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Hidrocapital atendió a la comunidad y sostuvo que no hay repuestos para algunas plantas de bombeo

La diputada a la Asamblea Nacional (AN), Marialbert Barrios aseguró que lleva 237 días denunciando junto a los vecinos, la falla sistemática de derrumbes en El Junquito, manteniéndose en riesgo de perder sus viviendas más de 60 familias.

Barrios recordó que el 18 de enero "Hidrocapital nos atendió, nos dio una ruta por las plantas de bombeo del suministro de agua a El Junquito, Vista Alegre, Mamera, Canaima, Luis Hurtado y el Himalaya ¿el resultado? faltan repuestos, falta orden en las directrices de racionamiento, falta trabajo mancomunado".

Aseguró que se han enviado comunicaciones a la Alcaldía, al gobierno del Distrito Capital, Hidrocapital y hasta el momento no ha habido solución.

"No basta con preocuparse, la falta de articulación con las instituciones públicas, su silencio tortuoso al problema del pueblo agudiza más la necesidad de la gente de a pie", dijo.

La parlamentaria precisó que en pleno siglo XXI "la lucha por la locha, por el alimento, por sobrevivir a la crisis de servicio necesita una respuesta y el pueblo lo que recibe son promesas”, sostuvo.

 

 


El Nacional

Página Web - 2018/03/20

Fuente: http://www.el-nacional.com/


Con la develación del hito de la vivienda dos millones de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), en la urbanización el Mirador de Caiza, ubicada en el estado Miranda, el Gobierno Bolivariano se enrumba a la construcción de cinco millones de hogares para el pueblo venezolano.

En transmisión conjunta de radio y televisión, el presidente de la República, Nicolás Maduro, indicó que en la búsqueda de tal objetivo el Carnet de la Patria, instrumento creado en 2017, será determinante para completar el "milagro de la Revolución Bolivariana", al contribuir a caracterizar las necesidades habitacionales de los más de 16 millones de venezolanos que cuentan con ese documento.

"Solo en socialismo es posible resolver el problema de la vivienda que el capitalismo ha creado durante siglos y el problema del abandono al que nuestro pueblo fue sometido durante siglos. La Gran Misión Vivienda Venezuela plantó banderas con claridad para lograrlo", afirmó.

Destacó que a pesar de las acciones de la derecha nacional e internacional, que pretenden afectar la estabilidad económica y social del pueblo venezolano, el Gobierno Bolivariano logrará cumplir con las metas de la GMVV, cuyo próximo objetivo será la entrega de la vivienda tres millones.

"Desde ya estoy soñando con diciembre de 2019 cuando entregue la vivienda tres millones y desde ya trabajaremos para cumplir el sueño de la vivienda cinco millones. Nadie nos paró, nadie nos detiene, el destino de Venezuela nos pertenece, está en nuestras manos y le pertenece al pueblo ", agregó.

El Mandatario informó que durante el acto de adjudicación de la vivienda dos millones se asignarán 220 nuevos apartamentos a igual número de familias.

 

 


Agencia Venezolana de Noticias

Página Web - 2018/03/20

Fuente: http://avn.info.ve/


La Cámara Inmobiliaria del Estado Aragua, Caminaragua, celebró en grande el primer año de la Junta Directiva actual, con un evento que se llevó a cabo en las instalaciones de la Dirección de Extensión de la Universidad Bicentenaria de Aragua.

En el encuentro, José Luis Rojas, presidente de Caminaragua, ratificó el compromiso del equipo para continuar trabajando por el desarrollo inmobiliario del estado Aragua. Así como la diversificación de la oferta académica de la institución para sus afiliados.

En este sentido, Gina Di Dámaso, vicepresidenta de la institución presentó a quienes explicaron lo que será la oferta académica de cursos y talleres que ofrecerá Caminaragua a sus afiliados. “Nosotros estamos convencidos de que se puede continuar, pero debemos trabajar enfocados para lograr las metas”.

En los próximos días Caminaragua informará sobre el cronograma de las actividades académicas; cuya bandera continúa siendo el Curso de Formación Integral del Profesional Inmobiliario (FIPI).

 

 


Andrea Rocha / Cámara Inmobiliaria del Estado Aragua

Página Web - 2018/03/19

Fuente: http://www.caminaragua.com/


En un documento-propuesta al país, “La Venezuela que queremos”, producido por técnicos de la Cámara Venezolana de la Construcción en febrero de este año, representantes del sector privado consideran que la Gran Misión Vivienda Venezuela no ha cumplido con las metas que se plantearon al momento de su creación, en abril de 2008.

En el papel de trabajo los constructores expresan que en los diez años de este programa “se perdieron, se dilapidaron, se malgastaron, más de US$ 78.000 millones, porque se gastaron más de US$ 195.000 millones para construir 100 mil viviendas, lo que le costó al Estado US$ 83.000 dólares cada vivienda, cuando la norma internacional establece US$ 45.000 por unidad destinada al sector popular”.

Este dato lo complementa el presidente de la CVC, el ingeniero Juan Andrés Sosa, quien señala: “Según un reciente estudio de opinión de la firma Datanálisis “un 5,3 % de los venezolanos encuestados dijo haber sido beneficiado por la Gran Misión Vivienda Venezuela. “No es cierto que el Gobierno ha construido un millón 816 mil viviendas bajo ese programa, lo que significaría que hubiese construido en todo el país alrededor de 90 Caricuaos”.

 

Asevera que “la política de vivienda de la revolución ha sido un fracaso, pues ni la gente tiene casas de calidad, ni la industria nacional ha crecido. Todos los contratos que se han adjudicado a dedo favorecen a empresas extranjeras de naciones aliadas. El sector construcción hoy en día enfrenta la crisis más grande de toda la historia republicana de Venezuela (…); su PIB ha venido cayendo por diez años consecutivos y el del Gobierno no crece desde 2012”.

En el papel de trabajo de los empresarios se denunció que el sector público no invirtió en infraestructura lo necesario, “pese a que el país vivió una bonanza extraordinaria. No solo se invirtió poco, sino mal, y hubo un sobreprecio alarmante en las obras entregadas”.

Refirió que en noviembre del año pasado el presidente Nicolás Maduro manifestó que entre 2008 y 2018 “se había gastado US$95 mil millones para construir un millón 160 mil viviendas”, y advirtió que “cada vivienda le costó al estado US$83 mil, una cifra demasiado alta si se toma en cuenta que no se pagaron terrenos, impuestos, financiamiento, gastos de promoción y comercialización”.

Añade Juan Andrés Sosa que en otros países, ese tipo de viviendas para sectores populares no cuesta más de US$45 mil, y su costo es menor aún al quitarle el terreno, gastos del promotor, financiamiento, pago de impuestos y el urbanismo. “Si se restan estos aspectos, una casa promedio debió costar US$ 22 mil. Esto quiere decir que la Gran Misión Vivienda Venezuela debió costar US$ 25 mil millones, es decir que se malbarataron US$70 mil millones”.
Sigue el déficit

El presidente de la comisión de infraestructura, vivienda y hábitat de Fedecámaras, Aquiles Martini Pietri, considera que los planes que ha desarrollado el Gobierno en materia de soluciones habitacionales “no han atenuado el déficit de vivienda en el país, pues sigue estando en unos dos millones. Se requiere que el Estado construya unas 100 mil casas por año para atender el crecimiento vegetativo de la población, que está por el orden de los 120 mil personas y eso no ha sucedido en tiempos de revolución”.
Opinó que la Gran Misión Vivienda Venezuela, en diez años de trabajo, “no ha construido las dos millones de casas que dice el Gobierno, según nuestros cálculos si acaso los contratistas del Estado se han levantado unas 500 o 600 mil. Toda la estadística oficial suma remodelaciones de edificios expropiados y remozamiento de unidades en sectores populares con el Plan Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Esto abulta las cifras. Este programa arrancó en el año 2008 y su desempeño ha sido muy irregular”.

En entrevista con El Pitazo, Martini Pietri explica que “el sector construcción nacional presenta las peores cifras de desempeño; nadie está trabajando como consecuencia de la recesión, la destrucción de las empresas que suministran materiales, como la CVG, que está operando a 10 % de su capacidad, o las cementeras estatizadas, que trabajan al 50 %. Además el propio Gobierno recortó el gasto en infraestructura y sus contratistas están paralizados por deudas acumuladas. Este deterioro es un proceso que se inició hace varios años y que hoy se evidencia en su máxima expresión”.

El ex presidente de la Cámara Inmobiliaria informó que “algunos funcionarios gubernamentales nos han informado que la revolución ha pagado 85 mil dólares por cada apartamento de la misión vivienda. Con esta cifra, el sector privado venezolano está en capacidad de construir unas cinco o seis viviendas de calidad”.
Considera que según cifras del Banco Central de Venezuela, “el sector construcción ha caído entre 28 y 30 trimestres consecutivos; este es otro indicador de que no ha habido más inversiones en el mismo: ni casas, ni nueva infraestructura vial en el país. Los datos del BCV no están actualizados, lo cual indica que la crisis puede ser más pronunciada”.

Además de las cifras, Martini critica “la intencionalidad política del Gobierno con la entrega de casas o apartamentos a ciudadanos que nunca serán los dueños de nada. Son ocupantes temporales de los edificios que son objeto de control social. Si no están con el Gobierno, se les retira la casa y eso es bastante negativo. Sabemos de mucha gente que quiere comprar su casa y apoyarse en los créditos que otorga a banca. En estos momentos, la cantidad máxima que aprueban los bancos está en el orden de los 200 millones de bolívares y para acceder a ese crédito el solicitante debe ganar más de 20 salarios mínimos. ¿Quién puede hacer esto?”, se preguntó el dirigente empresarial.

Finalmente, dijo que la comisión de infraestructura de Fedecámaras está armando un plan de rescate de todos los sectores que tengan que ver con la infraestructura y servicios: electricidad, manteamiento de vías, construcción, entre otros. “Buscamos soluciones posibles, una especie de Plan Marshall para rescatar a Venezuela del foso en donde está”, al tiempo que dijo a este sitio web que “hemos llevado algunas propuestas a representantes del Gobierno y no hemos obtenido respuestas de nuestros aportes al país”.

 

 


Cámara Venezolana de la Construcción (El Pitazo)

Página Web - 2018/03/19

Fuente: http://www.cvc.com.ve/


Desde el año 2010 la zona fue declarada en situación de riesgo

Más de 700 familias habitantes del barrio La Pedrera, ubicado en la parroquia Antímano, del municipio Libertador, DC, desde el año 2010 se encuentran a la espera que se termine el desalojo ordenado por el expresidente Hugo Chávez Frías y se les entreguen las casas prometidas.

Efraín Ortíz, es habitante del segundo plan de La Pedrera y fue uno de los encargados de recibir al Comandante Chávez, cuando subió el cerro para pedirles a los vecinos que accedieran al desalojo preventivo ya que la zona había sido declarada en situación de riesgo, y  se estaban presentando deslizamientos de tierra que ponían en riesgo la vida de todos.

“El desalojo comenzó en el séptimo plan, las familias fueron trasladadas hasta varios refugios, pero luego de la muerte del presidente Chávez, se paralizaron los trabajos, aquí quedamos más de 700 familias del censo original elaborado por los funcionarios de Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos, en el año 2010. Nos habían prometido nos darían oportunidad de vivienda en los complejos construidos a través de la misión Vivienda Venezuela, entre ellos Ciudad Caribia”, dijo Ortíz.

Señalan los vecinos que la orden de desalojo ordenada por Chávez, fue reafirmada por el presidente Nicolás Maduro a través de un decreto en el año 2013, orden que sigue sin cumplirse.

“Aquí continúan los movimientos de tierra, seguimos en el mismo riesgo que hace siete años. Algunas casas que fueron demolidas, fueron reconstruidas. Hay familias en situación de riesgo y pobreza, aquí viven muchos niños, ancianos y personas enfermas, requerimos pronta ayuda del Gobierno”, dijo otra vecina.

Señalan los vecinos afectados, que en además de la situación de riesgo en las que viven, también sufren las carencias de todos los servicios públicos como son el transporte, agua potable, aseo urbano, vigilancia policial y electricidad.

“Aquí no tenemos servicios de transporte público, salimos y entramos del barrio caminando, el servicio de agua potable llega por tres horas los domingos, el servicio de energía eléctrica lo tomamos directo de los postes y para la zona no suben los camiones de recolección de basura y tampoco las patrullas policiales, necesitamos mayor atención de las autoridades”, dijo otra de las vecinas.

Piden a las autoridades de la alcaldía del municipio Libertador, Distrito Capital, Protección Civil, Cuerpo de Bomberos, misión Vivienda Venezuela y representantes de Gobierno Central, para que realicen un recorrido en el barrio La Pedrera, instalen las mesas de trabajo, para que culminen el proceso de desalojo y cumplan la promesa de entrega de las viviendas dignas.

 

 


Olga Navas / Últimas Noticias

Página Web - 2018/03/20

Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.ve/