El Consejo Comunal Sierra Maestra, ubicado en la calle Libertad, sector El Porvenir, parroquia 23 de Enero, realizó una jornada de sustitución de puertas, ventanas y pintura de fachadas.

Esta actividad se hizo con el apoyo de la comunidad organizada a través de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor.

Octavio Anderson, vocero del consejo comunal, explicó que con el operativo se están atendiendo tres casas por día.

Anunció que ya se han restaurado 10 casas en el sector, las cuales cuentan con una nueva y mejorada fachada.

ANTONINO NAPOLI / Ciudad Caracas
Página Web - 2016/04/14
Fuente: http://ciudadccs.info

La Comuna Socialista Agrícola Salvador de la Plaza, en el municipio Jáuregui del páramo tachirense, organizó el Comité que va a sumir la gran tarea de construir 40 viviendas para habitantes del territorio comunero.

En el camino de transferir competencias para la prestación de servicios públicos al Poder Popular, la Comuna Salvador de la Plaza comenzó con la ejecución de un proyecto de construcción de viviendas en su ámbito geográfico, que reúne a 6 (seis) Consejos Comunales.

Como decía el Comandante Chávez, parafraseando al húngaro István Mészáros, la Revolución debe ser “humanamente gratificante”. Es decir, mejorar la calidad de vida de la población, permitiéndole gozar y disfrutar de una vida libre de la violencia y hostilidad impuesta por el capitalismo. Por eso el Poder Popular asume la gestión de las políticas públicas en sus territorios, atendiendo a las necesidades y fortalezas de su población.

La iniciativa de la tercera Comuna Socialista organizada en el municipio Jáuregui, se propone potenciar el gran esfuerzo del gobierno bolivariano a través de la consolidación de una propuesta organizativa desde las bases; que además de mejorar la calidad de vida con una vivienda digna, genere un colectivo de trabajo y solidaridad que transforme las relaciones sociales. Por ello, se organizó el Comité de Gestión de Vivienda, establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica de las Comunas, conformado por voceros y voceras del Consejo de Planificación Comunal, voceros y voceras de los Comités de Vivienda, Hábitat e Infraestructura de los Consejos Comunales que integran la Comuna y beneficiarios y beneficiarias de las 40 viviendas asignadas.

Este miércoles, la mayoría calificada de la Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión la Ley de Otorgamiento de Títulos a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

El documento será enviado al Ejecutivo Nacional para su promulgación.

Por su parte, la bancada oficialista salvó su voto, pues con esta ley “se están negando a ejercer el artículo 82 de la Constitución”, según argumentó el diputado oficialista Ricardo Molina.

“Lo que está planteado en esta ley hace inviable que dos millones de familias que están esperando su vivienda, la puedan construir” expuso. “Están nombrando una comisión que tiene poderes y quiere dar instrucciones desde acá al Ejecutivo Nacional y eso no se corresponde con la Constitución y las leyes”.

Son los casos de Viviendo Venezolano Villa Hermosa de Guatire y Santa Lucía de Pariaguán

Veinte organizaciones de Viviendo Venezolano de Plaza, Zamora y el municipio Paz Castillo de Valles del Tuy formaron un bloque para lograr la construcción de apartamentos que los beneficien, a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

Nelly Silva, vocera de Viviendo Venezolano Las Orquídeas, señaló que hay 15 agrupaciones que no tienen terrenos asignados.

Son los casos de Viviendo Venezolano Villa Hermosa de Guatire y Santa Lucía de Pariaguán, en Paz Castillo, que representan a 280 familias, según informaron Yoleima Hernández y Carmen Silva, voceras.

Esperan reunirse pronto con la gerencia estadal del Ministerio de Vivienda y Hábitat, con sede en Los Naranjos, Guarenas, para tener respuestas a cada caso.
Héctor Medina, vocero técnico de Las Orquídeas, dijo que este año no ha habido movimiento en el proyecto de viviendas en el terreno asignado a ese colectivo, ubicado en la Intercomunal de Guatire.

Dijo que temen que el proceso se retrase debido a la aplicación de la Ley de Propiedad de la Gran Misión Vivienda, que obliga al Estado venezolano o los beneficiarios a pagar los terrenos asignados a estos proyectos.