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En el mercado inmobiliario son necesarios incentivos y reglas que impidan que la irresponsabilidad pueda imponerse al bien común

Recuerdo un paisaje común a ciudades como Hong Kong, Singapur o numerosas otras españolas cuando la crisis financiera se hizo una realidad innegable. Cientos de grúas adornaban los paisajes urbanos. Inmóviles para el estupor de todos. Hoy, acceder a la vivienda en lugares como Madrid es tremendamente complicado. Algunos propietarios pagan gastos de comunidad que equivalen al pago hipotecario en otras ciudades. Y leo estos días que en Hong Kong se ha vendido una plaza de garaje por 651.000 euros ¿Acaso no hemos aprendido nada?

Al igual que en otros ámbitos, en el mercado inmobiliario son necesarios incentivos y reglas que impidan que la irresponsabilidad pueda imponerse al bien común. En España, las leyes del suelo y los parámetros fiscales de la construcción han cambiado poco, salvo en lo que se refiere (limitadamente) a la protección del litoral. Y el derecho a la vivienda (que es programático pero no absoluto) se sigue usando con poco contenido real en demasiadas ocasiones. Algunos elementos del mercado han ido, incluso, en dirección equivocada. Por ejemplo, hay un crecimiento enorme de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (Socimis), con un tratamiento fiscal favorable que podría estar alentando el enfoque especulativo. Esto tiene que ver con la elevación de los precios del alquiler. Y hay que añadir también el efecto de los arrendamientos turísticos. Sobre todo los opacos fiscalmente. No será hasta 2019 que se exija verdaderamente a las plataformas online de este negocio la cesión de datos de clientes a Hacienda.

Aunque en España el alquiler permaneció largo tiempo en segundo plano, ha resurgido. Entre otras cosas, por la dificultad de acceso a la propiedad. Esto alienta la inversión directa en inmuebles para destinarlos al alquiler y ha disparado la rentabilidad del arrendamiento muy por encima de la de los fondos de inversión monetaria y de renta variable, de capa caída en los últimos meses. Puesto que un dividendo aproximado de la vivienda es el coste del alquiler, el auge arrendador impulsa, en alguna medida, los precios inmobiliarios. Se leen algunos titulares —quizás excesivos, al menos a día de hoy, creo yo— que alertan de nuevas burbujas.

El crecimiento interanual de dos dígitos en precios de la vivienda está acotado a las grandes ciudades y no es, de momento, continuo. Y hay que tener en cuenta que una proporción muy significativa del mercado (más del 50%, según varias estimaciones) la mueven fondos internacionales. Los índices basados tanto en precios de tasación, como en registros notariales o de transacciones en portales online apuntan a un crecimiento interanual de los precios de vivienda del 6-8% con recorrido al alza durante dos o tres años. Ya se verá, porque esas subidas son más por la vía mayorista que una respuesta a la realidad actual del mercado para el español de a pie, donde el crédito hipotecario minorista no crece. Desajuste inmobiliario sí. Burbuja no. En todo caso, no es este, desde luego, el fomento necesario del alquiler del que se hablaba tanto hace pocos años para solventar el problema de la vivienda en España.

 

 


Santiago Carbó Valverde / El País

Página Web - 2018/07/09

Fuente: https://elpais.com/


Los precios de la vivienda han aumentado un 9% interanual en el segundo trimestre del año, según Gesvalt

El precio medio de una vivienda el año pasado era de 113.670 euros. Hoy hay que desembolsar 123.570 euros para comprar esta misma casa. Los precios de la vivienda siguen al alza y durante el segundo trimestre del año han aumentado un 9% interanual y un 3% con respecto al trimestre anterior, hasta situarse en 1.373 euros por metro cuadrado, según recoge el último informe la firma de consultoría y valoración Gesvalt.

Aunque la escalada es desigual y las diferencias entre regiones se hacen cada vez más patentes. De hecho, se registran variaciones que superan los 1.000 euros entre comunidades autónomas. “Los desvíos de los precios aparecen entre aquellas provincias con más servicios y aquellas con menos interés turístico o una sobreoferta acumulada. Es el caso de Jaén, Teruel, Ciudad Real, Toledo, Cuenca y Cáceres, cuyo valor unitario sigue sin alcanzar los 850 euros por metro cuadrado”, según Gesvalt. En el lado opuesto se encuentran Gipuzkoa, Vizcaya y Baleares que, como viene siendo habitual, superan los 2.000 euros por metro cuadrado. Madrid por primera vez durante los últimos años supera también la barrera de los 2.000 euros.

Todas las regiones, a excepción de Andalucía (-1%), La Rioja (-2%) y País Vasco (0%), han registrado ligeros aumentos en sus precios medios. Los mayores incrementos se producido en Aragón (10%), Baleares (10%), Cataluña (10%), Comunidad Valenciana (11%) y Madrid (11%). En el resto de regiones, las subidas han sido más sostenidas: Asturias (1%), Canarias (7%), Castilla La Mancha (8%), Castilla y León (6%), Cantabria (4%), Extremadura (4%), Galicia (9%), Navarra (7%) y Murcia (6%). “Observamos un incremento en los precios de la vivienda ocasionado en la mayoría de las zonas, tanto por la escasez de oferta atractiva para las necesidades actuales, como por la optimista percepción de los inversores que, alentados por la mejoría económica, depositan su confianza en el sector”, explica de Sandra Daza, directora general de Gesvalt.

El alquiler de casas sigue la misma senda que la compraventa. Las rentas se encarecen pero también de forma desigual. Las ciudades más caras siguen siendo Barcelona, Baleares y Madrid, que superan ampliamente los 14 euros por metro cuadrado al mes, lo que supone que alquilar un piso de tamaño medio ronda los 1.200 euros de cuota mensual. En el lado opuesto, se encuentran aquellas provincias con menor tendencia al alquiler, como Jaén, Ávila, Cáceres o Ciudad Real, en las que el desembolso para lograr hacerse con una vivienda de características medias no supera los 4,3 euros por metro cuadrados y mes, indica el informe.

 

 


S.L.L. / El País

Página Web - 2018/07/05

Fuente: https://elpais.com/


Los alcaldes Ada Colau y Sadiq Khan quieren llevar su declaración ante Naciones Unidas

Los alcaldes de Barcelona y Londres, Ada Colau y Sadiq Khan, respectivamente, se han aliado para impulsar una red de ciudades en defensa de la vivienda y los vecinos y contra el fenómeno de la gentrificación. Ayer los dos ediles firmaron un artículo conjunto en el diario The Guardian en el que critican duramente la especulación del capital internacional con la vivienda, lamentan la falta de apoyo de los gobiernos centrales y piden más recursos para las ciudades para aumentar el parque de vivienda social y proteger los derechos de los inquilinos.

A mediodía, Colau viajó a la capital británica para reunirse con su alcalde, con quien trataron la “emergencia” que viven ambas ciudades como consecuencia de la crisis del alquiler. Un encuentro del que salió la declaración Ciudades con vida, en la que claman que los líderes de las ciudades “necesitan urgentemente recursos y poderes más amplios tanto para aumentar la cantidad de vivienda de alquiler social y asequible como para fortalecer los derechos de los inquilinos. La semana que viene Colau se reunirá con la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y el día 16 tiene la intención de presentar la declaración en Naciones Unidas, durante la reunión de la red de ciudades y gobiernos locales CGLU, de la que es copresidenta.

En el artículo publicado en el diario y en la declaración, Colau y Khan arremeten contra la especulación de los grandes inversores con la vivienda. “Durante varios años, las ciudades de todo el mundo se han enfrentado una especulación cada vez más global y agresiva en sus mercados inmobiliarios, por parte de especuladores que ven la vivienda en nuestras ciudades como un activo del que sacar beneficio, en vez de hogares para los ciudadanos”, escribieron en The Guardian.

Los dos alcaldes lamentan que el capital internacional tome decisiones “desde miles de kilómetros de distancia” que “impactan en la vida y el alma de nuestras ciudades”. Y alertan del riesgo del fenómeno de la gentrificación: que los centros se vacíen de vecinos, que cierre el comercio tradicional y la vivienda aumente de forma “exorbitante”. Las ciudades, afirman, "no son solo una colección de edificios, calles y plazas; también son la suma de su gente".

Colau y Khan también recuerdan que quienes en primer lugar están afrontando estos problemas son los municipios, por lo que piden más recursos: "Para que los líderes de la ciudad puedan abordar este problema, necesitan con urgencia mayores recursos y poderes tanto para aumentar sus reservas de viviendas de alquiler social como para otras asequibles y para fortalecer los derechos de los inquilinos".

Los dos ediles defienden sus propias políticas de alquiler, aseguran que están construyendo más viviendas sociales y asequibles y "haciendo todo lo posible para defender los derechos de los inquilinos, y reprimiendo las malas prácticas". "Pero nos enfrentamos a un problema complejo y que opera a nivel global", lamentan, al tiempo que critican a "nuestros gobiernos nacionales, que parecen felices de abandonar las ciudades a su suerte".

 

 


Clara Blanchar / El País

Página Web - 2018/07/03

Fuente: https://elpais.com/


Los ediles critican la falta de apoyo de sus gobiernos y la especulación con los pisos

Los alcaldes de Barcelona y Londres, Ada Colau y Sadiq Khan, respectivamente, firman este martes un artículo conjunto en el diario The Guardian en el que critican duramente la especulación del capital internacional con la vivienda, lamentan la falta de apoyo de los gobiernos centrales y piden más recursos para las ciudades para aumentar el parque de vivienda social y proteger los derechos de los inquilinos. Colau viaja este mediodía a la capital británica para reunirse con su alcalde, con quien tratarán la "emergencia" que viven ambas ciudades como consecuencia de la crisis del alquiler.

En su artículo, arremeten contra la especulación de los grandes inversores con la vivienda. "Durante varios años, las ciudades de todo el mundo se han enfrentado una especulación cada vez más global y agresiva en sus mercados inmobiliarios, por parte de especuladores que ven la vivienda en nuestras ciudades como un activo del que sacar beneficio, en vez de hogares para los ciudadanos".

Los dos alcaldes lamentan que el capital internacional tome decisiones "desde miles de kilómetros de distancia" que "impactan en la vida y el alma de nuestras ciudades". Y alertan del riesgo del fenómeno de la gentrificación: que los centros se vacíen de vecinos, que cierre el comercio tradicional y la vivienda aumente de forma "exorbitante". Las ciudades, afirman, "no son solo una colección de edificios, calles y plazas; también son la suma de su gente".

Colau y Khan también recuerdan que quienes en primer lugar están afrontando estos problemas son los municipios, por lo que piden más recursos: "Para que los líderes de la ciudad puedan abordar este problema, necesitan con urgencia mayores recursos y poderes tanto para aumentar sus reservas de viviendas de alquiler social como para otras asequibles y para fortalecer los derechos de los inquilinos".

Los dos ediles defienden sus propias políticas de alquiler, aseguran que están construyendo más viviendas sociales y asequibles y "haciendo todo lo posible para defender los derechos de los inquilinos, y reprimiendo las malas prácticas". "Pero nos enfrentamos a un problema complejo y que opera a nivel global", lamentan, al tiempo que critican a "nuestros gobiernos nacionales, que parecen felices de abandonar las ciudades a su suerte".

Colau, que es copresidenta de la red de ciudades y gobiernos locales CGLU, prevé reunirse la próxima semana con la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y trabaja en una declaración internacional sobre grandes ciudades que se presentará ante las Naciones Unidas el próximo día 16.

 

 


Clara Blanchar / El País

Página Web - 2018/07/03

Fuente: https://elpais.com/


La PAH, la Alianza contra la pobreza energética y el Observatorio DESC reclaman a Torra que priorice esa norma en la reunión con Sánchez

 

Ante la reunión que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra, mantendrán el próximo 9 de julio, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la pobreza energética y el Observatorio DESC enviaron ayer una carta al president para que pida al jefe del Ejecutivo socialista que retire “inmediatamente el recurso de inconstitucionalidad” contra la ley 24/2015 de medidas de emergencia en el ámbito de la vivienda.

En la carta, las entidades recuerdan que el Gobierno de Mariano Rajoy interpuso un recurso contra norma que implicaba sobre todo a entidades financieras y grandes tenedores de pisos. Ante esa situación, se impulsó una ley alternativa, en cuya mesa de trabajo participaron las entidades sociales. Aun así, estas recuerdan que advirtieron de que “no era tan efectiva como la original”. “La prueba son los incumplimientos reiterados de la obligación de realojamiento por parte de las administraciones a que obliga la ley 24/2015 y que no se haya obtenido ninguna vivienda por la vía de la expropiación”, sostiene la carta.

Las tres asociaciones recuerdan que en Cataluña a diario hay todavía una media de 43 desahucios, el 65% de los cuales corresponden a familias que están en régimen de alquiler. Además, denuncian que “las mesas de emergencias no cumplen su función” y “acumulan casos con esperas de más de seis meses”. La misiva recuerda que solo en Barcelona hay 360 familias esperando una vivienda adjudicada hace más de nueve meses, y que el parque de pisos sociales no llega al 2% del total.

La carta recuerda que la cuestión de la vivienda y la pobreza energética —sostienen que se siguen produciendo cortes de luz y “asedios” para cobrar la deuda acumulada— es una cuestión de “vidas” que están en “juego”. Y ponen el ejemplo del vecino de Cornellà de Llobregat que, el pasado 14 de junio, se suicidó “cuando una comitiva judicial iba a desahuciarlo a petición del fondo de inversión Blackstone”. Las asociaciones recuerdan, además, que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de vivienda contó con un gran “apoyo social” —cerca de 150.000 firmas— y fue aprobada por el Parlament de Catalunya. Asimismo, también advierten de que la parte de pobreza energética de ley consiguió parar más de 39.000 cortes de luz en Cataluña, lo cual, en su opinión, demuestra “que funciona y es más necesaria que nunca”.

Por ello, las entidades piden a Torra un “compromiso público e inequívoco” con la ley 24/2015 al ser la “mejor garantía” para el derecho a la vivienda y los suministros básicos en Cataluña”, en lugar de centrarse en recuperar leyes “menos eficaces” como la 4/2016 —de protección del derecho a la viviendas de personas en riesgo de exclusión—. Por ello, reclaman al president que “haga suya con convicción” la demanda de la sociedad civil” y la traslade al presidente del Gobierno central.

En la carta, también exigen al presidente de la Generalitat que aplique “con firmeza” las medidas contra la pobreza energética que contiene la ley 24/2015. “La medida más urgente y reiteradamente incumplida es firmar convenios con las suministradoras” para que asuman la deuda de las familias vulnerables. Por último, le instan a hacer cumplir el objetivo de “solidaridad urbana” para que el parque de vivienda pública llegue al 15%. Las tres asociaciones piden una “respuesta pública” antes de la reunión con Sánchez.

 

 


Lluís Pellicer / El País

Página Web - 2018/06/29

Fuente: https://elpais.com/