El proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial le apuesta a desincentivar el uso del carro, a las viviendas VIS y VIP, y al espacio público. Opositores cuestionan efectividad de proyectos ecoeficientes.

 

Comenzó la socialización del proyecto del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que el Distrito espera presentar el próximo año ante el Concejo de la ciudad y con el que pretende fijar los lineamientos urbanísticos sobre los que debe guiarse la ciudad en los próximos 12 años. La base de esta propuesta se centra en la necesidad de lograr una sostenibilidad ambiental, económica y social, basada en la equidad, el desarrollo urbano ecosostenible y en la revitalización de los espacios que se pueden densificar o los que se han convertido en focos de inseguridad.

Para ello, el plan busca cambiar algunos lineamientos con el fin de desincentivar el uso del carro; priorizar el espacio público, con construcción de alamedas y bulevares, y priorizar las viviendas de interés social (VIS) y de interés prioritario (VIP). Además, en el documento se incluyen los planes más ambiciosos de esta administración, como la extensión y construcción de importantes vías, que atraviesan la reserva Van der Hammen; la estructuración del Sendero de las Mariposas, en los Cerros Orientales; la construcción de la primera línea del Metro y cuatro Transmicables en el sur de la ciudad, y de los proyectos de vivienda Ciudad Norte, Ciudad Río, Lagos de Tunjuelo y Usme.

Lo que cambia

Dentro de las nuevas reglas propuestas en el proyecto se destacan, por ejemplo, aquellas que buscan que las franjas destinadas a antejardines pasen a ser espacio público. De aprobarse, las nuevas edificaciones no podrían contar con este espacio, mientras que en las viviendas y edificios que ya lo tengan se aplicaría la norma, dependiendo de su cercanía a zonas en tratamiento de renovación, como vías principales, donde se espera construir alamedas o bulevares.

En cuanto a movilidad, el nuevo POT plantea la necesidad de construir tres líneas del Metro, así como extender la Avenida Boyacá y construir la Avenida Longitudinal de Occidente, ante la urgencia de conectar a Bogotá con los municipios de la Sabana. Dentro de la reglamentación, el proyecto busca eliminar la tasa mínima de parqueaderos para nuevos edificios; prohibir la construcción de estacionamientos en los primeros pisos de edificaciones altas, y limitar los ingresos de vehículos a través de vías principales. Finalmente, insiste en la implementación del parqueo en vía.

Por último, dentro del desarrollo urbano busca que la exigencia de construcción de viviendas VIS y VIP sea del 40 %. Esto iría atado a una serie de incentivos para los constructores, así como impulsos para la intervención de zonas de renovación urbana, las que se pueden redensificar, los corredores de la red de transporte masivo y de la primera línea del Metro.

A esto se suma una gran apuesta en materia de aseo: plantea la construcción de seis centros de clasificación, separación y aprovechamiento de residuos en la ciudad, para evitar que toda la basura llegue al relleno Doña Juana.  A continuación mostraremos algunos de los proyectos que se desarrollarían en los próximos 12 años en la ciudad, si se aprueba el  POT contemplado por el Distrito.

Estructura ambiental y espacio público

Dentro de este conjunto, el POT  contempla los planes ecológicos principales y el sistema de drenaje sostenible. En el primer grupo se destaca la construcción del sendero de las Mariposas, articulado al circuito de protección cortafuegos, que unirán a Usme con Chía. Los diseños también plantean la construcción de un parque metropolitano en los Cerros, con el que se busca obtener un diseño sostenible de aprovechamiento en esta parte de la ciudad y la recuperación de las cuencas hídricas de los humedales en la lista Ramsar.  

Por el otro lado, el POT le apuesta a la construcción y puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas, la construcción de la planta elevadora Vitelma, la separación de las aguas lluvias  de las residuales y, finalmente, pone como reto, la implementación de una metodología que permita ahorrar y proteger el recurso hídrico.

Estructura funcional y de soporte

En este grupo se señalan  los proyectos de movilidad, como la construcción de la primera línea del Metro y otras dos líneas hasta la calle 170; 12 vías que pasarán por la reserva Van der Hammen, consideradas urgentes ante los problemas que se presentan para ingresar a la ciudad desde los municipios aledaños; y un sistema de ciclovías, cicloparqueaderos y un centro para las bicicletas, en el que se permita formalizar a los bicitaxis y pueda brindar formación, en colaboración con el SENA, a los biciusuarios.

En cuanto a los servicios públicos, determina la construcción de Centros de Gestión, Tratamiento y Aprovechamiento de Residuos de Bogotá C-GESTAR y Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (ECA), para la separación del reciclaje. Finalmente, se pretende establecer medidas para la gestión de riesgo, que obligan a las localidades a determinar sus planes particulares de atención.

Estructura social  y económica

En este grupo se encuentran los proyectos residenciales, el patrimonio cultural y el sistema de equipamientos, por lo que es uno de los más importantes para el Distrito. Entre estos se contempla los planes de urbanización en Ciudad Norte, Lagos de Torca, La Conejera, Ciudad Río, Ciudad Usme, Ciudad Arrayanes y Ciudad Encenillos, con los que se habilitarán alrededor de medio millón de viviendas nuevas en Bogotá.

Así mismo, se encuentra el plan Pieza Centro, con el que se busca revitalizar barrios como: Las Nieves, La Candelaria, La Sabana, Las Cruces, La Macarena, Sagrado Corazón y Santa Isabel, entre otros. El más destacado de las actuaciones urbanas es la  Alameda Entreparques, que contempla la construcción del Parque Lineal, entre el Parque de los Novios, el Virrey y el Canal del Río Negro, atravesando el barrio Polo Club. Por último está el sistema de equipamientos, sobre el cual se tiene planeada la ampliación de la oferta de colegios, centros médicos y centros deportivos y recreativos; la renovación de Corabastos y la zona aledaña al Aeropuerto El Dorado.

 

 

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Mónica Rivera Rueda / El Espectador

Página Web - 2018/12/03

Fuente: https://www.elespectador.com/

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21 personas pertenecientes a la ARN, tuvieron la oportunidad de tener su propia vivienda.

La capital del Valle se convirtió en el primer municipio del país que entrega subsidios de vivienda a personas en proceso de reintegración y reincorporación que le apostaron a abandonar las armas.

Más de 4 mil personas asistieron el pasado domingo a la sexta Feria y Servicios de Vivienda para los estratos 1, 2 y 3 para brindar bienestar y progreso a los habitantes de la capital.

La Secretaría de Vivienda Social y Hábitat de la Alcadía de Cali en alianza con la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), entregaron subsidio de vivienda a 21 personas que se encuentran en los procesos de reintegración y reincorporación (exintegrantes de las Farc-EP).

La entrega del subsidio que tiene una vigencia de 12 meses fue en la Feria de Servicios y Vivienda que se realizó en el Coliseo El Pueblo con la participación del Alcalde Maurice Armitage y María Isabel Barón, coordinadora del Grupo Territorial Valle del Cauca ARN.

Andrés Stapper, director General de la ARN, manifestó:  “Estamos ratificando el compromiso del presidente de la República, Iván Duque, de construir un país a través de la legalidad. La articulación institucional es fundamental para nuestro propósito de estabilizar los territorios golpeados por la violencia a través de oportunidades”.

Accedieron a un subsidio de vivienda de interés prioritario y social 18 personas en proceso de reintegración y tres excombatientes en proceso de reincorporación. Sus familias también serán beneficiarias.

Cada uno de los beneficiarios recibió 8 millones de pesos que sumado a un ahorro programado para la cuota inicial y la pre-aprobación de un crédito de vivienda con una entidad financiera, alcanzaron el cierre financiero para la adquisición de su nuevo hogar.

La principal entidad bancaria que apoya tanto a reincorporados como los que están en el proceso de reintegración es el Banco Caja Social gracias al.convenio con la Alcaldía de Cali.

Durante la feria entregaron alrededor de 50 títulos a familias caleñas que necesitaban resolver la situación legal de sus predios, más de 80 subsidios de vivienda nueva, para las familias que adquirieron el proyecto Las Vegas, con la caja de compensación Comfandi, 53 subsidios en modalidad de desplazado, 24 a personas reincorporadas y en proceso de reintegración y 300 subsidios para el mejoramiento de vivienda.

Por otra parte, consolidaron como una vitrina para más de 800 negocios para la compra de proyectos habitacionales.Empresas reconocidas hicieron parte de esta feria como el Banco BBVA, Comfenalco Valle, Comfandi, Banco Caja Social, Marvis Constructora S.A.S, Constructora Bolívar, Mejor Vivir Constructora S.A, Buenavista Constructora, IC Prefabricados, Corona, Homecenter, Ladrillera Meléndez, Metro Cuadrado, Ferretería Exitornillos y Herramientas, Café Águila Roja, Pinturas Américas, entre otras.

 

 

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El Tiempo

Página Web - 2018/12/03

Fuente: https://www.eltiempo.com/

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En seminario se analizan .falencias de los ordenamientos territoriales y los retos  para el futuro

La población de Medellín pasó de 91.000 personas, hace cien años, a más de dos millones y medio al día de hoy. El dato lo citó Guillermo Durán, el personero de la ciudad, durante la apertura del seminario ‘El control urbanístico y la nueva agenda urbana’, que se realiza desde ayer 28 de noviembre en el cubo de EPM.

Para el funcionario, el crecimiento exponencial de la población no es un asunto menor: la explosión demográfica desencadenó en una ciudad que creció en desorden y ocupó sus laderas de forma desorganizada.

Según Durán, el control urbanístico es tarea pendiente en la capital antioqueña. Además, añadió que por esta causa la ciudad ha vivido un caos: “Lo que ha pasado es que, tristemente, las bandas se tomaron el control en muchos barrios. Son ellos quienes deciden quién puede construir y cómo lo puede hacer”.

Sin embargo, el funcionario es optimista frente al trabajo que se viene realizando para regular el crecimiento urbano.

Para él, el trabajo que se hace desde su despacho y desde las curadurías, las inspecciones urbanísticas y la participación de las comunidades es importante para regular el desbordado crecimiento de la ciudad.

Ahora bien, la falta de regulación en las construcciones y la presencia de grupos armados no son los únicos problemas causados por este desorden.

En el evento estuvo como ponente Alfredo Manrique, especialista senior de ONU-Hábitat, una dependencia de las Naciones Unidas que nació con el fin de generar acciones “rápidas para regular el descontrolado crecimiento de las ciudades”.

 

Manrique cree que este problema en Colombia no es solo producto de las migraciones internas del siglo XX, como muchos han pensado. Para él, el asunto es mucho más complejo y tiene sus raíces en la Colonia. Según dice, la sociedad hispánica segregó siempre a sus integrantes.

Entonces, los españoles y los colonos vivían en un lado del pueblo mientras que los esclavos e indígenas tenían su propio espacio. “Nuestras ciudades surgieron a partir de las leyes de Indias, que regularon dónde podía construirse. Por ejemplo, en sitios que no se inundaran o que fueran ideales para los cultivos. Pero fueron siempre ciudades segregadas”, dijo el especialista de la ONU.

Aun así, los problemas urbanísticos de ciudades como Medellín no deben buscarse solo en tiempos remotos.

Los expertos que asistieron al primer día del seminario hicieron hincapié en un punto común: las migraciones del campo a la ciudad que se dieron en gran parte del siglo XX, sobre todo después de la muerte de Jorge Eliécer Gaitán (1948) y el periodo de La Violencia.

Según datos suministrados en el evento, en el que también participaron la Personería de Medellín, el Ministerio de Vivienda, la Procuraduría General y la Universidad Nacional, en medio siglo, Colombia pasó de tener 55 ciudades con más de 50.000 habitantes a 126. Es decir, en ellas vive el 79 por ciento de la población.

Todos esos factores históricos conllevaron al desorden de las ciudades actuales, en donde la gente construyó de la manera que quiso.

Manrique expresó que el gran desafío de Medellín y de las ciudades actuales está en la planeación, que, según su forma de ver las cosas, ha fallado durante décadas.
También dijo que los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de los municipios están bien diseñados pero no se cumplen por varias cuestiones, entre ellas fallas administrativas y desgano de las comunidades.

Para suplir estas carencias, Manrique propuso la creación de una política nacional de reasentamientos de zonas de alto riesgo. “A los municipios les queda muy difícil reubicar un barrio y zonas que estén en alto riesgo. Es toda una operación urbanística que requeriría del Estado nacional”, manifestó.

Otra de las conclusiones de la jornada fue que, más allá del ordenamiento jurídico, el urbanismo tiene como fin último mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y eso se logra, según explicaron los ponentes, evitando que se hagan construcciones sin licencia o en terrenos no adecuados. Se destacó el caso de Cartagena, donde varios proyectos de urbanización fueron detenidos por las autoridades, pues presentaban un potencial peligro para sus ocupantes.

En el caso de Medellín citaron los casos de los edificios Space y Bernavento. Los perjudicados por estos proyectos son calificados como ‘víctimas por falta de control urbanístico’

Olga Lucía Alfonso Velásquez, delegada de la Procuraduría General de la Nación, argumentó que otro de los líos en el control urbano radica en la corrupción. “Se puede elevar astronómicamente el precio de un predio haciendo un cambio del uso del suelo. Muchos funcionarios se aprovechan de eso para cometer actos de corrupción”, denunció.

Para la delegada, la normativa sobre el control urbano es muy amplia, pues está presente tanto en la Constitución como en la Ley 388 de 1997. Esto, según su punto de vista, permite que los funcionario y ciudadanos se aprovechen para hacer usos regulares de los suelos.

Los ponentes, además, hicieron un llamado para que las comunidades presten mayor atención a estos temas de desarrollo urbano y se animen a denunciar posibles irregularidades.
Para el personero Durán, esta participación de la gente es una de las claves para que el crecimiento urbano beneficie más a los ciudadanos y menos a los aprovechados.

 

 

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El Tiempo

Página Web - 2018/11/29

Fuente: https://www.eltiempo.com/

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Camacol y Fedelonjas hablan sobre 2 % planteado en ley de financiamiento a oferta de $ 918 millones.

Tras la radicación de la ponencia del proyecto de ley de financiamiento, los gremios de los sectores constructor e inmobiliario se pronunciaron.

Para Sandra Forero, presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), en términos generales "lo que quedó garantiza y mantiene el marco tributario de beneficios para la promoción, la producción, la construcción y la financiación de vivienda de interés social (VIS), lo que nos pone en un escenario muy positivo porque el riesgo del que se habló al comienzo se aleja”.

Según la directiva, con el ciclo de recuperación de la economía y con estas decisiones “cumpliremos la metas del gobierno garantizar la continuidad de programas como Mi Casa Ya”.

En el caso puntual del impoconsumo del 2 por ciento para el segmento alto, específicamente para las viviendas nuevas y usadas con precios de más de 918 millones de pesos, Forero dijo que “es equilibrada, en la medida en que permitirá un volumen importante de recaudo que se espera para cumplir con el presupuesto del 2019”.

La presidenta de Camacol recordó que para este tipo de oferta, que tiene un IVA para la primera compra de 5 por ciento, se había planteado inicialmente un tributo del 19 por ciento. Por eso, considera que haber llegado al 2 por ciento no representa mayor impacto.

“La lectura que yo le daría es que se trata del aporte del sector a la coyuntura fiscal, si se tiene en cuenta que con este la idea es recaudar 1,1 billones de pesos”, anotó.

Es antitécnico: Fedelonjas

Otra opinión tiene la presidenta de la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas, María Clara Luque, quien se quejó por ese impoconsumo en el caso específico de la vivienda usada: “Gravar la venta de esta oferta es altamente inconveniente porque frena la dinámica inmobiliaria e incentiva la informalidad y la evasión de impuestos”, comentó.

Agregó, además, que “el impuesto de consumo ha sido concebido para gravar las diferentes etapas de un ciclo económico de producción, importación o distribución, hecho que no se presenta en este caso de la vivienda usada por lo que el mismo resulta antitécnico”.

EL TIEMPO consultó a Manuel Alfonso Carrillo, gerente de la inmobiliaria Avacol, quien, en términos generales, destacó el hecho de que la ley radicada no hubiera afectado la VIS.

Según el empresario, “esta oferta es intocable y así está quedando. Sin embargo, respecto a la usada, el impoconsumo sí sería un golpe de percepción grande y encarece la vivienda porque subirá el precio; además, a las personas les resulta difícil declarar ese IVA. En un país con déficit de vivienda gravar más es perjudicial y recaudar será complicado”.

Luque, por su parte, instó al Gobierno a no afectar a la única rama que ha tenido indicadores positivos en la actividad de los bienes raíces en los dos últimos años, cuando la economía ha estado tan frenada. Incluso, señaló que “la usada es el principal patrimonio de la mayoría de los colombianos y con esa decisión se estaría incentivando la informalidad, porque las personas van a buscar escriturar por debajo de los valores reales para hacerles el quite a esos impuestos como fue tradición por muchos años".

 

 

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Gabriel E. Flórez G. / El Tiempo

Página Web - 2018/11/29

Fuente: https://www.eltiempo.com/

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