El sector cree que penalizar las casas vacías agravará el mercado del aquiler (ESPAÑA)

Los constructores piden al Ayuntamiento seriedad y un análisis previo antes de lanzarse a aplicar medidas de difícil aplicación

Ocurrencia es la palabra que utilizan desde la Asociación de Empresarios de la Construcción de Córdoba (Construcor) para referirse a la propuesta de la edil de Hacienda, Alba Doblas, de castigar a los propietarios de viviendas vacías con un recargo del 50 por ciento en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Su secretario general, Francisco Carmona, hace referencia a la situación del mercado para considerar un «sinsentido» anunciar esta medida. «En este sector hay que actuar con rigor. Hay que saber cuántas viviendas vacías existen y, sobre todo, por qué están vacías. Se debe utilizar una metodología. Si sabemos por qué están vacías esas viviendas, podremos hacer un diagnóstico de esa medida y conocer si es proporcionada o si se están matando moscas a cañonazos», afirma Carmona.

Para Construcor, el mercado de alquiler, así como el de transacciones, están creciendo «y se puede ver con estadísticas oficiales como las del INE». Ese crecimiento, sostenido durante el último año pese a las «condiciones tan duras» que se dan, hace que carezca de sentido «este anuncio sin un análisis previo de la situación».

Desde la Cámara de Comercio de Córdoba, su presidente, Ignacio Fernández de Mesa, asegura que esta medida simplemente «no procede», precisamente por esa «evolución positiva del sector». Para Fernández de Mesa, hay que tener en cuenta las circunstancias por las que las viviendas están vacías. «Muchos inmuebles se compraron con una situación de prosperidad económica, en ocasiones dentro de una propia familia. El que esa casa no se ocupe puede ser por circunstancias económicas, no porque haya especulación».

Por su parte, para el Colegio de Administradores de Fincas, puede ser una medida positiva para «dinamizar el mercado del alquiler», en palabras de su presidenta, Mercedes Romero. También valora como positivo que la Empresa Municipal de Vivienda, Vimcorsa, se haga con una bolsa de vivienda vacía porque «podría facilitar la localización de propietarios a la hora de velar por el pago de las contingencias comunes en los edificios, que corresponden al propietario de vivienda tanto vacía como ocupada».

Sin embargo, Romero llega a la misma conclusión que otros representantes del sector inmobiliario: «Será muy complicado saber a qué viviendas desocupadas hay que gravar con ese impuesto, por las diversas circunstancias que se puedan plantear». Empresarios y gestores ponen el acento en la dificultad de declarar una vivienda vacía, algo que solo la Junta puede hacer y tras un largo procedimiento en el que hay que darle audiencia, de forma obligatoria, al administrado.

El PP ve afán recaudatorio

Desde el otro lado del espejo, la plataforma Stop Desahucios se mostró «sorprendida» por el anuncio de la edil de IU a pesar de que «sabíamos de esta posibilidad», en palabras de Rafael Carmona, uno de sus portavoces. La plataforma valorará esta iniciativa en una próxima reunión, aunque sigue situando como prioritaria la negociación de las administraciones con la banca para solucionar el problema de la vivienda vacía.

En el lado de los bancos, con respecto a la tasa, silencio sepulcral.

Por su parte, el edil de PP José María Bellido, señaló que este recargo «es un error porque no es el momento de poner en marcha el cobro de un recargo en la vivienda por la situación de crisis en muchas familias y por la situación que vive el mercado inmobiliario».

Para el PP, esta propuesta «solo muestra el afán por subir impuestos» del actual equipo de gobierno. Bellido afirma, además, que la medida «rompe los consensos» del Pleno y recuerda que se ha hecho el anuncio de cambiar esta ordenanza fiscal «sin hablar primero con los grupos políticos representados en el Ayuntamiento».

Para los populares es, en cualquier caso, una decisión «imposible» de llevar a cabo porque «la competencia para determinar qué es una vivienda vacía es del Estado», por lo que José María Bellido prevé «una avalancha de quejas» contra las ordenanzas fiscales que «harían que tuvieran que devolver el dinero cobrado».