Los edificios de Misión Vivienda irrespetan las ordenanzas de zonificación y recomendaciones hechas después de la vaguada. 28.000 familias aún viven en áreas de riesgo
Las desembocaduras y márgenes de los ríos del estado Vargas continúan siendo una amenaza. Cada uno de los planos de los proyectos contratados por la Autoridad Única de Área para el estado Vargas señalan claramente que no puede haber viviendas en los alrededores de las quebradas y mucho menos en sus conos de deyección, donde hace 15 años, luego de 3 días de lluvias, millones de metros cúbicos de sedimentos de la montaña arrasaron comunidades.
Sin embargo, 28.000 familias varguenses aún viven en las cercanías de los ríos, denunció Carlos Texeira, presidente de la Red de Ciudadanos Activos del estado Vargas: "La Misión Vivienda construyó aproximadamente 30.000 viviendas, distribuidas en más de 50 urbanismos, pero solo 976 familias afectadas de las diversas parroquias del estado fueron las beneficiadas. Más de 90% de quienes ocupan esos edificios son familias foráneas, por lo que siguen en deuda con este pueblo ante la amenaza de una tragedia como la de 1999".
Cuando ocurrió la vaguada en 1999 se calculaba que en la entidad había 343.000 habitantes. El censo de 2000 reveló que la población bajó a 230.103 personas. Una década más tarde, los resultados del XIV Censo Nacional de Población y Vivienda indicaron que la cantidad de población no solo se incrementó, sino que el estado superó la cantidad de habitantes que tenía al momento de la tragedia. En Vargas viven actualmente 352.920 ciudadanos.
Crecimiento improvisado. El Plan Vargas aprobado en el año 2005 tenía prevista la construcción de 29 urbanismos y 12.758 viviendas. Texeira aseguró que esas viviendas estaban destinadas a las familias del litoral que vivían en las cercanías de los ríos. La Misión Vivienda no satisfizo esta necesidad.
En cambio, las residencias construidas como parte de la política estatal irrespetaron las ordenanzas de zonificación del estado y no se acogieron a las recomendaciones hechas en estudios que sugerían que las edificaciones no tuviesen más de seis pisos y que las plantas bajas fuesen utilizadas únicamente para comercios. "La Misión Vivienda no desarrolló redes de servicios en la entidad, en caso de que hayan instalado algunos aductores lo hicieron sobre los originales. No hay un metro cuadrado adicional de colectores, hospitales o escuelas. Además, las nuevas edificaciones irrespetan las variables urbanas fundamentales: no se consideraron porcentajes de construcción, ubicación, densidades, alturas o retiros", subrayó el urbanista Rafael Jiménez.
A la Misión Vivienda se suman las construcciones improvisadas en los márgenes de las quebradas. En una investigación desarrollada por las profesoras Sandra Ornés y Luisa Páez, presentada en noviembre en las X Jornadas de Investigación y Postgrado de la Universidad del Zulia, se identificaron zonas de riesgo alto y muy alto en Caraballeda, Tanaguarena y Macuto. Ornés explicó que en estos sectores coinciden viviendas formales tradicionales del estado con nuevos asentamientos ilegales. Además, "algunas edificaciones de la Misión Vivienda, como la de Playa Grande, fueron construidas en sectores que coinciden con zonas en las que hubo pérdidas por los efectos de los aludes torrenciales. El edificio fue construido paralelo a la montaña, lo que no permite que en caso de que haya un evento similar el lodo continúe bajando utilizando las calles como canales. Sin embargo, no sabemos qué criterios utilizó la Misión Vivienda y si se hicieron análisis de las amenazas", concluyó Ornés.
Mitigar el riesgo
Entre 2001 y 2008 fueron construidas en el estado Vargas 63 presas de retención de sedimentos, repartidas en 25 quebradas, más otros 18 trabajos de canalización. José Luis López, investigador del Instituto de Mecánica de Fluidos de la Universidad Central de Venezuela, afirmó que 50% de estas presas están saturadas de sedimentos por lo que es recomendable acometer trabajos de mantenimiento o construir nuevas presas, para garantizar mejor protección ante una emergencia.
López afirmó que las estructuras sufren además la acción de la erosión, están dislocadas o tienen diques y contradiques fracturados. El investigador subrayó que en el año 2005, las lluvias torrenciales de febrero pusieron a prueba las 21 presas que para entonces habían sido construidas. Las obras retuvieron 300.000 metros cúbicos de sedimentos, lo que permitió proteger zonas como Maiquetía o el centro de La Guaira. Sin embargo, durante ese evento 2 presas construidas en Anare fueron destruidas por la creciente.
Para el experto es necesaria la construcción de nuevas presas para mitigar los daños potenciales de un nuevo desastre natural.
Además de las presas se instalaron 33 estaciones pluviométricas y 9 estaciones hidrométricas. López calcula que solo 40% debe mantenerse operativa: "Algunas fueron desvalijadas o faltan equipos y personal para mantenerlas".
El experto subrayó que un evento como el de 1999, en el que la cantidad total de sedimentos depositados en los abanicos aluviales de las 24 cuencas alcanzó los 20 millones de metros cúbicos ocurre una vez cada 500 años.
LUIS LÓPEZ - EMILY AVENDAÑO / El Nacional
Página Web – 2014/12/15
Fuente: http://www.el-nacional.com