"Al cumplirse tres años de la promulgación de la Ley Orgánica de los Trabajadores Residenciales se puede afirmar que más que proteger a este grupo de trabajadores lo que ha hecho es que ahora haya menos conserjes, menos ofertas de empleo, en muchos casos las relaciones se agriaron con las juntas de condominio", según afirmó ayer la abogada Tibaire Altuve experta en este tema.

La afirmación la hizo en el marco del primer taller sobre este tema que se realizó en la sede Centro Comunitario de Caracas de la organización Mi Condomonio.com en la urbanización El Marqués, donde participaron presidentes de juntas de condominio.

Afirmó que solo este taller es un termómetro de lo que está pasando en todo el país con la vigencia de esta ley . "De 17 presidentes de juntas de condominios que están participando en este evento 10 han eliminado la figura de conserjes en sus edificios. Unos han contratado personas para hacer las labores de limpieza sin garantizarles viviendas y además ha surgido la figura un gerente de mantenimiento que se ocupa de supervisar todo lo que tiene que ver con los servicios públicos del edificio, que antes era ocupación de las conserjes y fue eliminado".

Considera la experta que lo más grave de esta situación es que a tres años de vigencia todavía no se ha aprobado un reglamento de esta ley y hay muchas cosas que quedaron pendientes. "No se ha diseñado, como se prometió en la ley, una Política de Atención Integral a los trabajadores residenciales, ni el Consejo de Protección Integral, la Defensa pública gratuita. Tampoco se ha cumplido con la dotación de un plan de vivienda".

MIGDALIS CAÑIZÁLEZ V. / El Universal

Página Web - 2014/07/13

Fuente: http://www.eluniversal.com/

En tres años, la totalidad de los trabajadores, jubilados y pensionados de la administración pública deberá poseer vivienda propia o estar incorporados en un proyecto habitacional en proceso de ejecución.

La ambiciosa aspiración está contemplada en el proyecto de "convención colectiva marco socialista de los servidores y servidoras de la patria", que según las metas del Presidente Nicolás Maduro debería estar aprobado a finales de este mes.

Si se toman en cuenta las cifras que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE), 2,6 millones de trabajadores que laboran en el sector público serían los beneficiados con la incorporación de la Misión Vivienda Obrera en el contrato marco.

La propuesta que manejan Fentrasep y Fedeunep prevé la elaboración de un reglamento para la Misión Vivienda Obrera en la administración pública y la inclusión de un representante de ambas federaciones y de la Central Bolivariana de Trabajadores en el órgano superior conjunto de vivienda y hábitat para velar por la aprobación de proyectos, el financiamiento y transparencia en la adjudicación de viviendas.

De acuerdo a características especiales, los trabajadores podrán optar por los programas sociales de la Gran Misión Vivienda Venezuela, Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor y 0800-Mihogar.

Por ejemplo, si un trabajador cotiza en el Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda y no posee casa propia puede optar al plan de la Misión Vivienda. Tendrán prioridad quienes estén damnificados o vivan en condición de alto riesgo.

Para quienes junto a su grupo familiar devenguen más de cuatro salarios mínimos se garantizará la adquisición de viviendas a través de 0800-Mihogar; y a los trabajadores que ya posean un lugar para vivir se les ayudará con la remodelación mediante el programa Barrio Nuevo, Barrio Tricolor.

Más misiones

En el contrato marco de la administración pública está prevista la inclusión de otros programas sociales, que vendrían a fortalecer el denominado "salario social".

Es una meta de Fedeunep y Fentrasep que en el primer año de vigencia del contrato marco se habiliten los espacios necesarios en cada centro de trabajo o en sus adyacencias para la instalación de Mercal y Pdval Obrero.

El Ministerio de Alimentación será el encargado de garantizar el mobiliario y el suministro de los alimentos. Mientras que las federaciones de empleados públicos y sus sindicatos afiliados se comprometen a administrar los establecimientos y promoverán la contraloría social para velar por el cumplimiento del programa.

A los trabajadores, jubilados y pensionados se les otorgará la "Cédula del Buen Vivir", con la finalidad de facilitar la adquisición de productos de primera necesidad y el disfrute de actividades turísticas.

En materia de salud y servicios funerarios se propone la creación de una fundación o ente que garantice ambos beneficios, en vista de que la administración pública ha dirigido recursos a "empresas capitalistas" que no han repercutido en mejorar la atención de salud de los trabajadores.

La idea es que al momento de la firma del contrato marco se constituya una comisión paritaria que elevará al Presidente de la República el funcionamiento del ente propuesto para garantizar el servicio de salud y gastos funerarios.

Otra de las novedades de la convención es la instalación de farmacias populares (Farmaobrera) en cada sede ministerial y sus respectivos entes adscritos para garantizar mejores condiciones de salud para los trabajadores. De igual forma, se impulsará la creación de empresas de producción social de fármacos.

YANETH FERNÁNDEZ / El Universal

Página Web - 2014/07/14

Fuente: http://www.eluniversal.com/

La Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, en conjunto con la Cámara Inmobiliaria de Venezuela y otras asociaciones de pequeños propietarios, prepara una serie de propuestas con la expectativa de que sean tomadas en cuenta en la revisión de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda.

En declaraciones recientes, el ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, ha planteado la posibilidad de una revisión de la legislación, pero hasta ahora ese trabajo solo involucra a los movimientos sociales compuestos por inquilinos. El presidente de Apiur, Roberto Orta Martínez, informó que el sector privado y los propietarios esperan ser incluidos en la discusión, con el fin de acordar modificaciones que permitan reactivar el mercado de alquileres.

Entre las principales propuestas se encuentra modificar el método de avalúo de la vivienda, que no toma en cuenta el valor del terreno ni la ubicación. "También tiene unos parámetros de depreciación muy rígidos en los que una propiedad de 100 años vale prácticamente cero. Da como resultado unos alquileres ínfimos que no cubren el condominio o el derecho de frente", recordó.

También sugieren facilitar los procedimientos de desalojo, a través de la supresión del acto conciliatorio que debe emitir la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda y que demora aproximadamente un año. "Se debe dejar el tema de la resolución de conflictos a los tribunales, que ya tienen un acto conciliatorio.

La Sunavi no tiene la capacidad operativa. Son 20 oficinas contra 500 tribunales a nivel a nacional", dijo.

El otorgamiento de refugios para los inquilinos desalojados también constituye otra traba, pues desde el surgimiento de la norma la Sunavi solo ha entregado dos refugios. Orta Martínez señaló que son muchos los casos en los que el propietario logra que el tribunal ordene el desalojo, pero el arrendador no se marcha debido a que el gobierno no le ha provisto de una residencia provisional.

El tercer aspecto que piden reformar es la descentralización de las funciones de la Sunavi y devolverles la facultad de regular en materia arrendaticia a las oficinas municipales de inquilinato de 335 alcaldías, que tienen más capacidad.

Por último, solicitan modificar la venta obligatoria de los edificios de vieja data. "Eso no ha dado ningún resultado, lo que hay que crear es un mecanismo que flexibilice su conversión a propiedad horizontal de forma eficiente y diseñar un esquema en el que haya un precio justo para ambas partes", sostuvo.

NICOLLE YAPUR / El Nacional

Impreso Digital - 2014/07/14

Fuente: http://www.el-nacional.com/