Los techos rojos de losa acero son la huella no proscrita de que el Plan Barrio Nuevo, Barrio Tricolor estuvo en La Torre, uno de los 22 sectores de Gramovén (Catia). "Sí, dieron cabillas, cemento y techos para que la gente arreglara las casas. En las calles no se hizo nada y al final la viveza acabó con eso", dice José, sobre qué resultados dio el programa cuando se aplicó, por primera vez, en agosto de 2009 tras una petición del fallecido presidente Hugo Chávez.

"Ahora lo vamos a hacer distinto, nos estamos organizando. La idea es que (la zona) aguante un poco más y por eso arreglamos primero las calles, los servicios", agrega quien ha vivido en La Torre desde hace 45 años. José explica que los sectores Esfuerzo y Progreso, La Torre y Tercer Motor están agrupados en una poligonal en la cual los consejos comunales gestionarán las prioridades para lograr mejoras con el plan Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. No ignora que en su zona, tras las fuertes lluvias de 2010, fueron enviadas a refugios 53 familias. "Bueno, el presidente Chávez dijo que esto estaba en riesgo, pero muy pocas casas son las que se caen", acota.

En total, 27 consejos comunales agrupados en el corredor Fabricio Ojeda (Gramovén) actualmente se organizan para recibir beneficios del programa de "transformación del hábitat" con el cual se pretende dotar de urbanismo a las barriadas, donde vive 40% de la población de la capital.

El plan, que moría de mengua en 2011 y fue lapidado luego por la Gran Misión Vivienda Venezuela, fue relanzado en abril de 2013 por el presidente Nicolás Maduro. En noviembre, el mandatario decidió convertirlo en "Gran Misión" -la número 34 en 14 años- y pidió que funcionara como una instancia de la Presidencia de la República. Además se designó a Ángel Rodríguez, exdiputado y fugaz ministro de Energía Eléctrica, como su presidente encargado.

Los resultados del plan Barrio Tricolor de 2009, que dependió del extinto Ministerio de Obras Públicas y Vivienda (Mopvi) y luego de la cartera de Vivienda y Hábitat, fueron difusos: con una inversión de Bs. 425 millones se intervinieron, según cifras oficiales, 32 mil viviendas. Sin embargo, nunca se precisó cuánto correspondió a la construcción de nuevas casas, al refaccionamiento de las ya existentes ni a la dotación urbanística. Amén de los trabajos que se acometieron en zonas en alto riesgo como Blandín, Santa Cruz del Este y el mismo Gramovén.

"Plan Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, el poder popular construye", se lee hoy en las paredes del módulo La Cubana (Gramovén). El cuidador del espacio cuenta que desde allí se despachó mucho material para el acondicionamiento de viviendas cuando se lanzó por primera vez el plan; ahora la instalación sirve como centro logístico para cuadrillas de mantenimiento vial del Ministerio de Transporte Terrestre. "Hubo mucha desesperación, la gente pedía y uno daba. A lo mejor faltó orden, pero ahora no vamos a manejar materiales porque los consejos comunales harán sus asambleas y pedirán a la alcaldía lo que necesitan", cuenta. La asignación de recursos será proporcional al nivel de organización de la estructura comunal que tengan los sectores interesados. "Tenemos el capital humano, los recursos y la voluntad política", aseguró Rodríguez durante el relanzamiento del plan, sin precisar cuál de las patas de ese trípode fallo en los intentos anteriores.

La habilitación que no fue

Quince años y la inversión progresiva de 30 mil millones de dólares era lo que se necesitaba para intervenir estructuralmente a 300 barriadas del país, 37 de ellas ubicadas en Caracas, según la urbanista Josefina Baldó, quien en 2000 presidió el Consejo Nacional de la Vivienda (Conavi). Desde este ente lanzó, junto a Federico Villanueva, el proyecto Habilitación Física de Barrios que, tras 20 meses de ejecución, se engavetó por un cambio de gabinete. Y, aunque intentó retomarse en 2005, pronto se desmembró.

"La habilitación era una de intervención estructural del barrio. No era construir una baranda, hacer una cuneta o meter un tubo. Era meterle vías, equipamiento urbano, reconstruir la infraestructura, darle espacio público, quitar las zonas de máximo riesgo y utilizar viviendas de sustitución (...) La única manera de hacer eso en un periodo relativamente corto es encomendárselo a la misma gente que construyó los barrios, que tiene que ser empoderada, apoyada técnicamente y manejar recursos. Si no es así, lo burocrático lo hace imposible", acota Villanueva.

 

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ANYIMAR COVA LUGO / El Universal

Página Web - 2013/12/03

Fuente: http://www.eluniversal.com/

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En Gran Caracas hay propietarios esperando su inmueble desde 2007

 

Cuatro factores fundamentales "acabaron" con el mercado de alquileres en Caracas. En 2003 el Ejecutivo aprobó el decreto de congelación de alquileres que representaban 30% del mercado inmobiliario. Tres años después el exalcalde Metropolitano, Juan Barreto, ordenó la expropiación de 188 edificios destinados al arrendamiento de apartamentos, y en 2011 la aprobación de las leyes Contra los Desalojos Arbitrarios y de Arrendamientos Inmobiliarios mermaron casi por completo el alquiler de viviendas, analiza Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios Urbanos (Apiur).

 

Explica que durante la gestión de Barreto no se pagó un centavo a los propietarios de al menos cinco mil viviendas expropiadas que servían para mantener un mercado de alquileres medianamente estable. "Fueron 188 edificios alquilados que no pagaron. Casi 5 mil unidades expropiadas en la ciudad. En 2011 el Ejecutivo aprobó la Ley Contra Desalojos Arbitrarios y se generaron mayores problemas porque el Gobierno no garantiza los refugios para reubicar a inquilinos. Esos espacios no existen. El alquiler de viviendas en Caracas va en vías de extinción", dice.

 

Orta destaca que hasta 2011 70% de las operaciones inmobiliarias eran dedicadas a la venta de inmuebles, el resto del mercado estaba destinado al alquiler de viviendas. Pero con la entrada en vigencia de la Ley de Arrendamientos, el 27 de noviembre de ese año, las operaciones inmobiliarias dedicadas a la venta de viviendas pasaron a representar 99% del mercado, y solo 1% del sector inmobiliario en Caracas se destina al alquiler de viviendas.

 

"La oferta de alquileres ha disminuido 98% desde hace 10 años, cuanto se decretó la congelación del pago por arrendamiento de viviendas", precisa.

 

Según cifras de la Superintendencia Nacional de Arrendamientos (Sunavi) en dos años apenas se han otorgado 40 refugios. Allí reposan alrededor de 11.000 procedimientos administrativos. Solo en Caracas se cuentan tres mil propietarios con problemas de inquilinato.

 

"Esos refugios otorgados son muy pocos si se comparan con los 40 mil juicios de inquilinato en el país", asegura Orta.

 

Al no tener la posibilidad de alquilar los caraqueños están condenados a tratar de comprar una vivienda, a vivir "arrimados" con la familia, o aplicar una modalidad de otros ciudadanos: "invadir". "Por eso se hace necesaria la reforma de la Ley de Arrendamientos y la derogatoria de la Ley Contra Desalojos antes de cambiar la Ley de Alquileres Comerciales", indica Roberto Orta.

 

Afectados

 

Nirka Gutiérrez, vecina de Candelaria, vive arrimada desde 2008 porque sus inquilinos de la torre Darijak 1, ubicada en las esquinas Esmeralda a Pueblo Nuevo, se niegan a devolverle su casa. Cuenta que espera un documento para ver si el Gobierno le otorga un "refugio digno" a su inquilina. "Es un drama conseguir vivienda en alquiler en Caracas porque los propietarios creen que se las van a expropiar. Las madres solteras sufren porque no tienen donde vivir".

 

Betty Pabón vive hacinada en una habitación en San José porque sus inquilinos de Residencias del Este, en la avenida Fuerzas Armadas, tampoco le devuelven su vivienda desde 2007. Lo último que supo es que debe esperar hasta enero 2014 a ver si sus inquilinos le entregan su casa.

 

"Espero que el Ejecutivo pueda asignarles un refugio porque propietario de la habitación donde vivo me maltrata y me dice que busque vivienda, pero hoy nadie te alquila, a menos que te vayas a un barrio y hagas un contrato fuera de la ley. Ni siquiera en pensiones del Centro te alquilan un cuarto por la alta demanda y poca oferta de inmuebles. Encima expropian a las constructoras privadas y nadie levanta una casa".

 

Mientras que Gisela Guillén, propietaria de un apartamento en Macaracuay, relata que prefiere mantenerlo cerrado a alquilarlo porque las leyes del país establecen 15 sanciones para los dueños y solo una para el inquilino. "Solo en caso de retraso tres meses en el pago del alquiler se puede intentar un desalojo legal. Por eso nadie se atreve a alquilar".

 

Alfredo Padilla, coordinador del Movimiento para la Defensa del Patrimonio Familiar, considera que las medidas del Ejecutivo en materia de alquiler de viviendas generaron un daño masivo al inquilino que no tiene la capacidad para comprar casa propia.

 

"Como la Ley de Arrendamientos no regula las pensiones y posadas, las habitaciones de convirtieron en viviendas. Hay familias enteras acuñadas en una habitación de posadas del Centro", enfatiza Padilla.

 

En segundo lugar, explica que las personas casadas terminan viviendo eternamente con sus familias. "Hay padres que tienen apartamentos arrendados que no pueden otorgarlos a sus hijos casados. Incluso hay familias con divorcios donde los hijos siguen viviendo con sus exesposas".

 

Padilla comenta que Ley de Arrendamientos Inmobiliarios "no sirvió para el propietario ni para el inquilino... Debemos revisar esta Ley. Esas consecuencias se generaron porque su ejecutor, el diputado Diosdado Cabello, no quiso escuchar las peticiones de los vecinos".

 

Señala además, que en los barrios de Caracas hay violencia de personas que se quieren quedar con viviendas.

 

"La Red de Inquilinos, institución que forzó la Ley, se queja porque no consiguen alquileres. Encima atacan a los constructores de vivienda y hoy nadie se arriesga a hace una casa". dice Padilla.

 

 

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JORGE HERNÁNDEZ / El Universal

Página Web - 2013/11/30

Fuente: http://www.eluniversal.com/

 

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La planta de producción y distribución de concreto Construpatria La Carlota tenía como meta despachar semanalmente entre 1.000 y 1.500 metros cúbicos (m3) de concreto a las soluciones habitacionales que se edifican en la ciudad de Caracas, como parte de la Gran Misión Vivienda, pero la situación dista mucho de las proyecciones que se exhibieron en el momento.

 

Uno de los trabajadores de la planta, Ángel Ramón Aular, denunció que en Construpatria se registran irregularidades con los despachos de concreto y cemento.

 

La planta cuenta con tres bombas de vaciado de cemento, de las cuales dos están operativas y una está fuera de servicio. Aular asegura que se efectúan despachos de material a las obras en construcción cuando se paga dinero por adelantado, cuando en realidad la normativa de Construpatria sostiene que los pagos se realizan solo cuando la obra es terminada.

 

Señala que cuando una obra solicita a Construpatria una cantidad determinada de cemento, de efectuarse el despacho, esa cantidad de material es reducida.

 

La empresa despacha material para 12 organizaciones de campamentos pioneros, encargados de varias obras en la ciudad. Cada despacho tiene en promedio 300 m3 de concreto o cemento y se realizan tres despachos diarios.

 

Rosa Chirinos, encargada de producción y administración de Construpatria , añade que tampoco hay facturación alrededor de los despachos realizados.

 

"Esto se trabaja de acuerdo a una programación. Los pagos se realizan cuando se finaliza la obra. No antes o durante el traslado. Se supone que el dinero que se paga en esas obras es para los obreros", indica Chirinos.

 

Además de los problemas con el cemento, la producción de concreto ha mermado en detrimento de la disminución de personal.

 

Con relación a la cantidad de concreto producido, Ángel Aular apunta que la gerencia de la planta tuvo un mes asistiendo de manera intermitente a su puesto de trabajo.

 

"Veníamos produciendo poco. En septiembre hicimos 290 m3 y durante octubre logramos 1.490 m3, sin que estuviesen presentes", sostiene.

 

Ambos trabajadores, junto a otros dos, denunciaron que fueron apartados de sus puestos por un proceso de averiguación. "No hay razón para que nos aparten de nuestros puestos", comenta Aular quien agrega que la cantidad de personal en la planta es insuficiente y apunta que los empleados tienen dificultades con las horas extras.

 

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MANUEL RUBÉN TRUJILLO / El Universal

Página Web - 2013/12/02

Fuente: http://www.eluniversal.com/

 

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Con el fin de impulsar la edificación de viviendas y la producción en el estado andino, fue publicada en Gaceta Oficial la creación de los Institutos de Producción Rural y de Vivienda Tachirense.

 

El Gobernador del Táchira, José Vielma Mora, explicó que la necesidad de conformar ambos institutos surge porque el estado "carece de un plan ordenado de apoyo a la producción agrícola así como de complejos habitacionales, especialmente dirigidos a la clase media y trabajadora”.

 

El mandatario regional manifestó su preocupación sobre el alto número de parejas jóvenes y profesionales que conviven en casa de sus padres o alquiladas, porque no tienen viviendas propias.

 

“Hay mucha angustia en las parejas porque viven con zozobra que en cualquier momento los van a desalojar de donde están alquilados, por eso quiero construir muchas viviendas en el Táchira”, destacó.

 

Recordó su intención de ejecutar proyectos habitacionales en el sector La Castellana de San Cristóbal, cerca de los límites con el municipio Cárdenas, donde prevé construir más de 2.800 viviendas.

 

“Queremos beneficiar a la clase media, a los profesionales, a la clase productiva para que se sientan atendidos por la revolución”, apuntó.

 

Explicó que los beneficiarios pagarán sus créditos a las entidades bancarias que apoyarán estas iniciativas del Gobierno.

 

“Las personas pagan hasta 6.000 bolívares por alquiler cada mes, entonces es mejor para ellos que paguen estos créditos que podrían oscilar entre los 2.000 y 3.000 bolívares mensuales, con la certeza que están en sus viviendas propias”, mencionó.

 

En cuanto a impulsar la producción rural, el Gobernador comentó que el instituto a crear se encargará de brindar apoyo constante a los trabajadores del campo.

 

“El Táchira cosecha un porcentaje importante de los alimentos que consumimos los venezolanos, además que son de alta calidad, por eso requiere de un apoyo importante para mantener estos estándares de calidad y potenciar la producción”, detalló.

 

Mencionó que a los productores hay que motivarlos para que se queden en sus tierras trabajándolas y así evitar que se trasladen a los núcleos urbanos.

 

 

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Agencia Venezolana de Noticias

Página Web - 2013/12/02

Fuente: http://www.avn.info.ve/

 

 

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