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El bloque de concejales del FpV denunció irregularidades en la concesión otorgada por el municipio a una empresa para construir un barrio privado por no cumplir con la legislación provincial ni con las ordenanzas municipales.

Además, calificaron el mega proyecto como "un nuevo negocio inmobiliario que afectará a los vecinos".

El proyecto, que será tratado y aprobado hoy por la mayoría que compone el Frente Renovador, consiste en una excepción al Código de Planificación que permitirá que la constructora Vizora Desarrollos Inmobiliarios emprenda un mega proyecto sobre un predio de 18 hectáreas denominado "Remeros Beach" en el camino de los Remeros.

"Rechazamos que el municipio promueva con sectores privados negocios inmobiliarios sin pensar en mejorar el déficit de vivienda de los vecinos de Tigre, que es uno de los distritos con mayor deficiencia habitacional de la provincia", afirmó el concejal Federico Ugo, en diálogo con la prensa.

Según informaron, el complejo pretende elevar la altura máxima de construcción permitida de 9 metros para autorizar el desarrollo de torres de hasta 22 pisos, que incluirá una laguna de aguas cristalinas junto a torres, condominios y townhouses, en una zona de bañados.

"Tigre se ha convertido en un distrito de negociados inmobiliarios y el FpV entiende que debe desarrollarse otro proyecto basado en lo productivo", aseguró la concejal Carmen Salcedo que denunció que "ya se vendieron 138 parcelas para oficinas o departamentos y ni siquiera se hicieron los estudios de impacto ambiental".

Según el precandidato a intendente de Tigre, Martín Gianella, el proyecto no cumple con la nueva Ley de Hábitat que obliga al muncipio a cobrar a las empresas un 10% de los terrenos utilizados en concepto de contribución por mejoras", además de denunciar que la ley exige realizar "estudios de impacto ambiental, hídricos y consultas públicas a los vecinos".

En ese marco, el bloque del FpV elaboró un despacho de minoría en el que denuncia que el expediente firmado el 24 de abril por el intendente Julio Zamora "concede a la firma JUANO S.A. la factibilidad del uso de los terrenos, no cumple con los pasos formales que regulan la presentación de los proyectos".

Denunció también que no se cumplió con la advertencia de la Comisión de Intrerpretación y Análisis del Código de Zonificación dependiente del municipio que requirió que para avanzar en la excepción era necesario realizar "estudios urbanísticos, su impacto en el medio físico natural, estudios hidráulicos y la forma de provisión de los servicios básicos como agua y cloacas".

"No queremos que el Concejo Deliberante se convierta en una escribanía para empresas privadas. Queremos un Concejo abierto a los vecinos de Tigre", dijo la concejal Roxana López.

Antes de iniciarse la sesión, los concejales del Frente Renovador se negaron a responder las preguntas de Télam, por encontrarse en "una reunión de bloque que no pueden interrumpir", según indicó la empleada de ceremonial del Concejo Deliberante.

 

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Télam
Página Web – 2015/05/26
Fuente: http://www.telam.com.ar


Efectivos de la Policía Federal suspendieron hoy el operativo de desalojo en un inmueble de la calle Chacabuco al 1000 en el barrio porteño de San Telmo, donde viven unas 40 familias hace seis años, tras la protesta de los vecinos que acusaron al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por "no dar una respuesta" y promover el procedimiento en el marco de "un proceso de especulación del mercado inmobiliario".

 

Federico Orchani, vocero del Frente Popular Darío Santillán, organización que defiende a los vecinos, se quejó porque el freno "se hizo de manera muy informal".

"Solo tenemos la palabra de un comisario que nos lo dijo, no sabemos si oficialmente se suspendió, pero al no hacerse nadie presente para llevarlo a cabo tuvieron la orden de levantar el vallado", indicó.

Durante la madrugada la Policía Federal montó un vallado en la calle Chacabuco, entre Carlos Calvo y Humberto 1°, a fin de "preservar el lugar para llevar adelante una orden de desalojo", aseguró uno de los efectivos presentes en el lugar.


En ese mismo momento vecinos y miembros de organizaciones sociales comenzaron una vigilia en rechazo del desalojo ordenado por la jueza del juzgado número 26, Maria Cristina Nazar, contra las 40 familias que habitan desde hace mas de seis años el inmueble.


Esta mañana, pasadas las 9.30, mientras se esperaba una fuerza de seguridad que concretase el desalojo, o la presencia del oficial de justicia que constatara la situación de las familias, la Policia Federal levantó el vallado que interrumpía el paso sin dar ninguna explicación.


"Todo se maneja así en la ciudad, no sabemos si formalmente se suspendió el desalojo, nadie nos dice nombres ni cargos, solo sabemos que la policía levantó el vallado y se va", agregó Orchani.


“Los vecinos de este inmueble no quieren que les regalen nada, son gente trabajadora con chicos que están en el colegio, quieren acceder a una vivienda digna. Acá el gobierno porteño tiene que hacerse cargo y dar una respuesta que no sea desalojar el lugar y dejar a estas 40 familias en la calle”, insistió.


“La empresa que reclama el inmueble es casualmente una empresa constructora, acá hay un proceso de especulación del mercado inmobiliario, es una muestra más de la situación generalizada que se vive en la ciudad”, denunció Orchani.


El abogado de la Secretaría Nacional de Acceso al Habitat, Ricardo Sassón, afirmó que "existe una causa penal, en la justicia penal y contravencional de la Ciudad" y hace "pocos días recibimos el pedido de los vecinos para intervenir".


"Nos enteramos de una situación de desalojo y presentamos una nota pidiendo la suspensión del mismo y una audiencia con las autoridades locales y nacionales a fin de colaborar y trabajar en la resolución de esta situación", agregó el letrado.


Y detalló: "El viernes hablamos con la jueza que planteaba que la decisión estaba tomada porque es un fallo que está firme por la Cámara y era difícil hacer lugar a este pedido de suspensión de desalojo, entonces le planteamos que así como se ordena un desalojo también hay que plantear la orden de resolver la situación habitacional en la que quedan las familias. No se puede desproteger un derecho para resolver otro".


"Evidentemente se ha resuelto favorablemente, ya que la policía se retiró del lugar. Nos vamos a hacer presente en el juzgado para ver cual es la situación existente y si tenemos la posibilidad de una audiencia con los propietarios y autoridades del Gobierno de la Ciudad que nos permita iniciar un diálogo tendiente a resolver la situación habitacional de las familias" que viven en el inmueble.


"Se detuvo el desalojo , la policía vino a asustar a las familias. El comisario dijo que no se presentó nadie y que por eso levantan el vallado, después otro te dice otra cosa, se tiran la pelota entre ellos, es una falta de respeto", señaló Javier Ayala, uno de los habitantes del lugar.


"Por ahora se suspendió, no sabemos si pueden volver ahora, o más tarde, o en otro momento, lo que queremos es que el Gobierno de la Ciudad venga a dialogar para darnos una solución a las 40 familias que vivimos acá", apuntó.


Y agregó: "No queremos que nos regalen nada, que nos den un crédito para poder tener una vivienda digna. Somos trabajadores, no hay delincuentes, somos familias que todos los días trabajamos para tener un sueldo, comida y mantener a nuestras familias".

 

 


Télam

Página Web – 2015/05/26

Fuente: http://www.telam.com.ar


La presidenta de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las personas con Discapacidad (CONADIS), Silvia Bersanelli, afirmó que “uno de los sectores en los que este gobierno ha puesto más el acento en la ampliación de derechos es para las personas con discapacidad, tomando la decisión de transversalizar la política pública en la materia".

 

"De ahí la importancia de continuar con una proyecto nacional y popular que tenga esta mirada en discapacidad”, agregó.

“Con éste gobierno nacional, por decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se ha avanzado en la transversalidad en la política pública de la discapacidad que se lleva adelante en todo el país, una política pública inclusiva con ampliación de derechos, de la ahí la importancia de seguir respaldando un gobierno nacional y popular”, declaró la funcionaria a Télam.

En una entrevista luego de la entrega de dos vehículos destinados a escuelas de estudiantes con discapacidades motoras de Santa Rosa, Bersanelli destacó que “estamos entregando transportes adaptados a personas con discapacidad, con un proyecto de 1,2 millones de pesos, con un total de 27 programas en la comisión de discapacidad destinados a gobiernos municipales y provinciales, otros para ONGs y otros para personas con discapacidad. Y por decisión de nuestro gobierno, el transporte para discapacidad no tiene límite presupuestario”.

Sobre la política en materia de discapacidad que lleva adelante el gobierno nacional, Bersanelli afirmó: “La primera de las evaluaciones es que hay un estado presente. Antes no lo teníamos, había leyes en materia de discapacidad pero muchas no se cumplían. Hoy la estrategia fundamental que implementó la Presidenta es que la discapacidad es un asunto transversal de los gobiernos, provinciales y municipales”.

Destacó que el ministerio de Planificación tiene un cupo de viviendas previsto para personas con discapacidad o que vive con un familiar: “viviendas que son adaptables para una persona con discapacidad”, mientras que “en programas de accesibilidad escolar y en la universidad se trabaja para la inclusión con programas específicos como la entrega de netbooks y otros programas que son más específicos”.

“Hay censos de estudiantes con discapacidad en la universidad, personas con dificultades, que representan un 12,9 por ciento de la población con alguna dificultad y éstos datos son fundamentales para la elaboración de políticas públicas que deben partir de ésta realidad”, señaló.

La funcionaria señaló que “la Argentina avanzó en normativas específicas para discapacitados, una de las primeras leyes con contenidos accesibles para personas con discapacidad es la Ley de Medios, la de la web que obliga a los estados a elaborar páginas accesibles; mas otros derechos como la Asignación Universal por Hijo; el monto asignado por discapacidad es cuatro veces mayor en toda la región, hay beneficios impositivos para las personas con discapacidad, más las pensiones que se les da, de ahí la importancia en la continuidad de un proyecto nacional y popular”.

“Nuestro país tiene el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur, que es de primer nivel de calidad en la atención en toda la región, que se construyó gracias a una política de Estado que lleva adelante una política publica nacional, a lo que se suma la detección temprana en niños que nacen con problemas auditivos, con la colocación de implantes cocleares a los 3 años, y la atención y prevención de la ceguera que se hacen en los controles al momento de nacer”, acotó.

Planteó que “se avanzó con la Ley de Autismo para lograr un plan integral hacia los chicos con trastorno autista, y hoy en cualquier lugar del país todo ciudadano puede exigir que se cumplan sus derechos”.

Además remarcó que “la convención de 2008 fue una decisión de Néstor (Kirchner) y Cristina (Fernández de Kirchner), y eso tiene hoy rango constitucional, con lo cual hoy nadie puede negarse a cumplirla y todos los ciudadanos con discapacidad tienen que saber que deben exigir esos derechos”.

Recordó que en 2006 el ministerio del Interior abrió una dirección de accesibilidad electoral, a través de la cual “se formó a los juzgados electorales y se logró que los espacios de votación sean accesibles y esto permite empoderar a las personas con discapacidad, por eso se cambio la normativa”.

Por otra parte, señaló que “estamos profundizando acciones en materia de accesibilidad para dejar instalada una guía de accesibilidad al transporte aéreo comercial; en cuanto a la accesibilidad a las universidades pretendemos dejar instalados un certificado de accesibilidad, más un trabajo de educación inclusiva en cualquier nivel educativo; el cumplimiento del 4 por ciento en la inclusión laboral; una red nacional de rehabilitación basada en la comunidad que tiene como ventaja que se sumen todos los servicios de rehabilitación del país para llegar a la Argentina profunda donde no hay, construir servicios de rehabilitación y capacitar a todo el personal”.

“Tenemos una ilusión que es actualizar y derogar la ley del proceso 22.431, que es la ley madre en discapacidad. Estamos trabajando para presentar una ley democrática y de éste gobierno, con una mirada nacional y popular en una ley de la discapacidad, estamos en éste proceso y el borrador lo vamos a estar analizando en el marco de la primera reunión que tenemos en junio”, concluyó Bersanelli.

 

 


Télam - Agencia Nacional de Noticias

Página Web - 2015/05/25

Fuente: http://www.telam.com.ar/


La AEV y Camarco, las entidades organizadoras del evento, entre el apoyo a la obra pública y los reclamos de la construcción privada.

 

La actual edición de Batimat Expovivienda 2015 será la última que se celebre en el actual ciclo político que vive la Argentina. Organizada por la Asociación de Empresarios de la Vivienda de la República Argentina (AEV), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y Exposiciones y Ferias de la Construcción Argentina (EFCA), este año cobijará también a Fematec, la Feria Internacional de Materiales y Tecnologías para la Construcción.

 

De modo que, además del atractivo que supone la exhibición de las últimas novedades en materiales y tecnologías para esta industria, constituirá sin dudas un foro privilegiado para debatir los temas del sector, algo así como un balance de lo ocurrido en estos años y una puesta a punto de las expectativas para los que vienen.

 

Así lo dieron a entender en diálogo con ARQ los titulares de las dos entidades empresarias organizadoras, que, a grandes rasgos y admitiendo la infinidad de matices, agrupan básicamente a dos clases de empresas bien diferenciadas: las que construyen obra privada (AEV) y las que tienen su fuerte como contratistas del Estado (Camarco). No es de extrañar, por lo tanto, que sus lecturas del momento actual reflejen la situación actual bien distinta de sus representados.

 

Para el presidente de la AEV y de la desarrolladora Argencons, Miguel Camps, se vive hoy un momento de “expectativas cruzadas” respecto del próximo cambio de gobierno. En su opinión, el futuro presidente de la Nación, sea del signo que sea, “debería atender cosas tan elementales como cuidar que haya una inflación baja y reglas claras de cumplimiento estricto para actividad privada, de modo que la actividad pueda fluir”. Cosa que, a su juicio, no sucede hoy, al menos en forma plena.

 

Camps advierte que la seguridad jurídica de los contratos, vital para generar confianza en los inversores y en los compradores finales, peligra, por ejemplo, cuando un juez se apiada de un caso particular e impide ejecutar una hipoteca. “Lo que se consigue con esto es que un banco jamás vaya a otorgar un crédito, y de este modo, por salvar a uno se está perjudicando a muchísimos más que van a tener dificultado el acceso al crédito. Porque entonces los bancos van a ajustar mucho más los requisitos para acceder a un crédito, y así se alimenta el círculo vicioso ”, explica, aclarando que lo antedicho se basa en la experiencia propia.

 

El problema que debería revertir el próximo gobierno, según Camps, es que se haya generado “un clima político que promueve este tipo de medidas judiciales”, dificultando la actividad de las desarrolladoras. Cita también el caso de un amparo que frenó la construcción de un emprendimiento en Colegiales: “Alguien consiguió convencer a un juez de que se trataba de un mega edificio en un barrio de casas bajas”, y entonces pararon la obra por las dudas”. Y advierte que la consecuencia de esto es que el Estado, a través de planes como el Procrear, “tienda a monopolizar la oferta de viviendas”.

 

Desde otra perspectiva, el presidente de Camarco, Juan Chediak, celebra que este año la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda tenga un presupuesto record que, a su juicio, se viene ejecutando muy bien, básicamente a través del Plan Federal de Vivienda. Elogia también al Procrear, del que pondera que haya tomado propuestas históricas de Cámara, como subvencionar la tasa.

 

Sin embargo, advierte también que el déficit “enorme, histórico y estructural” de viviendas se debería combatir a través de otras herramientas. Por un lado, las financieras, como incrementar el alcance del Procrear con el aporte de bancos privados, además de los fondos de la Ansés. Pero también las constructivas, como el empleo de tecnologías de construcción industrializada, que en la Argentina se utilizan muy poco. “Construir viviendas en forma seriada abarataría mucho los costos”, asegura.

 

En relación al cambio de gobierno, asegura que la obra pública “no puede ser una variables de ajuste”. Por eso, celebra que en estos años hayan aumentado tanto el empleo registrado en la construcción como los consumos de cemento, hierro y otros insumos de la actividad. “Y crecieron en forma continua, no sólo en relación a la crisis de 2001”, agrega ante la posible objeción de muchos de sus pares.

 

 


Ariel Hendler / Clarín

Página Web - 2015/05/22

Fuente: http://arq.clarin.com/


La intención es crear una Oficina de Atención a Inquilinos que funcione en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, una iniciativa que busca dar impulso al debate en la Legislatura porteña para lograr un espacio de asesoramiento y asistencia a las personas que alquilan.

 

Según informó el legislador del Frente Progresista Fernando Muñoz, impulsor de la iniciativa, su propuesta contó con el aval de 2.500 firmas, las que serán entregadas tanto al Defensor del Pueblo de la Ciudad, Alejandro Amor, como a los diputados que forman parte de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña, donde el expediente está en análisis.

 

Puntualmente, el proyecto de ley para crear una Oficina de Atención a Inquilinos en el ámbito de la Defensoría del Pueblo establece como funciones del organismo “el prestar asesoramiento jurídico gratuito a los inquilinos y ofrecer una instancia de conciliación voluntaria para problemas suscitados entre inquilinos, propietarios e inmobiliarias”.

 

También contempla “recibir reclamos de inquilinos, residentes de hoteles familiares y pensiones y promover la participación de la Ciudad en la proyección de los derechos de los inquilinos, entre otras”.

 

“La junta de firmas fue realizada con el objetivo de mostrarles a los legisladores porteños y al Defensor del Pueblo la importancia de llevar a cabo políticas que tiendan a generar una relación más justa entre los inquilinos y el mercado inmobiliario”, destacó el legislador.

 

 

 


Télam

Página Web – 2015/05/20

Fuente: http://www.telam.com.ar