Con respecto al trimestre anterior, el precio de la vivienda libre también aumentó entre abril y junio un 1,3%, según datos de Fomento

El precio medio de la vivienda libre creció el 1,2% en el segundo trimestre del año hasta situarse en 1.476,8 euros/m2, dejando atrás 26 trimestres seguidos de caídas y protagonizando el primer incremento interanual desde el tercer trimestre de 2008, según los datos del Ministerio de Fomento.

Con respecto al trimestre anterior, el precio de la vivienda libre también aumentó entre abril y junio un 1,3% desde los 1.457,9 euros/m2 a los que se situaba en los tres primeros meses del año.

Desde los niveles máximos que se alcanzaron en el primer trimestre de 2008, cuando en pleno bum del sector inmobiliario el precio de la vivienda superó los 2.100 euros/m2, este indicador acumula un descenso del 29,7%. En términos reales, incluyendo la variación del IPC, esta caída aumenta hasta el 36,6%.

Por comunidades autónomas, 11 de ellas presentaron crecimientos interanuales del precio, destacando Canarias (4,1%); Madrid (3,5%); Aragón (3,5%); Extremadura (2,9%); Comunidad Valenciana (1,5%); Cataluña y Baleares (1,4%). Por el contrario, siete mostraron aún caídas, destacando Asturias (2,7%); Castilla La Mancha (1,5%); Murcia (1,3%), y La Rioja (1,3%).

En términos reales, descontando la inflación, el precio de la vivienda libre experimentó en el segundo trimestre del año un crecimiento interanual por tercer trimestre consecutivo tras subir el 1,5%.

Antes de protagonizar el primer crecimiento interanual desde el inicio de la crisis, el precio de la vivienda encadenaba nueve trimestres consecutivos, desde comienzos de 2013, moderando su ajuste. Tras años de fuertes subidas, en los que llegó incluso a incrementarse un 56,6% en 2005, el precio de la vivienda puso fin a la senda ascendente en el cuarto trimestre de 2008, cuando se anotó una caída del 3,2%. Desde entonces, el precio de la vivienda ha encadenado 26 trimestres consecutivos de caídas, protagonizando su mayor ajuste a finales de 2012 con un abaratamiento del 10%.

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EFE / ABC
Página Web – 2015/09/15
Fuente: http://www.abc.es

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También se podrán beneficiar del Fondo nuevos colectivos como los mayores de 60 años, los matrimonios o parejas de hecho sin hijos y los deudores no hipotecarios

El Fondo Social de Viviendas (FSV) se ha ampliado en 3.974 inmuebles, casi 1.000 más de lo previsto, que estarán a disposición de personas especialmente afectadas por la crisis y se ha decicido incluir nuevos colectivos entre los posibles beneficiarios, como los mayores de 60 años, los matrimonios o parejas de hecho sin hijos y los deudores no hipotecarios, según ha informado el Ministerio de Economía en un comunicado.

El acuerdo de elevar las viviendas del FSV hasta un total de 9.866 pisos se ha suscrito este lunes entre representantes de Economía, Fomento y Sanidad y de las 29 entidades financieras que aportarán pisos.

Según datos del Gobierno, las medidas impulsadas para paliar el problema de los desahucios han beneficiado a unas 45.000 familias hasta la fecha. Además del FSV, está en funcionamiento el Código de Buenas Prácticas, la moratoria de lanzamientos y las mejoras en el funcionamiento del mercado hipotecario.

Con la ampliación a 9.866 viviendas, el FSV persigue cubrir «un mayor número de situaciones» que requieran una respuesta desde todos los organismos y entidades implicadas, según el departamento dirigido por Luis de Guindos. El mismo objetivo se persigue con la inclusión de nuevos colectivos que darían derecho a la obtención de una vivienda del FSV.

El Ejecutivo prevé que al menos el 5% de las viviendas del FSV se destinen a personas desalojadas de su vivienda por impago de préstamos no hipotecarios siempre que cumplan los demás requisitos. También se contempla la posibilidad de acuerdos con los ayuntamientos y entidades del Tercer Sector y la puesta en marcha de una web con toda la información.

El FSV se creó en enero de 2013 con 5.892 viviendas aportadas por los bancos para dar asistencia a las familias más vulnerables mediante alquileres reducidos (entre 150 y 400 euros al mes, con un límite máximo del 30% de los ingresos de la unidad familiar). El Gobierno ha prorrogado el FSV hasta enero de 2017.

Se pueden acoger al FSV aquellas personas que hayan perdido su vivienda habitual después del 1 de enero de 2008 por impago de un préstamo hipotecario, incluyendo aquellas que todavía no hayan sido desalojadas o las que hayan acordado la dación en pago. Deben reunir una serie de requisitos económicos, en concreto, que el conjunto de los ingresos anuales de la unidad familiar no superen el límite de tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples.

Además, deben cumplir con otros requisitos de vulnerabilidad, como ser familia numerosa; tener menores a cargo; tener algún discapacitado; que el deudor esté en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones; las víctimas de violencia de género; y todas aquellas personas o unidades familiares vulnerables para las que la vivienda supone, de acuerdo con el informe de los servicios sociales, un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social.

En mayo de 2014 se acordó ampliar el ámbito de aplicación del fondo para dar cabida a un mayor número de familias sin capacidad para afrontar el pago de un alquiler en régimen de mercado. Con esta modificación se abrió la posibilidad de que las familias se mantuvieran en la vivienda que habitaban aunque la hubieran perdido por una ejecución forzosa y aun después de que hubiera sido adjudicada. También se recogió esta opción para las daciones en pago.

Igualmente, se incluyó a familias con hijos de hasta 18 años (hasta entonces el límite estaba en 3 años); dependientes o discapacitados (se eliminó el mínimo del 33% de discapacidad); prejubilados o jubilados que hubieran avalado con sus viviendas a sus hijos o nietos y otras personas en situación no tipificada pero que así lo aconsejen los servicios sociales.

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ABC
Página Web – 2015/09/14
Fuente: http://www.abc.es

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El Plan de Rescate permite el suministro de agua a cualquier empadronado sin escritura de propiedad o de arrendamiento

La elaboración de un estudio, junto con la Universidad de Córdoba (UCO) y el Colegio de Abogados, para el establecimiento de vías legales que tiendan a sancionar las viviendas vacías de las entidades financieras, al igual que ha hecho la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, es uno de los puntos principales del llamado Plan de Rescate a la Ciudadanía que se acaba de hacer público por parte del Ayuntamiento de Córdoba para tratar de aliviar la situación de las familias que han sufrido lo peor de la crisis.

Dentro de ese plan se apunta como elementos primordiales la garantía de los suministros básicos de agua y electricidad, de la limentación de las personas sin recursos, la declaración de Córdoba ciudad por la vivienda digna y contra los desahucios, la creación de una bolsa de alquiler social o el impulso de convenios con autoridades judiciales para evitar que se practiquen desahucios sin alternativa habitacional.

El documento, acordado entre Ganemos, PSOE e IU, en conjunto con la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara, concreta algunas de esas ideas con medidas, a corto y medio y larto plazo, tales como, tal y como ha avanzado este periódico, el establecimiento gratuito de un mínimo vital de agua de tres metros cúbicos por persona y mes a quienes se encuentren en situación de exclusión social o insolvencia económica. Eso sí, con revisiones semestrales por parte de Servicios Sociales para ver si se mantienen esas condiciones para ser rescatados.

Otro punto importante sobre el agua es que se podrá acceder al suministro a cualquier empadronado en Córdoba, a pesar de que no tenga escritura de propiedad o contrato de arrendamiento.

En materia de luz, el documento habla de llegar a un acuerdo con Endesa para el establecimiento de un precio social a familias en riesgos de exclusión social, así como del aumento de los impuestos municipales a las eléctricas por el cableado existente en las calles.
Vivienda y alimentación

Por otro lado, en vivienda, el texto incide en contar «a muy corto plazo» con entre cinco y diez viviendas para ofrecer alternativas familiares a familias que se vean sin salida, la creación de una bolsa de viviendas de alquiler de entidades financieras, Vimcorsa y Junta de Andalucía, así como la puesta en marcha de la Oficina en Defensa de la Vivienda.

Otro apartado es el de la alimentación, con la idea de crear un economato social, pensando en la idea de que «replantearse la política de bancos de alimentos intentando sustituir las políticas asistenciales que se lleva a cabo a través de los mismos por políticas encaminadas a la dignificación de las personas», o la puesta en marcha de un programa de huertos urbanos para desempleados.

En cuanto a los Servicios Sociales, se comenta la necesidad de dotarlo de más personal y medios económicos, además de crear un nuevo Pacto Local por el Empleo.

 

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B.I. / ABC
Página Web – 2015/09/10
Fuente: http://sevilla.abc.es

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Representantes del ministerio se han reunido este verano con las principales entidades financieras del país para incluir en el plan un total de 9.000 viviendas

El Fondo Social de Vivienda se ampliará en 3.000 casas, con lo que en total serán 9.000 los pisos que estarán adscritos a este plan, según el acuerdo que ultiman las entidades financieras y el Ministerio de Economía. Tal y como han explicado a Efe fuentes conocedoras del proceso, durante este verano el Ministerio de Economía se reunió con las principales entidades financieras del país, que impulsarán el Fondo social de Vivienda con 3.000 pisos más.

A finales de junio, el ministro de Economía, Luis de Guindos, explicó que ya se había adjudicado prácticamente la mitad de las viviendas del Fondo Social, que está dotado con unas 6.000.

El Fondo Social de Vivienda se puso en marcha en enero de 2013, y en su inicio estaba dotado con 5.891 viviendas procedentes de la cartera inmobiliaria de los bancos. El objetivo de su puesta en marcha era asistir a colectivos vulnerables ofreciendo alquileres reducidos de entre 150 y 400 euros al mes.

Aunque en principio debía concluir en enero de este año, el Gobierno ha prorrogado su actividad un año más, hasta enero de 2016, en tanto que ha flexibilizado los requisitos y ha ampliado los colectivos que pueden acogerse a él.

Los arrendatarios son personas desalojadas de su vivienda habitual por impago de la hipoteca a partir del 1 de enero de 2008, con unos ingresos por unidad familiar cuyo límite es tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples calculado por 14 pagas (22.365,42 euros en 2015).

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EFE / ABC
Página Web – 2015/09/10
Fuente: http://www.abc.es

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