El Concejo de Doral debatirá este martes una ordenanza para crear una lista municipal de propiedades inmuebles de esa ciudad que se encuentran bajo embargo hipotecario, propuesta que ha desatado críticas de varios residentes.

La propuesta ha sido planteada por el Departamento de Cumplimiento de Código para localizar aquellas propiedades que se encuentran en mal estado y no reciben mantenimiento, dijo el concejal Pete Cabrera.

“El proposito de esta ordenanza es que le facilite al departamento hacer lo que ya están haciendo”, dijo Cabrera a el Nuevo Herald. “Al tener una lista pueden pasar por esas casas y mantener un ojo más sobre esas casas.”

Cabrera indicó que estimados municipales señalas que unos 2,000 inmuebles se encuentran en ejecución hipotecaria en Doral, y añadió que los inmuebles desatendidos afectan el valor de la propiedad en la comunidad. Según el concejal, estos inmuebles también constituyen una preocupación sanitaria ya que, por ejemplo, las viviendas con piscinas desatendidas pueden convertirse en focos infecciosos que atentan contra la salud pública.

La concejal Ana María Rodríguez, quien se opone a la medida, dijo que de ser aprobada colocaría en una posición vulnerable a las personas que aún habiten las propiedades, e incluso consideró que se prestaría a que inescrupulosos pudieran invadir propiedades cerradas.

“Esta ordenanza puede causar más daño que bien”, dijo Rodríguez, quien asegura que numerosos residentes de Doral la han contactado para manifestarle sus preocupaciones respecto a la ordenanza. “Si el dueño de una propiedad está tratando de llegar aun acuerdo con el banco, esto quizás podría perjudicarlo.”

Según Rodríguez, el Departamento de Cumplimiento de Código ha realizado su trabajo de manera efectiva hasta el momento sin necesidad de medidas adicionales o cambios en la ordenanza de la ciudad. Además, Rodríguez dijo que “ya esa información está disponible en el Condado Miami-Dade. Los interesados pueden obtenerla ahí sin necesidad de que se la ciudad se las facilite.”

Una vecina que ha expresado su abierta oposición a la propuesta municipal en Doral es Luimar Garza, cuya casa se encuentra en embargo hipotecario. Garza dijo que de ser aprobada la ordenanza, ésta entorpercería las negociaciones que intenta hacer ante el banco para “no perder su casa”.

“Esta ordenanza le haría más difícil la situación a las personas que estamos luchando por salvar nuestras casas”, dijo Garza, quien desde hace cinco años Garza está en negociaciones para salvar su propiedad, en la cual reside y la que espera poder salvar de la ejecución hipotecaria.

Los inspectores de cumplimiento de código de la ciudad solamente pueden inspeccionar las viviendas por afuera para evaluar las condiciones de las mismas. Pero en caso que exista una queja de algún vecino con respecto al inmueble, los inspectores pueden inspeccionar dentro de las casas.

“Esta ordenanza nos pondría en una situación más vulnerable a que los agentes de cumplimiento de código nos pongan multas por posible deterioro, e incluso que nos entren en la casa en caso de quejas anónimas.”

Según Garza, la propuesta de ordenanza emplea un lenguaje muy amplio que no aclara muchos detalles sobre si los dueños de las propiedades aún habitadas deberán pagar el honorario para enlistar las propiedades o la cantidad de dinero que habría que pagar, y además emplea terminos como “muestras de posible deterioro”, los cuales son muy subjetivos.

Sin embargo, el concejal Cabrera enfatizó que la propuesta “no es nada nuevo”, sino que ya muchas ciudades tienen ordenanzas semejantes, y aclaró que la ordenanza no utilizaría ningún dinero público.

“Son casas que tienen más tendencia a tener problemas con respecto al mantenimiento,” dijo Cabrera. “No se trata de quitar las casas, sino de mantenerlas bien”, y añadió que en la ciudad se han reportado casos de personas que invaden propiedades aprovechando que estas se encuentran cerradas.

No obstante, Cabrera precisó que solo apoyaría la ordenanza si la lista comprende solamente las propiedades ya desocoupadas, pues le preocupa que aunque dicha información ya es de naturzaleza pública, tenerla accesible en la ciudad expondría más aún a familias que tal vez estén pasando por situaciones económicas difíciles. Sería, según Cabrera, “casi una lista negra” o un “estigma” para los propietarios de casas en embargo hipotecario que aún habiten los inmuebles. “No es necesario divulgar a todo el mundo esa información”, dijo el concejal.

“Si no me pueden garantizar eso en la próxima reunión, yo votaré en contra,” añadió.

Felipe Madrigal, activista comunitario de Doral, dijo que la lista “se está haciendo con el fin de cobrar una registración y crear una nueva fuente de impuestos.”

Según el activista, muchas casas en Doral forman parte de una asociación de condominios, por lo que la información sobre las viviendas en mal estado ya se conoce en la mayoría de los casos.

Con respecto a la cantidad de casas con problemas de mantenimiento, Madrigal dijo que en Doral no existía ninguna crisis con la cantidad de viviendas en mal estado. “Esa es la base del problema, y sencillamente no lo hay”, añadió.

---

ABEL FERNANDEZ - ENRIQUE FLOR / El Nuevo Herald
Página Web – 2015/06/07
Fuente: http://www.elnuevoherald.com

---

Un grupo indeterminado de gente habría quedado afuera de la iniciativa, denunciaron abogados

Abogados de arrendatarios de bajos ingresos y la defensora del pueblo interpusieron una demanda contra el Departamento de Finanzas de la Ciudad, debido a que cambios en el programa de congelamiento de renta dejaron sacaron de sus listas a una serie de personas vulnerables.

El programa de congelamiento de renta ha sido calificado por el alcalde Bill De Blasio como “un salvavidas extraordinario” para personas con bajos ingresos. Éste ayuda principalmente a adultos mayores vulnerables, que no son capaces de mantenerse a la par con las alzas de arriendo y el costo de vida. La iniciativa es financiada por la ciudad, la que está en el proceso de ampliarla a más personas, pero de acuerdo a la demanda, también una serie de beneficiarios quedaron afuera del programa.

Los abogados del caso explicaron al New York Times que no tienen claro cuántos son los afectados, pero con la reforma de este programa se alteraron las fechas límite para repostular. Muchos arrendatarios fueron rechazados al no saber que sus postulaciones quedaron fuera de plazo.

“Estos individuos fueron excluídos por tiempo. Eso es inaceptable. No tenemos otro recurso que ir a la corte”, dijo Letitia James al New York Times. La defensora del pueblo intentó previamente resolver las disputas de ocho arrendatarios con el Departamento de Finanzas, pero esto no fue posible.

El año pasado, la Alcaldía cambió el límite de ingresos en los programas SCRIE (Excepción de Alza de Renta para Ciudadanos Adultos Mayores) y DRIE (Excepción de Alza de Renta por Discapacidad) de $29,000 al año a $50,000. Sin embargo, una regla que dictaba que, si fallecía el jefe de familia, los parientes tenían 60 días para reaplicar o saldrían del programa. En promedio, la renta congelada es de $755 por mes y el sistema funciona mediante una ayuda, donde la ciudad paga la diferencia entre la renta congelada y la renta real.

De acuerdo al Departamento de Finanzas, la regla de los 60 días no sería nueva, sino que se incluyó hace aproximadamente un año. Más de 64,000 personas postularon a la iniciativa el año pasado.

 

 

 

---

REDACCIÓN / La Opinión
Página Web – 2015/06/04
Fuente: http://www.laopinion.com

---

Más de 200 personas protestan en la Legislatura estatal para presionar al gobernador

A poco más de 10 días para que venza el plazo para renovar las leyes de renta en Nueva York, los inquilinos, con el apoyo de activistas y oficiales electos, están endureciendo sus demandas para que la Legislatura estatal apruebe una legislación más fuerte que los proteja. 

Este miércoles unas 200 personas realizaron una jornada de desobediencia civil en Albany, organizada por las coaliciones Alliance for Tenant Power y Real Rent Reform Campaign, que terminó con el arresto de varios de funcionarios electos y el bloqueo del acceso al Capitolio estatal.

Mientras los manifestantes argumentaban que el gobernador Andrew Cuomo está impulsado los intereses de las compañías de bienes raíces motivado por las millonarias donaciones de campaña, el mandatario aseguró a la prensa que no permitirá que expiren las reyes de renta y planteó que la Legislatura continúe trabajando más allá de fecha de la última sesión legislativa, prevista para el 17 de junio.

“Estamos cansados de politiquería. Queremos una reforma efectiva, que de verdad se garantice la protección de los más pobres”, sentenció la colombiana María Elena Khohaciche (75), quien partió la madrugada del miércoles de su apartamento en Bushwick, en Brooklyn, para sumar su voz a las consignas en Albany.

Khohaciche, cansada del acoso de su casero para expulsarla del apartamento que ocupa desde hace 43 años, portó una pancarta con la leyenda Gobernador Glenwood, en referencia a la inmobiliaria que otorgó una jugosa suma para la campaña de re-elección del funcionario.

“Es intolerable que nuestros gobernantes hagan más ricos a los ricos a costa de los pobres”, se lamentó por su parte María Elena, una viuda que paga $300 de alquiler mensual gracias a la renta estabilizada. La mujer es miembro de la organización Se Hace Camino Nueva York.

El senador estatal Adriano Espaillat fue uno de los que se hizo arrestar en Albany como parte de la acción de desobediencia civil para presionar al gobernador Cuomo. “El fortalecimiento de las leyes de alquiler tiene que ser la prioridad final de la sesión legislativa en Albany, considerando que 2.5 millones de neoyorquinos dependen de nosotros para actuar y evitar que estén bajo la constante amenaza de perder sus hogares”, apuntó Espaillat.

El senador, cuyo distrito alberga un gran cifra de unidades con renta estabilizada, dijo que el conjunto actual de leyes de alquiler, aprobadas en 2011, permitieron en los últimos años que 35,000 apartamentos pierdieran el beneficio de la renta regulada. “Es inaceptable”, sentenció.

Cuomo se defiende

El gobernador Cuomo se defendió de sus críticos, y en declaraciones a la prensa dijo que se pierden cerca de 10,000 unidades asequibles al año a raíz de un “programa muy técnico” que debe modificarse.

“Estoy luchando no sólo para renovar las leyes de alquiler, sino para mejorarlas y ampliarlas”, sentenció.

Cuomo dijo que, de no llegar a un acuerdo este 15 de junio, hará todo lo posible por llamar a un período extraordinario de sesiones durante las vacaciones de verano. “Si expiran las leyes de alquiler sería el caos (…) sería malo para todos. Ese sería el peor resultado”.

 

---

ZAIRA CORTÉS / La Opinión
Página Web – 2015/06/03
Fuente: http://www.laopinion.com

---

Medida busca que se notifique anticipadamente sobre interrupciones de servicios por reparaciones

La presidenta del condado de Manhattan, Gale Brewer, y la concejal Rosie Méndez celebraron este martes la promulgación del proyecto Int. 222, que brinda protección a los inquilinos haciendo que los caseros les notifiquen por anticipado sobre los trabajos de reparación que no sean de emergencia y que causen interrupción de servicios en los edificios.

La nueva ley, firmada por el alcalde Bill de Blasio, establece un término general de 24 horas para avisar sobre la mayoría de trabajos. Para reparaciones que afecten los ascensores, la ley requiere que el aviso se entregue con una anticipación de 10 días laborales cuando se trate de modificaciones mayores; y 24 horas antes cuando los trabajos causen la suspensión del servicio de elevadores por más de dos horas.

El proyecto -patrocinado por Brewer y Méndez- cierra una brecha legal en las medidas que protegen a los inquilinos que, actualmente, no reciben ese tipo de notificaciones.

“Antes de esta ley, un inquilino en silla de ruedas podía salir a trabajar en la mañana y regresar en la tarde para encontrar el ascensor sin funcionar por horas, sin haber recibido un aviso al respecto”, explicó Brewer. “Ahora, los inquilinos tendrán el derecho a una notificación  justa y una oportunidad para planificar ante un trabajo de mantenimiento”.

“Tampoco es un secreto que las interrupciones sin previo aviso -etiquetadas como ‘trabajo de mantenimiento’- son una táctica frecuente de hostigamiento para sacar a los inquilinos de los apartamentos de renta estabilizada”, agregó Brewer. “Los requerimientos para que se notifique a los inquilinos serán fáciles de cumplir para los caseros y administradores edificios honestos, al mismo tiempo que alejará una herramienta de hostigamiento usada por caseros abusivos”.

Por su parte, Méndez comentó que “esta ley armoniza el sentido común y la cortesía básica” para hacer que nunca más “los inquilinos regresen a casa después de un duro día de trabajo para encontrar que una reparación en sus edificios está interrumpiendo un servicio básico y posiblemente obstruya el acceso a sus apartamentos”.

El Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda y el Departamento de Edificios serán los encargados de hacer cumplir esta ley con los nuevos reglamentos. La ley entrará en efecto en otoño de este año.

---

EL DIARIO / La Opinión
Página Web – 2015/06/02
Fuente: http://www.laopinion.com

---