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La consejera de Fomento anunció ayer un convenio con la Femp para que los ayuntamientos modifiquen sus ordenanzas fiscales y facilitar las obras de rehabilitación

 

Una nueva iniciativa se pondrá en marcha en Castilla-La Mancha para incentivar el sector de la construcción y a la vez ayudar a los ciudadanos a realizar obras de rehabilitación en su vivienda.

 

La consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Marta García de la Calzada, anunció ayer que el Gobierno regional firmará un convenio con la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha (Femp-CLM), gracias al cual todos los ayuntamientos adheridos a él podrán modificar sus ordenanzas fiscales «para que las obras de rehabilitación que los ciudadanos lleven a cabo en sus viviendas estén bonificadas o exentas de las tasas municipales».

 

«Esta nueva iniciativa está dirigida a ayudar a los ciudadanos a que realicen las necesarias obras de rehabilitación y conservación de sus viviendas, debido a que el parque inmobiliario de Castilla-La Mancha está muy envejecido», aseguró ayer la consejera de Fomento.

 

Ayudas al alquiler

 

Marta García de la Calzada inauguró ayer en Ciudad Real una jornada divulgativa sobre las nuevas líneas de financiación del Plan de Vivienda 2013-2016 que gestiona la Consejería de Fomento.Un total de 70 personas, entre empresarios, técnicos municipales y profesionales como arquitectos y aparejadores se dieron cita en la Cámara de Comercio de Ciudad Real convocados por la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción, APEC.

 

La consejera puso de manifiesto la importancia de este sexto Plan que incluye ayudas al alquiler, ayudas a la rehabilitación y ayudas a la mejora de la eficiencia energética.

 

La titular de Fomento del Gobierno regional destacó que este nuevo marco, que se ha aprobado al amparo de la modificación legislativa que ha llevado a cabo el Gobierno central, permitirá dinamizar un sector como es el de la construcción castigado gravemente por la crisis económica.

 

Subrayó que el Plan supone «dar un giro» a lo que se había hecho hasta ahora en esta materia, ya que las políticas anteriores primaban sobre todo la construcción lo que generó un mercado de vivienda vacía muy grande.

 

Recordó que, hasta la presente legislatura, todos los recursos públicos se destinaban a construir vivienda nueva y a facilitar su compra, por lo que se dificultaba el acceso a la vivienda a los ciudadanos y se había provocado un stock de vivienda vacía (en Castilla-La Mancha el porcentaje roza el 16 por ciento de todo el parque inmobiliario).

 

El nuevo plan destina 20 millones de euros a fomentar el alquiler, con ayudas individuales para que los ciudadanos «puedan acceder a esas viviendas, y que éstas no queden vacías».

 

Con más de 30 años

 

Cabe destacar que más del 50 por ciento de las viviendas castellano-manchegas son anteriores a 1980, más de 200.000 no tienen un sistema de calefacción o que más de 80.000 con un número superior a cuatro plantas no tienen ascensor, motivo por el que la titular de Fomento incidió en la necesidad de fomentar la rehabilitación, una línea a la que se destinan más de siete millones de euros en el citado plan.

 

Por todo ello, a su juicio, «había que darle un giro radical a la normativa», tal y como se ha hecho desde el Ejecutivo central, publicando en el año 2013 dos nuevas leyes: una relativa al alquiler y otra a la regeneración, rehabilitación y renovación urbanas. Con esos instrumentos legislativos y para ejecutar esa política de vivienda, «hemos puesto en marcha los planes a nivel del Estado y de las comunidades autónomas».

 

Destacó que los principales objetivos de este Plan de la Vivienda, dotado de 154 millones entre fondos estatales y autonómicos, son facilitar el acceso a la vivienda a los ciudadanos que más lo necesiten, ayudar a mantenerla y conservarla a aquellos que ya la tienen, y ofrecer nuevas oportunidades de crecimiento al sector de la construcción.

 

Eficiencia energética

 

Otra de las cuestiones importantes en la que incidió la consejera y que también se persiguen con este nuevo marco de financiación es ayudar a que España y Castilla-La Mancha se acerquen a los estándares de eficiencia energética de la Unión Europea.

 

 

 


P. H.,L. B. / ABC

Página Web – 2014/10/29

Fuente: http://www.abc.es


La actual, en la calle San Ildefonso, se pondrá a la venta por 670.000 euros más IVA

 

El consejo de administración de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Toledo ha acordado este martes que propondrá trasladar su sede social desde la calle San Ildefonso, número 2, al edificio que esta empresa pública construyó en su día en el Corral de Don Diego.

 

El concejal de Urbanismo, Javier Nicolás, reveló la «buena actitud» del Consorcio para rehabilitar toda la zona del Corral y desde la EMSV creen que trasladando allí la sede contribuirían a la regeneración de este espacio.

 

Asimismo, el inmueble que acoge la actual sede de la Empresa de la Vivienda se pondrá a la venta a 2.147 euros el metro cuadrado. Si se tiene en cuenta, que son 400 metros cuadrados, el precio del edificio serían 670.000 euros, IVA aparte.

 

 

 


J. A. PÉREZ / ABC

Página Web – 2014/10/28

Fuente: http://www.abc.es


La de Granada desaparece y en la de Huelva despiden a todos sus empleados

 

Todos quisieron hacer vivienda protegida, fuera o no su competencia. En los años del «boom» los Ayuntamientos se lanzaron a la conquista del mercado de este tipo de casas. A veces con un fin social, pues acusaban a la Junta de Andalucía de no hacer lo suficiente. Pero otras invadiendo competencias con el único ánimo de engordar la ya bien lozana administración local. Crearon empresas y se contrató a personal.Hoy en día, la realidad lleva al colapso de estas sociedades.

 

La ausencia de «actividad empresarial» es el principal motivo por el cual el Ayuntamiento de Granada ha decidido poner fecha al cierre de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (Emuvyssa). Así lo anunciaba ayer la concejal de Urbanismo y consejera delegada de la entidad, Isabel Nieto, que reconocía que la previsión de no construir Viviendas de Protección Oficial en los próximos ejercicios dejaba de dar sentido a esta empresa, la única netamente municipal que quedaba bajo el amparo del consistorio granadino.

 

Con competencias idénticas a la delegación de Urbanismo, Emuvyssa cesará su actividad a principios del próximo año y sus funciones al tiempo que sus veintinueve trabajadores serán absorbidos por el ayuntamiento como personal laboral fijo. Ante la «falta de demandantes» de VPO y estímulos económicos para construir más viviendas de este tipo se ha tomado esta decisión. Nieto achacaba el detonante para extinguir la empresa a la desaparición de su objeto social, que es edificar viviendas. «No hay subvenciones para ello», se justificaba.

 

Igualmente, y pese a que hay lista de demanda de VPO la falta de financiación para los aspirantes a comprar las viviendas les hace desistir. Un hecho que presagiaba el desenlace para la empresa que hace tan sólo unos ejercicios llegó a tener 63 millones de euros de presupuesto. En el último esta cantidad bajaba sensiblemente a 451.000 euros por lo que «es absurdo tener una sociedad anónima generando gastos», entiende Nieto especificando que la venta del stock de viviendas disponibles que todavía tiene Emuvyssa se hará desde el propio consistorio.

 

En cuanto al dinero líquido con el que cuenta la entidad —6,5 millones de euros— ya se desvelado que irá destinado a sufragar el nuevo sistema de transportes urbano basado en las llamadas líneas de alta capacidad, en marcha desde el pasado junio. Esta descapitalización de la empresa municipal de vivienda ha sido duramente criticada por la oposición que ve «una tragedia» para Granada el desmantelamiento de Emuvyssa, en palabras del portavoz socialista, Francisco Cuenca. Por su parte, IU denunció que el gobierno local «está acabando con todo para tapar el agujero económico del ayuntamiento».

 

Mientras, precedido por meses de polémica y agonía, Huelva asiste al penúltimo capítulo para dar el cerrojazo a la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV). El Ayuntamiento hizo ayer efectivo el anunciado despido de la plantilla, que estaba formada por una docena de trabajadores, y dio a conocer la decisión en la Junta de Portavoces.

 

A partir de ahora, se seguirán los siguientes pasos para el desenlace, que se producirá en el próximo Pleno municipal el que refrende el cierre —el equipo de gobierno del PP cuenta con la mayoría absoluta— para dar luz verde a la decisión y aprobar la liquidación definitiva de la empresa pública, cuya deuda tendrá que ser asumida por el Consistorio, ha subrayado el grupo municipal de IU.

 

El último consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Huelva aprobó una operación financiera con el Banco Mare Nostrum (BMN) para refinanciar dos préstamos de 2.094.479 euros el primero y de 463.225 el segundo, dinero que se destinaría a hacer frente a las deudas acumuladas por la EMV.

 

La hoja de ruta establece que posteriormente se celebre una junta general de accionistas para aprobar la liquidación, con nombramiento de un liquidador que pondrá en claro las cuentas y presentará el balance en otra sesión plenaria.

 

Este año, la empresa estuvo envuelta en la polémica tras airearse que distintos cargos municipales y no municipales habían utilizado los fondos de la Empresa Municipal de la Vivienda para realizar viajes y costear noches en hoteles de lujo en Madrid.

 

 

 


J.LOPEZ - M.R.FONT. / ABC

Página Web – 2014/10/25

Fuente: http://sevilla.abc.es


El alza fiscal ha provocado un aluvión de transacciones antes de que entre en vigor la reforma tributaria y ha generado numerosas críticas dentro y fuera del Partido Popular

 

La reforma fiscal, que está en pleno trámite parlamentario en el Senado, penalizará a la venta de inmuebles de segunda mano a partir de enero de 2015, lo que ha provocado un aluvión de transacciones de este tipo en los últimos meses. La subida de impuestos en estos casos llegará mediante la supresión de los coeficientes de abatimiento y corrección monetaria, dos bonificaciones fiscales que en la actualidad rebajan la factura en el IRPF de las plusvalías o beneficios generados por la venta de bienes patrimoniales, como inmuebles y acciones, comprados hace años. Una medida que ahora Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., por lo que podría introducir una enmienda de última hora en la Cámara Alta mitigando la subida de impuestos.

 

La eliminación de las dos bonificaciones golpeará con mayor fuerza a las ventas de inmuebles usados adquiridos antes de 1995, que se podían beneficiar de ambas reducciones. Por un lado desaparecerá la corrección monetaria que se aplicaba para mitigar el efecto de la inflación sobre la revalorización del precio de los activos inmobiliarios, con el objetivo de que en caso de vender una vivienda comprada hace años el contribuyente tributase solo por la plusvalía «real» generada.

 

En cuanto a los coeficientes de abatimiento, reducían aún más la factura fiscal para la venta de aquellos bienes patrimoniales (tanto acciones como viviendas, obras de arte o antigüedades) comprados antes del 31 de diciembre de 1994. Estos instrumentos se calculaban sobre la plusvalía generada entre esta fecha y el 19 de enero de 2006.

 

Falta de antelación y progresividad

 

Entre las críticas a la medida se encuentra la que reprocha al Gobierno el escaso tiempo que han tenido los afectados para intentar acelerar la venta de su vivienda para sortear el «hachazo fiscal». «Debería anunciarse con mayor antelación, no con un preaviso de meses, como ocurre ahora, que puede empujar a muchos a vender su vivienda antes de que entre la reforma y hacerlo en condiciones que no sean beneficiosas», lamentó la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril. la Organización de Consumidores Unidos (OCU), también pidió la retirada de la medida o, al menos, postergar su entrada en vigor para que los propietarios afectados puedan adelantar sus ventas.

 

Imagine que compró su vivienda en el año 1989 por 12.000 euros (dos millones de pesetas de entonces) y su precio de mercado actual asciende a 300.000 euros. Si vende la casa el 31 de diciembre de 2014 pagará en IRPF 45.483 euros, mientras que si decide traspasarla al día siguiente, la factura del Fisco ascenderá a 72.800 euros. Miles de euros en cuestión de horas.

 

Rentas medias y bajas, afectadas

 

Tanto la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, como el PSOE coinciden en la denuncia. «Esta medida afecta sobre todo a las rentas bajas y medias, puesto que los grandes patrimonios utilizan instrumentos fiscales sofisticados para evitar dichas plusvalías», considera el Partido Socialista. Becerril pedía mitigar la medida para desempleados y jubilados. La mayor parte del parque inmobiliario puede ser doblemente penalizado, ya que son casas compradas antes de 1995, recuerda Manuel Gandarias, director del gabinete de estudios del portal inmobiliario Pisos.com.

 

Impacto sobre el mercado inmobiliario

 

La medida ya está teniendo consecuencias sobre el mercado inmobiliario. Ante el inminente castigo fiscal, las transacciones de pisos de segunda mano se dispararon un 22,6% en agosto respecto al mismo mes de 2013, pese a que las operaciones en apartamentos nuevos, a los que no afecta la reforma fiscal en este punto, se hundieron un 17% durante el mismo periodo. En conjunto, las ventas de viviendas aumentaron un 13,9% en el octavo mes del año y los precios bajaron un 8,6%, una tendencia que podría ir a más.

 

Subida de precios en 2015

 

Los expertos consultados señalan que hasta final de año, la reforma fiscal empujará la venta de viviendas al alza y los precios a la baja, pero que una vez entre en vigor el efecto será el opuesto. «Las viviendas compradas antes de 1995 suponen la mayor parte del parque inmobiliario en España. La medida está inflando artificialmente las ventas antes de que la reforma fiscal entre en vigor, como ya ocurrió con la eliminación de la deducción por vivienda habitual y la subida del IVA para la construcción de obra nueva en 2013. A los propietarios les interesa vender cuanto antes para pagar menos impuestos, así que ello provocará una bajada en el precio de los inmuebles de segunda mano antes de 2015», describe Gandarias, quien apunta que en cuanto comience el próximo año, las operaciones bajarán y los precios volverán a subir.

 

«Será interesante ver qué medidas se le ocurren al Gobierno a las puertas de las elecciones de 2015 con el fin de impulsar un sector que es esencial para la economía española», incide.

 

Lastre a la actividad

 

Como denunció el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, la subida de impuestos puede lastrar la actividad en el mercado inmobiliario para el año que viene. «Estoy absolutamente en contra de esa propuesta de incrementar la fiscalidad de la venta de viviendas de segunda mano de más de veinte años», aseveró González en la Real Casa de Correos y añadió que «sería bueno que se reconsiderase». En estos momentos –dijo– lo que necesita la economía «no son mayores impuestos, ni incrementos tan grandes como el que se observa ahí, sino todo lo contrario».

 

Inseguridad jurídica

 

Expertos consultados han coincidido en señalar la inseguridad jurídica que crea la medida para las expectativas económicas de aquellos que fueran a vender su vivienda. Precisamente, Izquierda Plural destacó este punto, en una de sus enmiendas en el Congreso. Desde Hacienda recuerdan que los coeficientes de abatimiento, que rebajaban los impuestos un 11,1% anual sobre las plusvalías generadas por la venta de vivienda usada a partir del segundo año de la compra, ya fueron eliminados por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2006. Entonces se mantuvieron para los que adquirieron su casa antes de 1995, de forma que se aplicaban sobre el beneficio generado hasta el 19 de enero de 2006. Por ello, desde el departamento dirigido por Cristóbal Montoro entienden que este régimen era transitorio y que con su eliminación se iguala el tratamiento fiscal de todos los contribuyentes y no se genera inseguridad jurídica

 

Impopularidad de la medida

 

El propio ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, cuestionó el apoyo social a la medida con estas palabras: «No sé si después de lo que esta haciendo Montoro con el IRPF vamos a hacernos populares por haberlo puesto en marcha», señaló durante la presentación del libro del socialista Enrique Barón «La era del federalismo». En el Congreso de los Diputados, PSOE, CiU, Izquierda Plural y UPyD presentaron hace unas semanas enmiendas para anular el «hachazo fiscal» sobre las plusvalías obtenidas al vender casas usadas, peticiones rechazadas finalmente por la mayoría absoluta del PP. En el pleno celebrado el pasado 8 de octubre, la propia bancada popular admitió que la petición para suprimir ambas figuras estaba siendo «muy repetida por todos los grupos parlamentarios», como señaló la diputada Ana Madrazo. En los últimos días, se han alzado voces dentro del PP, como las de Esperanza Aguirre o Ignacio González, que han pedido anular el incremento impositivo.

 

Plusvalías nominales

 

Los coeficientes de corrección monetaria, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo., se aplicaban para eliminar el efecto de la inflación sobre la revalorización del precio de los activos inmobiliarios, con el objetivo de que en caso de vender una vivienda comprada hace años el contribuyente tributase solo por la plusvalía «real» generada. Por tanto, a partir de ahora se tributarán por beneficios que son nominales pero no reales. En opinión de UPyD, su desaparición provocaría una ruptura respecto a los países de nuestro entorno e introduce «gravísimas distorsiones en el mercado inmobiliario». Desde el Ministerio de Hacienda se achaca el fin de la corrección monetaria a la baja inflación de la economía española en la actualidad.

 

También las donaciones

 

La medida también impacta sobre las donaciones. Por ejemplo, si una madre adquirió su vivienda en 1984 por 60.000 euros, decide regalársela a su hijo y la casa ahora tiene un precio de mercado de 300.000 euros, tributará en el IRPF 16.674, 90 euros, si la donación se produce antes de fin de año. En caso de que la operación se deje para 2015, el Fisco se quedaría 56.480 euros.

 

Situaciones de falta de liquidez

 

CiU, destaca que en la actualidad muchas ventas de inmuebles se dan por las «necesidades de liquidez» por lo que abogan por anular la subida de impuestos.

 

Acciones y otras ganancias patrimoniales

 

El fin de los coeficientes de abatimiento también afecta a las plusvalías obtenidas por la venta de acciones compradas antes de 1995, o al rescate de fondos u obras de arte y antigüedades.

 

 

 


J.T. / ABC

Página Web – 2014/10/26

Fuente: http://www.abc.es


El dinero que se ha adjudicado a una empresa privada podría destinarse a las familias que «carecen de vivienda», protesta el PSPV


El equipo de Gobierno de Alicante ha rechazado este viernes, durante la Junta del Patronato de la Vivienda, la propuesta socialista para gestionar directamente el servicio de mediación del alquiler de viviendas.

 

El PSPV ha defendido la medida porque el dinero de la adjudicación de este servicio a una empresa privada, de medio millón de euros, podría destinarse a las familias que «carecen de vivienda».

 

En un comunicado, el portavoz adjunto socialista, Manuel Marín, ha recordado que podría pasar a manos de los funcionarios que estaban en el servicio de Gerencia de Urbanismo, ahora suprimido. «Desde que se ha suprimido, contamos con personal suficiente para asumir este servicio y no tener que pagar a una empresa externa 500.000 euros por renovar un contrato bianual», ha apuntado.

 

A su entender, además, en la adjudicación a una empresa privada «de nuevo» se han tenido en cuenta «de manera escandalosa los criterios subjetivos sobre los objetivos» y «una vez más se demuestra que no hay garantías de igualdad a la hora de acceder a los contratos municipales y es lo que provoca que no haya competencia entre distintas empresas y no concurran a la contratación de servicios municipales», ha apuntado.

 

Marín ha desvelado, por otra parte, que durante la Junta el PP y UPyD han rechazado «la externalización de este servicio» propuesta por el grupo municipal socialista.

 

Manuel Marín ha recordado, por último, que «con los desahucios que se están produciendo en esta ciudad, el dinero que nos ahorraríamos prestando el servicio directamente podríamos destinarlo a facilitar el acceso a la viviendas a personas que ahora carecen de ella».

 

 


ABC

Página Web – 2014/10/24

Fuente: http://www.abc.es