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Habrá “impuesto” por derechos en desarrollo urbano; crearán un fideicomiso

 

Con la aplicación de las normas de ordenación urbana 30 y 31 se prevé una redensificación paulatina de la Ciudad de México a 25 años, basada en que la necesidad anual de vivienda sería entre 45 y 48 mil, más del doble de lo que se produce actualmente.

 

Las normas 30 y 31 pretenden poner candados a los lineamientos para edificar vivienda de interés social, mismos que eran regulados hasta el año pasado por la norma 26.

 

Según el estudio realizado por la Universidad Autónoma de México (UAM), campus Xochimilco, base para el proyecto de la norma que impulsa la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), en los próximos 15 años habrá 354 mil nuevos hogares en el DF, lo cual implica un incremento de más de 23 mil al año.

 

En el periodo 2000 a 2010, la capital del país expulsó a 228 mil hogares formados en la entidad, es decir, 22 mil 800 anuales.

 

En el análisis también se habla de que, de 2005 a la fecha, el precio del suelo se ha incrementado 17 por ciento por encima de los costos de construcción.

 

El arquitecto Pablo Benlliure Bilbao, coordinador del proyecto técnico norma 26 de la UAM Xochimilco, y el abogado y consultor Gerardo Gómez del Campo expusieron que la norma 26 que pretende sustituir por las 30 y 31, y que nació para el impulso de la vivienda popular en el DF, ha estado suspendida más de ocho meses, lo que ha generado una alta presión en el mercado inmobiliario, acentuándose la caída de la inversión y la oferta de vivienda.

 

“La norma 26 fue suspendida para rediseñarla y evitar su mala utilización, nació en 1997 y primero fue para algunas colonias, luego se modificó en 2010 y se estableció que era para toda la ciudad. Pasaba por encima de zonas patrimoniales y por Programas Parciales. Era una norma que aplicaba en el DF de manera violenta.

 

“Ahora se busca instrumentar la justa recuperación de la plusvalía generada por las nuevas normas 30 y 31 para apoyar a la población de bajos recursos. La falta de suelo accesible expulsa de la ciudad a cerca de 23 mil hogares cada año, que siguen trabajando, estudiando y accediendo con servicios básicos con viajes promedio de dos horas y cuatro en viajes redondos”, explicó Benlliure Bilbao.

 

Rafael Valdivia, asesor del titular de la Seduvi, Simón Neumann Ladenzón, comentó que es necesario “sacar” las nuevas normas para no afectar inversiones que impactan la economía a nivel país.

 

Durante un taller para periodistas, el funcionario expresó que la Ciudad de México podría tener una inversión extraordinaria de la federación en materia de vivienda, pero depende de la aprobación de las normas 30 y 31.

 

“Las normas tienen una implicación económica nacional. La dinámica económica e inmobiliaria en el país significa 25 por ciento del PIB, por lo que es importante reactivar el sector inmobiliario; en el DF ha crecido, está en 5.2, es aceptable, pero la región centro es un punto importante para la política pública de vivienda del país”, señaló el funcionario.

 

Explicó que el sector inmobiliario significa la octava parte del PIB del Distrito Federal.

 

Fideicomiso

 

La propuesta de las normas 30 y 31 que promueve el GDF y que afinan estos especialistas, incluye que, mediante la captura de la plusvalía generada, con el incremento de la densidad permitida por las nuevas normas, se apoye la producción social de vivienda y el mejoramiento de los barrios impactados.

 

Lo anterior será a través del pago de derechos de desarrollo para capturas de plusvalía.

 

Los recursos obtenidos por el pago de derechos serán destinados 60 por ciento a la producción de vivienda de interés social, 20 por ciento al mejoramiento de la movilidad urbana, equipamiento y servicios en todo el DF; otro 20 por ciento será una inversión directa en la zona en donde se emitió el pago respectivo, para mejoramiento en los servicios urbanos.

 

Este “impuesto” aplicará, por señalar un caso, cuando se pretenda ampliar la superficie de construcción y al mismo tiempo aumentar el número de viviendas edificables, aquí se determinarán los derechos a pagar por metro cuadrado o viviendas adicionales y se abonará el mayor de los dos.

 

Para el manejo de los recursos que se obtengan bajo el esquema de recuperación y captura de plusvalía que pagarán algunos desarrolladores, se propone la conformación de un fideicomiso público.

 

“Se prevé un fideicomiso que maneje el recurso, un consejo encargado de dictaminan el uso de recursos. En eso tendrá que trabajar la Seduvi y la Secretaría de Finanzas”, dijo el coordinador del proyecto técnico Norma 26 de la UAM.

 

Rafael Valdivia, asesor de la Seduvi aclaró que aún no afinan este tema y sigue en análisis.

 

Sobre el avance en las discusiones sobre la propuesta general, apuntó que más de tres instancias centrales (la mayoría secretarías) ya entregaron observaciones y dieron su aval. También hay seis delegaciones que trabajan en el análisis de la información.

 

Cambios y orden

 

La nuevas normas promueven la diversidad y mezcla de los usos de suelo obligando a partir de cierta dimensión del frente del predio 15 metros, a instalar comercio y servicios.

 

La tendencia es reducir el uso del automóvil particular por lo que se limita el número de cajones permitidos y obligan a la instalación de biciestacionamientos. “Se requiere una norma más afinada. La Norma 26 era un poco bestia, pasaba por encima del territorio; ahora se requiere redensificar, pero con conocimiento”, agregó el arquitecto Pablo Benlliure Bilbao.

 

 


KENYA RAMÍREZ / El Excélsior

Página Web – 2014/07/20

Fuente: http://www.excelsior.com.mx


Una misma empresa con nombres distintos ha timado a cientos de personas; asegura dedicarse a la compra-venta de bienes alguna vez hipotecados

 

Una sofisticada forma de fraude, en el cual se aprovecha la necesidad de adquirir un patrimonio para la familia, es ofrecer casas o departamentos a “costos accesibles” a través del remate inmobiliario.

 

Dice un refrán popular: “lo barato sale caro” y en el entusiasmo por conseguir su propia vivienda hace que la víctima, en principio sospeche, pero el fraude está tan bien elaborado y quienes lo perpetran tan bien entrenados que a veces es imposible detectarlo. Su procedimiento es similar en casi todos los casos.

 

Cuando la gente decide comprar una casa o un departamento por lo regular sabe en qué zona de la ciudad lo quiere, de cuantos metros cuadrados, el número de recámaras, con o sin estacionamiento, o roof garden, pero sobre todo se piensa que sea barato.

 

Es costumbre buscar casas en venta en páginas de periódicos o por internet. En casi todas las familias hay alguien que se dedica a los bienes raíces o tiene un conocido que lo hace, ésas son las vías más comunes para enganchar al comprador.

 

Los hacen seudoempresas que aseguran dedicarse a la compra-venta de bienes que alguna vez estuvieron hipotecados, pero que fueron dejados en manos de una institución bancaria luego de que sus dueños no pudieron seguir pagando.

 

La víctima es llevada a oficinas exclusivas en zonas de alto poder adquisitivo en donde, deslumbrada, hace a un lado sus sospechas. A veces los “agentes inmobiliarios” los llevan ante notarios y ahí firman pagarés, contratos de compra-venta, hacen promesas y compran sueños.

 

Pasan los meses y el comprador comienza a sentir un malestar. Cuando debe pagar, la inmobiliaria lo contacta e inclusive le cobra intereses si no lo hace a tiempo. Cuando se llega el momento de la entrega del inmueble, el cliente tiene que buscar a la empresa sólo para recibir la primera negativa.

 

El inmueble tiene un problema legal, pero no se preocupe, le podemos dar otro”, le dice la inmobiliaria al cliente. Con engaños similares alarga el proceso de entrega hasta dos años, hasta que el comprador asume que jamás le será entregada o él mismo verifica que la casa o el departamento ya fue vendido a otra persona con todas las de la ley.

 

Hay decenas de casos así en la Ciudad de México y de acuerdo con los testimonios de varios defraudados la empresa que lo hizo es la misma pero tiene varias caras: Acsa Sofom, Skala Inmuebles, Administradora de Carteras Barak Barak y Adjudica Sí.

 

Bertha Reyna Álvarez compró la casa marcada con el número 49 en Paseo de los Capulines, colonia Paseos de Taxqueña, delegación Coyoacán. “Me contactaron Imelda del Socorro Hernández Mujica y Arturo Jiménez García. Me dijeron que había una casa de oportunidad que con 50 mil pesos podía apartar y en una semana tendría yo la firma ante notario para, en 60 días cuando mucho, tener mi casa.

 

Nos vimos en la Notaría (233) se firmó el contrato a nombre de la empresa Administradora de Carteras Barak Barak o Adjudica Sí, que es lo mismo, con sus representantes legales que son Fátima Elizabeth López Gaspar y Mariela del Carmen Nicolás”, explicó Álvarez.

 

En agosto de 2013 Bertha inició su denuncia en la Fiscalía de Delitos Financieros de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. El jueves pasado le informaron que su averiguación se había ido a la reserva y que tenía que llevar un escrito de inconformidad para reactivar la indagatoria.

 

Mayra Figueroa Hernández, de 43 años, asesora en estrategias de inversión también fue defraudada. Ella pagó por una casa en el 178 de la calle La Malinche, fraccionamiento Colinas del Bosque, en Tlalpan. Su “corredor inmobiliario” fue Alejandro Jalil García Monreal.

 

Entregó un millón 700 mil pesos que hasta la fecha no ha recuperado. Cuando fue a reclamar ya estaban desmantelando las oficinas de la supuesta inmobiliaria. “Coincidentemente llegué a Homero 411, que en aquel momento eran las oficinas, y estaban en mudanza porque después se fueron a a una oficina virtual en Lagrange, también en Polanco, que ya desapareció”, dijo.

 

A Héctor Guillermo Montoya Guzmán, Mario Guadalupe Castro Monroy, Marisa Aidé González Morales, Noé Reyes Gutiérrez, Guillermina Cuevas Vélez y María Socorro Ornelas Piña los engañaron con un complejo ubicado en Odesa 902, colonia Portales, delegación Benito Juárez.

 

Ornelas Piña, de 66 años, socióloga jubilada, cuenta que invirtió todo su patrimonio en esa transacción. Ella quería un lugar con tres recámaras para que su hija pusiera su consultorio y vio un aviso en el periódico que ofrecía un departamento en 490 mil pesos.

 

En noviembre de 2011 adelantó 245 mil pesos. El vendedor Ángel García la llevó a la inmobiliaria. “Ahí conocimos a dos licenciadas: Mariela Martínez Nicolás y Fátima López quienes junto con el vendedor nos atendieron y hablaron de cómo eran los departamentos que estaban, por el momento ocupados, y que si no nos apurábamos pronto se acabaría la oportunidad”.

 

En diciembre de 2012 cambiaron sus oficinas sin avisar a Lagrange y luego de ubicarlos les dieron largas. En 2013 les prometieron reembolsarles su dinero e incluso firmaron documentación pero a la fecha nada se ha resuelto.

 

Estas empresas hacen otro tipo de fraude como le sucedió a Irma Márquez Rubio, de 62 años, y su hermana, ambas jubiladas. “Una amiga me presentó un asesor financiero y él me dijo que Alejandro Jalil había entrado a trabajar con él hacía inversiones y que le daba ganacias de 20 por ciento por seis meses y transcurrido ese tiempo le devolvía a uno su dinero íntegro. Yo le comenté a mi hermana, nos llevó a la calle de Homero con Jalil”, explicó.

 

En 2008 previa firma de contrato en la Notaría 233 de Ángel Gilberto Adame López, ubicada en Montes Urales 220, colonia Lomas de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo, entregaron el dinero. Ocho años después siguen pidiendo justicia y aunque una demanda civil fue ganada no han podido recuperarlo porque los defraudadores no tienen propiedades para embargarles.


Profesionales de la estafa

 

Si ingresa a un buscador de internet los nombres, “Alejandro Jalil García Monreal y Elizabeth Hernández Villagómez”, encontrará que se trata de una pareja que ha defraudado a cientos de personas en México.

 

Esta pareja junto con Mariela del Carmen Nicolás, Fátima Elizabeth López Gaspar, Imelda del Socorro Hernández Mujica, Ramón Roldán y Arturo Jiménez García enganchan a personas que buscan una casa o un departamento, les piden dinero y nunca obtienen ni el inmueble ni el reembolso de su dinero.

 

Pero alguien ya le ganó una demanda a Alejandro Jalil García Monreal quien ingresó al Reclusorio en agosto del año pasado y salió dos meses después. Se desconoce el nombre de esa persona que fue defraudada por dos millones 600 mil pesos y quien logró recuperar su dinero más intereses para después otorgarle el perdón a este hombre que hasta la fecha sigue delinquiendo.

 

Abogados de las víctimas han hallado domicilios de García Monreal en Condado de Saayavedra y en la colonia San Rafael, y ubicado automóviles de su propiedad entre ellos, un Lamborghini y un Ferrari.

 

Las empresas

 

Alejandro Jalil García Monreal ha abierto al menos cuatro empresas que trabajan todas con el mismo modus operandi. La primera, en la calle Horacio 411, colonia Polanco, delegación Miguel Hidalgo. Ésta fue cerrada para abrir otra en la misma zona pero en la calle José Luis Lagrange y luego fue abierta una más en el número 53 de la calle Séneca. Actualmente también opera otro apéndice de éstas en Prolongación Paseo de la Reforma 1015.

 

Las empresas son Acsa Sofom, Administradora de Carteras Barak Barak, Skala Inmuebles y Adjudica Sí. En varios de los casos los contratos se firmaron dentro de la Notaría 233.

 

 

 


FILIBERTO CRUZ MONROY / El Excélsior

Página Web – 2014/07/20

Fuente: http://www.excelsior.com.mx


Buscan reunión con la ALDF para alertar sobre riesgos de normas que regularán construcciones

 

Vecinos de Coyoacán que están en contra de la aplicación de la normas 30 y 31 para la construcción de más viviendas de interés social buscarán una reunión con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y la delegación.

 

Anunciaron que se interpondrán amparos colectivos para evitar que se apliquen las medidas previstas para diciembre.

 

Lourdes Rodríguez, vecina del Fraccionamiento de Romero de Terreros, argumentó que, de ser aplicada la medida, afectará a 55 colonias que no cuentan con redes de drenaje sino con fosas sépticas.

 

Ayer realizaron una reunión vecinal en la que 150 colonos denunciaron que la obra ocasionará reducción del costo de las viviendas, saturación vehicular en Miguel Ángel de Quevedo y Cerro del Agua, además de falta de espacios de estacionamientos.

 

Los vecinos alertaron que 170 colonias en el Distrito Federal están en riesgo por la medida promovida por el Gobierno del Distrito Federal.

 

Organizados por vecinos de Romero de Terreros, la presidenta del comité vecinal, Elizabeth Venegas, informó que cuentan con 600 firmas en contra de la norma.

 

Por su parte, el doctor Fernando Rébora, presidente de la asociación de vecinos, lamentó el riesgo de colapso de drenaje, movilidad y servicios públicos, principalmente en las colonias Churubusco, Los Culhuacanes, Country Club, Centro Histórico de Coyoacán y Del Carmen, que consideró que serán las más afectadas.

 

“No hay drenaje sino fosas sépticas, y con la construcción de más edificios esto puede ser un grave problema. La situación de la saturación de estacionamientos es algo que también nos preocupa, con más viviendas tendremos automóviles estacionados en zonas no permitidas. El tránsito se complicaría terriblemente, ahora vemos congestionamientos viales en Miguel Ángel de Quevedo y en Cerro de Agua en las horas pico, entonces la colonia se convertiría en un estacionamiento”, alertó.

 

Hace una semana vecinos de las 673 colonias del Distrito Federal rechazaron la posible implementación de las normas 30 y 31 para el ordenamiento de viviendas populares que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) presentó a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

 

Integrantes del grupo Suma Urbana denunciaron que la medida no busca fomentar las viviendas de interés social y popular, sino beneficiar a las empresas constructoras, ya que las autoridades permitirán la construcción de más niveles a precios de lujo.

 

Grupos de vecinos de las delegaciones Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Álvaro Obregón e Iztapalapa dicen que el cambio de la norma dará todo el control a la Seduvi para que determine costos de viviendas, pisos y utilización de predios, así como eliminación de programas delegacionales de desarrollo urbano.

 

 

 

 


XIMENA MEJÍA / El Excélsior

Página Web – 2014/07/20

Fuente: http://www.excelsior.com.mx


Poner a competir a los institutos de vivienda federales contra la banca para financiar a los segmentos de la población con ingresos medios, podría incrementar el número de hipotecas en el sector; sin embargo, hay que modificar los mecanismos de otorgamiento del crédito, ya que generan distorsiones en el mercado y pueden poner en riesgo las carteras del Infonavit y el Fovissste, consideran la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y los intermediarios privados.

 

De acuerdo con el estudio de la Cofece sobre la competencia en el sector financiero, los intermediarios financieros privados como bancos e hipotecarias destinan créditos hipotecarios a la vivienda media residencial, dejando que la población de bajos ingresos se financie con los institutos de vivienda.

Sin embargo, es la entidad la que señala que los organismos de vivienda nacionales no se rigen por los mismos criterios que tienen los bancos, lo que pueden distorsionar las condiciones de competencia.

 

La presidenta de la Cofece, Alejandra Palacios, mencionó que en este tipo de créditos, se requiere dar más información y educación a las personas para que puedan comparar los distintos servicios que hay en el mercado, ya que se ha podido identificar que debido a la variedad de productos hipotecarios que ofrecen los distintos institutos de vivienda y los privados, es difícil entender las diferencias.

 

“Uno de los problemas que dificultan las comparaciones entre los créditos del Infonavit y los bancos es que los primeros están en salarios mínimos además de que existen costos de originación y administración del crédito que no están contemplados en sus calculadoras”, dijo la funcionaria.

 

El martes, Hacienda anunció que el Infonavit dará créditos en pesos a sus derechohabientes, así como un alza en el monto del financiamiento de hasta 850 mil pesos.

 

Para el área de análisis de BBVA el mayor financiamiento para los segmentos medio y residencial es una buena señal, aunque estos créditos destinados a trabajadores con 4 a 11 salarios mínimos y más, son un sector pequeño que no alcanza a reflejarse en mayores ingresos y pone presión al Infonavit y Fovissste, ya que tendrán que recurrir a coberturas para compensar sus finanzas.

 

“El anuncio sobre la ampliación del monto máximo de sus créditos de 483 mil a 850 mil pesos a partir de agosto, podría incrementar sensiblemente el monto de crédito. Esto a su vez llevaría al Infonavit a competir en el segmento de la banca; aunque sus mediciones de riesgo de crédito tendrían que ser ajustadas para evitar el deterioro de esa cartera”, afirmo Fernando Balbuena, analista de BBVA Research.

 

De acuerdo con cifras del Infonavit y Fovissste, de manera conjunta a mayo de 2014 otorgaron 151,400 créditos, una caída de 15.2% anual, a diferencia del incremento de 6.8% de los bancos privados, al autorizar 35 mil 100 créditos en los primeros cinco meses del año.

 

Enrique Díaz-Infante, investigador del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, menciona que para que se dé un cambio en el sector financiero, es necesario que se generen cambios legales y operativos, para que se puedan implementar realmente en el mercado.

 

 


EDGAR HUÉRFANO LARA / El Universal

Página Web – 2014/07/18

Fuente: http://www.eluniversal.com.mx


En México 6 millones de familias con ingresos menores a 5 salarios mínimos son un mercado potencial; el déficit de casas para personas de escasos recursos representa un nicho de negocios.

 

El déficit de hasta seis millones de casas para la población de la llamada base de la pirámide –integrada por los hogares con ingresos menores a los cinco salarios mínimos-, ha despertado el interés de desarrolladores de vivienda que apuestan por la autoconstrucción como modelo de negocios, aseguraron especialistas.

 

El déficit total de hogares mexicanos suma nueve millones de familias, de las cuales tres millones pueden ser atendidas por las instituciones de Gobierno como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) o el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), mientras que para los seis millones restantes han comenzado a crearse alternativas.

 

Iniciativas como ¡Échale! a tu Casa, Ayúdame que yo también soy mexicano, el Fondo Económico para el Desarrollo Empresarial (Fomepade) y el programa Patrimonio Hoy de Cemex, entre otros, son proyectos que han impulsado los procesos de autoconstrucción de hogares.

 

¡Échale a tu Casa! apoya a poblaciones con ingresos menores a cinco salarios mínimos que cuentan con un terreno y trabaja de la mano de la Comisión Nacional de la Vivienda (Conavi) y un intermediario financiero como el Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), Financiera Rural o algún acreditado por la Sociedad Hipotecaria Federal, explicó Francesco Piazzesi, fundador y director del programa de autoproducción de vivienda.

 

“El beneficiado debe ahorrar el 10% del valor de la vivienda (220,000 pesos), la Conavi otorga un subsidio de entre 25% a 30% y el resto se busca con un crédito de un intermediario y la gente construye las casas con material sustentable”.

 

Otro ejemplo es “Ayúdame que yo también soy mexicano”, que apoya a comunidades de alta y muy alta marginación con la colaboración de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) y donativos de empresas relacionadas con la construcción para que las familias construyan casas de hasta 120,000 pesos.

 

“Se hace un diagnóstico de la comunidad para ver su capacidad de pago y armar una solución adecuada para cada familia, luego se forman grupos para que se construyan las viviendas”, comentó Christopher Gebara, presidente de la asociación.

 

Las familias de la base de la pirámide pueden sufragar un préstamo para la construcción o mejoramiento de su vivienda, siempre que los productos financieros se diseñen considerando su realidad, que incluye informalidad laboral o salarios bajos, falta de garantías apropiadas y un ingreso fluctuante, apunta un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

 

“Es rentable el tema de otorgar crédito si se reúne una demanda de 30 o 50 casas, un intermediario tiene los clientes necesarios. En 2010 solo había un intermediario y un desarrollador (nosotros) ahora hay 20 intermediarios y 20 desarrolladores para esta población”, comentó Piazzesi.

 

Otra iniciativa exitosa es el Fomepade, señala el BID, que proporciona un producto clave para préstamos sin garantía y a largo plazo para viviendas. Se enfoca en las familias con ingresos insuficientes para calificar a préstamos hipotecarios y que tenían que recurrir a la construcción progresiva de sus viviendas combinando sus ahorros y créditos de consumo.

 

Base la de pirámide una oportunidad de negocios: BID

 

Los mercados de la vivienda para la base de la pirámide urbana en toda la región de América Latina y el Caribe representan una importante oportunidad de negocios, señala el estudio del BID, en donde puntualiza que ya es el segundo mercado más grande en el mundo, con inversiones anuales de casi 56,700 millones de dólares.

 

En México los mercados de vivienda de la base de la población urbana alcanzan los 16,000 millones de dólares en gastos anuales, agrega el Banco en su estudio ‘Varios caminos hacia una nueva vivienda’.

 

No obstante, la falta de una casa adecuada representa un problema en toda la región en donde 40% de las familias reside en un hogar irreparable, sin título de propiedad, acceso a agua o instalaciones sanitarias, materiales de construcción apropiados o espacio suficiente y se estima que para 2015 la brecha crecerá en 10%.

 

Por lo que los propietarios optan por la autoconstrucción, lo que a su vez encarece y demorara el proceso para las familias; sin embargo, es la única solución para este segmento de población que generalmente se encuentra en el sector informal de la economía. Como consecuencia, más del 25% la población urbana de América Latina y el Caribe reside actualmente en asentamientos irregulares.

 

 

 


CARMEN LUNA / Cnn Expansión

Página Web – 2014/07/16

Fuente: http://www.cnnexpansion.com