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La consejera de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Elena De la Cruz, se ha comprometido a hacer cambios normativos en materia de vivienda para favorecer a las personas dependientes.

 

Así se lo ha trasladado al presidente de la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia, José Luis Gómez Ocaña, y el portavoz por Toledo de esta organización, Javier Payo, con quienes se reunió ayer.

 

Durante la reunión se han planteado diversos asuntos que la Consejería quiere abordar en el marco de una nueva normativa regional de vivienda sobre la que se están realizando los primeros trabajos y a la que será invitado este colectivo durante el proceso de redacción por vez primera en Castilla-La Mancha.

 

Baremación

 

Entretanto, De la Cruz se ofreció a buscar una interrelación permanente con la Plataforma que permita atender y ayudar a paliar los casos más urgentes que pueda plantear ante la Consejería. De la Cruz respondió afirmativamente a la solicitud de sus interlocutores de incluir la dependencia dentro de la baremación para que puntúe al aspirar a una vivienda sometida a regímenes de protección pública, cosa que no sucede en la actualidad.

 

 


ABC TOLEDO / ABC.ES

Página Web - 2015/08/25

Fuente: http://www.abc.es/


Además, ha apuntado que ya hay pisos sociales listos para entregar a familias necesitadas

 

Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha afirmado que ha mantenido contactos con el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, para conocer cuántas viviendas vacías tiene la entidad «y cómo pueden ponerlas a disposición de la Comunidad para ofrecerlas en régimen de alquiler».

 

Entre otras iniciativas de fomento de la vivienda social, la titular del Gobierno regional ha recordado que ha creado una Agencia de la Vivienda Social y que está elaborando un inventario sobre el parque propio de viviendas con las que cuenta la región para conocer la situación de las mismas.

 

«Nuestro objetivo es poner a disposición de las personas que lo necesiten esas viviendas a un coste muy bajo que puedan salir adelante», ha dicho Cifuentes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno sobre esta medida, similar a la barajada por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.

Pisos listos para entregar

 

Además, ha apuntado que ya hay pisos sociales listos para entregar a familias necesitadas, como los que entregarán el viernes. También están esperando la construcción de unas 300 viviendas dedicadas a personas desahuciadas.

 

«Queremos que personas en situación económica complicada tengan un piso de la Comunidad que les pueda acoger de manera temporal hasta que puedan solventar la situación. Y no sólo para desahuciados, sino también para personas en situación de especial necesidad y cargas familiares, ofreciéndoles unos alquileres muy bajos», ha manifestado.

 

Cristina Cifuentes también ha reiterado su compromiso de que la Comunidad no vuelva a vender ninguna vivienda sociales a fondos de inversión, como hizo el anterior Gobierno. «Las viviendas sociales van a seguir siendo propiedad de la Comunidad. No las concebimos como una fuente de ingreso, sino como una labor social que hay que hacer para garantizar una segunda oportunidad para personas con una difícil situación», ha concluido.

 

 


S. L. / ABC.ES

Página Web - 2015/08/26

Fuente: http://www.abc.es/


Los vecinos empezaron a recuperar ayer algunas de sus pertenencias en un ambiente pesimista

En pequeños grupos y acompañados por bomberos y personal del Samur y el Samur Social, los vecinos del edificio derruido en el barrio madrileño de Tetuán pudieron ir accediendo ayer, de forma escalonada, a sus casas para recoger algunos de sus enseres y objetos personales. Un breve regreso a lo que hasta el martes por la tarde fueron sus hogares y hoy es una amalgama acotada de escombros y ferralla.

«Algunos hemos podido entrar hoy, pero sólo para recoger algo de ropa y la documentación», comenta visiblemente abatido Eguidius al lado de una pila de maletas, bolsas y bártulos en las que los vecinos han podido salvar algunas de sus pertenencias. «Yo vivía en la letra C, pero los vecinos de los pisos que daban a Bravo Murillo no han podido recuperar nada porque esa parte estaba totalmente hundida».

Al igual que este lituano que ha pasado los últimos 15 años en España, los cuatro últimos en paro, la mayoría de los antiguos inquilinos del inmueble situado en la calle Amalia, 1 son familias extranjeras de clase trabajadora, principalmente ecuatorianos y filipinos, que atraviesan un momento económico difícil. Todos estaban en régimen de alquiler y algunos de ellos ya precisaban de la asistencia de los Servicios Sociales antes de perder sus casas.

«Muchas de estas familias ya habían recibido algún tipo de ayuda o estaban percibiendo la Renta Mínima de Inserción», explica la concejala del distrito de Tetuán, Montserrat Galcerán. «Es gente de muy escasos recursos económicos», incide.

Situación al límite

La situación ya de por sí dramática que atravesaban muchas familias se ve ahora empeorada por la incertidumbre de haberse quedado sin sus casas y, prácticamente, sin nada. «Psicológicamente, lo estamos llevando fatal», reconoce Eguidius. «Casi nadie puede dormir y estamos muy preocupados por nuestro futuro», se lamenta. «Hasta mañana no sabremos nada de soluciones definitivas sobre dónde iremos o qué será de nosotros», prosigue. «Mientras tanto, seguiremos en el hotel».

Según la concejala, la solución pasa por «realojar a las familias en el barrio, pero es la Empresa Municipal de la Vivienda la que tiene que echarnos una mano en ese aspecto».

A la incertidumbre de dónde vivirán, se suman otros problemas económicos y una situación de precariedad con una difícil salida. Algunos de estos vecinos se encuentran en situación irregular, trabajando en negro y sin ahorros. Incluso los hay que prácticamente no hablan castellano. Una serie de particularidades que llevaron al cónsul de la Embajada de Filipinas, Emmanuel R. Fernández, a reunirse con sus conciudadanos afectados y la primera teniente de alcalde, Marta Higueras, para ofrecer asistencia y agilizar la burocracia de su documentación.

Los vecinos con empleo y en situación regular no lo tienen mucho más sencillo. «Estos días no estamos yendo a trabajar y la verdad es que no sé cómo vamos a volver porque nos encontramos fatal. Mi hijo mayor [de unos 10 años] es consciente de la situación y sabe que ha perdido sus juguetes, su ordenador y sus cosas», explica Elsa, una mujer de origen ecuatoriano que vivía en este bloque con su marido y sus dos hijos. «Estamos esperando alguna ayuda económica porque ahora mismo estamos prácticamente en la calle, aunque tengamos un lugar donde dormir».

Garcelán explica que ya «se ha puesto en marcha un proceso de ayudas de emergencias que los afectados pueden solicitar en la Junta y de entrega inmediata y en efectivo para emergencias, que va desde los 150 a poco más de 200 euros, según la situación de cada familia».

A raíz de las muestras de colaboración de los vecinos de Tetuán, la Junta ha puesto en marcha un punto de recogida de ropa, objetos para bebés y otros enseres en el Centro Social Comunitario de este distrito, situado en la calle General Aranda, 30.

Por otro lado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, anunció ayer que se reunirá con representantes del Ayuntamiento y del Ministerio de Fomento para «trabajar en colaboración» y revisar el protocolo de las inspecciones técnicas de edificios. «Hay que ver qué edificios hay que rehabilitar y garantizar que las inspecciones técnicas de edificios están funcionando», ha señalado.

 


DANIEL J. OLLERO / El Mundo
Página Web – 2015/08/20
Fuente: http://www.elmundo.es


«En 2014 hubo en Sevilla más de ocho ejecuciones hipotecarias al día, más las procedentes de los impagos de alquileres», según el PP

El presidente del PP de Sevilla, Juan Bueno, y la parlamentaria autonómica del PP Alicia Martínez han denunciado este miércoles que las estadísticas reflejan que en 2014, la provincia de Sevilla tuvo el «récord» andaluz en materia de ejecuciones hipotecarias, un año en el que según los populares, la Junta de Andalucía dejó sin ejecutar 48 millones de euros destinados a políticas de vivienda.

En rueda de prensa, ambos dirigentes han esgrimido los «últimos datos» del Instituto Nacional de Estadística (INE) en materia de desahucios, según los cuales durante 2014, la provincia de Sevilla registró 5.947 ejecuciones hipotecarias; 2.974 de ellas sobre viviendas y el resto sobre «fincas rústicas, solares u otras propiedades». En el capítulo de viviendas, 1.852 de las 2.974 ejecuciones hipotecarias afectaron a «personas físicas», es decir vecinos, y 1.122 a «personas jurídicas», en referencia a las sociedades o entidades.

«En 2014 hubo en Sevilla más de ocho ejecuciones hipotecarias al día, más las procedentes de los impagos de alquileres», ha dicho Alicia Martínez avisando de que la provincia cosechó en 2014 el «récord» andaluz en materia de desahucios acaparando «uno de cada cinco desahucios» registrados en Andalucía, donde Sevilla es la provincia más poblada. Dado que Andalucía fue «la región con más ejecuciones hipotecarias en toda España», pues también es la comunidad más poblada, los populares avisan de que Sevilla fue ese año «la provincia española con más desahucios y ejecuciones hipotecarias».

Todo ello en un escenario en el que «en 2014, la Junta de Andalucía dejó sin ejecutar 48 millones de euros presupuestados para políticas de vivienda» y la región carece «desde 2012» de plan autonómico de vivienda. Igualmente, los populares han señalado la decisión del Gobierno andaluz de la socialista Susana Díaz de suspender la convocatoria de noviembre de 2014 de ayudas a personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas en procedimientos de desahucios o de ejecución, que sean privadas de la propiedad de su vivienda habitual, extremo derivado del «agotamiento del crédito presupuestario previsto» a tal efecto, según la resolución de la Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura, recogida por Europa Press.

Con este escenario, los populares han anunciado iniciativas en el Parlamento andaluz, al objeto de que la Junta de Andalucía acometa «un plan urgente» con medidas para combatir los desahucios, «ayudas al alquiler» y fondos para la rehabilitación de barrios degradados. Y es que según el PP, la Junta de Andalucía debe superar su «parálisis» en la materia y dar «soluciones presupuestarias».



ABC
Página Web – 2015/08/19
Fuente: http://sevilla.abc.es


  • Quedan dos personas sin encontrar una vivienda, pero esperan hacerlo los próximos días



Casi todas las familias que perdieron su vivienda con el desplome del edificio número 5 de la calle de Duquesa de Tamames el 3 de agosto se mudaron el lunes a su nueva vivienda de alquiler, que sufragará el Ayuntamiento durante los primeros seis meses. Solo dos vecinos, que de momento se alojan en sendas casas de familiares, no han encontrado un piso todavía. “Quedamos una persona y yo sin encontrar una solución, pero esperamos hacerlo en los próximos días”, dijo José Julio Ruiz, portavoz de los vecinos afectados y uno de los que aún sigue sin encontrar una alternativa.

Todas las demás familias afectadas han podido escoger su nueva casa de entre las 183 viviendas de alquiler social de las que dispone la Oficina de Alquiler Municipal en el barrio de Carabanchel —donde cayó el edificio—. El Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), dependiente del Gobierno regional, puso a disposición de los vecinos las 13 propiedades que tiene en el barrio, pero ninguno de los afectados eligió una de estas últimas al no disponer de muebles, según el Ayuntamiento.


“Hay mucho optimismo. Todos los vecinos están con ganas de empezar de cero”, dijo Ruiz. El Consistorio, además, se comprometió a estudiar una cobertura de alquiler más larga de seis meses para aquellos vecinos que tengan hijos. “Para nosotros el curso lectivo es muy importante. Para los niños puede ser un trastorno cambiarse de colegio en la mitad del año si se mudan de vivienda. Por eso, le hemos pedido al Consistorio que intente hacer un esfuerzo”, explicó Ruiz.

Ayuda del Ayuntamiento


De las 16 familias que perdieron su vivienda —el edificio tenía 20, pero el resto pertenecía a entidades bancarias o empresas—, tres familias vivían arrendadas y ocho tenían hipoteca. Con estas últimas trabajará la Oficina de Intermediación Hipotecaria para conseguir una condonación de la deuda, según explicó la concejal del distrito de Carabanchel, Esther Gómez. “El Ayuntamiento ha puesto a nuestra disposición una agencia de negociadores para que puedan mediar con los bancos”, dijo Ruiz.

Los vecinos, que han constituido una plataforma de damnificados para que quien quiera colabore económicamente con ellos, darán los pasos necesarios para averiguar qué pasó para que el edificio se desplomase.

 

 


DIEGO FONSECA / El País
Página Web – 2015/08/18
Fuente: http://ccaa.elpais.com