La crisis económica no discrimina tendencias políticas. En la estatal Petrocasa es una realidad evidente. La planta de perfiles trabaja a 7,8% de su capacidad tras la paralización de las áreas de perforación y mezclas, y la detención de 13 de 17 líneas de producción de los perfiles en el departamento de extrusión.

Las maquinarias están paradas por falta de repuestos. Hace cinco días la preparación del compuesto de aditivos se suspendió luego de dañarse un polipasto que funciona como elevador mecánico. El inventario del material que se elabora en el lugar ha permitido la fabricación de los perfiles, pero solo para ventanas y puertas, porque sin perforación es imposible hacer los que se utilizan en las paredes, detalló Erick Borges, trabajador de la empresa.

Petrocasa cambió. Su concepto original de venta de kit de viviendas para la construcción de urbanismos populares se desvirtuó. Solo ventanas y puertas están a la venta ante la crisis productiva.

“Esto está prácticamente paralizado”, alertó Borges, quien se desempeña como supervisor y denunció que desde hace año y medio no reciben la dotación de implementos de seguridad necesaria. Les dan un par de guantes a la semana, “se dañan y eso ocasionan accidentes laborales”. Tampoco les suministran botas ni uniformes.

Pero eso no es todo. El servicio de transporte funciona con severas deficiencias. Cuatro kilómetros debe caminar Borges desde su casa en Ciudad Plaza hasta la avenida principal del sector en Plaza de Toros por donde transita la unidad que lo lleva a su trabajo. El recorrido es largo, pero ese no es problema. Entrar a las 11:00 p.m. con el tercer turno o salir a esa hora al final del segundo horario de la jornada es una labor signada por la inseguridad.

Es una situación que padecen los 250 trabajadores de la planta, ubicada en la Zona Industrial El Nepe de Guacara, desde hace tres años cuando la gerencia decidió de manera inconsulta eliminar el mecanismo de cuatro días de trabajo de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. para implementar tres turnos. “Por eso en contra de la empresa decidimos activar nuestra antigua jornada y la gerencia se opuso”, dijo.

Dayrí Blanco / El Carabobeño

Página Web - 2016/03/16

Fuente: http://www.el-carabobeno.com/

La normativa beneficiará a todas las familias a las que les asignaron casas, construidas por cualquier dependencia del Estado

Si un funcionario del gobierno, de los registros y notarías se niega a entregar o protocolizar un documento de propiedad de los beneficiarios de la MisiónVivienda u otro programa de casas del Estado será sancionado civil (con multas), penal (con cárcel) y administrativamente (con destitución del cargo).

La disposición aparece en el artículo siete del proyecto de Ley de Otorgamientode Títulos de Propiedad a las familias de la MV, cuyo informe fue aprobado ayer por la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional y seráremitido a la directiva legislativa, con el fin de que sea debatido por laplenaria, en segunda discusión, el martes 29 de marzo.

El proyecto, que inicialmente era de 14 artículos pasó a 31 artículos, 1 título, 5 capítulos y 3 disposiciones. Una de ellas deroga la Ley de Justiprecios de Terrenos y dos artículos de la Ley de Acceso a Terrenos, para así evitar las expropiaciones fuera del marco legal. El informe fue respaldado por los diputados de la MUD, pero objetado por sus homólogos del PSUV, que alegaron que era “innecesario legislar” en esta materia por cuanto existe la Ley de Misión Vivienda.

La diputada de Primero Justicia, Adriana D’ Elia, quien elaboró el informe, defendió la legislación porque “garantiza la propiedad individual y plena” de las familias sobre las edificaciones, hechas por el Ejecutivo, gobernaciones y alcaldías. “Ahora el acceso al título de propiedad beneficiará a los residentesde la Misión Vivienda y todos los programas de construcción que tenga el Estado, en todos sus niveles. Por legal, se acelera el otorgamiento de los títulos”.

Al negar el voto al proyecto de ley, los diputados del PSUV, Ricardo Molina y Elio Serrano, señalaron que el Parlamento no consultó a los habitantes de las urbanizaciones construidas por el gobierno, ni a entes del Estado. “Peligran dos millones de casas, que deben hacerse, porque no se podrá tener terrenos, pues su precio será determinado por el mercado especulativo”, dijo Molina. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Administración, Stalin González, replicó que consultaron a 830 asignatarios de viviendas y que citaron a los ministros de Hábitat y Viviendas, y Finanzas, a funcionarios de registros y al Órgano Superior de la Vivienda, pero se negaron a participar en el debate.

HERNÁN LUGO-GALICIA / El Nacional

Página Web - 2016/03/17

Fuente: http://www.el-nacional.com/

Habitantes de la Comunidad India Urquía recibieron órdenes del gobernador de Aragua para salir de los terrenos y dar paso a la construcción del Parque Bicentenario

Las últimas tres semanas Fetraconstrucción y Misutic han realizado protestas ante el Ministerio del Trabajo para exigir la publicación en Gaceta Oficial de la homologación del contrato colectivo