El anteproyecto de Ordenación busca evitar la densificación en vivienda popular
El anteproyecto de las normas generales de Ordenación 30 y 31 para apoyar la producción de vivienda de interés social que pretende impulsar el Gobierno del Distrito Federal, busca evitar que se sigan cometiendo abusos inmobiliarios como los que se daban con la regulación anterior (Norma 26) y con ello, poner más candados a las constructoras.
De acuerdo con Carlos Hernández Mirón, presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa (ALDF), a pesar de que son consideradas más de 600 colonias de la Ciudad de México para la densificación de la vivienda de interés social, no se podrán construir proyectos inmobiliarios, en tanto no se cumplan reglas, esenciales como que las calles tengan más de siete metros de ancho, se garanticen servicios generales y de movilidad como red de agua potable, drenaje y servicios básicos.
Además de que no podrán ser construidos más de ocho niveles, sólo en algunos Planes Parciales de Desarrollo podrán levantarse hasta diez y únicamente cuando se superen los 26 metros de ancho de la calle.
“No se le va a dar manga ancha a los desarrolladores, no se va a apoyar la densidad en una calle menor a siete metros de ancho, además los desarrolladores inmobiliarios estarán ordenados y con candados, ya que de cometer fraudes estarían incurriendo en un delito tipificado en el artículo 310 del Código de Procedimientos Penales”, expuso Hernández Mirón.
El legislador dejó en claro que todavía no hay una iniciativa definida y agregó que una vez que se tengan las propuestas de normas generales de ordenación, serán discutidas con todos los actores involucrados o afectados.
De acuerdo con este anteproyecto, con las nuevas normas se podrían construir dos tipos de vivienda A y B, mismas que oscilarían entre los 490 mil y 736 mil pesos como precio de venta al público.
Uno de los puntos que ha sido cuestionado recientemente por organizaciones y autoridades delegacionales, ha sido la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi). Se planteó que en el caso de los certificados de aplicación de la Norma 30 deberían ser emitidos por la Seduvi y tendrían un plazo de vigencia de dos años a partir de su expedición.
Como fueron señalados ocho Programas Parciales de Desarrollo Urbano, algunos vecinos han comenzado a inconformarse y advertir que podrían ampararse ante la aplicación de la nueva normatividad.
Éstos son San Simón Ticumac, Centro Alameda, Centro Histórico, Santa María la Ribera, Atlampa, Santa María Insurgentes, Cerro de la Estrella, Sierra de Santa Catarina, Zona Patrimonial de Tacubaya y La Merced.
Dentro del anteproyecto, el Gobierno del DF pretende llevar a cabo incentivos fiscales para las inmobiliarias que cumplan con las normas, quienes lograrían hasta 100 por ciento de reducciones fiscales en las viviendas tipo A y 80 por ciento en las tipo B.
Conforme al borrador del Proyecto de decreto, al cual Excélsior tuvo acceso, la Norma 26, que entró en vigor en 1996, y que ha sufrido modificaciones, ha sido objeto de diversas suspensiones de su aplicación debido al abuso que ha sido objeto por parte de desarrolladores inmobiliarios que indebidamente se han aprovechado de los beneficios normativos para caer en simulaciones y construir viviendas a precios elevados e inaccesibles para la población de bajos ingresos.
De interés social
Son más de 600 colonias consideradas en 14 delegaciones
- Álvaro Obregón
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- Benito Juárez
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- Cuajimalpa
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- Cuauhtémoc
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- Magdalena Contreras
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- Miguel HIdalgo
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- Iztacalco
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- Tláhuac
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- Xochimilco
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- Azcapotzalco
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- Coyoacán
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- Gustavo A. Madero
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- Venustiano Carranza
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- Tlalpan
Harán foro ciudadano
El punto de acuerdo de la la panista Priscila Vera, para hacer mesas de trabajo, análisis y consultas a la población respecto del contenido de las Normas de Ordenación Territorial 30 y 31, fue aprobado en la Asamblea Legislativa (ALDF).
Los asambleístas pedirán que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
(Seduvi) explique dichas normas que van a sustituir a la Norma 26 para la construcción de vivienda popular, y deberá transparentalas a los diputados y a los jefes delegacionales, ya que la información sólo la socializaron con la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.
También solicitarán a Meyer Klip, titular del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), que remita a la ALDF un informe con su opinión respecto al contenido y los alcances en materia de verificación de las Normas 30 y 31, sobre todo para vigilar que los desarrolladores respeten el precio de venta y no se repita la historia de la Norma 26, con la cual se hicieron proyectos de lujo, disfrazados de vivienda de interés social.
Vera criticó el mal diseño de estos ordenamientos, pues dijo que “acarrean los mismos vicios” que la suspendida Norma 26, al no especificar las características de las viviendas e involucrar a colonias ubicadas en zonas de alto riesgo y en pueblos originarios.
El diputado del PRD, Alejandro Ojeda fue el único en votar en contra, al argumentar que el documento aún no llega a la ALDF y no hay material para revisar.
GERARDO JIMÉNEZ / El Excélsior
Página Web – 2014/07/10
Fuente: http://www.excelsior.com.mx