Desde la legislatura pasada hay una iniciativa en la materia, pero integrantes de la Comisión de Vivienda acusan intereses partidistas para frenarla y prioridades mal estructuradas en la ALDF
La pasada legislatura la heredó y todo indica que la actual hará lo mismo con la propuesta de Ley de Vivienda, pues entre las prioridades de los diputados locales no figura el tema; al menos, no de manera integral y como un eje rector para la planeación de la ciudad.
La discusión se ha limitado a un proyecto para sustituir una Norma de Ordenación Territorial, la polémica 26, la de vivienda de interés social y popular en la que insisten en mezclar la vivienda media y en renta.
A unos meses de que concluya la VI Legislatura y previendo un periodo extraordinario posterior a la elección, Miriam Saldaña, presidenta de la Comisión de Vivienda de la Asamblea Legislativa (ALDF), confía en que haya voluntad política para darle salida.
“Para mí es más importante que las familias tengan una vivienda a que los animales tengan o no un circo, pienso que no se ha estructurado bien el orden de prioridades de la VI Legislatura.
“A partir del 8 de junio va a ser muy importante que de la mano de organizaciones sociales, iniciativa privada, academia y diputados, saquemos adelante la Ley de Vivienda. Tenemos una última oportunidad para sacarla adelante a finales de junio en un periodo extraordinario”, señaló.
Entre la propuesta de ley que presentó Saldaña hace unos meses, y que se retomó de las iniciativas dictaminadas a favor en la V Legislatura y en la actual, están fomento a la vivienda en renta y facilidades de crédito para jóvenes y grupos vulnerables; responsabilidades e incremento de sanciones a servidores públicos e iniciativa privada; sustentabilidad a través de corredores “verdes y azules” muy al estilo francés, mayores garantías de protección civil y aprovechamiento de inmuebles recuperados por la Ley de Extinción de Dominio.
También, la creación de un banco de suelo por parte del GDF y una transformación del Instituto de Vivienda (Invi) para que se convierta en un verdadero promotor y desarrollador de vivienda sin recurrir a las clientelas.
“Que haya un marco jurídico que dé certeza y que la vivienda vaya a quien tenga que ir y no para ciertos grupos que se están enriqueciendo a costillas de la gente. Tiene esta motivación de mayor justicia social y equidad en la vivienda y que la ciudad sea realmente de todos, porque lo que se hace es expulsar a quienes menos tienen cada vez más lejos”, afirmó.
El diputado Jorge Gaviño, exdirector del Fiduciario Especial de Vivienda, consideró que la capital puede crecer más de forma planeada, y requiere de la promoción de vivienda popular y media al igual que los créditos para acceder a éstas.
“La ciudad tiene que seguir creciendo, todavía es chaparra, tiene pocos niveles. Tenemos infraestructura, pero seguimos construyendo en la periferia, donde no hay servicios, en Iztapalapa. La presión social es muchísima para esas zonas donde no hay agua ni transporte”, sostuvo.
Reconoció que no se ha hecho lo suficiente en la ALDF para contar con una ley que requiere la ciudad y un instituto que cumpla con sus funciones.
“Lamentablemente intereses partidistas nos alejaron de la posibilidad de legislar sobre la materia de vivienda. La Comisión de Vivienda no legisló, nos quedamos con varias iniciativas, algunas de ellas avanzadas y estamos legando a la otra legislatura solamente proyectos y nada en concreto”, dijo.
Explicó que la propuesta incluía dotar al Invi de herramientas para incrementar la producción de vivienda en la ciudad, que aglutinara a todos los promotores y entes públicos y privados en la materia y sirviera como “palanca de desarrollo”.
“No fuimos capaces de integrar una ley que le diera facultades como instituto y no sólo como promotor. Lo que hemos creado es una promotoría de vivienda popular clientelar donde sólo tienen acceso a la vivienda los grupos organizados y las personas que deciden los líderes de esas organizaciones”, acusó.
Punto de inflexión
- Ignacio Cabrera, arquitecto y maestro en Urbanización por la Universidad de Georgia, sobre el surgimiento del movimiento social que exigía vivienda en el DF:
- En 1982, lo adverso del contexto macroeconómico para la economía mexicana en su conjunto observaba niveles críticos. Frente a esta situación, los movimientos sociales organizados en coordinadoras comunicadas entre sí, y ya con un peso significativo al interior de la izquierda social, desarrollan amplias movilizaciones unitarias. Ya para entonces, el Movimiento Urbano Popular, a través de su Coordinadora Nacional (Conamup), enarbolaba tres demandas-eje: alto a la represión, alto a la carestía de vida y suelo.
- En 1983, la Conamup, con una presencia consolidada al interior de los actores sociales y de izquierda organizados del país y la ciudad, es una de los convocantes al Foro Nacional de Suelo, Vivienda y Servicios y sobre la nacionalización de la banca, del que derivó un programa reivindicativo que incluyó puntos como el derecho a un lugar donde vivir y créditos para la vivienda popular.
- En este contexto, los sismos de 1985, con la estela de daños físicos que dejan, impactan en la sociedad mexicana porque pusieron de manifiesto la mala calidad de la infraestructura pública, la inadecuada regulación e inexistente supervisión de la obra pública y también la privada.
- El desastre afectó notoriamente a edificios públicos, las comunicaciones y la infraestructura del centro–poniente de la ciudad. Los peritajes mostraron que la mayoría de los edificios que se derrumbaron tenían especificaciones inferiores a las exigidas en los contratos.
- Los sismos, cuyos impactos físicos y severos daños se concentraron en la ciudad central, evidenciaron el agotamiento de la política institucional.
- La respuesta del gobierno federal fue contundente: para el 21 de octubre de 1985 aparece el decreto de expropiación del suelo de las viviendas y vecindades dañadas por los sismos y la aparición del Programa de Reconstrucción Habitacional, que tendrá como objetivo central la restitución y construcción de 40 mil viviendas.
- Finalmente, se expropian alrededor de cinco mil predios en ciudad central (no era la totalidad de los afectados) y algunos no tenían daños estructurales.
“La ciudad debe darle cabida a todos”
“Esta ciudad tiene que darle cabida y acomodo a todos” al crear zonas donde los servicios vayan acorde a lo que una persona pueda pagar con una vivienda de interés social, popular y media, afirmó Josefina MacGregor, integrante del Movimiento Suma Urbana y residente de San Ángel.
“Ya no requerimos ahorita vivienda media y alta: el porcentaje de la población que lo puede pagar es mínimo. Tenemos un porcentaje importante que tiene que ser parte de este tejido urbano que no podemos sacar de la ciudad.
“No hay forma de decir: todos los que no puedan pagar la nueva ciudad que quiero hacer yo, váyanse, ¿por qué? Esta ciudad tiene que ser una que le dé cabida y acomodo a todos. Lo que hay que hacer es identificar las zonas de la ciudad y el tipo de vivienda que se requiere”, manifestó.
Recordó la propuesta de voltear a la zona que comprende Viaducto al Centro Histórico y de Eje Central al aeropuerto, donde hay áreas e inmuebles abandonados que se podrían utilizar con inversión en seguridad y servicios, pues en materia de movilidad cumple con las condiciones necesarias.
“En San Ángel tenemos fugas de agua muy importantes y no se pueden reparar porque las tuberías tienen 60 años, no encuentran la forma de repararla. Si no ves la infraestructura y pretendes invertir en vivienda de un tipo, que no puede aguantar la ciudad, lo que hacemos es cavar más profundo”, dijo.
Fracasa impulso al interés social
La Norma 26 está suspendida desde agosto de 2013 y su sustituta no logró consensuar posturas.
Aunque fue creada para producir vivienda de interés social en la ciudad, la Norma de Ordenación Territorial número 26 se convirtió en el negocio de muchos inmobiliarios, que vendían a precios de lujo, y en motivo recurrente de quejas y denuncias de vecinos que se vieron afectados, principalmente por violación al uso de suelo.
Ante esto, el ordenamiento fue suspendido desde el 19 de agosto de 2013 por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), que presentó el proyecto de Normas 30 y 31 previendo una redensificación paulatina de la capital a 25 años, basados en que la necesidad anual de vivienda sería entre 45 y 48 mil casas, más del doble que se produce actualmente.
La dependencia incluía una lista de más de 600 colonias en donde se podría construir vivienda popular y media, y abarcaban zonas patrimoniales, pueblos originarios y áreas residenciales, contraviniendo los programas y planes de desarrollo urbano.
La propuesta fracasó por la resistencia vecinal que logró poner freno, pero a los pocos meses presentó otra que algunos grupos de colonos, asociaciones y promotores de vivienda, cámaras y hasta legisladores calificaron como “un refrito”.
Josefina MacGregor, integrante del movimiento Suma Urbana, dijo que el boom inmobiliario en la ciudad se derivó principalmente por la Norma 26, pues tan sólo en 2012 se construyeron mil edificios ilegales bajo su amparo.
“Presentamos 15 mil firmas en 2013 en la ALDF con una serie de propuestas para poder de alguna manera darle sentido al marco urbano de la ciudad. En Benito Juárez hay más de mil edificios, ahí no puedes decir que es una laguna legal, el programa delegacional dice que la Norma 26 no aplica aquí.
“Tenemos más de cuatro mil 500 edificios ahora levantados con esta norma, no puede seguir esto, porque está afectando la vida de todos. Empezamos a pedir mesas de trabajo y la Seduvi siente la presión y decide suspenderla en papel, pero sabemos que en la colonia San Juan, en Benito Juárez, en una misma manzana se otorgaron 20 permisos de Norma 26 para iniciar hace un mes”, acusó.
En un segundo intento, “el borrador” de la Seduvi acumuló observaciones en sus 12 artículos, como contradicciones con el Reglamento de Construcciones en materia de estacionamientos.
La mayor crítica expuesta en mesas de análisis entre vecinos y diputados fue que la norma seguía beneficiando más a los constructores que a quienes requieren una vivienda a bajo costo.
Ante la falta de acuerdos, la ALDF indicó en marzo que no aprobaría ninguna Norma de Ordenación Urbana y de Vivienda –su nuevo nombre- si no existía consenso con los sectores que involucra, por lo que estableció una pausa, también por motivos electorales, para después continuar con la discusión.
KENYA RAMÍREZ / Excélsior
Página Web – 2015/05/19
Fuente: http://www.excelsior.com.mx
La Sociedad Hipotecaria Federal detalló que el precio medio nacional de viviendas de tipo medio fue de 644 mil 290 pesos corrientes
La capital mexicana sufrió un descalabro en los primeros tres meses del año en términos de precios de vivienda, que aumentaron apenas 0.88 por ciento. Un trimestre antes, los precios de las viviendas habían crecido 9.25 por ciento. 
Cemex respondió al creciente reto de urbanización, la necesidad de invertir en infraestructura duradera y tener vivienda asequible, aseguró su director general, Fernando González, mediante la presentación de su informe de desarrollo sostenible 2014.
Los damnificados fueron llevados a albergues, mientras que Protección Civil, así como agentes municipales supervisaron la zona en la colonia Anexa Miramar