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La jefa de Gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faria, informó que se encuentra en construcción el edificio número 26 en el urbanismo Macarao, el cual forma parte de la Gran Misión Vivienda Obrera, por lo que se están llevando a cabo asambleas con la participación de sus trabajadores, a fin de priorizar quiénes serán los beneficiados.

 

El anuncio lo realizó junto al titular de la cartera de Vivienda, Ricardo Molina, y trabajadores de esa obra quienes aprovecharon para mostrar su respaldo al Gobierno Bolivariano dirigido por el presidente obrero Nicolás Maduro, reseñó nota de prensa.

 

Durante la asamblea, Faria manifestó que en este urbanismo se han construido 25 edificios con un total de mil 511 viviendas gracias al trabajo de 500 hombres y mujeres que forman parte de la fuerza trabajadora Revolucionaria.

 

Por su parte, Zaid Guerrero, vocero de los trabajadores obreros, de la GMVV del urbanismo, hizo un llamado a los venezolanos a no caer en tentaciones: “Debemos seguir apoyando la Revolución y el legado que nos dejó el Comandante Chávez”.

 

También Renné Evans, representante de la Misión Obrera Barrio Nuevo, Barrio Macarao, quiso darle su respaldo incondicional al presidente Maduro y acotó que: “Estamos rodilla en tierra con usted. El pueblo dice no al fascismo y sí a la Revolución”.

 

 


Ciudad Caracas

Página Web - 2014/02/26

Fuente: http://www.ciudadccs.info


No existe registro de alquileres de casas y habitaciones en las zonas populares


Leidy Martínez construyó un apartamento en la platabanda de la casa de su antigua suegra. Cuando decidió finalizar la relación con su exesposo lo perdió todo. Nunca realizaron el título supletorio que haría de la bienechuría propiedad de la pareja. "Invertí mucho dinero durante años en ese hogar".

 

Junto a su hija ahora vive en La Dolorita, en una habitación de un solo ambiente donde concentra litera, cocina, nevera, computadora y el tanque de agua. El alquiler le cuesta mensualmente Bs 1.700. Su experiencia resume la situación de informalidad del mercado inmobiliario de los barrios. La poca documentación sobre las edificaciones -por ser autoconstruidas- deja vulnerable a las familias y genera un mercado inmobiliario paralelo que no controla la legislación y facilita la economía sumergida.

 

Se desconoce cuánta población del área metropolitana vive en esa situación, pues no todos los barrios siguen siendo invasiones: algunos terrenos ya son propiedad de los pisatarios, pero a la vez muchas de las construcciones crecieron de forma irregular y los dueños de las bienhechurías no necesariamente poseen la tierra.

 

La oficina de Atención al Ciudadano de la alcaldía de Sucre en La Dolorita está acostumbrada a mediar en los conflictos causados por esta anomalía. Abraham Blandín, su director, explica que la oficina asumió funciones ajenas al recibir las pugnas. "Hacemos documentos de compromiso para resolver los problemas y evitar la violencia. En la Dirección nacional de Inquilinato de la avenida Baralt mandan a la gente para acá porque resolvemos bien", dice.

 

Pero esa marginalidad no aísla a este mercado del formal. Los precios se elevan mientras las zonas de la vivienda se beneficien de los servicios de los sectores formales. Actualmente en algunos barrios de Las Minas de Baruta construir sobre una platabanda ajena puede costar hasta Bs 400.000 y comprar un apartamento con título supletorio Bs 1.200.000.

 

"El casco de Las Minas es caro. Hay buen transporte y los servicios están consolidados", indica el vecino Domingo Palacios. Los cánones para alquilar también se asemejan a los de sectores de clase media: por una habitación con baño compartido se puede pagar Bs 2.500.

 

Por otro lado la inseguridad y la dificultad de acceso abarata los costos. "Si vendo mi apartamento en Bs 700.000 no compro en ningún lugar", explica Israel Cárdenas, director de la Casa del Pueblo de la Gobernación de Miranda en La Dolorita. En la zona la mayoría de las casas rondan entre Bs 200.000 y 500.000. Allí se puede vivir en una habitación por Bs 800, y por 1.000 se consigue un pequeño apartamento con baño propio.

 

El temor de perder los bienes al alquilarlos también permea la zona. Josefina Rodríguez tiene dos anexos en su propiedad en Las Casitas. "Solo le alquilo a gente conocida. Esos anexos son el futuro de mis hijas".

 

La situación es similar en el ámbito comercial. En el centro de esa populosa zona hay calles completas con locales cerrados. "Como están dentro de casas, los dueños tienen miedo de que los inquilinos no se vayan", explica Blandín. Pero los vecinos aseguran que el temor de rentar se ve disipado pues en el barrio la gente respeta. "En áreas violentas nadie se atreve a meterse en problemas. La dinámica es distinta", dice Cárdenas.

 

Mundo inmobiliario paralelo


En las zonas populares no hay anuncio clasificado que valga. Comentar a un par de vecinos que se quiere vender o alquilar es suficiente para que todo el barrio se entere. "Siempre la gente termina negociando con conocidos", dice Josefina.

 

En el mismo compás, se hacen muy pocos contratos de arrendamiento. Los compromisos son orales. Solo las ventas pasan por el registro (ya sea bienechuría o propiedad).

 

La irregularidad general se presta para interpretaciones subjetivas. El Censo de Población y Vivienda 2011 considera ranchos solo 2,7% de las viviendas de los 5 municipios del área metropolitana, mientras que contabiliza como casas el 48%.

 

En el municipio Sucre, donde está uno de los barrios de mayor densidad poblacional de América Latina (José Félix Ribas) el censo considera que solo 3,83% de las viviendas son ranchos. El dato causa risa a un grupo de vecinos de La Dolorita. "Si quieren ver ranchos los invito a que vengan aquí", dice Rodríguez, quien explica que se refiere a ranchos de tabla o latón. "La mayoría de las casas de la zona ya tienen servicios y documento de propiedad".

 

La alcaldía de Sucre calcula que existen 1.950 barrios consolidados y 650 invasiones aferradas al suelo. "Y la cifra sigue creciendo. En La Dolorita hay una invasión que apenas tiene un mes", acota Cárdenas.

 

 


ELISA VÁSQUEZ / El Universal

Página Web - 2014/02/26

Fuente: http://www.eluniversal.com


En estos barrios se vive sin servicios y en la más absoluta miseria


Como en 2013 las lluvias estuvieron por debajo del promedio histórico en Caracas, el número de familias que quedaron damnificadas por deslizamientos fue también relativamente bajo, y las noticias de viviendas tapiadas y familias movilizadas a refugios apenas y aparecieron en medios de comunicación.

 

2013 tuvo además una particularidad en este sentido: la gran mayoría de las viviendas afectadas total o parcialmente por las lluvias se concentran entre el kilómetro 15 y el 20 de la vía Petare-Santa Lucía (municipio Sucre), uno de los sectores más precarios y menos atendidos de toda el área metropolitana de Caracas.

 

Todos los barrios que se despliegan en este tramo de la vía, en su mayoría bautizados con nombres que nada tienen que ver con su realidad (Brisas de Anaco, El Rinconcito, Villa Esperanza, San Lázaro 3, Chaguarama, La Lagunita, La Arboleda 1) tienen una historia que contar con respecto a familias damnificadas. Entre todos suman unas treinta viviendas que se perdieron para siempre y cuyas familias aún esperan alguna respuesta oficial.

 

Perdieron sus viviendas


Arelis Álvarez perdió su vivienda a finales de octubre en La Lagunita, sector Estrella de la Mañana, un barrio cuyas casas no tienen cañerías ni servicio de luz eléctrica. Desde entonces, ella y su familia viven en un antiguo dispensario, y no le han dicho qué será de su futuro. No parece demasiado preocupada, tal vez porque está acostumbrada a los golpes: en su barrio eso de perder la casa es cosa común.

 

Mientras tanto , en El Rinconcito (uno de los barrios del sector El Winche), hay 19 familias viviendo en ranchos con paredes de madera y techos de zinc debido a que hace cinco años fueron derribadas sus antiguas viviendas con la promesa de que en el lugar construirían nuevas casas en el marco del programa de sustitución de rancho por casa.

 

Derribaron sus viviendas, aplanaron y terracearon el espacio pero hasta ahí llegaron: las nuevas viviendas nunca se construyeron y en estas estructuras provisionales con paredes de madera llevan viviendo ya cinco años.

 

"Hemos hecho como quinientas denuncias", dice Jessica Castillo, mientras Albertina Mirabal, fundadora de este barrio a principios de los 70 y hoy en la más absoluta pobreza (seis hijos, treinta nietos y ni siquiera cobra pensión), implora algún tipo de ayuda: "No tienen idea de cómo vivimos", dice.

 

Ramón Ojeda, quien vive en el kilómetro 17 de la carretera Petare-Santa Lucía, enumera además otras tragedias que dejó el 2013 para esta zona: en la Arboleda 1 hay todavía más de veinte familias habitando una zona que fue declarada inhabitable, y en la casa comunal hay dos familias viviendo desde hace meses, mientras que en La Lagunita hay cinco familias que continúan viviendo en casas semicolapsadas por deslizamientos.

 

Y para ilustrar la poca atención que recibe toda esta zona, cuenta que en El Winche la alcaldía estaba arreglando la vía principal, pero como hubo un accidente (un camión de las obras se fue por un barranco) los trabajos quedaron así, a medias, y ahora la vía está intransitable.

 

Han pasado dos meses y nadie parece haberse dado por enterado, a pesar de que se trata de una vía principal.

 

Y es que incluso en una ciudad en la que el 55% de sus habitantes vive en sectores populares es difícil conseguir una zona tan desasistida y olvidada de todos como estos últimos cinco kilómetros de la carretera Petare-Santa Lucía.

 

 


JAVIER BRASSESCO / El Universal

Página Web - 2014/02/25

Fuente: http://www.eluniversal.com


Los colectivos destacan que se empezaron a destrancar nudos y se está avanzando. Señalan que hubo acuerdos positivos y abogan por viviendas para desalojados

 

Luego de la concentración que realizaron colectivos de inquilinos frente al Ministerio de Vivienda para presionar al ministro Ricardo Molina, a fin de que escuchara sus propuestas, lograron reunirse con el funcionario.

 

Maglene Sierralta, vocera de la Asociación de Inquilinos Bolivarianos, dijo que el encuentro arrojó resultados muy positivos, pues se abrió el diálogo. “Observamos que el ministro desconocía algunas cosas por lo novedoso de la ley; pero estamos empezando a entender muchas cosas... el ministro se dio cuenta de que no somos ningunos improvisados, sabemos lo que estamos haciendo, fuimos los proponentes de una ley de avanzada, de justicia social tanto para inquilinos como para propietarios”, precisó.

 

Sierralta subrayó que, al contrario de la falsa matriz de opinión que se ha difundido, “la ley también protege al pequeño propietario”.

 

La vocera enfatizó que se han logrado avances; que aún falta, “pero se está trabajando, estamos avanzando en muchos aspectos, por ejemplo en la automatización de los procesos y en adecuación de la infraestructura física de la Sunavi”.

 

Sierralta añadió que uno de los aspectos prioritarios en que están enfocados y por el cual se mantiene el diálogo con el ministro, es en ensamblar un programa para asignar viviendas de transición o refugios a inquilinos con sentencia firme de desalojo.

 

 


BEATRIZ CARIPA / Últimas Noticias

Página Web - 2014/02/25

Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.ve


Este año, 200 apartamentos serán construidos en un terreno ubicado en la primera etapa del sector La Estrella de Charallave, decretado de utilidad pública y social este lunes por el Gobierno municipal de Cristóbal Rojas, estado Miranda, para desarrollar un nuevo complejo habitacional como parte de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

 

“Este terreno cuenta con 18.000 metros cuadrados y se encontraba abandonado desde hace 30 años“, informó el alcalde de Charallave, Humberto Marte.

 

Este proyecto habitacional, elaborado por el Movimiento de Pobladores de la Estrella, contempla la construcción de dichas casas para beneficiar un grupo de familias que no poseen vivienda.

 

La toma del terreno fue realizada por el alcalde acompañado del teniente coronel Lenín Herrera,comandante del Batallón de Ingenieros Ferroviario y miembro del Órgano Superior de Vivienda, y el poder popular.

 

Marte explicó que los representantes de este movimiento tenían cerca de cuatro años luchando por la toma de este terreno para desarrollar el proyecto.

 

“Ellos se organizaron como poder popular y cumplieron todos los requisitos y procedimientos técnicos exigidos para aprobar el proyecto”, dijo.

 

El alcalde aseguró que los voceros del movimiento se comprometieron a elevar formalmente el proyecto ante el Órgano Superior de Vivienda, además de comenzar los trabajos de limpieza del terreno esta misma semana.

 

“Estamos realizando un acto de justicia social con el pueblo y para el pueblo y tengan ustedes la seguridad que sobre estos terrenos abandonados construiremos sus nuevos hogares”, manifestó el mandatario municipal.

 

 


Agencia Venezolana de Noticias

Página Web - 2014/02/24

Fuente: http://www.avn.info.ve