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Según un trabajo del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), desde diciembre de este año se registran 213.166 despidos y suspensiones en el sector público y privado. En Santa Cruz, la merma de trabajadores asciende en el año al 34 por ciento. En el sector petrolero ya se registran al menos 1000 despidos en la Cuenca del Golfo San Jorge y numeras suspensiones.


El acumulado de despidos y suspensiones asciende a 213.166 personas, contabilizados entre diciembre de 2015 y el 30 de septiembre de este año. De este total, 180.960 corresponden directamente a personas que se quedaron sin trabajo, mientras que 32.206 fueron suspendidas. “Esta cifra indica un incremento del 2,44 por ciento en septiembre respecto del relevamiento presentado al 31 de agosto que había arrojado un total de 208.080 despidos y suspensiones acumulados desde diciembre. Estos números dan cuenta, de manera ostensible, de un proceso de ajuste de planteles sin precedentes desde la salida de la crisis de 2001”, sostuvo el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en su documento de trabajo N°4, publicado durante la primera semana de octubre bajo el título “El Punto de Partida”.

El primer ajuste del Gobierno nacional sucedió en el sector público, con despidos masivos en las distintas dependencias públicas del país. En total, las suspensiones y despidos en el sector público ascienden a 70.746. El proceso de ajuste -entendido como disciplinamiento social- tuvo un impacto entre diciembre y marzo de este año. En esos meses, el Estado nacional se desprendió de 61.000 trabajadores, según CEPA. A partir de marzo, la tendencia se revirtió y los despidos comenzaron a registrarse en mayor proporción en el sector privado.

“La participación del sector privado en términos de despidos y suspensiones sobre el total tuvo un incremento de 0,74 puntos porcentuales en septiembre. Ello mantiene las conclusiones que se esbozaron en los previos informes de CEPA, donde el sector privado protagoniza el incremento en materia de despidos. En marzo, los despidos públicos representaban el 43,16 por ciento del total mientras que para septiembre, equivalen al 33,19 por ciento”, sostuvo el informe del CEPA.

La actividad económica de agosto cayó un 2,6 por ciento, la actividad industrial de septiembre cayó un 8 por ciento mientras que las pymes industriales también registraron un fuerte descenso, del orden del 5,4 por ciento. Para el segundo trimestre del año, el propio Indec, conducido por Jorge Todesca, arrojó un incremento de la desocupación, al alcanzar el 9,3 por ciento, muy superior al 6,3 por ciento registrado en el mismo período de 2015.

Hay que remarcar que estos guarismos son del segundo trimestre del año. Si se tiene en cuenta que la actividad económica siguió cayendo entre julio y octubre, es de suponer que la desocupación se siga ampliando en la Argentina, como así también la brecha de la desigualdad, nuevo dato informado por el Indec la semana pasada, que dio cuenta de un incremento de la desigualdad social (en el segundo trimestre de 2016, la brecha de ingresos entre los más ricos y los más pobres se amplió a 19 veces, cuando el año pasado era de 16 veces).

A los despidos producidos en una primera instancia  del sector público (diciembre 2015 - enero 2016) y la construcción (esta última como resultado del paralización de la obra pública), le siguieron una ola de despidos y suspensiones en el sector privado, particularmente en la industria (acompañando la retracción de la producción), que seguidamente impactó de manera negativa en el sector de servicios. Durante agosto ese proceso se conjugó con una nueva ola de despidos del sector público.

Finalmente, en septiembre la concentración de los despidos (aunque en menor cuantía) y la continuidad de las suspensiones en la industria, reflejó la continuidad de las dificultades existentes en la producción industrial.

Según el CEPA, la construcción continúa liderando los despidos con 59.618 personas sin trabajo,  “en función de la paralización de la obra pública”, sostiene el informe. Luego le sigue la rama metalúrgica con 14.968 despedidos y suspensiones.

Otras actividades relevantes tienen que ver con la producción y venta de materiales para la construcción, donde los despidos y suspensiones ascienden a 1091.

A estos casos le siguen las cesantías en el sector petrolero, con fuerte incidencia en la Patagonia y en la Cuenca del Golfo San Jorge. Los despidos alcanzaron los 5354 casos en todo el país, mientras que el sector energético continúa con 4012 despedidos.

“Incluso con indicadores positivos de crecimiento económico en 2017, la situación de depresión laboral poco alteraría un esquema reformulado donde la industria juega un rol secundario, y el salario de los trabajadores vuelve a ser concebido como un costo a ser reducido. Un eventual incremento del empleo en ramas de servicios (como se constató para agosto según SIPA), no revertiría esta senda de destrucción del aparato productivo”, analizó el informe del CEPA.

Construcción y petróleo en Santa Cruz

Si se toma el acumulado de despidos informados por CEPA, las cesantías en el sector de la construcción representan el 66 por ciento del total.

En la provincia de Santa Cruz, los despidos en la construcción tuvieron una fuerte incidencia, a partir del freno de la obra pública. En muchos casos, la provincia está subsidiando los salarios de los trabajadores del sector, para evitar un mayor deterioro social. Por otro lado, la administración pública de la provincia fue una de las pocas jurisdicciones a nivel nacional sin echar trabajadores públicos.

La merma de trabajadores de la construcción ha sido constante desde diciembre del año pasado, como así también una caída en la cantidad de empresas y contratistas.

En octubre del año pasado, la cantidad de trabajadores ascendía a 8229 personas. Para noviembre, la baja había sido exigua, con el registro de 8087 personas. Pero para diciembre, el freno en la actividad ya comenzaba a sentirse con mayor profundidad. Ese mes, el total de trabajadores de la construcción registrados había descendido a 6867 personas, un 16 por ciento menos que en octubre.

En enero, los trabajadores registrados eran 6442, en febrero 5436 y en marzo, 5130. Para abril, según el Instituto de Estadísticas y Registro de la Construcción (Ieric), los trabajadores registrados habían descendido a 4960. Para agosto, último dato disponible, los trabajadores de la construcción en la provincia habían descendido a 4535 personas.

La merma, desde octubre del año pasado hasta agosto, alcanza al 45 por ciento, mientras que en el acumulado del año (enero – agosto), la pérdida de puestos de trabajo de la construcción totaliza un 34 por ciento.

En Santa Cruz, la caída de empresas vinculadas al sector –entre constructoras, contratistas, subcontratistas- fue del 17,2 por ciento en agosto, mientras que en septiembre la merma fue del 20,5 por ciento. Esto hace suponer que la cantidad de trabajadores registrados volverá a descender en septiembre. “La magnitud de la caída del consumo de cemento a granel prácticamente duplica a la de agosto de 2012, que hasta aquí había sido la más significativa desde el año 2002”, sostuvo el Ieric. La caída interanual del 19,0 por ciento en la venta de cemento a granel durante septiembre indica que la obra pública sigue sin reactivarse, a pesar de los “brotes verdes” de crecimiento que había sido anunciado por el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay.

La situación del sector petrolero es más compleja. El Gobierno nacional ya anunció que pretende modificar los convenios colectivos de trabajo para “mejorar las perspectivas de inversión”. La prueba piloto será en Vaca Muerta. El Gobierno quiere hacer lo mismo con YCRT. A esta situación se le suma la quita de incentivos a la producción petrolera, con la reducción del precio sostén en los últimos meses, sumado a la posibilidad de una quita total de este subsidio para enero de 2017.

En este contexto, las empresas amenazan todos los días con suspensiones y despidos. Según datos relevados por este diario, en la Cuenca del Golfo San Jorge (Santa Cruz y Chubut) se registran, al menos, 1000 despidos directos del sector petrolero, sin contemplar los despidos vinculados a la construcción y trabajadores del gremio camioneros, afectados al sector petrolero. Solamente en septiembre, el informe de CEPA detectó 102 nuevos despidos en la empresa San Antonio y 400 nuevas suspensiones. En Total Austral (Tierra del Fuego), también se produjeron nuevos despidos.




Tiempo Sur
Página Web - 2016/10/31
Fuente: http://www.tiemposur.com.ar

 


Uno de cada 10 habitantes de los centros urbanos residen en condiciones precarias y con falta de acceso a los servicios; así lo indica el segundo estudio realizado por Techo Argentina

Sin agua corriente, sin luz, sin acceso a la red de gas natural y rodeados de basura. Así viven en la Argentina 1 de cada 10 personas que reside en los grandes conglomerados urbanos. Al menos 2.993.151 habitantes viven en asentamientos informales, en el territorio donde reside el 67% de la población del país.

El segundo relevamiento de Techo Argentina muestra que se han instalado nuevos barrios informales y que hubo un crecimiento sostenido de la población desde hace tres años.

El informe 2016 amplía el territorio relevado en 2013, incorporando San Miguel de Tucumán, Gran Resistencia y Gran Corrientes. No obstante, en el mismo territorio hace tres años, donde se encontraron 2138 asentamientos y vivían, aproximadamente, 533.110 familias, en el estudio actual se han relevado 2062, con 594.970 familias. La organización verificó que se conformaron 84 nuevos barrios informales mientras que 158 dejaron de tener ese estatus, y el aumento poblacional obedece a los nuevos terrenos y al crecimiento interno en los núcleos habitacionales que ya existían.

Más de la mitad de las personas que habitan asentamientos informales o villas viven en la provincia de Buenos Aires. Allí se contabilizaron 397.705 familias; le sigue la Capital, con 82.585; Rosario, con 49.475, y Misiones, con 21.700.


Diagnóstico

"El informe busca elaborar un diagnóstico de la realidad de los asentamientos informales en los territorios relevados y aportar información precisa para la generación de políticas públicas que permitan abordar la problemática", dice Marina Morgan, directora del Centro de Investigación Social de la organización.

El trabajo, que será presentado hoy oficialmente en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso, comprende la georreferenciación y caracterización de las villas y asentamientos relevados en la Capital, las provincias de Buenos Aires, Córdoba, el Gran Corrientes, el Gran Resistencia, parte de Misiones (departamento Capital, Oberá, Eldorado y San Vicente); el Alto Valle de Neuquén, Plaza Huincul, Cutral Có y Arroyito; el Alto Valle de Río Negro; parte de Salta (Orán, Rosario de la Frontera, Gran Salta y Tartagal); el Área Metropolitana de Rosario y San Miguel de Tucumán.

Respecto de 2013, en Techo sostienen que hubo pocos avances, pero destacan el potencial que hallaron en los lugares relevados respecto de la organización intrabarrial: "Aproximadamente 40.800 familias que viven en 136 núcleos habitacionales mejoraron su acceso a los servicios básicos u obtuvieron el título de propiedad. Sin embargo, estas mejoras son escasas e insuficientes. Hay que avanzar en validar y reconocer los procesos de producción social del hábitat; el 72% de los referentes comunitarios declara haberse organizado para mejorar su barrio como ejercicio democrático", sostiene el informe.

Un dato relevante del estudio da cuenta de la falta de acción local en temas de política habitacional: más de la mitad de los asentamientos (el 53,6%) tienen entre 8 y 100 familias; mientras que los barrios conformados por hasta 500 familias representan el 35,2%; apenas el 11,2% de lo contabilizado son espacios en donde residen más de 1500 familias.

"Lo importante a destacar es que se necesitan políticas estructurales porque si no seguiremos viendo relevamientos de este tipo. Estamos ante un problema estructural. De los asentamientos relevados, el promedio de antigüedad es de 28 años. El 21,7% existe desde hace más de 43 años, mientras que el 28,5%, entre 43 y 24 años. Es decir, más de la mitad llevan un cuarto de siglo viviendo en situación de informalidad", apuntó Florencia Yaccarino, coordinadora nacional del relevamiento de Techo.

En relación con el acceso a los servicios básicos, el estudio agrega que en el 73% de los asentamientos informales, la mayoría de las familias no cuenta con acceso formal a la red de energía eléctrica, el 98% no tiene acceso regular a la red cloacal y en el 95%, la mayoría de las familias no tiene acceso al agua corriente. Asimismo, en el 16% de los casos la mayoría de las familias bebe agua de pozo y simultáneamente elimina sus excretas a través de un pozo ciego sin cámara séptica, lo cual genera un riesgo sanitario alto.

A esto se le suma que el 60% de los asentamientos se inunda cada vez que llueve y en el 40% no ingresa el camión de recolección de residuos. Mientras que el 70% tiene dentro de su barrio o a menos de 10 metros un factor de riesgo: 23,3% ribera de arroyo; 16,2% camino de alto tráfico; 15,8% basural, y 9,5% torres de alta tensión.

El trabajo de campo demandó dos años. Según explicaron en la organización se realizó una convocatoria a expertos del Instituto Gino Germani, y de las universidades Di Tella, Católica y de Nacional General Sarmiento, y del Servicio Habitacional y de Acción Social. Luego, con el cuestionario 800 encuestadores recorrieron las zonas y se entrevistaron con 3000 referentes comunitarios.

La información estará disponible desde hoy en formato de datos abiertos en www.techo.org.ar/relevamiento. Permite observar los polígonos que ocupa cada asentamiento y la distancia a escuelas, comisarías y el acceso a los servicios.


5 preguntas: cómo entender el relevamiento

Durante dos años, unos 800 encuestadores de la organización Techo Argentina recorrieron 11 territorios y relevaron villas y asentamientos

1. ¿Qué es Techo y por qué realiza el estudio?

Es una organización presente en América latina y el Caribe que busca superar la situación de pobreza que viven miles de personas en los asentamientos precarios, a través de la acción conjunta de sus pobladores y jóvenes voluntarios.

2. ¿Qué se considera asentamiento?


Son los barrios que se constituyeron mediante distintas estrategias de ocupación del suelo, que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento, un déficit en el acceso formal a los servicios básicos y situación dominial irregular en la tenencia del suelo.

3. ¿Qué criterio se usó para el nuevo trabajo?


Se relevaron todos los barrios con un mínimo de ocho familias (agrupadas o contiguas), en donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad ni acceso regular a, por lo menos, dos de los servicios básicos.

4. ¿Cuándo se presentan los resultados?


Hoy, a las 14, en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación se presentarán los datos generales del relevamiento. En el transcurso del mes se conocerá la información distrito por distrito.

5. ¿Cuál es la propuesta de Techo?


La idea de la organización es hacer un aporte a las políticas públicas habitacionales con el aporte de datos abiertos y públicos.Durante dos años, unos 800 encuestadores de la organización Techo Argentina recorrieron 11 territorios y relevaron villas y asentamientos





Laura Rocha / La Nación
Página Web - 2016/11/01
Fuente: http://www.lanacion.com.ar


Una de las principales modificaciones fue en el ingreso del grupo familiar al momento de la solicitud del crédito, al actualizar el tope de $30.000 a $40.000.

El director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Emilio Basavilbaso, anunció este martes en el Salón Gris del Congreso de la Nación modificaciones en el Programa de Crédito Argentino (Procrear) complementario, que tiene como objetivo ampliar las condiciones de acceso a la vivienda.

El acta fue firmada en la Cámara alta por Basavilbaso, la vicepresidenta Gabriela Michetti, los senadores Dalmacio Mera (FPV), Julio Cobos y Silvia Elías (UCR), Carlos Caserio (Frente Renovador), María Fiore (PARES) y Laura Rodríguez Machado (PRO).

También estuvieron presentes los diputados kirchneristas María Elena Soria y Juan Carlos Díaz Roig.

Con el objeto de "hacerlo más inclusivo y expeditivo", señaló el organismo, una de las principales modificaciones se realizó en el ingreso del grupo familiar al momento de la solicitud del crédito, al actualizar el tope de $30.000 a $40.000.

A su vez, se redujo de 2% a 1% la tasa de interés, se incorporó la opción de que la familia tome crédito UVI o UVA y se amplió la extensión de las viviendas, que podrán alcanzar hasta 130 metros cuadrados.

La modificación también se realizó en la fecha del último desembolso que, previamente tenía como fecha el 1° de diciembre de 2015, ahora marcaron que debe haberse percibido con posterioridad al 1° de julio del mismo año.

El programa incorpora un tope al aumento de cuota determinado por la variación del coeficiente salarial y admite la opción de un codeudor para familias con limitada capacidad crediticia.

"Procrear complementario se creó en respuesta a los pedidos de titulares de los créditos hipotecarios, estos préstamos, otorgados bajo la modalidad de crédito personal, se deberán gestionar en la misma sucursal del Banco Hipotecario donde se tramitaron los préstamos originales”, informó Basavilbaso.

Del encuentro participaron también el subsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Nación, Iván Kerr; el jefe de gabinete del viceministro de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación, Vladimir Werning; y legisladores nacionales.

Por la Anses, estuvieron también presentes el secretario General del organismo, Alejo Maxit; el director general de Relaciones Institucionales y con la Comunidad, Patricio Piffano; la directora general de Programas Especiales, María Eugenia López Isnardi y el Secretario Legal y Técnico, Gonzalo Estivariz.

A la fecha se efectuaron 950 consultas sobre Procrear complementario, de las cuales 600 están en proceso de otorgamiento de soluciones crediticias y aproximadamente 150 créditos fueron desembolsados.

A partir de ahora, "el monto máximo que se entregará será de $200.000, a devolver en un plazo de hasta 15 años", señaló la Anses.

Finalmente, se establece que el crédito complementario será otorgado bajo la modalidad de crédito personal y deberá gestionarse en la misma sucursal del Banco Hipotecario en la que se gestionó el crédito original.




Télam
Página Web - 2016/10/25
Fuente: http://www.telam.com.ar


Son $ 500 millones que desembolsará Interior; se busca transparentar el manejo de los fondos

En un intento de alejar fantasmas del pasado en torno a la construcción de viviendas estatales, el Gobierno emprenderá un proyecto habitacional junto con la ONU.

Así, el Ministerio del Interior desembolsará $ 500 millones que serán ejecutados por la Unops (Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos) para construir 270 nuevas viviendas, refaccionar otras 1200 y lograr 550 nuevas conexiones de gas. El programa, que comenzará antes de fin de año, se denomina "Mejoramiento de condiciones de habitabilidad" y ya funciona en otros países de América latina. La particularidad en el caso argentino es que, en vez de empresas, las casas las construirán organizaciones sociales y cooperativas pertenecientes a los barrios seleccionados para las obras. Por el momento, las zonas elegidas, por ser consideradas de mayor déficit habitacional, son el conurbano bonaerense y las provincias de Salta, Chaco y Tucumán. Si bien la ONU no recibirá una ganancia por los servicios, sí se descontará un porcentaje del presupuesto para cubrir sus gastos administrativos.

"Queremos que la obra pública deje de ser sinónimo de corrupción y sea de alegría y felicidad, que su único fin sea cambiarle la vida a la gente. Desde el Ministerio del Interior estamos tomando todas las medidas para que la obra pública se haga de forma transparente y más eficiente", dijo a LA NACION Iván Kerr, subsecretario de Viviendas y Desarrollo Urbano.

"El hecho de contar con la ONU le otorga al proyecto un plus de transparencia", coincidió el funcionario Tomás Villamayor, responsable del programa. "De todos modos, el monitoreo del proyecto está constituido por un consejo directivo que tiene una pata de la Unops y una nuestra, así podemos ir revisando todo lo que se esté haciendo", agregó.

La idea de Cambiemos es que el programa crezca -estas primeras viviendas son una suerte de ensayo- a la luz de veedores internacionales que quiten el estigma de este tipo de proyectos. Además, la presencia de organizaciones sociales y cooperativas con experiencia en el área da lugar al fortalecimiento de las relaciones entre estas entidades y el Gobierno.

El criterio de elegibilidad para quienes reciban estas primeras viviendas lo definirá cada municipio de los que se encuentran con mayores urgencias habitacionales. Algunos de los municipios bonaerenses confirmados son Moreno, La Matanza, Derqui, Merlo, Morón y San Fernando. Allí, las organizaciones sociales que prueben cierta "trayectoria" y "responsabilidad" en el área ejecutarán las obras utilizando a vecinos del lugar como mano de obra. Cada organización que participe debe elevar un proyecto a la Unops, que luego debe aprobarse, y se debe destinar el presupuesto para concretarlo. Dentro de las organizaciones y cooperativas que participarán se encuentran Madre Tierra, Sagrada Familia, la CCC, la CTEP y MIJD, la organización del piquetero Raúl Castells.

Con cautela, las organizaciones celebran su participación en el proyecto, aunque se muestran aún escépticas con la figura de la ONU.

"No tenemos mucha información respecto del programa. Pero veremos cómo funciona. Si es por un tema de transparencia, lamentablemente en la ONU hay bastante corrupción", dijo Juan Grabois, líder de la CTEP.

En tanto, Gabriel Nosetto, presidente de la Asociación Civil Madre Tierra, una de las organizaciones que participarán en el proyecto, aseguró: "Nosotros ya participábamos de este tipo de programas con el gobierno anterior y funcionaban muy bien, rendimos las obras como corresponde y además tenemos continuas auditorías externas. Ahora interviene la ONU, un nuevo actor con el que tendremos que trabajar y que esperamos que funcione, aunque no sé si era realmente necesario".

Nosetto destacó el hecho de que se recurra a organizaciones para la construcción de las viviendas. "Es importante que los vecinos sepan quiénes somos los que entramos a sus casas. Sería bueno que se mantenga en el tiempo este programa, así las organizaciones que lo ejecuten podrán fortalecerse y tener más alcance."



Agustina López / La Nación
Página Web - 2016/10/25
Fuente: http://www.lanacion.com.ar


Desde el viernes 21 de octubre y hasta el 30 de noviembre es el plazo abierto para inscribirse en el programa impulsado por la Anses; cómo acceder

La Anses abrió una nueva etapa del plan Procrear. Desde el viernes 21 de octubre y hasta el 30 de noviembre, los ciudadanos interesados en acceder al programa de créditos hipotecarios impulsado por el Estado Nacional podrán realizar su preinscripción y postularse para recibir el subsidio.

Para anotarse, el beneficiario debe realizar la gestión en la opción Solución Casa Propia del sitio oficial del programa (www.procrear.anses.gob.ar). No obstante, es requisito para iniciar el trámite que los datos personales del postulante estén correctamente registrados en la base de datos de la Anses. A su vez, es necesario acreditar las relaciones familiares, en un proceso que se realiza personalmente en cualquier dependencia del organismo.

Según comentó Emilio Basavilbaso, titular de la Anses, esta nueva apertura de inscripciones estaba planificada para 2017, pero se adelantó por la demanda de créditos en la etapa anterior. El listado de beneficiarios adjudicados en esta segunda etapa se realizará realizará antes de fin de año, anunciaron en el organismo.

El plan Procrear es un programa que otorga créditos hipotecarios para comprar viviendas nuevas o usadas de hasta $ 1.500.000 y plazos de hasta 20 años de devolución. A su vez, se complementa con beneficios directos de hasta $ 300.000 financiados por el Estado nacional.

En la primera etapa, cuyo plazo para las inscripciones se extendió entre el 11 de julio y el 31 de agosto, la mayoría de los solicitantes fueron ciudadanos con ingresos medios. Según informaron desde la Anses, el 75% de los postulantes percibía entre dos y tres salarios mínimos vitales y móviles. A su vez, el organismo detalló que la mitad de los inscriptos (48%) tenía entre 26 y 35 años.

En esa ocasión, fueron seleccionados 25.002 grupos familiares, que tienen tiempo hasta el 29 de noviembre para iniciar el trámite en alguna de las 15 entidades bancarias que participan de la iniciativa. De acuerdo con la información de la Anses, cada beneficiario debe acercarse al banco con la versión impresa del correo electrónico del organismo donde consten los datos y el código de validación. El subsidio se otorga al momento de escriturar.

La tasa de interés


La tasa de interés, según informó la Anses a través de su sitio oficial, es del 5%, y la relación cuotra/ingreso del 25%.





La Nación
Página Web - 2016/10/24
Fuente: http://www.lanacion.com.ar