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El número de créditos hipotecarios reportó un incremento de 5,5 % respecto al mismo periodo del 2013.

 

Los resultados de la Cartera Hipotecaria de Vivienda mostraron que entre el cuarto trimestre de 2014 y el mismo período de 2013, se incrementó un 13,1 % en el saldo de capital total, debido al crecimiento en la cartera vigente y de la cartera vencida de 13,7 % y 2,6 %, respectivamente.

 

Así mismo, el saldo de capital total, que se refiere a lo adeudado por el cliente al momento del análisis, para vivienda diferente de interés social (No VIS) creció 14,0 % e igual comportamiento registró la vivienda de interés social (VIS) con un incremento de 11,0 %.

 

Vale la pena destacar el aumento en el número de créditos hipotecarios en un 5,5 %, debido al incremento de las obligaciones hipotecarias para vivienda No VIS de 6,7 % y VIS 4,6 %.

 

VARIACIÓN TRIMESTRAL

 

Durante el cuarto trimestre de 2014 se registró un saldo de capital total de $41.445 miles de millones de pesos, que representó un incremento de 3,1 % respecto al trimestre anterior.

 

Este resultado estuvo conformado por $29.836 miles de millones de pesos corrientes destinados a la financiación de vivienda No VIS y $11.609 miles de millones de pesos corrientes para la financiación de vivienda VIS.

 

De este último el saldo de capital, $1.798 miles de millones pertenecen a la cartera de Vivienda de Interés Prioritario- VIP (hasta 70 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes- SMMLV).

 

Por su parte, se presentó un saldo de capital de $39.663 miles de millones de pesos corrientes correspondiente a cartera vigente y $1.782 miles de millones de pesos corrientes a cartera vencida de cinco o más cuotas en mora.

 

Para el cuarto trimestre de 2014 el número de obligaciones ascendió a 971.493, que representó un incremento de 1,3 % frente al trimestre anterior. Del total de créditos, 526.609 corresponden a la financiación de VIS, entre los cuales 150.150 créditos pertenecen a VIP. Mientras que 444.884 corresponden a créditos para vivienda No VIS.

 

 

 


Portafolio

Página Web – 2015/03/24

Fuente: http://www.portafolio.co


Al menos 4 de cada 10 edificaciones que se hacen en Cali no cumplen con los términos de la licencia de construcción que les otorgan las curaduría urbanas. Una cosa es lo que se les aprueba en planos y otra cosa es lo que la gente construye en la práctica.

 

Según María Virginia Borrero, subdirectora de Ordenamiento Urbanístico de Cali, entre las infracciones más frecuentes que se han detectado está el cambio de uso de alguna parte del inmueble. Muchos propietarios de viviendas incluyen parqueaderos internos en planos, pero finalmente los eliminan y, en su lugar, ponen un negocio, un taller o construyen otra pieza.

 

Es frecuente, también, el cubrimiento de los aislamientos posteriores de las viviendas. Ese aislamiento es la distancia que debe dejarse entre paredes de predios que lindan por la parte de atrás, regularmente tres metros en viviendas. Entonces lo que hacen algunos es techar ese espacio para ganárselo como patio, construir un baño, una pieza o una sala de estar, lo cual es ilegal.

 

En el antejardín suelen hacer las gradas de los pisos superiores, o cierran con rejas estos espacios que son de uso público para montar un negocio, lo cual no está permitido. Este es un problema de barrios enteros en la ciudad.

 

“En San Marcos, por ejemplo, el 90 % de los antejardines tiene cubrimiento”, advierte el ingeniero Jorge Manosalva, director de control a construcciones de la Subdirección de Ordenamiento Urbanístico. Pero el problema está en toda la ciudad y en todos los estratos de población. Incluso, algunos construyen varios pisos sobre el antejardín como si fuera parte de la casa, lo cual no está permitido.

 

Otro problema es que edifican casas muy cerca de las redes de energía de alta tensión, lo cual implica un grave riesgo. En esos casos, como es más difícil demoler casas, Emcali suele mover los postes, pero les cobra a los dueños de las viviendas la obra: cada una debe pagar al rededor de dos millones de pesos.

 

El problema para el Municipio es que no hay suficiente personal para hacer el control posterior a las nuevas construcciones que se realizan en Cali, lo mismo que a las existentes cuando hay quejas y se detectan irregularidades. Apenas se tienen cuatro inspectores urbanos y un ingeniero para esa labor, por lo cual la revisión de las licencias debe hacerse de manera aleatoria, no total.

 

De hecho, el año pasado solo el 32 % de las construcciones licenciadas por las curadurías urbanas de Cali pudieron ser revisadas por el Municipio a fin de verificar que cumplieran lo autorizado.

 

Las tres curadurías de la ciudad expidieron 3214 licencias de construcción en el 2014, de las cuales 1020 fueron revisadas por Control Urbanístico, es decir el 32 % del total. De las revisadas, 447 presentaron infracciones a la licencia de construcción, o sea el 44 %, lo que da cuenta de un alto incumplimiento, sobre todo de pequeños constructores, frente a lo que oficialmente proponen hacer.

 

En los dos primeros meses del 2015 (enero y febrero) se han expedido 175 licencias y se han revisado 73. El 42 % no está cumpliendo cabalmente con los términos de la licencia. A los responsables de la construcción se les abre un proceso legal, pero estos pueden durar años. Por eso, en principio se les invita a que corrijan la infracciones, hagan la demolición correspondiente y se ajusten a las normas, dice Borrero.

 

Pero cuando no lo hacen hay que abrirles expediente y el proceso puede durar años. Actualmente Control Urbanístico tiene 4400 expedientes acumulados por infracciones en construcción y 2400 en la parte de ornato.

 

Una ciudad sin licencia

 

Los grandes constructores cometen infracciones más de tipo urbanístico, como la no adecuación de vías o la no cesión de zonas verdes. Esos casos se resuelven más fácil porque las firmas suelen comprometerse con la solución, salvo algunas excepciones en las cuales hay duras controversias por ocupaciones de vías y falta de licencia ambiental como ocurre con el proyecto Remanso de la Colina, en Pance, o por las alturas construidas y el no cierre de sótanos como es el caso del proyecto de apartamentos Santángelo, en Normandía.

 

Pero en barrios populares y viviendas unifamiliares de particulares se suele, incluso, construir sin el trámite de la respectiva licencia.

 

De hecho Planeación Municipal ha estimado que el 60 % de la ciudad está construida sin haber tramitado ese requisito, pero otros expertos como Juan Carlos Ponce de León, estiman que puede ser más del 80 % de la ciudad la que esté edificada sin licencia de construcción, toda vez que este requisito se empezó a exigir solo hacia los años 70.

 

Quiere decir que barrios tradicionales del Cali Viejo como San Antonio, El Peñón, Versalles, Granada, San Nicolás, entre otros, se hicieron sin licencias, pese a lo cual conservaron algunos criterios urbanísticos.

 

Lo mismo ocurre con Terrón Colorado, Siloé, Unión de Vivienda y todo el Distrito de Aguablanca que se ha edificado sin licencia de construcción.

 

Los estratos medios y altos -dice Borrero- son más conscientes y al ser requeridos solucionan más fácil los problemas constructivos. Pero los estratos 1 y 2 son más intransigentes y arman dramas. Dicen por ejemplo, “yo ya construí, ya metí mis ahorros ahí, cómo tumbo eso” o “yo no sabía, porque como el vecino también hizo eso”...

 

Propuestas para el control urbanístico

 

Víctor Martínez, presidente de la Sociedad de Arquitectos, seccional Valle, indicó que “hay una tendencia a hacer lo malo que los otros hacen en construcciones y, así como se hacen cosas coherentes y sujetas al POT, también a través de licencias que tramitan los arquitectos se hacen adefesios”. El gremio tiene un comité de ética para sancionar esos casos.

 

Ante la falta de control, Martínez propuso al Municipio una vigilancia de las licencias expedidas por las curadurías en línea y en tiempo real. La idea es que estudiantes de último año de las facultades de arquitectura hagan ese control a manera de pasantía con la calidad de inspectores urbanos del Municipio.

 

El arquitecto Juan Carlos Ponce de León, a su vez, propuso que sea la Sociedad de Mejoras Públicas -una entidad independiente que vela por el bienestar de la ciudad-, la que haga esa labor y se le remunere con las mismas multas que generan las sanciones que se aplicarían por cantidades, dada las irregularidades que hay en las edificaciones de la ciudad.

 

 

 


REDACCIÓN / El País

Página Web – 2015/03/24

Fuente: http://www.elpais.com.co


Más de 600 viviendas afectadas. La gobernación destinó $ 29.000 millones para nuevo alcantarillado.

 

Desde hace más de dos años, María Elena Rueda decidió, con su esposo, cortar el servicio de energía eléctrica por miedo a que un nuevo movimiento de tierra desprenda las paredes de su casa y ocasione un incendio.

 

Tres habitaciones de su vivienda presentan profundas fisuras y hundimientos en el suelo ocasionados por las filtraciones de agua que en Vélez (Santander) afectan a más de 600 viviendas.

 

“Vivimos con mucho temor”, repite María Elena mientras recorre la casa adornada con cortinas blancas que disimulan las grandes grietas de las paredes.

 

El temblor del 10 de marzo pasado empeoró la situación de esta familia, que en la noche usa velas para alumbrar el suelo desnivelado que cada día se fractura más por la humedad.

 

El cuarto que habitaba su hija mayor está completamente forrado en pliegos de papel bond porque le daba miedo ver las profundas aberturas de las paredes.

 

“Después del sismo, se fue porque no quería que la casa se le viniera encima”, contó María Elena.

 

El ingeniero civil Elkin Suárez, funcionario de la Empresa de Servicios Públicos de Santander (Esant), explicó que el antiguo alcantarillado y la placa de paja sobre la que se sitúa Vélez, conocido por sus microempresas de bocadillos, hacen que sea susceptible a erosiones y remociones de masa.

 

“El tipo de alcantarillado que tiene el desagüe, por ser de tipo combinado, está diseñado para conducir aguas negras, industriales y lluvias, lo que ocasiona fugas por la cantidad de líquido que circula por estas tuberías”, puntualizó Suárez.

 

Por la situación que se vive en la casa de María y la de los habitantes de 9 barrios, los afectados instauraron una acción popular en un juzgado de San Gil que en septiembre del 2011 falló a favor de los reclamantes exigiéndole al municipio construir una nueva red de alcantarillado.

 

En segunda instancia, el Tribunal de Santander confirmó la decisión tras certificar que en el municipio, situado a 230 kilómetros de Bucaramanga, han aparecido más grietas, levantamiento de pisos e inundaciones en varias viviendas por las constantes fugas.

 

Solución a la vista

 

Para cumplir el fallo judicial y garantizar la estabilidad de las casas afectadas el gerente de la Esant, Edwin Ballesteros, dijo que la gobernación invertirá 29.521 millones de pesos en la construcción de una nueva red de desagüe que permita superar la situación en las que se encuentran las casas, andenes, calles, parques, el hospital y el sector industrial afectados por las filtraciones.

 

“La inversión se hará para solucionar la situación de 13.000 familias que viven en este municipio. La obra tendrá como periodo de ejecución 12 meses y comenzaría antes de junio próximo”, expresó el funcionario.

 

Yaneth Grandas, alcaldesa de Vélez, dijo que en un censo realizado por la administración se determinó que, por ahora, 71 familias deben reubicarse. “Se adquirió un lote donde se construyen viviendas para las personas que prácticamente no tienen donde vivir”, agregó Grandas.

 

A dos horas y media de Vélez se encuentra el frío municipio de Sucre (Santander), al que se llega a través de una vía destapada y en malas condiciones, y en donde se registra un fenómeno similar.

 

Se han invertido 1.200 millones de pesos de la primera fase de un nuevo alcantarillado pues las fachadas de las casas ya presentan fisuras y en las calles se registran hundimientos de tal proporción que en diciembre del 2014 una calle cedió fácilmente ante el peso de un camión que quedó incrustado en un hueco.

 

 

 


SILVIA VIVIANA SANTAMARÍA / El Tiempo

Página Web – 2015/03/24

Fuente: http://www.eltiempo.com


Habitantes y autoridades iniciaron ayer la evaluación de los daños que ocasionó la granizada que afectó a buena parte de seis localidades de Bogotá en la tarde del pasado domingo en la que cayeron cerca de 200 toneladas de granizo.


La granizada, que dejó en varios sectores de la capital una capa de hielo que en ciertos sectores llegó a los 50 centímetros de altura, dejó graves daños en vehículos atrapados, árboles caídos o seriamente afectados, así como techos desplomados o afectados en sus estructuras.


Los organismos de seguridad y prevención realizaron ayer una evaluación para determinar en qué casos, techos y árboles definitivamente deben ser tumbados por eminente peligro de caída.


Al momento, se han presentado 40 personas y más de 125 casas afectadas, pero este número puede aumentar, pues aún quedan varios barrios de Bogotá donde el Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático no ha evaluado.


Durante la emergencia varias de las personas resultaron afectadas por hipotermia y traumas craneoencefálicos severos y fueron trasladadas al Hospital Militar donde se recuperan satisfactoriamente.


Las localidades de La Candelaria, Ciudad Bolívar, San Cristóbal Sur, Mártires, Santa Fe y Antonio Nariño, fueron los afectados, pero el barrio La Fragua ha sido el más afectados, donde buena parte de las casas cuentan con techo de tejas y sus habitantes temen que sus techos colapsen por el peso.

 

 


COLPRENSA / El Colombiano

Página Web – 2015/03/24

Fuente: http://www.elcolombiano.com


Al menos 47 viviendas afectadas, siete de ellas totalmente destruidas, dejó el desbordamiento del río Cañaveral en el municipio de El Águila (norte del Valle del Cauca).

 

Así lo aseguró a Caracol Radio el Consejo Departamental de Gestión De Desastres del Valle a Caracol Radio, el cual agregó que 150 personas resultaron damnificadas por este hecho, ocurrido el viernes pasado.

 

La mayores afectaciones se registraron en las veredas El Chorrito y Cañaverales, en donde el río destruyó tres puentes y 15 cultivos de pan.

 

La administración municipal decretó Calamidad Pública con el fin de destinar los recursos necesarios para atender la emergencia, una de las más grandes que se han presentado en los últimos años en el norte del Valle.

 

 


Redacción Nacional / El Espectador

Página Web - 2015/03/21

Fuente: http://www.elespectador.com/