En el sur de Maracay, urbanizaciones como La Esmeralda y Aguacatal intentan sobrevivir a las consecuencias de décadas de imprevisión y de malas decisiones. Las inundaciones producidas por el colapso de las redes cloacales en las riberas del lago de Valencia, que se saturaron una vez más con las lluvias de este mes, convierten la cotidianidad del sector en un verdadero infierno, atizado por secuelas como epidemias y otros problemas de salud. El temor por la amenaza del rebosamiento del lago es, sin embargo, el vecino más indeseable, para el que piden acciones urgentes.
Betty Carrero vive en la manzana Y de la urbanización La Esmeralda, en el sur de Maracay. Para ella el sonido de la lluvia es sinónimo de insomnio. A escasos 40 metros del patio de su casa hay un caño donde desembocan varios ríos, entre ellos el Madre Vieja, que se desbordó con las lluvias de principios de mes.
Las aguas servidas de la zona se mezclaron con las que proceden de esos cauces y las del lago de Valencia, lo cual convirtió al sector en una inmensa cloaca. El sur de Maracay, la zona más baja del estado Aragua, es el área más perjudicada por las anegaciones causadas por la compleja cadena de acontecimientos que ha convertido las riberas del también conocido como lago de los Tacariguas en una amenaza para la salud y la vida de los habitantes de la región.
En La Esmeralda intentan sobrevivir más de 40 familias, cuyas viviendas están circundadas por aguas negras. La mayoría de los que aún residen allí son personas de la tercera edad, cuyos hijos y nietos se han marchado para buscar mejor calidad de vida en otros sectores o han emigrado a otras naciones.
Las precipitaciones de principios de marzo encendieron otra vez las alarmas por el temor de desbordamiento del lago, cuerpo de agua al que le cabe la definición de cuenca endorreica; es decir, cerrada y sin salida al mar, como explica el ingeniero Jesús Castillo, presidente de la organización civil Aguas sin fronteras. El nivel de las aguas, que en octubre de 2017 alcanzó cifras históricas, por encima de 414 metros sobre el nivel del mar, hace que cualquier lluvia baste para represar los canales y como consecuencia colapsen las redes fluvial y de sumideros.
Para un cuadro como el experimentado en La Esmeralda este mes, indica Castillo, ni siquiera es necesario que las precipitaciones caigan directamente sobre el cauce crecido, pues en este caso ocurrieron en la cuenca media y alta de la zona montañosa. Sin embargo, debido a que las aguas no pueden escurrirse hacia el lago, se produce la anegación.
Ese, en todo caso, no fue el único sector afectado. Mildred Rojas, miembro fundador del consejo comunal de La Esmeralda, informa que también se vieron perjudicadas las urbanizaciones Casanova, Godoy, La Haciendita y Paraparal. “Lamentablemente las aguas que salen por las alcantarillas no son otra cosa que excremento. Antes del 6 de marzo la calle 5 de La Esmeralda y las manzanas Y y U estaban inundadas de aguas residuales, aunque ni siquiera ha empezado el período de lluvia. Tenemos meses con esas aguas porque no contamos con capacidad para descargarlas”, indicó.
Un recorrido por las casas permitió percibir olor a humedad, penetrante y nauseabundo. Muchas familias han tenido que cambiar sus enseres y mobiliario de los cuartos posteriores, que están más cercanos al caño. Las salas de las viviendas, en algunos casos, se han acondicionado como dormitorio, pero no están a salvo de los estragos de las aguas residuales y del lago. En baños, cocinas y garajes también se observan los daños. El uso de botas de goma es necesario para que los vecinos entren y salgan de sus residencias, y para minimizar el riesgo de contacto con las aguas contaminadas.
El empleo de los terraplenes que la Gobernación de Aragua ha construido en las urbanizaciones afectadas no ha sido otra cosa que una suerte de paño caliente, porque lo único que se ha logrado con ellos es desplazar el problema hacia otras zonas, advierte Castillo.
Respuestas sin ejecución
Decisiones del Tribunal Supremo de Justicia han ordenado el desalojo de las riberas del Lago de Valencia y el pago de indemnizaciones a los afectados. Entre ellas figuran las sentencias 1752 y 1632, dictadas por la Sala Constitucional del TSJ el 11 de agosto de 2006 y el 13 de agosto de 2007. A estas se añadió, en 2012, el fallo N° 868, según el cual el Ministerio del Ambiente, mediante la autoridad única designada para ocuparse de la zona, debía pagar a los propietarios el valor de las casas de La Punta y Mata Redonda.
Sin embargo, el drama humano prosigue. Marcos Gómez, director de Amnistía Internacional Venezuela, está entre las voces que se han levantado para llamar la atención sobre los padecimientos de familias que todavía habitan cerca de las riberas del lago de Valencia. “Lo que están sufriendo cientos de hogares del sur de Maracay es indescriptible debido a la desidia que por años ha caracterizado la actuación de las autoridades; sin embargo, lo que se avecina se perfila como una tragedia de aun mayores proporciones”, alertó en 2017.
Lo ocurrido recientemente en La Esmeralda ha despertado los fantasmas del temor a que suceda un desastre. A principios de este mes una comisión multidisciplinaria, integrada por funcionarios del Ministerio de Ecosocialismo y Aguas, la Gobernación de Aragua, Protección Civil, Bomberos e Hidrocentro, estuvo en la zona para poner en marcha un plan de acción que incluía, entre otras cosas, el rebombeo y la sustitución de tuberías de aguas blancas y aguas negras.
También acudieron ingenieros de Hidrocentro para intentar calmar los ánimos. Una de las conclusiones de las brigadas fue que desahogar los conductos tomará entre tres y seis meses, señala Rojas. Añade que ese procedimiento implica asimismo cambios de secciones de tuberías con hasta 30 años de antigüedad. “El propósito es aliviar hasta donde se puede”, dijo. El fin de semana pasado los vecinos aprovecharon el racionamiento forzoso de agua potable y limpiaron la zona.
Deuda acumulada
Aunque los problemas del lago de Valencia parecen ser de data reciente, el colapso es consecuencia de factores acumulados durante los últimos 40 años. El ingeniero Germán Benedetti, experto en el problema, considera que todo comenzó en 1978, cuando se trastoca el equilibrio de la zona: los cultivos de Villa Rivera; es decir, la producción de caña de azúcar y cambur, empezaron a decaer.
El 13 de enero de 1999 un decreto del presidente Rafael Caldera establece las normas para la clasificación y el control de la calidad de las aguas del lago y diseña protocolos que indican cómo debían supervisarse los vertidos. Allí se establece como punto crítico para las aguas la cota de 408 metros sobre el nivel del mar. Las disposiciones establecidas por la normativa, en todo caso, no se cumplieron. Benedetti señala que ese mismo año, para la creación de los sistemas regionales del Centro I y II, Hidrocentro redirigió 10.000 litros por segundo de aguas residuales desde la cuenca río Pao hacia la cuenca lago de Valencia. Para esa fecha la cota había alcanzado 401 metros sobre el nivel del mar.
No pasó mucho tiempo para que el lago alcanzara el límite de seguridad. Uno de los errores más graves, según Benedetti, fue dejar a un lado la producción de caña de azúcar y cambur, pues las aguas represadas en lagunas o desviadas por los dos principales cauces, y que ya no eran utilizadas en esos cultivos, comenzaron a drenarse también allí.
El 23 de febrero de 2005 el presidente Hugo Chávez dicta el decreto 3498, que declaraba en emergencia el cuerpo de agua y establecía la construcción del muro de contención, que en principio tenía altura de 412 metros sobre el nivel del mar, aunque se le agregaron 2,40 metros entre los años 2011 y 2012, en contra de las opiniones de expertos.
“La vida de nosotros depende de ese muro”, expresa Rojas, quien denuncia que el gobierno debería haber emprendido simultáneamente otras obras de ingeniería para solventar definitivamente el problema.
A partir de 2009 la situación empeoró. El gobierno confiscó 25.000 hectáreas de tierras en la cuenca del lago y en octubre de ese año se destruyeron 10.000 hectáreas de caña de azúcar. “Se cortaron 700.000 toneladas que consumían 10.000 litros por segundo para el riego agrícola”, apunta Bennedetti.
Otro hito de la tortuosa historia del lago de Valencia debe fijarse en 1995, observa Castillo, cuando comienzan los proyectos para el saneamiento, que incluían la construcción de colectores de la Gran Valencia y la Gran Maracay y de 17 plantas de tratamiento, de las cuales se han instalado 3 pero funciona solo una, denuncia. “Y si nos vamos a los años ochenta, el Estado no debía permitir la construcción de urbanizaciones y sectores populares en las planicies fluviales del lago”, indicó.
Colapso anunciado
Castillo afirma que la situación del lago de Valencia “es el problema ambiental más grave de América Latina por su impacto social, ya que aproximadamente 12.000 familias se han visto obligadas a desalojar sus hogares y las que aún permanecen a su alrededor –aproximadamente 900 familias– sufren las inundaciones de aguas negras en sus casas y refugios, el rebose de las cañerías y las enfermedades que proliferan a costa de la contaminación”.
Carrero considera que la urbanización donde habita está desahuciada. “Los ingenieros de Hidrocentro nos aseguraron que ya no hay nada que hacer”, lamenta con voz entrecortada, junto a un grupo de vecinos que la secundan en sus reclamos.
En algunas comunidades del sur de Maracay se ha cumplido la sentencia a muerte. Entre las que han desaparecido están Valle Lindo, Las Corocoras, Las Garcitas, algunos sectores de Brisas del Lago, Las Vegas II, parte de las Vegas I, La Vaquera, Saigón, 4x4, Las Casitas y Platanal, enumera Castillo. Afirma que Aguacatal I y II están por sucumbir.
Para los que quedan la crisis sanitaria es una de las complicaciones más graves, advierte Rojas. “Hay escabiosis, problemas respiratorios, enfermedades de la piel y de la vista porque al secarse esas aguas, por mucho que uno lave y limpie, quedan bacterias y partículas contaminadas”. Otros males de salud incluyen epidemias como zika, dengue y chikungunya.
Los habitantes no tienen acceso directo a agua potable, y deben comprar botellones de procedencia dudosa y precio muy alto. “Es muy probable que el agua que comercializan en la zona presente contaminación y no sea apta para el consumo humano, por justamente provenir de manantiales y quebradas donde desembocan aguas servidas”, señala Castillo.
El desalojo de esas familias debe ser inmediato, apunta. “Es necesario no solo para resguardar sus vidas, sino también para que el Estado pueda hacer un trabajo de saneamiento de las aguas negras y con el fin de que se pueda retomar la instalación de los colectores y las plantas de tratamiento. Sin embargo, se trata de obras que no se hicieron en época de bonanza y es muy difícil que puedan ejecutarse en este contexto”, admite.
Si bien la situación es grave, Benedetti previene que puede empeorar porque los terrenos están expuestos a colapso. Hace énfasis en que cualquier solución debería incluir la reactivación de la producción de los cultivos de caña de azúcar y cambur. Las decisiones y las acciones deben ser rápidas, recomienda. “El lago puede crecer metro y medio más este año. Lo peor es que las zonas en riesgo se pueden inundar en menos de media hora”, añadió.
Rojas enfatiza que los habitantes de las comunidades afectadas viven en condiciones inhumanas. “El Estado debe darnos una respuesta; si no puede ser la construcción de una vivienda, deberían plantearnos alguna otra”.
María Moncada, otra de las afectadas por el crecimiento del lago, recuerda que los ofrecimientos de reubicación quedaron en letra muerta. “Somos la letrina de Maracay, sin que nadie se ocupe de nuestros problemas. Una semana antes de ganar la gobernación, Rodolfo Marco Torres vino aquí, lloró con nosotros y nos prometió que en una semana nos indemnizarían”.
Han pasado seis meses desde el triunfo del ex ministro de Alimentación como gobernador de Aragua y las familias del sur de Maracay siguen padeciendo las mismas penurias. Ya perdieron la esperanza de que algún gobernante los saque de allí y solo se aferran a la fe para implorar a Dios que no haya una tragedia peor.
Contaminados, desconectados, abandonados
Incomunicados, a oscuras, sin esperanza. Así dicen sentirse los afectados por el aumento de nivel del lago de Valencia, en el sur de Maracay, después de tantas ofertas de soluciones habitacionales que nunca se concretaron e infinidad de reuniones de trabajo con las autoridades.
Verse obligados a sobrevivir entre aguas negras es quizás uno de los peores problemas que deben afrontar los habitantes de La Esmeralda, pero no es el único: desde abril de 2017 no cuentan con servicio telefónico, aunque los avisos de cobro de Cantv llegan sin falta. Además, son frecuentes las caídas del servicio eléctrico que, en consecuencia, interrumpen también la telefonía celular.
Mildred Rojas, miembro del consejo comunal del sector, denuncia que desde hace un año el transporte público no llega. El alto costo de repuestos y cauchos, el abandono de la zona y la inseguridad condujeron a que las líneas cancelaran las rutas. La falta de aseo es otra de las carencias: puede pasar un mes sin que acudan los camiones y la basura se acumula en las áreas verdes.
La falta de mantenimiento de las bombas de achique genera aún más inquietud. En Parapal y Aguacatal, en terrenos cerca del muro, en el canal de Sudamtex y en algunos terraplenes cuentan con bombeos que llevan las aguas residuales de vuelta al lago. Cuando no va el operador o no hay gasoil, la situación también se torna crítica.
Las lluvias de principios de mes, que causaron la crecida del Madre Vieja, también afectaron Aguacatal, otro sector amenazado por el aumento del nivel de las aguas del lago y declarado refugio a cielo abierto por Tareck el Aissami cuando era gobernador de Aragua. Mediante esa figura los habitantes del lugar podían permanecer en sus viviendas, pero tenían derecho de recibir la asistencia que se brinda a quienes residen en refugios. “Estas familias saldrán de la zona directamente a sus nuevas viviendas”, aseguró en mayo de 2013 el hoy vicepresidente de la República.
Casi 5 años después, esa promesa también se diluyó. Rojas relata que las 17 familias que quedan en Aguacatal deben convivir con culebras, ranas y ratas; y, por el poco espacio que tienen, “prácticamente están metidos en el lago”.
Entre 2008 y 2012, aproximadamente 100 familias de La Punta fueron reubicadas, pero muchas otras del sur de Maracay aún siguen a la espera de respuesta.
Gregoria Díaz (Crónica Uno) - Omarela Depablos / El Nacional
Página Web - 2018/03/18
Fuente: http://www.el-nacional.com/
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