La normativa beneficiará a todas las familias a las que les asignaron casas, construidas por cualquier dependencia del Estado
Si un funcionario del gobierno, de los registros y notarías se niega a entregar o protocolizar un documento de propiedad de los beneficiarios de la MisiónVivienda u otro programa de casas del Estado será sancionado civil (con multas), penal (con cárcel) y administrativamente (con destitución del cargo).
La disposición aparece en el artículo siete del proyecto de Ley de Otorgamientode Títulos de Propiedad a las familias de la MV, cuyo informe fue aprobado ayer por la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional y seráremitido a la directiva legislativa, con el fin de que sea debatido por laplenaria, en segunda discusión, el martes 29 de marzo.
El proyecto, que inicialmente era de 14 artículos pasó a 31 artículos, 1 título, 5 capítulos y 3 disposiciones. Una de ellas deroga la Ley de Justiprecios de Terrenos y dos artículos de la Ley de Acceso a Terrenos, para así evitar las expropiaciones fuera del marco legal. El informe fue respaldado por los diputados de la MUD, pero objetado por sus homólogos del PSUV, que alegaron que era “innecesario legislar” en esta materia por cuanto existe la Ley de Misión Vivienda.
La diputada de Primero Justicia, Adriana D’ Elia, quien elaboró el informe, defendió la legislación porque “garantiza la propiedad individual y plena” de las familias sobre las edificaciones, hechas por el Ejecutivo, gobernaciones y alcaldías. “Ahora el acceso al título de propiedad beneficiará a los residentesde la Misión Vivienda y todos los programas de construcción que tenga el Estado, en todos sus niveles. Por legal, se acelera el otorgamiento de los títulos”.
Al negar el voto al proyecto de ley, los diputados del PSUV, Ricardo Molina y Elio Serrano, señalaron que el Parlamento no consultó a los habitantes de las urbanizaciones construidas por el gobierno, ni a entes del Estado. “Peligran dos millones de casas, que deben hacerse, porque no se podrá tener terrenos, pues su precio será determinado por el mercado especulativo”, dijo Molina. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Administración, Stalin González, replicó que consultaron a 830 asignatarios de viviendas y que citaron a los ministros de Hábitat y Viviendas, y Finanzas, a funcionarios de registros y al Órgano Superior de la Vivienda, pero se negaron a participar en el debate.
HERNÁN LUGO-GALICIA / El Nacional
Página Web - 2016/03/17
Fuente: http://www.el-nacional.com/