“Vamos a terminar como desamparados, abajo del puente”, comenta desesperada Reyna Centeno quien comparte una vivienda pública de cuatro recámaras en el proyecto Mar Vista Gardens de la ciudad de Los Ángeles. Ahí vive su madre, su tía, y su hijo. Actualmente paga 1,059 dólares al mes pero en tres años la renta subirá a 2,606 dólares.
“No podemos pagar eso. Todas estamos jubiladas. Vivimos del seguro social. Mi hijo es un estudiante de tiempo completo”, asegura Centeno quien no está sola en sus pesares. Todos los residentes del proyecto de vivienda pública Mar Vista son de bajos ingresos, jubilados, madres solteras, discapacitados y familias ‘mixtas’, es decir en las que algunos de sus miembros son indocumentados.
Ninguno de ellos ha encontrado sosiego desde que supieron de la ley federal conocida como Acta de Asignaciones Consolidada de 2014, aprobada por el Congreso y la cual autoriza un incremento gradual en tres años, de 80% en el alquiler de la vivienda pública de todo el país para ajustar las rentas fijas a precio de mercado.
Ya este año, quienes viven en los 17 proyectos de vivienda pública de la ciudad recibieron un aumento de 5%, así que sumado al 80% que se avecina, será de 85% en Los Ángeles.
“Aprobaron esta ley sin ver el impacto que tiene en ciudades como Los Ángeles donde ya de por sí las rentas son muy caras y hay escasez de vivienda”, dice Daisy Vega quien comparte su departamento de tres habitaciones en Mar Vista Gardens con su esposo y sus tres hijos. “Pagamos 1,280 dólares de renta al mes pero en tres años, se va a incrementar a 2,150 dólares”, expone. “En algunos casos va a salir más barato ir a rentar al mercado privado que una vivienda pública”, subraya.
Cristina Rodríguez, una inmigrante mexicana jubilada que renta un departamento con un dormitorio por el que paga 227 dólares al mes, verá subir su alquiler en tres años a 1380 dólares. “Yo recibo al mes poco más de 900 dólares por el seguro social. No me va a alcanzar. ¿A dónde me voy a ir?, pregunta preocupada.
¿Incremento, contra la ley?
Vega quien es parte de la directiva de la organización Gente Organizada para la Renovación del lado Oeste (POWER), que se dedica a organizar a las personas de bajos recursos, dice que el incremento gradual puesto en marcha contraviene la ley federal que indica que el pago del arrendamiento debe corresponder al 30% del ingreso de una persona.
“Ahora vemos departamentos vacíos aquí en Mar Vista porque muchos vecinos han comenzado a salirse. La intención del gobierno es sacarnos para que venga a rentar, gente con más recursos”, cuestiona.
“¿Dónde irse?” es justo lo que se pregunta José Coronel, quien sufre de discapacidad y está imposibilitado para trabajar. Comparte su departamento de una habitación con su hijo y abiertamente expresa sus miedos: “Temo terminar en la calle. No tengo nadie con quién ir“.Jose Coronel muestra los avisos que han recibido del aumento al precio de las viviendas públicas de Mar Vista. / Ciro Cesar
“En Los Ángeles, tenemos 6,000 familias que viven en los proyectos de vivienda pública, se estima que 2,000 son mixtas con algunos de sus miembros indocumentados”, explicó Bill Przylucki, director de Power. “La vivienda pública nació para dar un techo subsidiado por la federación a las familias de inmigrantes que no califican para la sección 8, el programa de vales para alquiler a personas de bajos recursos pero se ha perdido ese concepto”, expuso.
En las familias mixtas, los indocumentados tienen que pagar más por la renta, el 50% del subsidio que reciben, agregó.
María y su esposo, ambos inmigrantes sin papeles, padres de cuatro hijos ciudadanos estadounidenses, tienen cuatro recámaras en el proyecto Mar Vista. Su renta debería de ser de 200 dólares pero como ellos no tienen la residencia, pagan 281 dólares adicionales, un total de 481 dólares de renta. Para 2018, les costará 994 dólares.
Urgen por la intervención de HUD
Durante la visita de Julián Castro, secretario del Departamento Federal de Vivienda (HUD) a Los Ángeles, Daisy Vega le explicó la situación que viven los moradores de la habitación pública en Los Ángeles y le pidieron una audiencia.
“No podemos pagar esos aumentos. Somos familias pobres”, le dijo. Vega observa que de inmediato una asistente de Castro le dijo que trabajan en concertar la entrevista con el funcionario.
Przylucki agregó que el Departamento de Vivienda (HUD) siempre ha tenido la fantasía de la privatizar la vivienda pública y la ley fue aprobada dentro de un paquete de leyes, sin mucha consideración.
Las familias dijeron que tienen el apoyo de congresistas como Maxine Waters, Karen Bass, Tony Cárdenas, el senador Ben Allen, la asambleísta Paty López y hasta del Departamento de Vivienda de la ciudad (HACLA).
“Supuestamente esta ley se aprobó que para hacer a la gente que reside en la vivienda pública autosuficiente, pero cómo vamos a serlo, no nos dejan ahorrar. ¿Quién quiere vivir aquí? Todos aspiramos a algo mejor. Pero si uno gana un dólar más, inmediatamente le aumentan el alquiler. Hay quienes de verdad prefieren no trabajar”, se lamentó Daisy Vega.
Aunque el secretario de HUD no dio acceso a la prensa en su reciente visita a Los Ángeles, una portavoz que pidió no ser identificada, explicó que el aumento era una necesidad financiera para poder asistir a más familias ya que por mucho tiempo no hubo ninguno.
“No podemos cobrar menos del 80% del mercado privado y puede que afecte a algunas familias pero por eso el alza no va a ser de más de 35% por año, ni el alquiler mensual puede ser más del 30% de su ingreso bajo ninguna circunstancia”, aclaró.
Araceli Martínez Ortega / La Opinión
Página Web - 2015/11/26
Fuente: http://www.laopinion.com/
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