Habrá “impuesto” por derechos en desarrollo urbano; crearán un fideicomiso
Con la aplicación de las normas de ordenación urbana 30 y 31 se prevé una redensificación paulatina de la Ciudad de México a 25 años, basada en que la necesidad anual de vivienda sería entre 45 y 48 mil, más del doble de lo que se produce actualmente.
Las normas 30 y 31 pretenden poner candados a los lineamientos para edificar vivienda de interés social, mismos que eran regulados hasta el año pasado por la norma 26.
Según el estudio realizado por la Universidad Autónoma de México (UAM), campus Xochimilco, base para el proyecto de la norma que impulsa la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), en los próximos 15 años habrá 354 mil nuevos hogares en el DF, lo cual implica un incremento de más de 23 mil al año.
En el periodo 2000 a 2010, la capital del país expulsó a 228 mil hogares formados en la entidad, es decir, 22 mil 800 anuales.
En el análisis también se habla de que, de 2005 a la fecha, el precio del suelo se ha incrementado 17 por ciento por encima de los costos de construcción.
El arquitecto Pablo Benlliure Bilbao, coordinador del proyecto técnico norma 26 de la UAM Xochimilco, y el abogado y consultor Gerardo Gómez del Campo expusieron que la norma 26 que pretende sustituir por las 30 y 31, y que nació para el impulso de la vivienda popular en el DF, ha estado suspendida más de ocho meses, lo que ha generado una alta presión en el mercado inmobiliario, acentuándose la caída de la inversión y la oferta de vivienda.
“La norma 26 fue suspendida para rediseñarla y evitar su mala utilización, nació en 1997 y primero fue para algunas colonias, luego se modificó en 2010 y se estableció que era para toda la ciudad. Pasaba por encima de zonas patrimoniales y por Programas Parciales. Era una norma que aplicaba en el DF de manera violenta.
“Ahora se busca instrumentar la justa recuperación de la plusvalía generada por las nuevas normas 30 y 31 para apoyar a la población de bajos recursos. La falta de suelo accesible expulsa de la ciudad a cerca de 23 mil hogares cada año, que siguen trabajando, estudiando y accediendo con servicios básicos con viajes promedio de dos horas y cuatro en viajes redondos”, explicó Benlliure Bilbao.
Rafael Valdivia, asesor del titular de la Seduvi, Simón Neumann Ladenzón, comentó que es necesario “sacar” las nuevas normas para no afectar inversiones que impactan la economía a nivel país.
Durante un taller para periodistas, el funcionario expresó que la Ciudad de México podría tener una inversión extraordinaria de la federación en materia de vivienda, pero depende de la aprobación de las normas 30 y 31.
“Las normas tienen una implicación económica nacional. La dinámica económica e inmobiliaria en el país significa 25 por ciento del PIB, por lo que es importante reactivar el sector inmobiliario; en el DF ha crecido, está en 5.2, es aceptable, pero la región centro es un punto importante para la política pública de vivienda del país”, señaló el funcionario.
Explicó que el sector inmobiliario significa la octava parte del PIB del Distrito Federal.
Fideicomiso
La propuesta de las normas 30 y 31 que promueve el GDF y que afinan estos especialistas, incluye que, mediante la captura de la plusvalía generada, con el incremento de la densidad permitida por las nuevas normas, se apoye la producción social de vivienda y el mejoramiento de los barrios impactados.
Lo anterior será a través del pago de derechos de desarrollo para capturas de plusvalía.
Los recursos obtenidos por el pago de derechos serán destinados 60 por ciento a la producción de vivienda de interés social, 20 por ciento al mejoramiento de la movilidad urbana, equipamiento y servicios en todo el DF; otro 20 por ciento será una inversión directa en la zona en donde se emitió el pago respectivo, para mejoramiento en los servicios urbanos.
Este “impuesto” aplicará, por señalar un caso, cuando se pretenda ampliar la superficie de construcción y al mismo tiempo aumentar el número de viviendas edificables, aquí se determinarán los derechos a pagar por metro cuadrado o viviendas adicionales y se abonará el mayor de los dos.
Para el manejo de los recursos que se obtengan bajo el esquema de recuperación y captura de plusvalía que pagarán algunos desarrolladores, se propone la conformación de un fideicomiso público.
“Se prevé un fideicomiso que maneje el recurso, un consejo encargado de dictaminan el uso de recursos. En eso tendrá que trabajar la Seduvi y la Secretaría de Finanzas”, dijo el coordinador del proyecto técnico Norma 26 de la UAM.
Rafael Valdivia, asesor de la Seduvi aclaró que aún no afinan este tema y sigue en análisis.
Sobre el avance en las discusiones sobre la propuesta general, apuntó que más de tres instancias centrales (la mayoría secretarías) ya entregaron observaciones y dieron su aval. También hay seis delegaciones que trabajan en el análisis de la información.
Cambios y orden
La nuevas normas promueven la diversidad y mezcla de los usos de suelo obligando a partir de cierta dimensión del frente del predio 15 metros, a instalar comercio y servicios.
La tendencia es reducir el uso del automóvil particular por lo que se limita el número de cajones permitidos y obligan a la instalación de biciestacionamientos. “Se requiere una norma más afinada. La Norma 26 era un poco bestia, pasaba por encima del territorio; ahora se requiere redensificar, pero con conocimiento”, agregó el arquitecto Pablo Benlliure Bilbao.
KENYA RAMÍREZ / El Excélsior
Página Web – 2014/07/20
Fuente: http://www.excelsior.com.mx