4 de los 23 voceros de los edificios Oppp28 usaron firmas ilegalmente para dejar sin vivienda a una de las beneficiadas, afirmaron afectados
El miércoles pasado Mavelis Vivas salió a su trabajo en la ciudad de Caracas. Al mediodía la llamaron sus vecinos para informarle que el Instituto de Vivienda de Vargas estaba en proceso de quitarle su casa en el urbanismo Oppp28, en Tanaguarena, Vargas. “Vinieron y cambiaron la cerradura y me dejaron en la calle. Conversé con la vocera Rosa Castellanos, del consejo comunal, y alegó que la medida se debió a que supuestamente yo no la habitaba”, relató.
Narró que el jueves conversó con el consultor jurídico del Ivivar, quien le notificó que existe un acta firmada por los vecinos y cuatro voceros que alegan que ella no vive en el lugar.
“Para desalojarme, Rosa Castellanos y los otros 3 voceros utilizaron las firmas que se recogieron en la torre A para ayudar a una familia que solicitaba una casa. Yo también las recogí en la comunidad, y 99 de 156 familias avalan que yo habito esa vivienda desde hace 2 años, cuando la entregó el Ministerio de Vivienda y Hábitat”, agregó.
Afirmó que el lunes solicitó, junto con otros afectados, una asamblea con los vecinos donde se presentaría personal de Ivivar, pero no asistieron: “Logré entrar en mi casa de nuevo, pero el jefe de Polivargas y personal de Ivivar se presentaron allí para sacarme y me amenazaron con llevarme presa”.
Vivas es damnificada de la Torre de David, en la avenida Andrés Bello de Caracas, y desde que llegó al urbanismo está bajo amenaza de desalojo, aseguró.
Más amenazados. A Israel Carvajal también lo visitaron personal de Ivivar y dos funcionarios de la GNB el lunes en la mañana para desalojarlo. “Hicieron la inspección de la casa y, como tengo lo mínimo para vivir, alegaron que en esas condiciones no puedo ocuparla. Cuando intentaron sacarme, los vecinos se opusieron, pero me advirtieron que entregara personalmente la llave en las oficinas de Ivivar el próximo lunes”, contó.
Carvajal sale a trabajar a diario desde las 5:00 am y se rehúsa a ser desalojado porque “obtuvo su casa con esfuerzo”.
Aracelis Ascanio, quien ocupa la vivienda 45, también está amenazada: “Solo me faltaba la constancia de refugio, pero me amenazaron con quitarme la vivienda. En Ivivar me dijeron que por no tener mis peroles completos me la pueden quitar, pero aún están en depósitos de La Carlota y no han hecho la mudanza a este lugar. Desde que llegamos nos persiguen porque venimos dela Torre de David”.
Rudy Iriarte, vocera del consejo comunal y fundadora del urbanismo, proviene de la parroquia Naiguatá y le fue adjudicada la vivienda A36. “Son 156 familias adjudicadas y 23 miembros del consejo comunal. No puede ser que 3 voceros se dejen manipular para arremeter contra los beneficiados; algunos viven solos, pero les entregaron sus viviendas. Ese es un beneficio que ya tienen y no pueden ser lanzados a la calle arbitrariamente”, aseveró.
EL DATO
Los voceros que firmaron los desalojos son Rosa Castellanos, Mildred Díaz, Raquel Pineda y Mauricio Báez. Este último, consultado en presencia de los vecinos, afirmó que algunos de los desalojos, como el de Mabelis Vivas, son “un asunto particular que ella debe resolver”. Se negó a dar más explicaciones.
Vivas acudió una vez más a las oficinas de Ivivar y allí se le informó que estaba “incitando a la violencia” y que por órdenes del gobernador la harían presa si se presentaba en el lugar. “Su casa ya la perdió”, le dijeron.
Luis López / El Nacional
Página Web - 2017/09/02
Fuente: http://www.el-nacional.com/
Los habitantes aún no han recibido respuesta por parte de las autoridades
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