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Hace dos años se paralizaron las desocupaciones y el sector se repobló

 

En lista de espera para ir a un refugio quedó Wilmar Rivas, paciente con cardiopatía, que vive en el callejón Alegría de Federico Quiroz desde hace 34 años. Cuando en 2011 se ordenó el desalojo total del sector se llenó de esperanzas pero, al cabo de tres años, sigue en la misma casa que, haya lluvia o sol, cruje con cada milímetro que cede el terreno.

Las lluvias de la semana pasada volvieron a poner en tensión a las 65 familias del callejón Alegría, quienes, si se hubiese cumplido el decreto presidencial N° 8.042 de febrero de 2011, ya no deberían estar en la zona. En el documento se declararon las 25,49 hectáreas de Federico Quiroz como la primera Área de Emergencia Habitacional (Areha) y Zona de Peligro Inminente (Zopi) del Área Metropolitana.

Y es que según informó el Instituto Municipal de Gestión de Riesgo y Administración de Desastres (Imgrad) para entonces, este sector de la parroquia Sucre cedía ocho milímetros por día. Con el decreto se previó que en un año se lograría la desocupación total.

Sin embargo, en agosto de 2012, la sala situacional que dirigía el Ministerio de Defensa para coordinar los desalojos y la demolición de estructuras fue disuelta, y el proceso se paralizó. A cambio se constituyó una mesa de trabajo con consejos comunales que, a decir de los residentes, ni es plural ni ha generado soluciones. Como resultado no solo siguen familias en alto riesgo sino que las zonas que fueron desalojadas se repoblaron con invasores a quienes nadie les impidió construir viviendas.

El otro temor vecinal es que, cuando regresen las precipitaciones fuertes, los nuevos ocupantes saldrán primero a refugios por haberse ubicado en las zonas más inestables.

"Cuando llueve se me llena la casa", dice Rivas, mientras muestra sus pisos agrietados, llenos de remiendos de cemento y uno de sus cuartos inhabilitado. "Me dijeron que la casa aguanta 15 años más pero será bajo tierra, como un topo".

Las gestiones vecinales para reactivar los desalojos comenzaron otra vez hace dos meses. Han acudido a Vicepresidencia pero un tema aparentemente burocrático no les permite avanzar. "El censo de las familias para el desalojo lo tomó Imgrad pero no quieren pasar la data Vicepresidencia. ¿Por qué no colaboran con nosotros", cuestiona Sinay Gavidia.

Del callejón Alegría solo lograron salir a refugios 24 familias. De entre todos los sectores de Federico Quiroz en 2012 habían salido unas 1.200 familias pero más de tres mil quedaron esperando. No se conoce la población actual.

Una quebrada de aguas residuales circunda las casas del callejón Alegría, que cuando crece socava las bases de las casas colindantes. El común denominador en todas ellas son las grietas y filtraciones que, aunque algunos han tapado con cemento, pintura y bloques; no contienen el movimiento del terreno. Los residentes además han escuchado que esperan activar la misión Barrio Tricolor. "Cuando llegó el Tricolor hace años no terminaron ni el friso de las casas. No queremos eso", afirmó Andreina Rojas.

"Somos seres humanos, no animales. No pedimos que nos regalen sino que nos tomen en cuenta porque aquí la gente no se niega a pagar sus viviendas", precisó Gavidia.

 

 


ANYIMAR COVA LUGO / El Universal

Página Web - 2014/09/01

Fuente: http://www.eluniversal.com/


Igual que otros matrimonios jóvenes, Vanessa Rodríguez y su esposo, ambos de 30 años de edad, adquirieron una vivienda con la ayuda de sus padres y lo que alcanzaron ahorrar con su trabajo. "Después de tres años logramos comprar un apartamento pequeño, de dos habitaciones, en El Hatillo, que nunca alquilaremos porque la ley nos impediría recuperarlo cuando regresemos al país", dijo la arquitecta egresada en 2007 de la Universidad Simón Bolívar.

Le salió la oportunidad de hacer un master en un instituto en Madrid, por lo que el matrimonio permanecerá dos años en la capital española, lo que también los ha llevado a posponer los planes de tener hijos. "En condiciones normales lo conveniente es arrendar para que la hipoteca se siga pagando sola el tiempo que estemos fuera, pero la incertidumbre impide alquilar el apartamento", expresó la arquitecta.

Conoce el drama de las parejas jóvenes que no pueden casarse porque no consiguen una vivienda. "Pero cómo alquilas ante tantos casos de propietarios imposibilitados de vivir en su propia casa porque el inquilino no quiere o no puede irse cuando le piden el desalojo. Ni siquiera hay garantía de dejar el apartamento a alguien para que te lo cuide", indicó.

Aclaró que no tienen bienes de fortuna y pese a los gastos en el extranjero mientras duren los estudios, es preferible correr con el costo (12.000 bolívares mensuales) que representa el préstamo hipotecario más el condominio. "Incluso le di instrucción a la conserje del edificio para que diga que no hay apartamento en alquiler a quien solicite información al respecto".


Apoyo familiar. Vanessa Rodríguez contó que ella y su esposo, que es ingeniero, pudieron comprar el apartamento, después de buscar ofertas en el mercado inmobiliario, gracias a la ayuda de la familia.

De hecho, vivieron los dos primeros años de casados en el apartamento de sus padres en La Tahona. "Si alquilábamos, los salarios de ambos no alcanzaban para ahorrar y comprar nuestra propia casa".

Recordó que los padres los apoyaron con parte del dinero necesario para la reserva del apartamento en un edificio que estaba en construcción. También los ayudaron con parte de la cuota inicial, equivalente a 40% del precio total de la vivienda.

"Resulta demasiado fuerte no poder regresar a vivir en tu apartamento, adquirido con tanto esfuerzo, porque el inquilino no se va, sea por necesidad o porque espera sacarte dinero o quedarse con la vivienda", agregó.

Rodríguez sostuvo que por donde se mire la opción de alquilar es inconveniente, pues la renta que cobraría debe estar dentro de los parámetros de la ley de alquileres, la cual fija un monto basado en la regulación de los precios que no cubre el préstamo del banco y menos si se le suma el pago del condominio en el caso de que el arrendatario no lo asuma.

 

 


ANA DÍAZ / El Nacional

Impreso Digital - 2014/08/30

Fuente: http://www.el-nacional.com/


Un grupo de damnificados cerraron desde la mañana de este lunes la redoma de Pineda para exigir al Gobierno Nacional la asignación de viviendas.

 

Las familias, que han manifestado en varias ocasiones, ocupan ilegalmente los galpones que antes pertenecían a Mil Cerámicas.

 

Por la protesta se registra un fuerte tráfico en el sector.

 

 


El Nacional

Página Web - 2014/09/01

Fuente: http://www.el-nacional.com/


Caracas. Un total de 48 familias que estuvieron habitando por ocho meses apartamentos en el urbanismo Turmerito, en la parroquia Coche, y que fueron desalojados la semana pasada, solicita una audiencia con el presidente Nicolás Maduro.

 

Yamilet Marval e Irama Guillen, representantes de las familias afectadas, se acercaron a la redacción de Últimas Noticias y explicaron que el pasado mes de diciembre de 2013 las autoridades del Inavi los habían llamado para la entrega de los apartamentos.

 

Indicaron los afectados que se encontraban en situación de hacinamiento y arrimados en casas de familiares. Dicen que al momento de entregar los apartamentos, las autoridades solicitaron siete de estos inmuebles y ante la negativa de la comunidad no les adjudicaron las viviendas, “decidimos ocupar los apartamentos, pero después de ocho meses nos desalojaron. Pedimos al Presidente Maduro que se comunique por el teléfono 0414-236 3214”, dijo Marval.

 

 


Olga Maribel Navas / Últimas Noticias

Impreso Digital - 2014/09/01

Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.ve/


El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini, alertó que el déficit en la oferta nacional, especialmente en el área de viviendas, es cada vez más marcado. Destacó que para la fecha a la Misión Vivienda todavía le falta completar 85% de su objetivo anual. "No lo va a cumplir.

¿Cómo será la crisis que los mismos representantes del sector público admiten dificultades para obtener materia prima?".

Martini agregó que los tres factores principales para el desarrollo inmobiliario -producción y distribución de materia prima, marco jurídico y sistema hipotecarioson controlados por el gobierno, y tienen problemas.

Considera que para encontrar soluciones se requiere la aplicación de medidas como respeto a la propiedad privada, rechazo categórica a las invasiones y sustitución de la ofensiva económica -entendida como aumento de los controles- por medidas que estimulen la producción.

Martini agregó que también es necesario modificar las leyes del sector. "Tenemos resoluciones de precios imposibles de cumplir, una ley de arrendamientos residenciales que no es viable para alquilar, y leyes para la promoción inmobiliaria que centralizan en el gobierno todos los trámites y retrasan cualquier solución".

Recordó que en meses pasados se hizo un trabajo intenso con el gobierno para destrancar los arrendamientos comerciales y se logró una ley balanceada.

"Hemos demostrado que sí se puede llegar a acuerdos", expresó.

 

 


El Nacional

Impreso Digital - 2014/08/30

Fuente: http://www.el-nacional.com/