Usuarios reciben un título de adjudicación que ya está registrado mientras pagan la vivienda
En el urbanismo Tres Raíces de la Gran Misión Vivienda Venezuela (Gmvv), ubicado en la avenida Lecuna de Caracas, algunos habitantes dicen que no pueden vender las viviendas hasta que cumplan cinco años ahí. Otros, que sí las pueden vender pero que deben pagarla primero. Un último grupo asegura que no la pueden vender sin notificarlo previamente al Estado.
Todos ellos prefieren guardar el anonimato por la diatriba actual con el tema de vivienda. Aunque las opiniones son diversas, coinciden en algo: tienen en sus manos un documento de adjudicación “donde dice que toda la familia que habita la vivienda es dueña de la propiedad”.
El artículo 12 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen de Propiedad de las Viviendas de la Gmvv, estipula que “se transferirá la propiedad del terreno a los representantes de las unidades familiares correspondientes en cada urbanismo”.
Dos cuadras más allá, en el desarrollo habitacional que está en el Nuevo Circo, no conocen el decreto publicado desde el año 2011, pero saben que están bajo la protección de una propiedad adjudicada multifamiliar y que de ahí “nadie los puede sacar”.
Omaira Torres, una de las habitantes del piso 3 del urbanismo, dice que cuando le entregaron el certificado ya estaba registrado.
Este proceso fue comprobado por el equipo de Últimas Noticias en el Registro 4to, ubicado en al avenida Urdaneta edificio Caoma, piso 1, en Caracas, donde explicaron que el Banco Nacional de Hábitat y Vivienda (Banavih) se encarga de registrar el documento antes de entregárselo al beneficiario.
Ni prestadas ni regaladas. Hay dos modalidades de entrega de viviendas, una de interés social para las personas damnificadas o en situación de riesgo o de calle, y otra para la clase media (se asigna a través del 0800mihogar con un crédito del banco), según explicó el diputado de la Asamblea Nacional y ex ministro de Hábitat y Vivienda, Ricardo Molina.
La diferencia está en que la primera se entrega bajo un convenio de pago según lo que pueda cancelar el beneficiario. Las cuotas se pactan a largo plazo a través de un título de adjudicación, y no es sino hasta que esa familia paga el total de la deuda cuando se le entrega su título de propiedad, dijo.
Mientras que en la segunda modalidad se otorga el título de propietario una vez que se hace la entrega (como son financiadas a través de la banca por un crédito hipotecario ese título de propiedad puede quedar en manos del ente financiero si el crédito no es cancelado a tiempo). Sin embargo, mientras se paga la deuda la persona sigue siendo la propietaria (al igual que pasa con cualquier compra-venta de viviendas en el país).
Aseguró Molina que los poseedores de los inmuebles pueden realizar reparaciones siempre y cuando sea dentro del uso urbano establecido. También se puede heredar de un familiar, todo eso bajo la anuencia de la Inmobiliaria Nacional, ya que este es el encargado de las construcciones.
“Con ese documento de adjudicación las personas pueden ir hasta un registro y formalizar. De igual manera, durante los primeros cinco años de la adjudicación se puede vender, reparar o traspasar el bien, siempre y cuando sea notificado a la Inmobiliaria Nacional, porque son ellos quienes tienen la primera opción de compra para poder vendérsela a otra familia.
Asimismo, indicó que se debe notificar la reparación o adecuación porque no puede venir cualquiera y poner una peluquería en un bien que se hizo con un fin habitacional”, señaló.
Después de los cinco años, y si ya está cancelada la vivienda, el propietario no debe notificarle al Estado cualquier trámite que se realice.
“Puede vender, siempre y cuando lo haga en los montos establecidos y sin especular con el precio. El monto debe ser correlativo a la suma en el que el Estado le vendió la casa”, explicó el ex ministro.
Agregó que también hay otras formas de propiedad de la Misión, no solo la de adjudicatario. “Hay gente que tiene el terreno y le piden el apoyo al Estado para construir su hogar. También hay quienes solo piden asesoría técnica porque ya tienen el terreno y una parte de la construcción adelantada. Estas personas no necesitan ningún documento de propiedad o adjudicación porque están solicitando solo ayuda. El Estado se las otorga y no exige ningún pago”.
Aunque existen más de 15 decretos que amparan a las personas que reciben estas propiedades, desde la nueva Asamblea Nacional se presentó un proyecto de ley que a juicio de Molina es redundante.
“Se busca disfrazar la mercantilización de las viviendas otorgadas al pueblo. Que los terrenos para la Gmvv vuelvan a ser tasados según la ley del mercado y no con el precio justo como está establecido en la ley actual”, afirmó.
La iniciativa de la oposición pretende que el sector privado (la Cámara Inmobiliaria y la de la Construcción) pongan las reglas y los precios, sentenció.
Beneficiario vs propietario. Los habitantes de los urbanismos no tienen dudas de que esos inmuebles les pertenecen, aunque en la Asamblea Nacional se introdujo a principios de este año un proyecto de Ley de Otorgamiento de Títulos de propiedad a beneficiarios de la Gmvv, por parte de los diputados de oposición.
El documento consta de 12 artículos que serán discutidos y que tienen como objetivo regularizar el otorgamiento de titularidad de la propiedad a quienes han sido beneficiados.
Según el diputado Julio Borges, personas que habitan estos urbanismos son solamente beneficiarios y no propietarios.
El pasado jueves, esta ley fue aprobada en primera discusión y el diputado de Primero Justicia explicó, entre otras cosas, que el artículo 8 estipula que a partir de su publicación, el Ejecutivo Nacional tendrá un lapso de seis meses para materializar el otorgamiento de titularidades y no de 5 años mínimo como es actualmente.
En la práctica, las personas que fueron adjudicas con viviendas (o quienes estén esperando que les sean entregadas) podrán ser titulares de la propiedad casi inmediatamente después de la entrega.
Por supuesto, deberán cumplir las normas de convivencia que incluye el no usar el inmueble para otros fines que no sean residenciales.
Borges ha insistido en que la idea es que exista un dueño de la propiedad, un jefe de familia y no varios.
Según el diputado, en el sector Tocoma del municipio Sucre unas personas fueron desalojadas de los urbanismos luego de las elecciones parlamentarias.
Sin embargo, no presentó pruebas de esta acusación (tampoco fue conocido públicamente este supuesto hecho).
Acotó que a través de esta ley se busca dar paso a una auditoría completa de la Gmvv, debido a las denuncias que se han presentado en algunos estados. También Borges plantea la necesidad de actualizar el registro.
Participación privada. Dentro de las construcciones que se han hecho en todo el país también ha estado la mano de obra privada.
Aquiles Martini, ex presidente de la Cámara Inmobiliaria, señaló que las viviendas construidas para la clase media (a través del 0800mihogar) están a cargo de empresas contratadas por el Estado.
El año pasado, el sector privado levantó casi 10 mil viviendas. “El problema está en la valorización que le da el Gobierno a la casa”. Según Martini, el precio debe ser mayor al asignado por el Gobierno porque los materiales son más costosos que lo que el Gobierno estipula.
“Con las casas de interés social se otorga un título de adjudicación que explica el uso que puedes dar a la vivienda. Lo llaman propiedad multifamiliar porque el cabeza de familia debe tener la autorización de todos los habitantes de la casa para poder hacer cualquier cosa, e incluso lo debe notificar al consejo comunal del urbanismo. Eso limita la propiedad privada. Además, el terreno tampoco le pertenece al adjudicatario”, dijo.
Ese terreno no es de la persona porque es municipal o de alguien a quien se lo expropiaron. “La idea es que los beneficiarios pudieran vender la casa al valor que se compró más el Índice de Precio al Consumidor (IPC)”, asegura Martini, es decir, a precio de la inflación del momento.
Soluciones a corto plazo
Luego de que la Asamblea Nacional aprobara en primera discusión el proyecto de Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gmvv, el presidente de la República, Nicolás Maduro, decretó la creación del Sistema Nacional de Registros Públicos Inmobiliarios Especiales de la GMVV. La idea es proteger la propiedad con un registro más formal y garantizar la continuidad en la construcción.
También el Presidente de la República aprovechó para autorizar un incremento de los beneficios para la adquisición de vivienda principal a grupos familiares con ingresos mensuales entre 3 y 15 salarios mínimos (Bs 28.947 a Bs 144.735) para extenderlos hasta 20 salarios mínimos (Bs 192.980) y así favorecer a la clase media profesional y trabajadora en general de todo el país.
NARKYS BLANCO /
Últimas NoticiasPágina Web - 2016/02/02Fuente:
http://www.ultimasnoticias.com.ve
El parlamentario Ricardo Molina, aseguró que los adjudicados por la Gmvv pueden vender sus casas de acuerdo a las normativas vigentes y con utilización de la inmobiliaria del Estado 
Estiman que es necesario revisar los precios de las viviendas
Durante una asamblea popular en defensa de los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela realizada con beneficiarios en el Campamento Pioneros Campo Rico en el municipio Sucre, el diputado por el Bloque de la Patria, Elías Jaua, calificó como una amenaza la imposición de la Ley de Vivienda de la derecha venezolana, “La Ley disfraz de Julio Borges, le expropia al pueblo las tierras donde la Revolución le construyó sus viviendas”.
Aunque el gobierno amplió la base a 20 salarios mínimos para recibir un crédito habitacional, una familia con un ingreso mensual de 192.963,6 bolívares solo recibiría 7,9 millones de bolívares. Un monto insuficiente para los precios del mercado