el barrio La Pedrera. Este comprende, en su artículo 3, la declaratoria de zona de peligro inminente (Zopi); en el Art. 4 se ordena el desalojo inmediato y la prohibición de que se construya o se ocupe el lugar, y en el Art. 8 establece que los entes que deben acatar esos lineamientos son los ministerios de Interiores, Justicia y Paz, de la Defensa, y de Vivienda y Hábitat.

 

Efraín Ortiz, Oleide Domínguez, Omaira Medina, Félix García y Oscar Guerrero, voceros de la comuna Emprender la Patria, piden que se cumpla lo estipulado en el decreto, pues esa sería la decimoquinta vez que organismos del Gobierno demarcan y no demuelen. Esa situación que ha generado que las casas sean vendidas, alquiladas e invadidas ha afectado a las 743 familias que quedan en la zona en espera de reubicación.

 

Los vecinos le hicieron un llamado al presidente Nicolás Maduro. “Por segunda vez le pedimos que nos visite para que constate la pobreza extrema del sector. Queremos saber qué ha pasado con la adjudicación de los 478 apartamentos (50 en Playa Grande, 228 en Ciudad Caribia y 200 en Valles del Tuy) que el 11 de octubre de 2013 prometió en el sexto plan el ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, y ahora la mesa institucional desconoce esto”, afirmó Efraín Ortiz.

 

 


NORMA RIVAS HERRERA / Últimas Noticias

Impreso Dígital - 2014/01/28

Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.ve


Un conjunto residencial en construcción, en la avenida principal de San Martín, cercano a EPA, fue invadido el domingo, a la 1:00 am, por un grupo de 400 personas. "La ocupación duró horas, llegaron graneaditos en vehículos y solo fueron desalojados a las 8:00 de la noche por los militares.

 

Costó sacarlos, pues había muchas mujeres con niños", contó Zuly Romero, vecina del sector. La construcción es propiedad privada. Los invasores lograron ingresar a dos edificios que están a punto de concluir. "La obra se paralizó varias veces por falta de materiales, pero se reanudaba siempre. Un grupo de Tupamaros le pusieron el ojo y empezaron a cobrar 2.000 bolívares por cada uno de las familias que trajeron a invadir", contó un testigo, que no quiso identificarse por miedo a represalias. Una patrulla del CEOFAN custodió el sitio ayer, mientras expertos evaluaron posibles daños ocasionados a la estructura. Magali Arenas, que trabaja cerca de la construcción, repudió la ocupación ilegal. "Eso es un delito. No se puede consentir otra invasión más, pues podría verse como un mal ejemplo. El Gobierno debe colocar más patrullaje policial en San Martín porque somos, usualmente, víctimas del hampa", dijo.

 

 


El Nacional

Impreso Dígital - 2014/01/28

Fuente: http://www.el-nacional.com


El Ejecutivo ordenó la expropiación


La comunidad de La Quebradita I, en la urbanización Arvelo, protestó la medida por considerarla arbitraria


La orden del Gobierno del Distrito Capital fue desalojar el estacionamiento Lotto 4 del sector La Quebradita I de San Martín en tres días, a partir del 20 de enero. Los funcionarios, amparados en una resolución publicada el 8 de enero en Gaceta Oficial número 40329, señalaron a los propietarios que en el terreno de 6.500 metros cuadrados construirán viviendas.

 

Los apartamentos, supuestamente, estarán destinados a los empleados de la Corporación de Servicios del Gobierno del Distrito Capital. "La expropiación nos angustia, pues dejaría sin sustento económico a, por lo menos, 5 familias, mientras otras 200 de la comunidad resultarían afectadas por carecer de puestos para aparcar los vehículos", dijo José Luis Morocoima, trabajador del estacionamiento.

 

La expropiación desató un polvorín en La Quebradita I. Este mes, los vecinos han cerrado en varias ocasiones las calles en protesta por la medida inconsulta. "No se consideró que esta zona es insegura y el robo de vehículos es frecuente. Si eliminan el estacionamiento, probablemente se dispararía el delito.

 

Además, la construcción de viviendas colapsaría la comunidad", explicó Nancy Suárez, que reside en el sector.

 

Afirmaron que no cuentan con el apoyo de algunos voceros de los consejos comunales de La Quebradita porque, supuestamente, decidieron apoyar al Gobierno del Distrito Capital. Los vecinos, sin embargo, recogerán fi rmas en contra de la medida.

 

En las afueras del estacionamiento Lotto 4 pegaron pancartas en contra de la expropiación.

 

Se conoció que los propietarios, que no desean declarar a la prensa, han sido presionados por el Gobierno del Distrito Capital.

 

"Quieren que desalojen, pero no es fácil. Este terreno es privado, pertenece desde la década de los sesenta a una familia. Muchos trabajadores residen en el sitio, no se trata de un terreno ocioso", agregó Morocoima.

 

La mirada del Gobierno del Distrito Capital está puesta en la parcela desde 2010, cuando también se expropiaron 20 estacionamientos en las parroquias Altagracia, San José, Santa Teresa y Santa Rosalía.

 

 


MAOLIS CASTRO / El Nacional

Impreso Dígital - 2014/01/28

Fuente: http://www.el-nacional.com