El sector atraviesa un momento complicado en la provincia.

En los últimos días, referentes salteños de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), señalaron que se han perdido muchos puestos de trabajo.

A nivel urbano, la construcción es el sector que tiene el mayor volumen de trabajadores temporarios. Según el Ielde, en el segundo trimestre de 2015 fueron 10.303 los asalariados eventuales de la construcción.

El secretario general de la Uocra Salta, Rubén Aguilar, aseveró que en la actualidad solo está trabajando el 30% de los obreros que estaban ocupados hace un año. Los asalariados actuales rondan los 3.000.

A su turno, el delegado de la Uocra en Tartagal, Américo Villa, denunció la falta de trabajo que generan las obras paradas del Fondo de Reparación Histórica.

Hay 62 empresas sociales en la provincia

La Secretaría de Economía Social y Empleo del Ministerio de Trabajo de la Provincia motoriza desde 2012 la puesta en marcha de empresas sociales, sobre todo en aquellas zonas donde las posibilidades laborales son limitadas porque el mundo del trabajo es más estrecho. Por ello, estos emprendimientos son solventados mayormente en el interior de la provincia, donde hay menos desarrollo de las actividades productivas y del sector de los servicios.

El secretario de área desde 2011, Javier Massafra, dialogó con El Tribuno y detalló que "no todas las empresas se encuentran en la misma instancia, algunas ya están muy avanzadas, mientras que otras aún tienen dificultades para consolidar un grupo humano estable. Se trata de procesos a largo plazo que incluyen en el mercado laboral a personas de zonas con pocas posibilidades".

En promedio, cada una de las empresas cuenta con 20 integrantes, con lo cual son alrededor de 1.200 personas las que se insertaron en el campo laboral a partir de este plan de fomento. Massafra aclaró que algunas de las empresas están más consolidadas y en pleno funcionamiento, mientras que otras aún no dan suficientes márgenes de rentabilidad como para ser una fuente genuina de ingresos. Por ello hizo fuerte hincapié en concebir a estas experiencias cooperativas como procesos a largo plazo, a los que no hay que retirar el apoyo por parte del Estado.

"Son empresas formadas con salteños que están muy lejos de las posibilidades de acceder al trabajo, por eso se hace difícil avanzar y lograr un pleno funcionamiento. Lleva un tiempo más prolongado que el desarrollo de una empresa común", indicó el funcionario.

La política consiste en brindar subsidios a emprendimientos productivos cooperativistas, sin que luego tengan que devolver los activos brindados por el Estado, que pueden darse en flujos de dinero o en maquinaria. Massafra aseguró que desde 2012 "se gastaron aproximadamente 6 millones de pesos por año", es decir, 24 millones hasta el momento. En Salta capital hay solo 3 de las 62 empresas que funcionan en la provincia.

Desde la dependencia gubernamental anticiparon que para los próximos meses se inaugurarán "cinco o seis" empresas sociales nuevas.

Miedo a perder la asignación universal

Ante la posibilidad de dejar de ser beneficiarios de la AUH, muchos trabajadores temporarios prefieren no registrarse como trabajadores temporarios subsidiados. Si bien la AUH no depende necesariamente de la condición temporaria de los trabajadores, el imaginario se extendió entre muchos de los jornaleros del agro, que evitan registrarse entre los beneficiarios del programa Intercosecha.

Es una de las razones por las que esta iniciativa gubernamental no ha crecido al ritmo que estimaba su promotor, Rubén Fortuny, cuando la lanzó en 2013. El Intercosecha brinda cuatro pagos anuales de 1.500 pesos, mientras que la AUH es un ingreso $975 mensuales, pero durante todo el año. En el balance anual, la AUH da el doble de dinero.

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FRANCO HESSLING / El Tributo
Página Web - 2016/02/09
Fuente: http://www.eltribuno.info

 

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Alfonso Prat Gay y Juan Schiaretti acordaron dar cumplimiento a un convenio firmado en abril del año pasado por 540 millones de pesos para la realización de obras de infraestructura necesarias para afrontar el impacto económico y social de fenómenos meteorológicos en la provincia de Córdoba.

El primer desembolso del convenio marco fue de 100 millones de pesos en abril del año pasado, cuando el gobierno nacional y el de la provincia suscribieron el convenio de financiamiento.

Con la adenda firmada ayer, el Ministerio de Hacienda se comprometió a abonar durante el día de hoy el saldo remanente, por un total de 440.665.000 pesos

"El préstamo está destinado a obras de infraestructura necesarias para afrontar el impacto económico y social de fenómenos meteorológicos, como el temporal de febrero de 2015 que provocó 7 muertes y es considerado uno de los más importantes en la historia de la provincia", se informó desde la oficina de prensa del Palacio de Hacienda.

El convenio marco firmado el año pasado preveía que los desembolsos se harían efectivos previa verificación de los certificados de obras correspondientes. Ahora, el gobierno nacional agiliza el procedimiento para que puedan continuar rápidamente las obras necesarias, que habían sido frenadas por el gobierno anterior.

"Esto permitirá avanzar en obras de infraestructura en la zona de Sierras Chicas, seriamente afectada durante el temporal del año pasado que destruyó infraestructura vial e hídrica así como hábitat y vivienda", concluye el comunicado de prensa.

Participaron de la firma, además del titular del Palacio de Hacienda y el Gobernador del Córdoba, el secretario de Hacienda, Gustavo Marconato, y el ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano.

 

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Télam
Página Web - 2016/02/03
Fuente:  http://www.telam.com.ar

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El Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado comunicó que en la capital provincial quedan todavía 611 personas evacuadas, y que el total provincial de evacuados y autoevacuados es de 1.642 personas.

En la ciudad de Santa Fe y alrededores permanecían evacuadas hoy 611 personas por las crecientes de los ríos Paraná y Salado, que en las últimas horas continuaban con un lento descenso, informaron las autoridades provinciales y la Prefectura Naval Argentina (PNA)-delegación Santa Fe.

En todos los casos los afectados continúan recibiendo atención sanitaria en los respectivos refugios.

El río Paraná esta mañana permanecía estacionario en 6,27 metros en la ciudad de Santa Fe, mientras que el nivel del río Salado descendió 2 centímetros y quedó en 6,23 metros.

Si bien permanecen zonas anegadas en la zona costera, muchas familias ya empezaron a limpiar y a acondicionar sus viviendas, y evalúan la posibilidad de retornar a las mismas.

En la Laguna Setúbal, frente a la costanera santafesina, ya no se advierten profusos mantos de camalotes, aunque las autoridades municipales continúan haciendo controles.

Los balnearios siguen cerrados y prohibida la navegación.

En tanto el gobernador Miguel Lifschitz, junto al ministro de la Producción, Luis Contigiani, entregará hoy un fondo de tres millones de pesos destinado a pequeños productores afectados por la crecida del río Paraná.

En general se trata de pequeños productores agropecuarios, en su mayoría ganaderos propietarios de no más de 50 cabezas, y pescadores artesanales.

El desembolso será otorgado a cuatro asociaciones que canalizarán los recursos a través de préstamos para la adquisición de bienes y servicios indispensables para el sostenimiento de las actividades productivas.

Se trata de la Asociación Civil Agencia para el Desarrollo de Santa Fe y su Región, Asociación para el Desarrollo Regional de la Costa, Asociación para el Desarrollo Regional Reconquista y Asociación Civil Mesa Azucarera y de Desarrollo Regional Santafesina.

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Télam
Página Web - 2016/02/03
Fuente: http://www.telam.com.ar

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La idea de adoptar en Argentina el sistema de Unidad de Fomento usado en Chile para alentar el ahorro en esa unidad de cuenta e impulsar el crédito hipotecario a largo plazo es vista con buenos ojos por el mercado inmobiliario local, aunque advierten que debería ser parte de un sistema más amplio.

"Me parece bien que el Gobierno trabaje en un índice, pero mucho mejor si lo hace como parte de un sistema más amplio que permita que el ahorro y el crédito mantengan un equilibrio equitativo de largo plazo", dijo a Télam Miguel Pato, consultor inmobiliario.

La Unidad de Fomento es un sistema adoptado en el país trasandino hace 50 años que permite a los ciudaConsultor inmobiliario analiza el sistema chileno para alentar el ahorro ahorrar en una moneda que se actualiza a través del índice de precios, sin perder su valor. Esos ahorros permiten luego que los bancos puedan dar créditos hipotecarios en esa moneda a largo plazo, y el Banco Central de la República Argentina está analizando la implementación del sistema.

"Me parece bien que se trabaje en un índice inspirado en la UF de Chile, pero me preocupa que esto sea interpretado por buena parte del sector inmobiliario como un modelo, en este caso 'modelo chileno' que dará solución a todos nuestros problemas", dice
Pato.

El especialista aclara que "la UF es sólo uno de los mecanismos que permiten y/o facilitan el funcionamiento de un sistema mucho más complejo, compuesto por instituciones, normas, instrumentos y procedimientos que se fueron creando y adaptando a una visión de país y a los requerimientos de la sociedad y de economía durante años".

Pato habló de la gradualidad de la adopción del sistema en Chile al decir que "la UF fue creada hace casi 50 años con el propósito de mantener el valor de los ahorros y así alargar el tiempo promedio de las colocaciones financieras, que permitió el desarrollo de un mercado de renta fija. Una vez que funcionó para los depósitos, se extendió a los créditos y hoy a todo tipo de contratos".

"Este índice que no es exclusivo del sector inmobiliario, pero permite que funcione la cadena que va desde la administración de los fondos jubilatorios a la hipoteca de la vivienda familiar, o al financiamiento de largo plazo para extender los negocios chilenos por América Latina con sus centros comerciales, hoteles y oficinas de renta", afirmó.

"No fue magia, fueron muchos años de trabajo en una misma dirección y sobre este “modelo chileno” se crearon o adaptaron las empresas inmobiliarias que juegan regionalmente", expresó.

Consideró que "para nuestro mercado, contar con un índice que elimine la necesidad de hacer futurología  respecto de la inflación es bueno, pero si lo único que vamos a hacer es eso para dar respuesta a los reclamos del sector inmobiliario, no se justifica y bastaría con derogar el artículo 7 de la Ley de Convertibilidad, lo que nos permitiría funcionar como antes de 1991, usando el último IPC para ajustar contratos".

"Además, si el sistema no se generaliza a todos los contratos de la economía, en la próxima crisis se viene el cambio de índice por uno basado salarios y chau sistema", opinó el experto. 

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Télam
Página Web - 2016/01/26
Fuente: http://www.telam.com.ar

 

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