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La política emprendida por el Ministerio de Vivienda y ejecutada por el Viceministerio de Redes Populares en Vivienda “en la que se le confiere el protagonismo a la ciudadanía no se traduce en eficiencia en la gestión”, destaca  Transparencia Venezuela en el boletín del Observatorio de Misiones referido a la Gran Misión Vivienda Venezuela, publicado el 14 de diciembre de 2015.

Coordinaciones regionales de Transparencia Venezuela presentaron varios casos. En el estado Bolívar, desarrollo residencial Villa Brasil etapa I y II, existe una pugna entre organizaciones comunitarias por el urbanismo. “Un grupo reclamaba 26 apartamentos de la construcción, con el argumento de que ellos custodiaron el terreno y lo dieron a conocer como desocupado, lo que generó enfrentamientos entre los involucrados en la entrega”, indica el boletín.

En el urbanismo Villa Bolivia de la misma entidad, dos consejos comunales se disputaban la propiedad de las viviendas por adjudicar. El Venezuela Avanza con 75 personas, aseguraba que tenía prioridad porque desde hace 7 años resguardan el terreno y los de Manuelita Sáenz, aledaños al terreno, también reclamaban preferencia. “Son familias de una organización comunitaria y otra, que hacen guardia todos los días, desde hace más de 7 años, pasan lista y limpian el terreno con la esperanza de tener casa propia. Colocaron cerca y conservan la documentación que han tramitado ante el Órgano Regional de Vivienda a través del Instituto de Vivienda, Obras y Servicios del estado Bolívar”, reseñó El Nacional.

Otro de los casos estudiados es la ocupación de los terrenos de la Facultad de Agronomía de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Barquisimeto, estado Lara, por el Consejo Comunal Alí Primera.
Los vecinos refieren que estarían dispuestos a desocupar los terrenos si llegaran a reubicarlos, apunta el boletín.

La Gran Misión Vivienda Venezuela ha otorgado desde su creación poder a la ciudadanía en la construcción de unidades residenciales con la modalidad de asistencia técnica y autoconstrucción, señala el citado informe.

Indican que las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez, los Círculos de Lucha Popular, consejos comunales y las Asambleas Viviendo Venezolano se han organizado para edificar viviendas bajo la dirección del Ministerio de Vivienda y Hábitat.

Sin embargo, la entrega de terrenos para que construyan nuevos urbanismos “no se corresponde con juicios de equidad y prioridad ni existe un registro público en el que se identifique qué terreno corresponde a determinado consejo comunal”, denunció Transparencia Venezuela.

Refieren que el ex ministro de Vivienda y Hábitat Ricardo Molina señaló que las Asambleas Viviendo Venezolano son grupos sociales que se organizan con la dirección de la Gran Misión Vivienda Venezuela. “Nosotros los asociamos a un proyecto específico y ellos comienzan a organizarse y a trabajar para que ese proyecto avance”.

La GMVV programa residencial bandera del gobierno ha contado con cuantiosos recursos. En 2013, el Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción le asignó 76 millardos de bolívares y a través del presupuesto de la nación se le dotó de 29 millardos adicionales. Sin embargo, por involucrar varios entes en su ejecución y programas de cooperación con otros países se hace difícil cuantificar el monto total entregado y evaluar el desempeño del gasto. En el presupuesto de 2015 se le concedió 28,6 millardos de bolívares, lo que equivale a 2% menos de los recursos asignados en 2014, cuando se destino a este programa social 29,2 millardos.



Analítica
Página Web - 2016/02/09
Fuente: http://www.analitica.com


El Gobierno ha hecho lo propio y anunció con "urgencia" la "inscripción, registro y protocolización" de los documentos destinados al otorgamiento de la propiedad subsidiada

El más de un millón de venezolanos que vive en las altas torres de viviendas subsidiadas por el chavismo están hoy en medio del duelo entre el Gobierno de Nicolás Maduro y el Parlamento que controla la oposición.

Esas casas, decoradas con gigantes retratos de Hugo Chávez que se ven desde kilómetros, están ubicadas en los bastiones populares que han sustentado durante años el régimen socialista, tanto en las urnas como en las calles.

Ahora, tras años de críticas al programa social de vivienda, la oposición ha encontrado un camino para inclinar la balanza y atraer a una población hostil a su propuesta política, sin tener competir con el proyecto que sumó tanto apoyo al chavismo.

Se trata de un proyecto de ley que les permitiría a los ocupantes tener el título de propiedad de sus casas, una promesa que el régimen socialista siempre hizo pero que demoró demasiado en cumplir.

El proyecto ha pasado sin tropiezo por el Parlamento, en manos de los opositores desde el 6 de enero, con 109 de los 163 escaños, lo que supone que la ley avanzará sin más contratiempos que las críticas de los 54 parlamentarios chavistas que pueden cuestionarla pero no truncar su curso.

Impulsado por el mayor detractor de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), el opositor Julio Borges, ahora jefe de la bancada mayoritaria del Parlamento, el proyecto superó la primera discusión en la Cámara y espera que en la segunda sea refrendado.

El Gobierno ha hecho lo propio y anunció con "urgencia" la "inscripción, registro y protocolización" de los documentos destinados al otorgamiento de la propiedad subsidiada, un segundo frente para limpiar los señalamientos que culpan al chavismo de oponerse a la propiedad privada.

El presidente Maduro ha llamado a sus partidarios a defender en la calles la Misión Vivienda asegurándoles que permitir que la ley avance acabaría con el programa social, una idea que, según sus detractores, será difícil de vender.

Maduro aseguró recientemente ante el Parlamento que para poder aprobar una ley antes tendrán que derrocarlo, algo que no ha frenado el impulso del Legislativo que ha dejado claro que entre sus planes está buscar un mecanismo para poner fin al gobierno.

El economista antichavista y director de la firma Datanalisis, Luis Vicente León, opina que "convencer a la gente que entregar los títulos de propiedad de las viviendas de la GMVV es malo es más peludo (complicado) que matar un burro a pellizcos".

El argumento oficial es que la nueva ley obligaría a los ocupantes a pagar las viviendas y que las onerosas cuotas les obligaría a abandonar sus hogares, algo que hasta el momento no aparece en el proyecto de ley presentado por los opositores.

Asimismo el Gobierno impulsa la idea de que engordaría el mercado negro existente en Venezuela, pues daría paso a la compra-venta ilegal de viviendas al margen de las estrictas regulaciones del Estado, que contempla altísimos precios y en divisas.

Esto es, según el oficialismo, un intento de instaurar en el país el modelo "neoliberal" del mercado inmobiliario controlado por especuladores, producto de una oferta casi inexistente o impagable para un venezolano promedio.

Maduro, para quien estas casas han sido su gran apuesta, recuerda que de él y de su gobierno depende la continuidad de las viviendas subsidiadas, al asegurar que de sancionarse esta ley se interrumpiría la construcción de nuevas casas.

Esto ocurre en un momento en el que país caribeño, con un déficit habitacional de más de dos millones de hogares, atraviesa una grave crisis económica, exacerbada por la caída de los precios del petróleo.



INDIRA GUERRERO - EFE / El Tiempo
Página Web - 2016/02/09
Fuente: http://eltiempo.com.ve


Otro producto con sello bolivarense llegará al mercado internacional. Se trata de los bloques de arcilla fabricados en Alfarería Bolívar, una de las 14 empresas socialistas que ideó el gobernador Francisco Rangel Gómez para colocar al servicio del pueblo las potencialidades que existen en la región.

Perteneciente al Complejo Alfarero Hugo Chávez y tutelada por la Corporación del estado Bolívar, esta planta se ha dedicado a producir diariamente 70 mil bloques de arcilla número 10 para satisfacer la demanda del sector construcción, contribuir con la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), disminuir el consumo de cemento y demostrar que del mineral procesado en Bolívar surge un material digno de exportación.

Desde que la empresa alfarera comenzó a funcionar se ha convertido en una de las paradas frecuentes de los consejos comunales, empresarios privados, instituciones públicas, habitantes bolivarenses e incluso de personas provenientes de otros estados de Venezuela, quienes visitan la región para adquirir el resistente producto a precio justo, sin muchos trámites ni papeleos.

Sin embargo, durante este 2016, declarado por el gobernador Francisco Rangel Gómez como el año de la productividad, los bloques de arcilla también se comercializarán en otros países, lo que permitirá impulsar a Bolívar como un estado potencia y lo posicionará como la alternativa económica no petrolera de Venezuela.

Se tiene previsto exportar el 10 o hasta el 20% de la producción de Alfarería, pues el porcentaje no afectará de ninguna manera el aporte que siempre se le otorga a la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) y al mercado regional.

Completamente autorizada

Al respecto, el gobernador Francisco Rangel Gómez manifestó que Alfarería Bolívar tiene toda la capacidad para cumplir con la demanda regional, nacional e internacional. Agregó que los trabajadores y trabajadoras de la alfarera están dispuestos y preparados para seguir apoyando el proyecto habitacional que inició el Comandante Hugo Chávez y las diferentes obras que ejecuta la ciudadanía.

“Alfarería Bolívar está completamente autorizada para comenzar a exportar bloque de arcilla. Esta empresa es productiva, autosustentable y está funcionando como debe ser y para lo que se creó. La prioridad es la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) pero también se garantizan bloques de arcilla para quien lo necesite”, dijo el mandatario regional.

Por su parte, el presidente de Alfarería Bolívar, Jesús Velásquez, precisó que el primer despacho internacional de bloque bolivarense irá a Roraima, Brasil. Posteriormente comercializarán en Panamá, donde también están solicitando el material de construcción, añadió.

“El 70 % de la producción de Alfarería Bolívar es para el mercado local y la GMVV. El 30% restante se utilizará para la exportación y otras solicitudes a nivel nacional”, informó Velásquez luego de precisar que anualmente se producen en la planta 18 millones de bloques.

El presidente de Alfarería Bolívar felicitó al gobernador Francisco Rangel Gómez por impulsar en Bolívar planes productivos que van en sintonía con las líneas que ha marcado el presidente Nicolás Maduro, especialmente con los 13 motores de la economía productiva.

Añadió que desde la alfarera trabajarán incansablemente para derrotar la guerra económica, lograr la independencia económica y cambiar definitivamente el modelo rentista petrolero que se ha mantenido desde hace 107 años. (Prensa Gobernación/GB).-

CIFRAS:

70 mil bloques de arcilla número 10 produce la planta al día.

18 millones de tres productos, bloques de 10, 15 y 22, produce la alfarera anualmente.

8 mil 500 viviendas al año se pueden construir con la producción de bloques de Alfarería Bolívar

285 mil sacos de cemento se ahorraron solo en el 2015 gracias a los bloques de arcilla.

22 millones de bloques se han producido en Alfarería Bolívar desde su creación.




REDACCIÓN NPG / Nueva Prensa
Página Web - 2016/02/09
Fuente: http://www.nuevaprensa.com.ve

 


La Ley de Propiedad de la Gran Misión Vivienda fue aprobada en primera discusión, semanas atrás por la Asamblea Nacional (AN). Restaría la discusión por artículos, que se realizaría en segunda discusión. No obstante, el tema ha dado mucho de qué hablar, ha generado confrontación entre los sectores oficialistas y opositores del país, manifestaciones de algunos adjudicatarios que dicen no querer la propiedad de sus viviendas y manifiestos por parte de los sectores especializados en materia de construcción y la actividad inmobiliaria.

Al respecto fue consultado el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Lara, José Manuel Alejos, quien señaló que como gremio están totalmente de acuerdo con que los adjudicatarios de la Gran Misión Vivienda obtengan los títulos de propiedad de estas.

Asimismo, subrayó que el gremio no tiene intereses económicos sobre la entrega de la propiedad a los adjudicatarios, tal y como han acusado representantes del Gobierno nacional.
Indicó que, a pesar de que existe una ley anterior de fecha 2011, que se expresa al resto, esta no se ha aplicado, además que su contenido no es del todo claro, en cuanto a las condiciones de propiedad y titularidad de las tierras donde se edificaron las obras.

Apuntó, por tanto, que los términos de adjudicación y propiedad son un problema de tracto documental y de registro. “No hay propiedad a favor de la nación porque eso no se ha regularizado”, expresó.

En tal sentido, manifestó que el gremio considera que la ley debe esclarecer dichos puntos, a fin de regularizar el trato documental y que cada adjudicatario sea propietario de su vivienda.

Beneficios de la propiedad

Alejos indicó que una reforma como esta comprendería dos beneficios: el cese de la discrecionalidad de los funcionarios y la propiedad familiar.

Recordó que con la aplicación de la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) se hicieron señalamientos directos de las adjudicaciones de unidad habitacionales de la Gran Misión Vivienda, tras lo cual fueron desalojadas numerosas familias.

“Lo propio era que si esa era tu vivienda, nadie te la podía quitar por un tema ajeno al de la propiedad. De hecho reasignaron esas viviendas”, expresó.

Subrayó por tanto que, con el tema de la ley, excesos de ese tipo quedarían eliminados.
Sobre rumores de que con una reforma legal de este tipo se mercantilizaría la vivienda y que la Cámara Inmobiliaria de Venezuela se encuentra interesada en que ello ocurra, Alejos alegó que estos son comentarios “alejados de la realidad”.

Indicó que para evitar la mercantilización de las mismas se podrían establecer normas para que quienes adquieran estas viviendas no la puedan enajenar en lapsos que el Gobierno nacional y el Ministerio del Poder Popular la Vivienda y Hábitat lo definan, así como los costos, porcentajes y condiciones de subsidios y otros.

Insistió en que aprecian la Ley de Propiedad de la Gran Misión Vivienda como positiva.

Déficit de vivienda

Asimismo, Alejos dijo que como gremio están de acuerdo con que el ciudadano cancele al Estado el valor de la vivienda, con el propósito de mantener el programa, ya que en Venezuela persiste el déficit de unidades habitacionales.

“El gobierno sigue hablando de la vivienda un millón y todas las semanas se anunciaba la entrega de más viviendas… Pero esto deja mucho qué pensar. La meta de viviendas para el estado Lara eran 29 mil, pero estas no están”, comentó.

Para graficar su punto explicó que esta meta por apartamentos, en edificios de 48 apartamentos (4 apartamentos por piso), requeriría al menos 600 edificaciones de este tipo. En cuanto a las casas y grandes urbanismos señaló que este número comprendería al menos 50 en todo el estado.

Se preguntó dónde se encuentran entonces las viviendas.

Registro exclusivo de la GMVV

Respecto a un registro inmobiliario único para la Gran Misión Vivienda Venezuela, manifestó que este sería positivo, porque más allá del número de viviendas construidas, cifra que se desconoce, se agilizaría un posible proceso de protocolización, del cual carecen.

“Esto evitaría la congestión de los registros actuales y permitiría que se sigan manejando bajo regímenes especiales”.




ROSMIR SIVIRA / El Impulso
Página Web - 2016/02/08
Fuente: http://www.elimpulso.com

 


Los 2.520 propietarios de los apartamentos construidos por la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), en la ciudadela Hugo Chávez Frías, en el municipio San Felipe, Yaracuy, rechazaron el proyecto de Ley que el partido de derecha Primero Justicia pretende aprobar en el Parlamento nacional.

Eduardo Uribe, uno de los propietarios, comentó que el proyecto de ley que impulsa la derecha, con una mayoría circunstancia en la Asamblea Nacional, no solo vulnera los derechos de los venezolanos para adquirir una vivienda digna, sino que hipoteca los bienes de quienes han logrado adquirir una casa con este programa social de la Revolución Bolivariana.

"Luego de revisar el proyecto de ley vemos cómo claramente se tratan de impulsar acciones en ella en perjuicio de quienes tanto nos ha costado alcanzar un techo digno. La mayoría circunstancial de la Asamblea Nacional pretende impulsa una ley para favorecer a los terratenientes de tierras y para hipotecar nuestros bienes, sin importarles lo que suceda con nosotros", comentó Uribe.

María Piña, también propietaria de una apartamento en la ciudadela Hugo Chávez Frías, mencionó que el pueblo se declara en rebeldía en contra de las pretensiones capitalistas de la derecha parlamentaria.

"Estuve por más de 15 años tratando de buscar una casa digna para mis tres hijos, y ahora que la tengo gracias al Gobierno revolucionario, pretenden hipotecarla con esa Ley Estafa. Eso no sucederá, yo soy de las que tomaré las calles para evitar que me quiten lo que tanto me costó alcanzar, y así lo haremos las 2.520 familias que vivimos en este urbanismo", dijo.

El gobernador de la entidad, Julio León, participó en una asamblea popular, en la que los propietarios de los 2.520 apartamentos expresaron su preocupación antes la amenaza de la derecha parlamentaria de sancionar esta norma legal que facilita a los consorcios bancarios privados a la especulación de los terrenos.

El gobernador León comentó el proyecto jurídico copia parte de los postulados de la Leyes que amparan a los propietarios de casas de La Gran Misión Vivienda Venezuela, con la salvedad que la norma de la derecha contiene elementos que atentan contra los derechos ciudadanos y favorecen los privilegios del sector inmobiliario.




Agencia Venezolana de Noticias
Página Web - 2016/02/08
Fuente:  http://www.avn.info.ve