Adultos mayores esperan un techo propio en edificios viejos de Caracas (VENEZUELA)
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Muchos viven en los 100 inmuebles que el presidente Hugo Chávez ordenó expropiar pero cuyos procesos no han avanzado, refiere la luchadora -y también víctima de esta situación- Zonia Harrington
En edificios de 30,40,50 años y más de Caracas coinciden las canas y las arrugas de la llamada “juventud prolongada”. Las edificaciones que han sido objeto de procesos de expropiación o que esperarían serlo están habitadas, mayormente, por adultas y adultos mayores. La edad, argumento fuerte que avala que no sean sacados de sus hogares, también puede ser el elemento que aumente su vulnerabilidad ante posibles abusos de propietarios.
Luchadora de toda la vida y militante del Partido Comunista de Venezuela durante años, Zonia Harrington asumió la defensa, no solo de quienes viven con ella en el edificio Diana, en la parroquia Altagracia, sino de las familias de los 100 edificios incluidos en una orden de expropiación firmada por el presidente Hugo Chávez en mayo de 2011 (se van a cumplir cuatro años), cuando el dirigente socialista y hoy ministro de Comunas, Elías Jaua, era vicepresidente. Ese proceso, afirma, está paralizado porque las dueñas y los dueños de los inmuebles no habrían querido negociar.
Harrington, integrante de la Red Metropolitana de Inquilinos y profesora de biología y química egresada del Instituto Pedagógico de Caracas, asegura que hay 17 mil personas -según la organización- en riesgo de ser desalojadas en todo el país “porque tienen sentencia firme”, aun cuando “están prohibidos los desalojos de acuerdo con la ley”. En su opinión, es el Tribunal Supremo de Justicia el que debe actuar para que estos desalojos no se ejecuten. Cabe destacar que en el municipio Libertador, por decisión del alcalde Jorge Rodríguez, están prohibidos los desalojos.
LOS 100
El edificio Diana, asegura, sería de un connotado rostro opositor, pero lo habitual es que no esté claro quiénes son los dueños de esas edificaciones. Está ubicado detrás del Palacio de Miraflores, alberga a 25 familias y forma parte de los 100 que incluyó el presidente Chávez. “Los dueños no han querido firmar, aunque todo estaba dado para la firma. Nosotros estamos en la banca”. Para destrancar estos casos “se necesita voluntad política”, insiste.
Harrington -una mujer batalladora de más de 60 años de edad- aclara que las y los residentes de estos edificios no esperan que les regalen nada. “Nosotros queremos pagar por nuestros apartamentos”, recalca. Se supone que las dueñas y los dueños deben ser citados para avanzar en las negociaciones, y si no acuden, tienen que ser sancionados y expropiado el inmueble. Pero esto, según su versión, no se ha cumplido.
La dirigente conversa con el Correo del Orinoco apertrechada con fotocopias de los documentos que soportan sus palabras. “Que yo sepa no hay amenaza de desalojo en mi edificio, pero nosotros no sabemos” y la gente “siempre está asustadita”.
Buena parte de las y los habitantes de estos 100 edificios son adultas y adultos mayores, remarca Harrington. “Nosotros quisiéramos que el ministro de vivienda hiciera una reunión con nosotros” y que “nos explicara qué es lo que vamos a hacer”. Insiste en que, mientras esos 100 edificios no culminen su proceso, no podrán iniciarse las negociaciones para otros.
UNOS 2 MIL EDIFICOS
En el área metropolitana de Caracas hay unos 2 mil edificios para alquiler, de 50 o 60 años de construcción, cuyos inquilinos “en un gran porcentaje son personas de la tercera edad”, puntualiza Rigel Sergent, vocero del Movimiento de Inquilinos.
En los años 50 y 60 del siglo XX hubo una política de construcción de edificios para alquiler, ubicados en zonas como Bello Monte, la avenida Solano, la avenida Victoria y Candelaria, describe. “Fueron construidos por extranjeros, y con el transcurrir del tiempo los fueron comprando grupos empresariales. En estos años los propietarios los destinaron para alquiler; los dueños son multiarrendadores” que tienen varios edificios “y que nunca ofrecieron en venta los apartamentos, porque no existía una regulación que le pusiera coto al asunto”.
En 2002 el Gobierno congeló los cánones de arrendamiento, cita Sergent, y los propietarios empezaron a ofrecer los apartamentos en venta pero a los precios del mercado, reconstruye; entre 2007 y 2008 comenzaron a no renovar el contrato a inquilinos que tenían 20 años o más de residencia. Estos grandes propietarios “no quieren ofrecer en venta a los abuelos ni a otros inquilinos, no importa qué edad tenga el inquilino, porque ahora la ley de arrendamiento inmobiliario reguló el precio de la venta”.
ABUELOS ANGUSTIADOS
El señor Félix Olazábal, de 89 años de edad, nació en el País Vasco y llegó a Venezuela “cuando era jovencito”, como él mismo lo relata. Residió en varias ciudades venezolanas hasta que, casi cinco décadas atrás, se instaló en un apartamento en el edificio ABC, ubicado en Colinas de Bello Monte (municipio Baruta). “En 47 años que tengo aquí nunca debí un céntimo” por alquiler o servicios, relata. Vivió en el lugar con su esposa, Concepción Martínez, hasta que ella falleció en el año 2001 y le tocó seguir adelante solo. Hace aproximadamente un año se cayó, fue atendido por vecinas y vecinos y -por sugerencia médica- sus amigos comenzaron a adecuar el apartamento para una persona de su edad. Pero pocas semanas atrás -antes de Semana Santa- los dueños lo desalojaron. “Yo quería comprar el apartamento”, asegura, pero “nunca me ofrecieron vendérmelo”.
Después del desalojo Olazábal sobrevive, prácticamente como refugiado, en el hogar de su ahijado, Josu Izaguirre, ubicado en el edificio de al lado. Izaguirre relata que el pasado 25 de marzo los dueños rompieron las cerraduras y tomaron posesión de la propiedad; asegura que no hubo tribunales ni policías. El afectado “ha puesto esto en manos de un bufete de abogados”, puntualiza.
La conversación con Olazábal y el grupo de vecinas y vecinos que temen ser desalojados se llevó a a cabo en la casa del dramaturgo Ciro Acevedo, vocero de una junta popular comunal creada por algunos residentes y también habitante de la edificación. Todas y todos los presentes agradecen el rol cumplido -en este y otros casos del edificio ABC- por la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (Sunavi). “El Sunavi se fue por todas las de la ley y de verdad se portó muy bien”, ratifica Izaguirre, pero los dueños presuntamente no acudieron a la citación y el caso ahora pasó a tribunales.
Acevedo precisa que el edificio -de 51 apartamentos- no está expropiado por el Gobierno Nacional, y que los dueños han vendido algunos apartamentos. Se planteó que las inquilinas y los inquilinos compraran sus residencias y “creímos que se iba a hacer por el justiprecio”; además, por una providencia de la Sunavi-la 0042- los apartamentos debían ser vendidos a sus inquilinos ya que se trata de un inmueble de más de 20 años de antigüedad. “El tiempo promedio de la mayoría de las familias en este edificio es de más de 30 años”, apunta. “Nosotros estamos planteando que se aplique la 0042 porque tenemos todos los extremos que contempla esa providencia. Pedimos aplicación del precio justo, que haya una protección colectiva para que no haya desalojos, que cese la intimidación verbal y psicológica”, expone Acevedo.
Asdrúbal Rodríguez, habitante del apartamento 4, cuenta que vive en el ABC desde hace 47 años. Alega que los propietarios presuntamente le ofrecieron “de boquita” la venta del apartamento, pero sin nada por escrito. Está a la espera de que le propongan comprar el inmueble, pero a un precio acorde con el valor real de un edificio que también es adulto mayor. Rodríguez, nacido en El Socorro (Guáruico) hace 79 años, ocupa el apartamento con su esposa, María de Rodríguez, de 72 años. “Yo quiero que me vendan a un precio justo”, enfatiza, y admite tener temor de ser desalojado.
Sara Granados, también residente del ABC desde hace unos 20 años (ahora tiene 38 años de edad), asegura que la estarían acosando para que compre el apartamento, no con el criterio del justiprecio, sino a precios de mercado. Granados -quien vive con su mamá, Ester Granados, de 63 años de edad- acudió al Sistema de Arrendamiento de Vivienda en Línea (Savil) por sugerencia de la Defensoría del Pueblo: Ahora “tengo prohibición de desalojo por el Savil”, confirma.
Vale aclarar que las historias de los edificios Diana y ABC son las mismas de centenares de familias.
Correo del Orinoco / VANESSA DAVIES
Página Web – 2015/04/26
Fuente: http://www.correodelorinoco.gob.ve
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