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En un “calvario” se ha convertido la tarea de localizar en la entidad algún inmueble para alquilar o ser arrendado por una familia zuliana. Los pocos que consiguen una oportunidad se encuentran con la frase: “Si tienes hijos no” o “me pueden quitar la casa para dársela a usted”.

 

Y es que para el ciudadano común se le ha hecho cuesta arriba localizar una casa o apartamento para alquilar. Múltiples son los factores han incidido para que el sector ya se encuentre en vías de extinción: regulaciones y aparición de nuevas leyes — como la providencia 00042 de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Viviendas—, falta de oferta, trabas en la realización de contratos y temor por parte de los dueños de las unidades habitacionales.

 

“Tengo casi siete meses tratando de buscar una casita o apartamento alquilada, pero no localizo nada. Es una tarea casi imposible y nadie lo quiere hacer (...) en lo poco se consigue me piden entre depósito y arrendamiento más de 16.000 bolívares, además de hacer un contrato bajo figura jurídica. Tengo dos niños y por el momento seguiré viviendo con mis padres”, comentó Rafaela Albarrán, ingeniera de 35 años.

 

Relató que con sus ingresos “es inalcanzable poder comprar una casa o apartamento nuevo o del mercado secundario porque no bajan de los 800.000 bolívares y pueden llegar a costar hasta 5 millones de bolívares. Estoy de manos atadas”.

 

Ayer, el presidente de la Cámara Inmobiliaria del Zulia, Carlos González, indicó que la oferta de alquileres de inmuebles en la región es “casi nulo y con tendencia a que llegará a cero, ya es prácticamente inexistente”.

 

“Si antes se veían hasta 70 y 80 ofertas de alquileres y arrendamientos de residencias, hoy es casi un hecho que la cifra no sobrepasa de las 5 unidades. El número es alarmante para una ciudad con casi 2,5 millones de habitantes y no todos tienen la oportunidad de comprar un inmueble nuevo o del mercado secundario”, apuntó González.

 

Explicó que con la llegada de la Providencia 00042 “se ve claramente un desincentivo en el mercado de arrendamiento (...) las personas prácticamente se están quedando sin la opción de alquilares o de compras. A esto se le suma el déficit habitacional que acá existe y que representa el 14% de la cifra nacional, estamos hablando de una falta en el Zulia de unas 350.000 viviendas aproximadamente”.

 

Asimismo, respondió que a pesar que hay “algunos casos” de arrendadores que realizan contratos con inquilinos bajo la figura jurídica (como si fuesen empresas o comercios), “esto —según él— ya no es una opción recurrente en el sector porque eso no garantiza ninguna protección al dueño del inmueble (...) no hay manera de obviar la norma existente”.

 

Recientemente, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini Pietri, informó que “el mercado de arrendamiento se ha disminuido a prácticamente cero”. Recordó que hace 15 años el 30% de la oferta inmobiliaria era de alquiler; sin embargo asegura que en la actualidad “el arrendamiento de inmuebles en Venezuela está a punto de desaparecer”.

 

En una consulta de PANORAMA vía Twitter, el 93% de los usuarios calificó como “pésima” la situación del sector de alquileres en el estado. “Tengo dos niños y nadie me quiere alquilar, tengo mucho tiempo buscando. No hay oferta (...) hace poco localicé un sitio pequeño pero una mensualidad de 4.000 Bs, más que un sueldo mínimo. La situación es desesperante”, relató Isabel Urdaneta, ama de casa.

 

El pasado martes, el vicepresidente para el Área Económica, Rafael Ramírez, durante un encuentro con el sector productivo zuliano, resaltó que el Ejecutivo seguirá impulsado proyectos y legislaciones que “garanticen a todos los venezolanos una vivienda digna”.

 

Agregó Ramírez que dentro de sus competencia “no está derogar leyes ya aprobadas por el Presidente”, en referencia a una solicitud efectuada por Fedecámaras sobre la Ley de Arrendamientos. “Acá en Zulia ya se superaron las 65 mil viviendas entregadas y el objetivo a cumplir son las 100 mil”, concluyó el funcionario.

 


Deivis Rodríguez / Panorama

Página Web - 2014/04/03

Fuente: http://panorama.com.ve/


Así es, expresan y evidencian la cultura, la economía, la diversidad ambiental, el desarrollo en general, de los grupos sociales que las construyen y habitan. Son como la piel, la cual traduce la salud física y emocional de las personas.

 

Un ejemplo, la casi nula visión, funestamente extendida, de la importancia del mantenimiento, explica la suciedad, descuido y deterioro del ornato público. Es común ver basura regada por doquier, islas de vías destrozadas y sin vegetación, mobiliario urbano deteriorado, fachadas de casas y edificios manchadas y “despellejándose”, árboles enfermos, parapetos en aceras sin utilidad alguna.

 

Otros ejemplos, el enfoque individualista prioriza al carro privado (ineficiente, contaminante) en lugar del transporte colectivo. Los conjuntos residenciales son “amurallados” y aislados del contexto circundante, sin espacios adecuados para la socialización. La división parcelaria se basa en terrenos y edificaciones exclusivos, en lugar de grandes lotes para la convivencia colectiva de comunidades integradas entre sí y con el vecindario. Ámbitos de trabajo divididos en cubículos jerárquicos en vez de salas de intercambios y tareas en equipo. Pupitres en lugar de mesas.

 

Hoy, en plena convulsión política, las ciudades la muestran y la reflejan de manera contundente. La naturaleza de esa agitación grupal se retrata perfectamente cuando se impide la movilidad diaria, se tala la vegetación urbana (15.000 árboles), se destrozan edificios y plazas, mobiliario de calles y aceras, se atacan a personas, universidades (13), bibliotecas, centros de salud (10) y educación, se inutilizan 100 autobuses. Y esto a la vista e inactiva autoridad local.

 

Las ciudades indican la buena salud o, por el contrario, como la fiebre, síntomas de desajustes en el cuerpo social que las anidan y dirigen. Ellas expresan tendencias hacia el progreso o hacia la enfermedad, la amenaza, la vulnerabilidad, de ese conglomerado sociocultural.

 

Esto requiere un riguroso análisis. La sociedad debe curar sus males para que las ciudades respondan cónsonamente con su mejoría. Mientras tanto, la ciudad debe ser transformada radicalmente en sus nuevas intervenciones, especialmente en movilidad urbana y las misiones de vivienda y barrio nuevo-tricolor, considerando el escenario de sismos e inundaciones, pero también el de revueltas sociales. Debe garantizar eficiencia, calidad y autonomía, dentro de un clima extremo, adverso, aislador.

 


ALEJANDRO LÓPEZ / Últimas Noticias

Impreso Digital - 2014-04-03

Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.ve/


Dijo que "la falta de cemento es porque se están construyendo más viviendas"


El ministro de Vivienda, Ricardo Molina, señaló que "notamos una carencia de cemento, pero no es que se está produciendo menos sino que se está construyendo muchísimo más".

 

Así lo dijo durante una entrevista a venevisión en la que señaló que el año 2012 "se batió récord de producción de cemento de 8 millones 400 mil toneladas y 7 millones 600 mil toneladas en 2013, un poco menos, pero una cifra histórica porque nunca se había llegado a esa cantidad."

 

Molina señaló que para soventar esta situacion de deficit "estamos acompasando con una serie de medidas, acuerdos y trabajos en conjunto con el sector público y con la participación de instituciones extranjeras para establecer nuevas fábricas y la importación en quellos rubros que no podamos satisfacer las necesidad con la producción nacional, es un tremendo esfuerzo".

 

 

 


El Mundo

Página Web - 2014/04/01

Fuente: http://www.elmundo.com.ve


El Ministerio para la Vivienda y Hábitat emitió este lunes una nueva resolución, que ordena la venta de apartamentos e inmuebles en aquellos edificios que por 20 años o más hayan sido destinados al alquiler. La medida ya genera polémica, ha sido calificada como “justa” por favorecer a “antiguos inquilinos”, pero también ha sido objetada por “inconstitucional”.

 

De acuerdo con la resolución publicada en la Gaceta N° 40.382, que circuló este lunes, los propietarios de edificios con 20 años o más dedicados al alquiler tendrán un lapso de 60 días hábiles para ofrecer los apartamentos a sus arrendatarios.

 

La norma entró en vigencia a partir del pasado 28 de marzo, lo que indica que la fecha límite para que los propietarios presenten los ofrecimientos a los arrendatarios es el 27 de junio.

 

Con esta resolución el Ministerio para la Vivienda y Hábitat reactivó la sexta disposición transitoria de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda.

 

Esta disposición establece: “Los propietarios de inmuebles de vieja data destinados al arrendamiento de viviendas, bien sean de personas naturales, jurídicas o asociaciones de hecho, deberán ofertar en venta los inmuebles que ocupan los inquilinos, ocupantes legítimos o cualquier otra familia o persona que habite el inmueble” Se exceptúan de la aplicación del referido artículo, los inmuebles propiedad de pequeños arrendadores.

 

Procedimiento

 

Para cumplir con la resolución y colocar a la venta los apartamentos e inmuebles a los arrendatarios, los propietarios de esos edificios deberán solicitar el justo valor de las viviendas ante la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas.

 

La solicitud deberá hacerse por escrito y deberá estar acompañada por los siguientes recaudos:


1.- Contrato de arrendamiento o justificativo de testigo que demuestre la relación de arrendamiento.

 

2.- Certificado de haber cumplido con la inscripción en el Registro Nacional de Arrendamiento de Vivienda.

 

3.- Planilla de características del inmueble, la cual deberá descargar en la siguiente página de internet: www.minvih.gov.ve/sunavi

 

4.- Documento de condominio del edificio.

 

5.- Documento de propiedad del inmueble.

 

6.- Permiso de habitabilidad o permiso de construcción del inmueble.

 

7.- Fotografías de las cuatro fachadas, de los ascensores, de los ductos de basura, de las escalera de acceso de cada piso, de los bajantes de basura de cada piso, de los sótanos en casa de existir, de los tanques de aguas blancas, de los jardines y en genera de los áreas comunes, en papel fotográfico con fecha de impresión no mayor a dos meses de la fecha de su presentación.

 

“Antiguos inquilinos”: principales beneficiarios

 

Para el diputado Claudio Farías, integrante de la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional (AN), la nueva resolución del Ministerio de Vivienda y Hábitat es “beneficiosa” para aquellas familias que no han podido adquirir su vivienda “por tanto tiempo y de manera legal”.

 

En entrevista a Noticias24 Radio , Farías calificó la medida como “justa” dado que los propietarios de estas edificaciones “han sacado suficientes recursos para vivir tranquilamente” y poder ofertar los inmuebles a los arrendados.

 

Aclaró que esta resolución no incluye todos los tipos de inmuebles alquilados, “solo a las edificaciones que se han dedicado a alquilar sus apartamentos por este tiempo” (20 años o más).

 

Para poner en venta los inmuebles, los propietarios de estos edificios tienen 60 días hábiles a partir de la entrada en vigencia de la resolución, es decir desde el pasado 28 de marzo y el precio de venta será “acordado entre funcionarios de la Superintendencia de Arrendamiento y los arrendatarios”, explicó Farías.

 

La propiedad privada en el debate


La Cámara Inmobiliaria de Venezuela también se pronunció sobre la resolución. Su presidente, Aquiles Martini Pietri, dejó en entredicho la legalidad de la normativa.

 

“Que yo conozca, en ninguna parte de la Constitución dice si tú estás obligado a vender y por otro lado, tampoco estás obligado a comprar. Esta normativa está obligando a los propietarios de edificios, que tienen mas de 20 años, a vender. Esto no tiene ningún teoría legal dentro de nuestro país”, sentenció en entrevista ofrecida vía telefónica.

 

Pietri denunció aspectos relativos a la aplicación de la normativa. “La misma resolución hace que el valor de venta, sea un valor estimado en la política de expropiaciones“, señaló.

 

Explicó que para la Cámara Inmobiliaria, este decreto “viola los derechos constitucionales de aquellos propietarios dueños de unidades de vivienda bajo esa situación”, y lo catalogó como “un ataque directo a la propiedad privada”.

 

Multas y sanciones

 

Los propietarios de edificios que tengan 20 años o más dedicados al arrendamiento que no dé cumplimiento a lo establecido en la providencia administrativa, será multado con 2.000 Unidades Tributarias (254.000 bolívares) por cada unidad de vivienda que no oferte, multa que deberá cancelar en un lapso de cinco días hábiles una vez que se determine el incumplimiento.

 

Igualmente, en el caso que un propietario o arrendador no cancele la multa de conformidad a lo establecido en los artículos 3 y 4 de la providencia administrativa, la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda considerará como título ejecutivo el acto administrativo que determine la reincidencia y solicitará ante los tribunales competentes el embargo ejecutivo correspondiente sobre el inmueble objeto de las multas”.

 

 

 


Noticias 24

Página Web - 2014/04/01

Fuente: http://www.noticias24.com


"Se presentará un recurso de nulidad" de la resolución, dijo el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela

 

La Cámara Inmobiliaria de Venezuela pedirá al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la nulidad del decreto que obliga a los dueños de inmuebles alquilados hace 20 años o más a venderlos a sus arrendatarios en un plazo perentorio de 60 días o afrontar multas.

 

"Se presentará un recurso de nulidad" de la resolución del Ministerio de Vivienda de Venezuela que se aplica en Cuba y en otros "países comunistas donde no se respeta la propiedad privada", declaró a Efe el presidente de la Cámara, Aquiles Martini Pietri, reseña Últimas Noticias.

 

El decreto ministerial advierte que la multa inicial a quien no venda su propiedad en el plazo perentorio será de 2.000 Unidades Tributarias, equivalente a 254.000 bolívares, que debe ser pagada en un lapso de cinco días.

 

La multa será doblada y si esa cantidad de dinero no se pagaen un lapso de cinco días, "la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda solicitará el embargo ejecutivo correspondiente sobre el inmueble o inmuebles objeto de la multa", señala la resolución ministerial.

 

Consultado sobre la hipótesis de que el decreto no pasa de ser una carta política para ser retirada luego en la mesa de un diálogo nacional previsto entre el Gobierno y la oposición, Pietri advirtió que si fuera así "ese diálogo sería un gran engaño".

 

"Yo quisiera imaginarme que no es así, porque si fuese así esto del diálogo sería un gran engaño. Yo tengo que creer, yo necesito creer que a través del diálogo vamos a buscar y a encontrar la fórmula de hacer viable la Venezuela del futuro", sostuvo.

 

El presidente de la Cámara Inmobiliaria admitió que el decreto lo sorprendió, porque se ha reunido en varias ocasiones en las últimas semanas con su autor, el ministro de Vivienda, Ricardo Molina.

 

En esas oportunidades "le dije al ministro que la paz y la confianza no se decretan, sino que son consecuencias de actos, comentó.

 

"Es complicado de entender que si estamos hablando de mesas de paz, de reencuentro, de buscar formas de hacer viable el país del futuro", haya publicado en la Gaceta Oficial una resolución que "violenta la propiedad privada y los derechos constitucionales", remarcó.

 

Explicó al respecto que la Constitución prevé la confiscación y la expropiación con el respectivo pago de una indemnización, pero "no la obligación de vender y de comprar, porque en esta resolución también se está obligando al inquilino a comprar".

 

En Venezuela, los edificios para alquilar fueron construidos en la segunda mitad del siglo XX principalmente "por europeos como garantía de rentabilidad en sus años dorados", y las personas afectadas con la medida suman 120.000, dijo Martini Pietri.

 

Si no pagan los 254.000 bolívares en multas y ven perder sus propiedades, estos entonces "expropietarios no pueden protestar, no hay cómo reclamar a nadie, no tendrán derecho a la justicia porque se trata de actos administrativos", apuntó.

 

El presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta, calificó de "inconstitucional" la norma y alertó de que "muchos de estos edificios los ocupan personas de la tercera edad", a quienes la banca no los considera a la hora de otorgar créditos para que los compren.

 

El Gobierno del presidente Nicolás Maduro, adicionalmente, aún no fija los nuevos valores por metro cuadrado de construcción que deben reconocer el índice inflacionario, que en 2013 fue de 56,2 %, agregó el titular de Apiur.

 

 


El Mundo

Página Web - 2014/04/01

Fuente: http://www.elmundo.com.ve