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Procuraduría radicó demanda y presentó los 7 puntos del plan de normalización urbana de Cartagena.

La Procuraduría radicó la demanda que busca echar atrás las cinco licencias de construcción otorgadas a proyecto para vivienda de interés social en inmediaciones del Centro Histórico de Cartagena.

 

"Este tipo de inmuebles que se construyen violando las normas de patrimonio y paisajístico, en este caso del Castillo de San Felipe, tienen un efecto en organizaciones internacionales como la Unesco", dijo el procurador General, Fernando Carrillo, quien presentó el plan de normalización urbana para Cartagena (2017-2018), con el cual se busca erradicar la corrupción en la gestión urbana.

“El curador urbano nunca debió expedir esa licencia, que violó la altura permitida: en ese sector no se pueden superar alturas de más de 4 pisos”, señaló Carrillo, quien pidió que la primera torre, ya en pie, sea demolida por orden judicial.

“Esperamos la demolición del edificio, que debería ser una decisión del poder judicial”, agregó el jefe del Ministerio Público.

El funcionario aclaró que no se trata de una persecución contra los constructores legales y recordó que en Cartagena hay cerca de 250 proyectos urbanísticos andando.

“El plan de normalización urbana para Cartagena que presentamos va más allá de la suspensión de un alcalde. Aquí estamos ante un fenómeno de corrupción que se tomó el desarrollo urbano: cada vez que se abre una puerta en el control urbano aparecen nuevas denuncias, y hay que buscar una solución de fondo”, dijo Carrillo.

 

Los siete puntos del plan de normalización urbana

Entre las propuestas están: mayor control ciudadano e instantáneo con defensores urbanos en los barrios y empoderando a las comunidades, entre ellos estudiantes y líderes, como veedores que puedan denunciar.

A la ciudad llegará una procuradora regional y los procuradores penales se especializarán en derecho urbano.

“El paraíso de los corruptos es el control urbano: el volteo de tierras se volvió la práctica favorita en este país”, aseguró Carrillo, quien ordenó un diagnóstico y seguimiento al estado de las viviendas que ya han sido edificadas y luego selladas por tener licencias falsas o irregularidades.

Crearán un punto unificado de interconexión entre la procuraduría y la curadurías urbanas, “para combatir esta patología de la corrupción y los ciudadanos puedan acceder a un punto unificado con información sobre legalidad de predios y permisos”, señaló Carrillo.

Fortalecerán las inspecciones de la Policía, para que sean canales idóneos a la hora de recibir respuestas.

La Procuraduría propone vincular a entidades nacional, como los ministerios de Cultura, Vivienda e Infraestructura, con el crecimiento legal y ordenado de la ciudad. También buscan alianzas público privadas con el apoyo de Camacol.

Este plan de normalización urbana para Cartagena es el resultado de dos acciones populares en materia de urbanismo, luego de la tragedia del edificio Blas de Lezo, que dejó 21 muertos y 23 heridos.

 

 


John Montaño / El Tiempo

Página Web - 2017/10/31

Fuente: http://www.eltiempo.com/


El exsenador liberal asume esta cartera para fortalecer la dinámica de programas como Mi Casa Ya.

Con la misión de seguir avanzando para que más colombianos tengan techo propio, este martes el presidente de la República, Juan Manuel Santos, designó a Camilo Sánchez como nuevo ministro de Vivienda en reemplazo de Jaime Pumarejo.

Vale recordar que Sánchez, quien es economista de la Universidad Javeriana y tiene una especialización en Alta Gerencia y estudios de Finanzas Públicas Territoriales de la Universidad de los Andes, había asumido como consejero presidencial para las regiones el 18 de agosto pasado, con el fin de trabajar temas relacionados con el posconcflicto.

Ahora, el exsenador y dirigente liberal asume, en lo que resta del mandato de Santos, la responsabilidad de fortalecer la dinámica de programas como Mi Casa Ya, que impulsa la construcción de vivienda en todos los estratos. De hecho, una de las apuestas para el 2018 está en el subsidio a la tasa de interés, con el cual el Gobierno espera dinamizar la demanda en el estrato medio, especialmente entre los compradores de casas y apartamentos con precios entre 100 millones y 321 millones de pesos.

Hay que recordar, además, que en cabeza del Ministerio a cargo de Sánchez también está el viceministerio de Agua, que también tiene en su agenda planes relacionados con agua potable y saneamiento básico, entre otros.

 

 


REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS / El Tiempo

Página Web - 2017/10/30

Fuente: http://www.eltiempo.com/


Aunque el presidente Santos no pudo asistir a reunión, se asignaron 78.500 millones de pesos.

Diez proyectos por un monto de 78.500 millones de pesos fueron aprobados por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad), regional Antioquia y Eje Cafetero, que se reunió el pasado sábado en Pereira. En estos cuerpos colegiados se aprueban las inversiones de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR).

Cinco de los proyectos aprobados son de Antioquia; cuatro, de Risaralda y uno, de Caldas. El departamento de Quindío no presentó proyectos en esta sesión del Ocad, que fue liderada por Juan Felipe Quintero, subdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Con los 78.500 millones de pesos que fueron asignados este fin de semana, el monto de los proyectos para los cuatro departamentos de este Ocad aprobados este año ya llega a 158.000 millones de pesos. Se trata, según destacó el funcionario, de la cifra más alta desde 2014.

Aunque estaba previsto que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, asistiera a la cita y luego viajara a Armenia en la tarde para verificar los resultados de inversiones anteriores con regalías en la Universidad del Quindío, las malas condiciones climáticas impidieron que llegara por vía aérea. En consecuencia, tuvo que cancelar su agenda para el sábado en ambas ciudades.

Así lo explicó el mandatario en su cuenta de Twitter. Allí escribió un mensaje en el que también prometió volver “en cuanto sea posible” a la región.

 

Risaralda, bien calificado

Los proyectos de Risaralda cuestan 29.050 millones de pesos. Entre ellos está la atención integral en salud de la población, mediante la articulación de la red pública de prestadores de servicios de salud. También uno destinado a la generación de capacidades que permitan el desarrollo de factores de competitividad en el departamento.

En cuanto a infraestructura, hay uno para fortalecer la planta física de las sedes de los cuerpos de bomberos en los municipios de Mistrató, Guática, Santuario y Apía, así como la intervención de 2,3 kilómetros de la carretera que conecta a los municipios de Belén de Umbría y Apía.

Quintero destacó que Risaralda es el segundo departamento del país mejor calificado en el rango medio del índice de gestión de proyectos del DNP.

 

Caldas, para la emergencia

El proyecto que se aprobó para Caldas es para la estabilidad de los puntos críticos que dejó la emergencia invernal de hace seis meses en Manizales y el municipio de Villamaría. Carlos Alberto Piedrahita, secretario de Gobierno de Caldas, explicó que, con los 13.326 millones de pesos que cuesta el proyecto, se intervendrán 173 de los 250 puntos críticos. No obstante, la cifra que dio la Secretaría de Planeación de Manizales fue de 81 lugares.

La entidad encargada de ejecutar el proyecto será la Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas). La misma autoridad ambiental adjudicó el miércoles pasado 14 obras con el mismo objetivo por 17.839 millones de pesos de la sobretasa ambiental que le transfiere la ciudad, gracias al endeudamiento que le aprobó el Ministerio de Hacienda al comenzar octubre.

Tanto las regalías y como el crédito hacen parte de los 99.700 millones de pesos que el Gobierno Nacional había anunciado para la recuperación de Manizales tras la emergencia del 19 de abril y que han llegado a la ciudad de manera paulatina, en especial durante el último mes.

Entre tanto, el municipio y Corpocaldas han invertido recursos propios por 19.000 millones de pesos en las obras de estabilidad más urgentes para los sectores más afectados por los derrumbes, que dejaron 17 muertos, como González, Persia, Colombia, Sierra Morena y Ruta 30, entre otros.

Siguen pendientes las soluciones de vivienda para los damnificados y algunos recursos para maquinaria y drenes.

 

 


EJE CAFETERO / El Tiempo

Página Web - 2017/10/30

Fuente: http://www.eltiempo.com/


Juez ordenó que las casas para afectados por la renovación se construyan en la zona de influencia.

Los ciudadanos que se vieron afectados por las obras del Plan Parcial de Renovación Urbana en el barrio Naranjal serán beneficiados con proyectos de Vivienda de Interés Social y Prioritario (VIS y VIP) en la misma zona donde antes estaban ubicadas sus residencias. Así lo ordenó el Juzgado 28 Administrativo de Medellín, el pasado miércoles, como respuesta a una acción popular interpuesta por la comunidad.

La decisión, que ampara el derecho colectivo de estas personas a tener mejores o iguales condiciones que las que tenían antes del proyecto urbanístico, les ordenó al Municipio de Medellín y a la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) no construir las VIS o las VIP en Arrabal, un sector vecino, sino en las unidades de actuación que se desarrollen en Naranjal.

Carlos Ballesteros, abogado de la comunidad, indicó que la decisión sienta un precedente muy importante, en tanto que la justicia les está protegiendo a los habitantes el derecho a la vivienda digna y a gozar, además, de los beneficios que trae la renovación urbanística en la zona, tradicionalmente habitada por personas de distintos estratos socioeconómicos y una gran cantidad de trabajadores informales.

“Se debe garantizar que allí va a haber vivienda de interés social y que las actividades de vehículos livianos también tienen que ser desarrolladas allí”, explicó el representante de los habitantes.

Al respecto, Andrés Uribe, subgerente de Operación Urbana e Inmobiliaria de la EDU, aseguró que frente a este fallo, la entidad ya ha hecho avances significativos, pues la construcción de las VIS y VIP en el Naranjal es una petición que la comunidad tiene desde hace aproximadamente tres años.

El funcionario afirmó que por medio de un oficio y un concepto del Departamento Administrativo de Planeación se dio la posibilidad de hacer estos proyectos de vivienda en la unidad de actuación número 5 de Naranjal.

Asimismo, dijo Uribe, el centro de oficio para los trabajadores que tienen negocios de vehículo liviano y actividades complementarias (como restaurantes y cafeterías) también estará en la zona. Vale recordar que en este momento unos 17 mecánicos y propietarios de negocios están en contenedores habilitados en El Caracol, un lote ubicado en el sector Caribe, en el noroccidente de la ciudad.

Otra de las órdenes que dio el Juzgado es la creación de un comité de verificación, para hacer seguimiento estricto al cumplimiento de los parámetros establecidos.

Dicho comité estará conformado por el juez, el Municipio de Medellín, la EDU, la Personería de Medellín, la Defensoría del Pueblo Regional Antioquia y Camacol Antioquia, entidades que deberán velar por el cumplimiento del fallo y las acciones que protejan los derechos de la comunidad.

 

Pedirán incluir a la comunidad

Al respecto, Ballesteros criticó que durante el proceso del plan de renovación no se dieron suficientes espacios de participación sino más que todo de socialización. Además, aseguró, le pedirán al juez que en el comité se integre a representantes de la comunidad. “Espero que haya sido un error involuntario el hecho de que los habitantes no fueran incluidos en el comité”, añadió.

Uribe, por su lado, explicó que se ha avanzado mucho, puesto que se tienen habilitadas desde hace tiempo unas mesas con los ciudadanos, a través de la Presidencia del Concejo, en las que se ha logrado solucionar muchos detalles del plan parcial.

Según la determinación del juez, la Administración Municipal y la EDU deberán presentar cada tres meses un informe al comité de verificación con detalles “del estado de ejecución del Plan Parcial Naranjal Arrabal, sus avances o inconvenientes, de forma que pueda verificarse el nivel de cumplimiento de los Proyectos de Gestión Urbana e Inmobiliaria (Artículo 58 del Decreto 1309 de 2009) y de los Programas y Proyectos de Gestión Social (Artículo 61 del Decreto 1309 de 2009)”.

El próximo lunes, la comunidad se reunirá para analizar el fallo y las posibilidades de apelar algunos puntos con los que no están de acuerdo.

Asimismo, quedan a la espera de una posible apelación por parte de la Administración Municipal y la EDU. Uribe, por su lado, dijo que en caso de que el plan parcial necesite ser reformulado, estarán prestos a atender y acatar las órdenes que dé el Juzgado.

 

El censo cuenta 165 familias impactadas por las construcciones

De acuerdo con información de la EDU, las 17 actividades económicas que fueron trasladadas a El Caracol pertenecen a personas impactadas por las obras de la unidad de actuación número 2 y 3 en el Naranjal.

Cuatro son negocios relacionados con vehículo pesado, siete con el vehículo liviano y seis son negocios de comida complementarios a estas actividades. Todos esperan una solución para este diciembre.

Asimismo, explicó Andrés Uribe, subgerente de la EDU, uno de los grandes logros que ha tenido el Plan Parcial de Renovación Urbana Naranjal y Arrabal es el nuevo censo que aumentó de 98 a 165 el número de familias impactadas por las obras y que debían ser reubicadas.

El funcionario también dijo que hay todavía unas 300 unidades de negocio que van a ser impactadas con el proyecto de renovación urbana que contempla varias unidades de actuación en un área de casi 13 hectáreas.

Sobre la unidad de actuación número 3, Uribe anotó que ya se han adquirido varios predios y que se van a empezar las labores de demolición y construcción.

Contrario a ello, Yulier Urán, líder de los trabajadores de Naranjal y Arrabal, sostuvo que en el lugar las obras no avanzan porque hay algunos predios que aunque ya fueron adquiridos por la EDU están embargados y en procesos judiciales.

 

El líder comunitario también contó que los moradores de la zona siempre han esperado que su reubicación se haga en Naranjal y no en Arrabal.

Este plan de renovación urbana busca mejorar este sector de la ciudad. Por ello, tiene contemplada la construcción de varias unidades: cinco en Naranjal y tres en Arrabal. En total serán aproximadamente 1.575 viviendas. Algunas fases son para estratos medio – altos y otras para estratos medio – bajos con viviendas de interés social y de interés prioritario. También tendrá alrededor de 143 locales comerciales y 1.129 oficinas.

 

 


HEIDI TAMAYO ORTIZ / El Tiempo

Página Web - 2017/10/28

Fuente: http://www.eltiempo.com/


Hace cuatro décadas Urabá era mirada como el patio trasero de Antioquia. Hoy, esa subregión en la que más de la mitad de sus habitantes es pobre, está plagada de esperanza por el desarrollo que le traerán los dos puertos anunciados, y que se espera entren en operación en menos de cinco años.

El futuro es promisorio— coinciden empresarios, políticos y líderes sociales— pero el impacto en la calidad de vida de los habitantes depende de la confluencia de esos actores para identificar problemas y establecer compromisos para que la riqueza no se desvanezca entre los dedos de la gente, como ha pasado, históricamente, aquí y en otras zonas de Colombia.

Urabá es para Antioquia puerta de entrada al Atlántico y salida al Pacífico, región compuesta por 11 municipios que los habitan 500.000 personas en 11.664 kilómetros cuadrados y 325 kilómetros de costas, las únicas del departamento.

Por sus mares, el año pasado, se exportaron 100 millones de cajas de banano, producto que abandera la vocación agrícola del territorio. Ese comercio internacional dejó ganancias superiores a los 800 millones de dólares.

 

Pobreza entre la riqueza

El desarrollo urbanístico y la dinámica comercial de Urabá se palpan, especialmente, en Carepa y Apartadó, a 25 minutos en carro de Turbo, municipio de donde salen a diario las cargas de banano y plátano hacia otros países.

Al transitar desde el aeropuerto Antonio Roldán Betancur, a las afueras de Carepa, con destino a Apartadó —considerada capital de la región—a mano izquierda se divisan extensos cultivos bananeros y a la derecha aparecen, paulatinamente, centros comerciales y vallas que promocionan la construcción de complejos empresariales y edificios de oficinas para la venta.

Según Adolfo Zapata, presidente de la Cámara de Comercio de Urabá, en la región el registro de empresas está creciendo entre un 10 y 12 por ciento al año, superior al de Antioquia en 2016, del 10 por ciento.

“El año pasado Urabá creció 12,5 por ciento su base de empresas nuevas. Hoy ajustamos casi 9.200 registros empresariales, de compañías que se establecen en la zona”, dice.

Zapata destaca que en años pasados la base empresarial eran comerciantes, micros y pequeñas empresas.

“Ese renglón crece un 15%, sin embargo, las medianas empresas, que generan grandes capitales y empleo han crecido más de un 75%; es decir, si teníamos 10 hoy hay 17,5”, resalta.

El directivo agrega que esa dinámica que vive hoy el territorio hace parte de la expectativa por lo que va a pasar, “y aunque no ha sucedido ya son cosas reales: puertos y túnel están entrando en ejecución”.

“Hay infraestructura. Los puertos está despertando interés de empresarios para establecerse en Urabá. La migración de poblaciones ha generado mayor demanda de vivienda”, asevera.

No obstante esos indicadores optimistas, la inequidad en Urabá la confirma el reporte de la Agencia de Renovación Territorial (ART), según el cual hay 62,5% de pobreza multidimensional en la zona urbana de los municipios del eje bananero y tres más de su influencia (Apartadó, Carepa, Turbo, San Pedro de Urabá, Necoclí, Chigorodó, Mutatá y Dabeiba, que aunque es del Occidente antioqueño, tiene sembrados de la fruta).

Marilyn Jiménez, subdirectora de Seguimiento y Evaluación de la ART, entidad adscrita al Gobierno Nacional que hace un diagnóstico social de la región, afirma que el indicador de pobreza multidimensional que mide, por ejemplo, acceso a agua potable, alcantarillado y educación está 16,8 % por encima del promedio nacional.

“La pobreza multidimensional no solo mide la plata que se tenga en el bolsillo, sino aspectos del entorno que la genera. Hay otras regiones de Colombia que tienen un promedio más alto, como el Pacífico, pero si comparamos a Urabá con el general de Antioquia, donde hay un 40,9% de pobreza, la brecha es grande”, añade.

El informe de la ART también presenta como aspecto crítico en Urabá el bajo nivel educativo, pues solo el 19,3 % de la población rural tiene acceso a bachillerato, mientras en el país ese promedio es del 43 %.

“En ese tema es mucho lo que hay por hacer en Urabá. Tenemos hogares donde las familias no alcanzan el mínimo nivel de educación. En pruebas Saber 11 en matemáticas está en 8,299 puntos, uno de los niveles más bajos del país”, acota.

En cuanto a servicios públicos, si bien el trabajo de EPM es destacado por líderes de la zona, persiste un déficit del 30 % en alcantarillado, y aunque asegura la compañía en agua potable la cobertura es del 90 %, en Belén de Bajirá, Mutatá, Carepa, Chigorodó, Apartadó, El Reposo y Turbo, el servicio tiene interrupciones en el día.

Al respecto, Carlos Pinilla, gerente de EPM Urabá, indica que en gas y energía la empresa tiene presencia en nueve municipios en los que alcanza el 100 % de cobertura urbana y el 98 % rural.

 

Corregir el camino

Urabá es prioridad para la Gobernación de Antioquia. Sus puertos son anhelo y aunque el gobernador Luis Pérez puso reparos en el año 2016 a la contratación de las obras del túnel del Toyo, un viaducto de 9,8 kilómetros que conectará los tramos Mar 1 y Mar 2 de Autopistas para la Prosperidad, en el occidente antioqueño, el megaproyecto es una realidad y deberá estar funcionado en 10 años.

Hernando Latorre, subdirector de Planeación Departamental apunta que la visión del gobierno también contempla proyectos como la Ciudadela del Mar, una especie de urbe en Necoclí con servicios de primer nivel en 2.700 hectáreas, y hasta una conexión para la región con la línea del ferrocarril, que la Administración seccional espera poner a rodar antes de 2020.

“El mar de Antioquia debería ser política de todos los gobiernos. Hace 34 años, se decidió mirar con interés lo que era concebido como el patio de atrás: Urabá. Ahora necesitamos trabajar unidos, sino no habrá posibilidad de generar el impacto que el desarrollo nos propone”, considera.

En ese propósito, gremios empresariales de la región, representantes de la iglesia Católica, la comunidad y universidades, se unieron para trabajar en la constitución de una agenda de desarrollo sostenible a 2030.

La idea es que, por medio de foros académicos, se planteen las problemas y sus soluciones. Waldir Ochoa, comunicador y periodista que ha estudiado la región, revela que hay temas tan sensibles y urgentes de tratar, como la movilidad, que ya viene siendo crítica y, asegura, podría colapsar si se tiene en cuenta que en 17 años vivirán 400.000 personas más allí.

“El año pasado hubo 102 muertos por accidentes de tránsito en Urabá, las víctimas que en otra época podía dejar la violencia. Esa cifra nos invita a pensar qué vamos a hacer en materia de transporte público”, señala.

En ese sentido, Wilson Berrío, habitante de Apartadó, cree que el problema de accidentalidad radica en que se construyó una doble calzada que atraviesa el municipio, pero no se ha educado a las personas en cómo conducir por esa vía.

“Muchas personas transitan por carriles en contravía y creen que la berma es el carril para motos y bicicletas. Además, esta es una región en la que hasta hace poco encimaban licencias de conducción por comprar dos kilos de carne”, ironiza.

Para Laura Gallego, del Centro de Análisis Político de la Universidad Eafit, pensar Urabá desde su interior es un acierto, algo que antes se hacía desde Medellín.

“Esta idea de alianza se convierte en un desafío para las instituciones. Esa mirada hacia adelante necesita un relato común, cómo detonar un proceso de desarrollo por fuera de las ciudades y lograr equilibrar los planes de desarrollo”, concluye.

En Definitiva

Urabá, en 15 años, estará a cuatro horas de Medellín, con dos puertos de los que saldrán productos de Antioquia, Bogotá y Eje Cafetero. Su desarrollo depende de una buena planeación.

Contexto de la Noticia

Paréntesis Buscan crear un “Urabá Cómo Vamos”

La planeación de un territorio equitativo y próspero, con calidad de vida, depende de la transparencia de los gobiernos locales y la inversión adecuada en sus comunidades. Con ese fin, sobre la mesa, se propone la creación del programa Urabá Cómo Vamos, que funciona en ciudades como Bogotá y Medellín como una veeduría desde el sector privado y la ciudadanía a las administraciones. “El manejo de los recursos nos preocupa. Confiamos en que los alcaldes sepan hacer buen uso de estos. Hicimos un foro y los invitamos a realizar un Cómo Vamos sin que se sintieran vigilados”, subraya Adolfo Zapata, de la Cámara de Comercio de Urabá.

Piedad Patricia Restrepo, coordinadora de Medellín Cómo Vamos, dice que el fin de ese programa es preguntarle al cuidando cómo está frente a su calidad de vida, la satisfacción con los bienes y servicios que le ofrece su ciudad y lo que le pide a su gobierno local como prioridad en su plan de desarrollo y asignación de recursos.

 

 

 


Víctor Andrés Álvarez C. / El Colombiano

Página Web - 2017/10/30

Fuente: http://www.elcolombiano.com/