Aseguran que están inscritos en la misión desde hace cuatro años

Apostados con colchonetas frente a un lote de casas en la tercera etapa de la urbanización Salamanca, más de 600 familias esperan que se las adjudiquen. Voceros de los manifestantes aseguraron que están en espera de una respuesta positiva del Ministerio de Hábitat y Vivienda.

 

Lugareños afirman que son familias sin techo, que viven arrimadas en casas de familiares desde hace cuatro años.

 

Norelis Rodríguez, vocera de los afectados, comentó a ÚN que no se trata de una invasión, pues ellos no se han metido a las casas. Lo que desean es que no las invadan.

 

“Llevan más de un año solas y sin terminar. Reiteradas veces se han llevado pocetas, lavamanos y hasta las rejas. Estamos cuidando que eso no suceda más, pues se trata de bienes del Estado”, dijo.

 

El equipo de ÚN hizo varios llamados telefónicos a representantes del ministerio y del Banavih, pero la llamada no fue atendida hasta el cierre de esta edición. Tampoco mandaron representantes al lugar de la manifestación.

 

Realengas. Rodríguez comentó que se trata de 386 soluciones habitacionales que pertenecen a la Misión Vivienda Venezuela. “Estamos inscritos y, por ser de la zona, nos deberían beneficiar”.

 

Jorge Plaza, otro vocero de los afectados, apuntó que en otras ocasiones han acudido a la zona representantes de la Alcaldía de Simón Bolívar y del Ministerio del Hábitat, pero han prometido sin cumplir.

 

“Estamos comprometidos con el proceso y aspiramos a soluciones; hay una gran cantidad de niños con sus madres acá, sin techo”, apuntó.

 

Plaza precisó que no se moverán de las casas hasta que se las adjudiquen, pues “estamos dispuestos a pagar por las casas; no queremos que nos regalen nada”.

 

Afirmó que deberían deben ser prioritarios; “siempre traen foráneos y dejan por fuera a los tuyeros”.

 

 

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MAURIN HERNÁNDEZ / Últimas Noticias

Página Web - 2014/02/18

Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.ve

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Presionan para que se aceleren medidas previstas en la legislación vigente como las expropiaciones de edificios de vieja data y el cumplimiento del programa “Mi Techo”

 

Las organizaciones de inquilinos solicitan al ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, que dé celeridad a las peticiones que le vienen formulando desde el año pasado, como las expropiaciones de edificios de vieja data, el cumplimiento del programa “Mi Techo” y la asignación de viviendas de transición para inquilinos desalojados; medidas que están previstas en la nueva Ley de Arrendamiento de Viviendas.

 

Insisten en que hacen esta petición en su rol de contralores sociales, como los faculta la ley.

 

En una concentración que realizaron recientemente en la sede del despacho de Vivienda, los colectivos de inquilinos, integrados por la Red Metropolitana de Inquilinos, la Asociación Bolivariana de Inquilinos y el Movimiento de Inquilinos, alzaron su voz para exigir la ejecución de las medidas de expropiación de 100 edificios de vieja data, que según refieren ha sido imposible negociar su venta con al menos 80 dueños de estas edificaciones.

 

“Ya ha pasado un tiempo suficiente, pues mucho antes de aprobarse la Ley de Arrendamiento de Viviendas, en 2012, ya se venía negociando con los dueños de estos 100 edificios, primero en la Vicepresidencia de la República, cuando estaba Elías Jaua, el actual canciller; y después de aprobada la ley, en la Sunavi (Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda)”.

 

Otra de las medidas por las que esperan se pronuncie el ministro Molina, es sobre la propuesta de las organizaciones sociales de arrendatarios de hacer un ajuste del canon de alquiler en casos donde se acuerde entre las partes.

 

También piden que se articule con la Misión Vivienda o se instrumente un programa de adjudicación de casas de transición para inquilinos con sentencia firme de desalojo.

 

 

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BEATRÍZ CARIPA / Últimas Noticias

Impreso Dígital - 2014/02/18

Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.ve

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Hace tres meses el valor de las unidades era entre Bs 250 y 350 mil

El aumento de precios de los insumos de la construcción y la menor producción de materiales impacta en el sector público, pues el costo de las casas de la Gran Misión Vivienda Venezuela se ajustó.

 

En noviembre del pasado año las autoridades expresaron que al Estado le cuesta una vivienda entre 250 mil y 350 mil bolívares. La semana pasada el Vicepresidente del Área Económica y ministro de Petróleo, Rafael Ramírez, expresó que "400 mil bolívares es lo que no está costando a nosotros (las casas de la Misión), bueno las más caras".

 

Con el tiempo el valor de las unidades ejecutadas por los entes oficiales ha subido y en tres meses por ejemplo, el aumento fue de 14%.

 

Fuentes del sector construcción destacan que los precios y la menor disponibilidad de materiales ya no solo impactan a la construcción privada, también inciden en la pública, que además, requiere de elevados volúmenes de productos, pues lleva adelante la producción de viviendas y las obras de infraestructura.

 

Los datos del Banco Central de Venezuela (BCV) muestran que en un año los precios de los insumos que se usan en el sector se dispararon 83,4%, cuando en 2012 subieron 16,9%. Y en seis de los 21 grupos que conforman el Índice de Precios a Nivel de Productor de Insumos de la Construcción, el alza fue mayor a 100%.

 

Sin publicar

 

Justamente el costo que tenían las viviendas del sector público fue el argumento que tuvo el Gobierno para plantear la rebaja en los precios de las casas, lo cual se haría mediante una ley, pero dicha regulación no se ha realizado.

 

En noviembre el Presidente Nicolás Maduro llegó a señalar que "vamos a bajar los precios de los inmuebles muy significativamente y eso va a permitir que la Política Habitacional (Ley de Vivienda) y todas las formas de créditos que hay permitan ser utilizados por la clase media que está surgiendo, que trabaja para tener su apartamento".

 

Luego Rafael Ramírez apuntó que "no se justifica lo que ha pasado con las viviendas" y expresó que "hay cosas que se desbocaron, como precios de casas que se venden en 20 millones de bolívares, cuando las construidas por el Estado tienen un costo de 250.000 bolívares. Para eso está la mano firme (del Gobierno), para ir a un conjunto de leyes".

 

En ese contexto, las autoridades se reunieron con representantes del sector inmobiliario para evaluar la normativa, sin embargo, la propuesta no se consultó más.

 

 

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MAYELA ARMAS / El Universal

Impreso Dígital - 2014/02/18

Fuente: http://www.eluniversal.com

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El Gobierno nacional desalojó el barrio Nueva Esparta en 2005 porque resultó afectado por el desprendimiento del viaducto 1 de la autopista Caracas-La Guaira. En el sector Manantial 2 quedaron 69 familias sin reubicación. Esa cifra subió a 197 en 2012. Hoy, piden atención social, dicen estar a la buena de Dios sin los servicios básicos y con la amenaza de deslizamiento, pues algunas casas presentan grietas y desniveles.

 

Piden la presencia del Instituto Municipal de Gestión de Riesgo y Administración de Desastres, de Protección Civil y demás entes del Gobierno para que evalúen la situación.

 

Álvaro Ospino y Eusmar Seijas, vecinos del sector, informaron que la población aumentó porque los jóvenes de las familias que no fueron reubicadas crecieron y formaron las suyas; otras no tenían vivienda y se asentaron allí. Se están organizando para crear un consejo comunal para hacer llegar la situación de la comunidad a los entes públicos, pues cuando van a las instituciones los catalogan de invasores y les niegan las ayudas.

 

Esas familias solicitan inclusión social, en especial para los adultos mayores como Edilma Botero (84) y Dolores Erazo (65), quienes viven en casas en precarias condiciones.

 

Señalaron que, en 2012, profesores de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes) realizaron un estudio exhaustivo del barrio, documento que les sirve de soporte para hacer el llamado a las instituciones y salir de esa zona de riesgo. Actualmente, tienen un control de los habitantes: cada casa tiene un código que aparece en la constancia de residencia. La idea es mantener la base de datos y tramitar la reubicación en viviendas dignas. Aseguraron que las personas que recibieron adjudicación no han regresado al lugar.

 

 

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NORMA RIVAS HERRERA / Últimas Noticias

Impreso Dígital - 2014/02/18

Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.ve

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