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Según el Idiger, también hay otros 378 predios en amenaza de ruina en Bogotá.

 

Después de vivir 23 años junto a su esposo y sus dos hijos en un edificio de Niza IX etapa tres, en la localidad de Suba, Emilce Cala recibió una carta en la que le informaron que debía evacuar su vivienda inmediatamente.

La orden la emitió el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), porque la edificación fue declarada en amenaza de ruina; es decir, que atenta contra la seguridad de sus ocupantes, vecinos y transeúntes, convirtiéndose en una amenaza pública y por eso debe ser demolido. Así que el 28 de febrero, a sus 60 años, tuvo que salir de su hogar, como otras 16 familias. Desde ese momento, no tienen paz, afirma Cala.

Los problemas en el edificio Niza IX empezaron hace tres años con grietas, a la par que se construía el proyecto Centro Empresarial Colpatria, en la calle 127A con carrera 54A-45, que actualmente cuenta con 3 torres.

Este año, los daños fueron tantos que el Idiger declaró la amenaza de ruina y emitió una orden de evacuación inmediata. “Era tan grande el bache entre pared y suelo de la sala, que en las noches se podía ver la luz del apartamento que tenemos debajo”, comentó Cala.

Mientras se define si hay responsabilidad de la Constructora, Emilce y sus vecinos llegaron a un acuerdo con Colpatria. “Ellos se comprometieron a encontrarnos un lugar temporal en donde vivir, mientras se soluciona el tema de nuestras viviendas”. Dos semanas después de recibir la orden de evacuación, Cala tuvo que trastearse a otra torre del mismo conjunto.

La constructora le pagó seis meses de arriendo, en el que es, por el momento, su nuevo hogar, pero este no ha sido de su agrado. “Ninguno tiene arreglos y muchos de ellos no cuentan con las cosas básicas, como lo son algunos detalles en el baño; no hay lugar en dónde poner el jabón ni el papel higiénico. Además, son más pequeños”, explicó Emilce, y agregó que ahora vive entre cajas, reuniones constantes y con la preocupación sobre el futuro de su apartamento.

Colpatria afirmó que, en su actuar de buen vecino, desde hace tres años, ha trabajado con la comunidad para identificar las causas de la afectación con el rigor y la competencia de expertos y reubicaron a las familias, independientemente del diagnóstico definitivo técnico que se conocerá en los próximos meses.

Como el caso de la torre de Niza IX hay otros 378 predios en amenaza de ruina en Bogotá, por diversas razones, y 2.363 edificaciones en riesgo estructural, de acuerdo con el Idiger. “Entre el 2015 y el 2017 hemos emitido 875 actas de recomendación de evacuación o restricción parcial de uso por compromiso de estabilidad y habitabilidad. Estas han aumentado a raíz de los requerimientos de la comunidad”, expresó el Idiger.

Dichas actas de recomendación de evacuación, según explica la entidad, se generan en el marco del principio de precaución. Es decir, cuando se presenta un compromiso total o parcial de la estabilidad de la estructura o en casos donde hay daños que comprometen espacios funcionales, como los baños o las cocinas.

Entre las causas para que una edificación entre en riesgo, además de daños por obras vecinas, está el fenómeno de remoción en masa, uno de los peligros en barrios de la capital. Se estima que hay cerca de 214.000 personas que habitan en zonas de este tipo, de acuerdo con el mapa de riesgo de la Secretaría Distrital de Planeación. Los sectores más vulnerables por remoción en masa están en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme, Rafael Uribe y San Cristóbal. Los de riesgos estructurales son predominantes en Suba (356 casos), Usaquén (261), Ciudad Bolívar (196) y San Cristóbal (175).

La reubicación de las familias que se encuentran habitando una vivienda con riesgo estructural o amenaza de ruina es uno de los problemas que enfrenta el Distrito.

El Idiger se encarga de emitir la recomendación, brindar las ayudas necesarias y socializar sobre la importancia de evacuar, pero son las alcaldías locales las que deben gestionar que la recomendación se lleve cabo.

¿A dónde irse a vivir?

Cuando las viviendas corresponden a los estratos 1 y 2, el Distrito tiene un plan de reasentamiento para ellas si están en alto riesgo. Según el Idiger, es un proceso de intervención de viviendas en condiciones de alto riesgo, con el objetivo de proteger la vida de las familias.

Existen cuatro modalidades de reasentamiento: relocalización transitoria, reubicación, adquisición predial y reparación o reconstrucción de la vivienda.

Pero cuando son los estratos 3, 4, 5 y 6 los que se encuentran en riesgo, deben evacuar y reubicarse por su cuenta o conciliar y llegar a un acuerdo con quien les causó el daño.

Este fue el caso de nueve familias que en el 2009 fueron desalojados de un edificio en Cedritos, en la calle 145 con carrera 21, porque la construcción de una nueva torre les averió la suya.

El drama de estas familias persiste, porque la constructora señalada como responsable, Falla y Delgadillo S.A. y cuyo proceso está abierto, no les ha respondido por los daños.

Todos los habitantes de este edificio de Cedritos tuvieron que trasladarse por su cuenta y pagar el arriendo de un nuevo lugar, a pesar de tener un apartamento propio. Incluso, hay quienes todavía pagan una cuota al banco por el crédito que solicitaron para adquirir la vivienda afectada.

Para el concejal Rolando González, las alcaldías locales no siempre han considerado lo que el Idiger emite; por eso, la ciudad vive esta crisis de edificaciones en riesgo. “Los alcaldes deben llevar a cabo el seguimiento, el control y la vigilancia de las obras en cada una de las localidades, pero estas no han tenido la prevención necesaria, algo que es su función y su labor”, afirmó.

Además, González añadió que en los casos en que los nuevos proyectos de construcción amenazan edificaciones antiguas se debe sellar la obra, pero si son construcciones ya terminadas, el deber legal es llevar a cabo la demolición de la nueva edificación para evitar tragedias.

Solo entre el 2015 y el 2017 el Idiger pasó de emitir 249 actas de evacuación a 352. Lo que quiere decir que las mismas aumentaron un 41 por ciento en dos años.

Las actas de restricción parcial que se refieren a algunas zonas de uso de las viviendas (patio y sala, entre otros) pasaron de 199 en el 2015 a 318 en el 2017, lo que evidencia un incremento del 60 por ciento en los casos.

Para el Idiger, la situación no solo refleja que la ciudad viene incrementando su nivel de edificaciones que presentan daños, sino que hay una necesidad de tomar medidas para evitar tragedias que pongan en riesgo la vida de los residentes.

“La supervisión del cumplimiento de las normas urbanísticas, arquitectónicas o de sismorresistencia está en manos de los curadores urbanos en la etapa del licenciamiento y de los alcaldes locales en la etapa de ejecución de obras”, afirmó el Idiger.

 

En el edificio del Lago aún no han evacuado

A pesar de que el 16 de marzo el Idiger les envió una orden de desalojo inmediato a los residentes del edificio José Luis, en la carrera 16 n.° 80-07, todavía no han evacuado.

El edificio está severamente inclinado, luego de que comenzará, en su costado sur, la construcción de una torre de tres sótanos y diez pisos del proyecto Blue Sky, de la Constructora Advance SAS.

Recientemente, la constructora del proyecto Advance, según los residentes, realizó intervenciones en la estructura del edificio para asegurarlo, pero todavía no se define qué responsabilidad van a asumir, pues su licencia vence el 24 de abril. “Seguimos viviendo aquí porque no sabemos a dónde ir”, dijo uno de los afectados.

 

 


Vanessa Perea Bonilla y Sara Daniela Caicedo / El Tiempo

Página Web - 2018/04/02

Fuente: http://www.eltiempo.com/


Según el plan del Gobierno, la entrega de éstas viviendas será el próximo domingo primero de abril.

 

A menos de 15 días de que se cumpla el primer aniversario de la avalancha de Mocoa, las primeras 100 familias de damnificados ya saben cuál será su nuevo hogar.

En la mañana de este viernes, en la capital de Putumayo, se realizó el sorteo de nomenclatura de las viviendas, que hacen parte del proyecto Los Sauces I.

La actividad permitió que las personas conocieran qué manzana y qué casa les tocó. Además, firmaron un acta de reconocimiento y el poder para iniciar el proceso de escrituración.

La entrega de las casas como tal, a partir del plan inicial que tiene el Gobierno, será el próximo domingo primero de abril.

Según el Ministerio de Vivienda, Andrea Lopez, madre de dos niñas y una de las primeras personas que recibirá vivienda, afirmó que se siente muy feliz.

"Mis hijas y yo tenemos una felicidad inmensa. Yo soy madre desde los 15 años y siempre he salido adelante. Con esta casa aseguraré el futuro de mis niñas", comentó Andrea.

Durante el fin de semana, el MinVivienda trabajará con los beneficiados en talleres de liderazgo y convivencia.

 

 


Camilo Hernández / El Tiempo

Página Web - 2018/03/23

Fuente: http://www.eltiempo.com/


Habitantes están preocupados por los daños. Consorcio dice es por la inestabilidad del terreno.

 

Lo que se anunció como una megaobra de alcantarillado en el municipio de Cota, para evitar inundaciones en época invernal, se convirtió en una pesadilla para los habitantes de los barrios Centro y Pueblo Viejo.

Los terrenos, que hace más de 20 años eran zonas de cultivo de hortalizas y papa, se transformaron en una zona urbana, llena de viviendas y de nuevos proyectos que han llegado al municipio. Sin embargo, las aguas que bajan de la parte alta en los días lluviosos generaban empozamientos en estos barrios.

Por esa razón, la Alcaldía de Cota adjudicó el año pasado un contrato para la construcción del colector de aguas sur, con el que se buscaba solucionar esta problemática. La obra quedó a cargo del Consorcio Colector Sur; arrancó en julio del año pasado y tiene un plazo de ejecución de dos años.

Los trabajos incluyen, además, la separación de las tuberías, para que una lleve las aguas lluvias al río Bogotá y las negras o de alcantarillado a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio.

Pese a esto, en la comunidad se generó malestar desde el momento en que empezaron a ver grietas en sus viviendas y algunos de los terrenos ceder ante los trabajos de la maquinaria pesada que se instaló sobre la carrera 2.ª, que es el primer gran frente de obra, sector que está a un kilómetro y medio aproximadamente del centro de Cota.

Uno de los mayores afectados fue Arles Osorio, quien reside allí desde hace 30 años. Él tiene una vivienda en la esquina de la calle 4.ª con carrera 2.ª. Para remodelarla y montar un segundo piso sacó un crédito bancario que hoy suma 27 millones de pesos.


“Yo estaba arreglándola y le monté la plancha. Pero comenzó la obra y el terreno empezó a ceder, la plancha se vino abajo y quedó aplastando la casa, las columnas de la vivienda se agrietaron y no se pueden abrir ni las puertas ni las ventanas”, señaló Osorio.

Para pagar el crédito que solicitó, había arrendado esta casa. “Pero por los daños que se evidencian, más los malos olores que llegaron cuando perforaron la vía, mis inquilinos se fueron”, explicó el ciudadano, quién elevó su queja ante las autoridades municipales, pues asegura que su casa quedó inhabitable.

La misma afectación por las excavaciones en la vía son visibles en otras casas del sector Pueblo Viejo. En la de Jairo Suárez, por ejemplo, el muro de la entrada está a punto de venirse abajo, y ahora es sostenido por unas varillas que fueron instaladas para advertir del colapso, mientras la entrada de su garaje esta dividida por una grieta.

“Aquí los trabajos comenzaron en octubre, y en esa fecha aparecieron las fisuras en el piso. Mis baldosas del garaje se levantaron. Yo entiendo que trabajos de esta magnitud son dispendiosos, así que lo único que espero es que nos respondan por estos daños”, sentenció.

En la casa de Yanita Castro perciben que su vivienda se redujo unos milímetros, pues cuando salen a su patio observan un desnivel que no existía. Además, la fachada se ve ahora inclinada hacia al frente”, señaló.

Responde el contratista

EL TIEMPO consultó a la Alcaldía de Cota por las afectaciones en las viviendas de los habitantes del Centro y de Pueblo Viejo, sin embargo, en la entidad señalaron que es el contratista quién debe responder.

El ingeniero Alejandro Quijano es el director de la obra y vocero del Consorcio Colector Sur. Explicó que con la intervención se deben instalar 2.589 metros lineales de alcantarillarlo para aguas lluvias, y otros 1.820 para alcantarillado sanitario.

 

Indicó que los problemas se han generado por la condición del suelo, y porque algunos habitantes extendieron sus viviendas a zonas que son espacio público.

“Estos eran terrenos en los que se cultivaba y no es tan estable. Algunos terminaron haciendo muros sobre las vías, o muy próximos a ellas, en zonas que deben ser del municipio. Con el movimiento de la tierra, se desestabilizaron”, afirmó.

Antes de comenzar la obra, agregó, se realizaron actas de vecindad en las que se constató el estado de las viviendas y una vez finalice la intervención se verificará en cuáles hubo daños y se repararán.

Pero esto no será de inmediato, sino al finalizar la obra. “Después de que no tengamos más intervención que hacer, haremos los arreglos. No es que tengamos problemas y que seamos descuidados, sino que nos toca esperar, como nos exige la ley, porque aún estamos haciendo perforaciones y trabajos con maquinaria”, concluyó.

 

 


Michael Cruz Roa / El Tiempo

Página Web - 2018/03/23

Fuente: http://www.eltiempo.com/


Puente de la Madre Laura, tranvía Ayacucho y cable Picacho, con líos en viviendas de afectados.

 

¿Qué tienen en común el Puente de la Madre Laura, el Tranvía de Ayacucho y el Cable Picacho?

Que los tres impactan la movilidad, tanto de los usuarios que acortarán distancias, como en los propietarios de la zona de influencia, que debieron moverse del lugar donde vivían.

Si bien estas infraestructuras acercaron a las zonas más alejadas de la ciudad con la centralidad, también dejaron a grandes afectados que aún no ven solución a sus problemas de vivienda.

Cable Picacho

Para que 160.000 personas se beneficien de esta obra, 391 familias deben salir de sus hogares. De esas, 287 están en La Paralela, barrio ubicado en la parte baja de la obra lindando con la estación Acevedo del metro, que será ampliada.

“Allá tenemos 73 predios priorizados de los que se ha hecho oferta de compra a casi 50 de los que han aceptado en su gran mayoría”, expresó Tomás Elejalde, gerente del Metro, el pasado 7 de marzo cuando comenzaron las obras.

Sin embargo, la comunidad aclara que no está en contra de la obra, pero sí denuncian que las ofertas de compra no son justas, teniendo en cuenta que son personas que llevan más de 30 años en la zona, algunas con negocio.

Néstor García, uno de los líderes sociales de La Paralela, denunció que hay desinformación respecto a las negociaciones, además de supuestas presiones hechas por los gestores de la obra para que vendan sus predios.

“Nos ofrecen un monto que según ellos arrojó el avalúo hecho, al que le suman unas compensaciones. Pero luego agregan que si no aceptamos nos quitan las compensaciones solo damos lo del avalúo y nos llevan a expropiación. La gente está aterrorizada”, expresó García.

Opinión similar a la de Luz María Múnera, concejal de Medellín, quien indicó que pese a haber una ley de protección a moradores, hay muchas complicaciones.

“Si a los afectados no les sirve la oferta de la Administración pues les quitan el derecho a la demanda. ¿Cómo? Sencillo, sino enajena su vivienda por las buenas, le pagamos el valor predial, que es bajar el valor de la vivienda a un 60 por ciento de su valor comercial”, opinó la corporada.

Puente de la Madre Laura

Paciencia y sacrificio es lo que comparten la Santa Madre Laura y los afectados por el puente que lleva su nombre.

Para construir el viaducto intraurbano más largo del país, 193 familias tuvieron que ser reubicadas de sus hogares. Casi dos años después, 77 aún no tienen una solución de vivienda.

A los afectados les prometieron dos proyectos habitacionales Villa Laura 1 y 2. Sin embargo, ambos han tenido problemas, el primero tuvo un lío con el predio, pero sería entregado en enero del próximo año. El segundo se formuló en 2013 pero fue desistido en 2016 por “dificultades de orden técnico y normativo”, según expresó la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), ya que el lote quedó dentro del Macroproyecto Río Norte.

A lo anterior, se le suma el plan de atención a arrendatarios, en el que casi 100 familias crearon hace casi 5 años la Organización Popular de Vivienda (OPV) Vicente Mejía, con la que buscaban construir sus viviendas en un lote ubicado en Castilla. Sin embargo, en 2016 les informaron que en ese predio ubicarían a las familias impactadas por el Cable Picacho.

Hace más de seis meses, Idalmy Marcela Álvarez, coordinadora del Comité Veedor puente Madre Laura, reiteró que “antes de comenzar la obra la promesa era que tendríamos iguales o mejores condiciones, que seríamos reasentados en el sitio y que las viviendas serían inauguradas con el puente. Sacaron a la gente con mentiras”. Nada ha cambiado. Van para seis años en vilo y aún siguen esperando que se les haga el ‘milagrito’.

Tranvía de Ayacucho

Pese a llevar más de un año de inaugurado, el tranvía de Ayacucho sigue dejando huella. Especialmente en las casas agrietadas tras las obras. La concejal Múnera, coordinadora de la Comisión accidental que hace seguimiento al tema, denunció negligencia y lentitud en la atención de las familias afectadas en los barrios San Luis y Calle Bonita.

“Hace 16 meses se aprobaron 25.000 millones de pesos del presupuesto municipal para iniciar el pago de las compensaciones y a la fecha, aún no se ha ejecutado un sólo peso”, expresó Múnera.

Son cuatro años de espera y aún falta más. La comunidad mira como el barrio San Luis desaparece poco a poco.

“De las más de 200 casas que había quedarán poco más de 70. El estudio de la Universidad Nacional arrojó que 174 viviendas deben ser demolidas y otras 76 reparadas. Seguimos a la espera de que tanto el Metro como Isvimed cumplan con sus obligaciones de reparación y compra, respectivamente”, contó Juan Carlos Bustamante, vocero del Comité Cívico de los afectados.

Sin embargo, añadió que temen que la compensación no llegue, pues según Bustamante, el Metro les informó que contratarán a un patólogo que determinará si las afectaciones en las viviendas sí fueron causadas por las obras del tranvía. Opinión que no fue confirmada por voceros del Metro.

 

 


David Alejandro Mercado Pérez / El Tiempo

Página Web - 2018/03/21

Fuente: http://www.eltiempo.com/


Ha pasado casi un año desde que una avalancha ocasionada por el desbordamiento de los ríos de Mocoa, Mulato, Sancoyaco y la quebrada la Taruca, despertó hacia la media noche del primero de abril de 2017, a los 35.755 habitantes de Mocoa, capital de Putumayo.

Este desbordamiento ocasionó la muerte de 273 personas, dejó a más de 262 heridos, varios desaparecidos y miles de damnificados.

Desde la capital del Putumayo, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, aseguró que todos los proyectos para la reconstrucción de la ciudad cuentan con la financiación necesaria para su implementación, y aseguró que no se verán afectados por el cambio de gobierno.

“Los recursos para la reconstrucción de Mocoa, que ascienden a 1,2 billones de pesos, están asegurados en un documento Conpes. El hecho de que este gobierno termine en agosto, no significa que las obras vayan a quedar a mitad de camino. Ahí están los fondos y el próximo gobierno, cualquiera que sea, tendrá que continuar con estas obras que están proyectadas y financiadas”, manifestó Rivera el viernes, día en el que se reunió con otros miembros del gabinete ministerial para evaluar los avances en la ciudad del suroccidente del país.

Pero otros aseguran que las acciones del Estado no han sido suficientes.

“La promesa del presidente Santos de dejar a Mocoa mejor que antes, aún está lejos de ser cumplida. La reconstrucción de la ciudad avanza a paso de tortuga y los damnificados están desesperados”, señaló Julián Andrade, habitante de Mocoa y editor del portal Conexión Putumayo.

Así mismo, el director del noticiero Al Día Noticias, Duban Ferney García, coincidió en que falta mucho para lograr la reconstrucción en materia de vivienda.

“Un año después solo 100 familias recibirán su vivienda, pero no podrán habitarlas hasta que el ministerio de Vivienda termine las 300 prometidas inicialmente por el presidente Juan Manuel Santos”, hace un año.

No obstante, de acuerdo con el director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, Carlos Iván Márquez, la reconstrucción ha sido exitosa, si se consideran los tiempos establecidos para la misma, y se refirió a las dificultades que se han tenido que sortear.

“Comparado con cualquier reconstrucción en el mundo, la de Mocoa ha sido exitosa. Recomponer una zona afectada no se mide en términos de meses. Este es un proceso de tres años y lo que se ha adelantado en un año ha sido significativo. Oficialmente, ademas de exitosa ha sido responsable, porque este gobierno ha dispuesto los recursos”, le dijo el funcionario a EL COLOMBIANO.

El funcionario señaló que ha sido difícil conseguir terrenos para varias construcciones porque la gente no facilitó la venta de predios y tocó recurrir a la expropiación. También se refirió a las dificultades en el Concejo municipal, donde los trámites para el uso del suelo fueron demorados y hubo otras trabas más.

“Los concejales de Mocoa demoraron procesos internos y hubo falta de voluntad por parte de la comunidad. El concejo municipal presentó muchas demoras y hay comunidades indígenas que han entrado a torpedear el proceso del acueducto, generando demoras”, concluyó.

 

 


María Alejandra Castillo / El Colombiano

Página Web - 2018/03/19

Fuente: http://www.elcolombiano.com/