La alcaldesa de Barcelona renuncia a aplicar la nueva fórmula de forma inmediata y tendrá que esperar unos meses

 

El Gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha superado este lunes el primer trámite para obligar a los promotores de obra nueva residencial o grandes rehabilitaciones que se hagan en cualquier barrio de la ciudad a destinar el 30% de los pisos a vivienda social. Hasta ahora solo estaban obligados a hacerlo en nuevos planeamientos. La nueva norma, que supondrá cambiar el Plan General Metropolitano (PGM), se ha aprobado en la Comisión municipal de Urbanismo con los 23 votos que suman el gobierno de BComú, ERC, PSC y la CUP. PDeCAT, Ciudadanos y el concejal no adscrito se abstuvieron. El PP votó en contra.

El gobierno de BComú ha logrado el sí a cambio de renunciar a suspender las licencias y a que la nueva normativa se aplicara desde ayer mismo, como pretendía pero rechazaban los grupos de ERC y el PSC. Así, las nuevas reglas del juego no serán vigentes hasta su aprobación definitiva tras pasar por el pleno del Ayuntamiento (en otoño) y por la Comisión de Urbanismo de la Generalitat (posteriormente). La portavoz del Gobierno catalán, Elsa Artadi, ha afirmado que tienen dudas sobre la medida.

Durante la comisión, el concejal de ERC Jordi Coronas ha alertado de que paralizar las licencias hubiera provocado demandas que habrían retrasado la aprobación definitiva de la medida. Desde el PSC, Daniel Mòdol ha opinado que un freno de proyectos hubiera encarecido los precios y puesto en peligro el empleo. Ciudadanos ha acusado a Colau de no dialogar. Y PDeCAT y PP han cuestionado la solidez jurídica de la medida y al gobierno por no haber resuelto los problemas de vivienda y trasladar la responsabilidad a los privados.

Antes del debate, la alcaldesa ha comparecido en la plaza de Sant Jaume junto a las entidades que a través de una moción han presionado para obligar a los promotores a “corresponsabilizarse” en la generación de un parque público de vivienda. Colau ha celebrado el acuerdo y ha asegurado que el cambio normativo permitirá “ganar unos 300 pisos sociales al año (en la ciudad se construyen un millar)”. “Corresponsabilizará a quien ha logrado beneficios obscenos y no ha tenido ninguna responsabilidad sobre el dolor causado con la especulación”, ha aplaudido. Sobre las voces que alertan de que la imposición paralizará la construcción, ha respondido: “No paramos nada, podrán continuar haciendo negocio, pero ahora con corresponsabilidad”.

Tres años después de llegar Colau al poder, y con el derecho a la vivienda como prioridad, Barcelona vive una crisis para acceder a un alojamiento asequible insólito causado por la subida de precios que está obligando a muchos inquilinos a marcharse de sus pisos cuando se les acaba el contrato. De ahí que el gobierno busque fórmulas para ampliar un parque público de alquiler, que no alcanza el 2% del total de viviendas. Fórmulas tradicionales pero lentas (construir vivienda), a corto plazo (comprar pisos a los bancos), imaginativas (hacer pisos prefabricados en contenedores)... O exprimir al máximo leyes existentes.

 

Retener vivienda pública

Aunque Colau ya llevaba tiempo estudiando obligar a los privados a hacer pisos sociales, el gobierno apoyó la moción de entidades como la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAVB), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o el Sindicato de Inquilinos, que preveía fórmulas para ampliar el parque público desplegando normativas vigentes. Fue aprobada en febrero con el apoyo de todos los grupos del pleno salvo el PP.

En el primer punto de la moción figuraba precisamente combinar las leyes autonómicas vigentes de Urbanismo y del Derecho a la Vivienda para obligar a los promotores a destinar a vivienda social el 30% de los pisos que levanten. Al ser obligatorio en cualquier barrio, el Ayuntamiento se asegura que no solo habrá parque público en las zonas de nueva urbanización. Pero decidirán los promotores si los destinan a la venta o al alquiler.

La comisión también ha dado trámite a declarar toda la ciudad de Barcelona área de tanteo y retracto, para que el Ayuntamiento tenga derecho de compra preferente en las transacciones inmobiliarias. Así el consistorio podrá adquirir los pisos sociales que hagan a la fuerza los promotores y que no quieran destinar al alquiler. Una fórmula para no perderlos cuando acaben los 20 años de protección.

Los promotores dicen que la imposición es ilegal

El presidente de la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE), Lluís Marsà, cuestionó ayer tanto las intenciones del gobierno de la alcaldesa Ada Colau como la falta de información que han tenido al respecto. “No hemos visto el texto para valorarlo al detalle y nos consta que colegios profesionales y otros sectores tampoco”, afirmó Marsà, quien tachó la medida de “electoralista”. El empresario afirmó que la imposición de destinar el 30% de sus promociones en suelo consolidado (barrios ya construidos) a vivienda social es ilegal.

“Va contra la Ley de Urbanismo Catalana para los suelos consolidados y de la Ley del Suelo española, que es de rango superior”, aseguró a este diario. “Además”, afirmó, “se refiere a un artículo de la Ley del Derecho a la Vivienda que fue suspendido”. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento aseguraron ayer que la modificación aprobada inicialmente ayer es plenamente legal.

Marsà también aseguró que los promotores pueden perder dinero al no poder vender las promociones enteras a precio libre. En este sentido, el Ayuntamiento explicó ayer que para no perjudicar a promotores que ya tengan suelo comprado y expectativa de beneficios sobre el precio de entonces, estarán exentos quienes adquirieran los solares a partir de junio 2016 o bien pidan licencia. Quienes compraran el suelo entre el 1 de enero y el 1 de junio de ese año tendrán que destinar a vivienda social el 20% de los pisos que construyan.

 

 

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Clara Blanchar / El País

Página Web - 2018/06/18

Fuente: https://elpais.com/

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El ICF y la Agencia de Vivienda destinan 250 millones para adquirir o promover 2.800 alquileres

El Instituto Catalán de Finanzas (ICF) y la Agencia de Vivienda de Catalunya (ACH en sus siglas en catalán) destinarán 250 millones de euros a financiar la compra y construcción de viviendas por parte de ayuntamientos y entidades para que las destinen a alquiler social. En total, la Generalitat confía en aumentar en 2.800 pisos el parque de alquileres sociales que tiene Cataluña, que ahora es de 17.000.

En el caso de la compra, se trata de una línea de financiación de 110 millones de euros en condiciones preferentes para adquirir viviendas procedentes de desahucios ejecutados por entidades financieras ejerciendo el tanteo y retracto. Los créditos cubrirán hasta 80.000 euros y serán a 25 años con un interés fijo del 1,25%. La Generalitat, que anunciará los pisos en un portal cuando las entidades los pongan a la venta, estima que con estos créditos se podrán comprar 1.800 pisos.

Los préstamos cubrirán la diferencia entre lo que los inquilinos pagarán de renta y el precio de la cuota hipotecaria. De ahí que el gobierno catalán haya subrayado que a los ayuntamientos y entidades los pisos no les costarán nada. Pasados 75 años, los pisos pasarán a ser propiedad de la Generalitat. En el caso de la promoción, la línea de financiación está dotada con 140 millones de euros y destinada a promotores. En este caso el horizonte es levantar mil pisos para destinarlos al alquiler social.

El vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno catalán, Pere Aragonès, defendió esta línea de crédito del ICF y subrayó: "Para este gobierno debe ser el banco público de inversión de este país. El sector privado cubre necesidades, pero hay otras que no están cubiertas, y las finanzas deben estar al servicio de la gente y no al revés". "Corregir el mercado con una oferta suficiente de vivienda social es una inversión colectiva", añadió. A su turno, el consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, aseguró que el ejecutivo "es muy consciente de que tenemos un problema con la vivienda y quiere actuar desde el minuto uno". El consejero admitió que en el área de Barcelona hay una burbuja de los precios del alquiler y recordó que su intención es regular los alquileres para alargar los contratos a cinco y hasta diez años.

El director de la Agencia Catalana de la Vivienda, Jaume Fornt, subrayó que la Generalitat ya ha ejercido el derecho de tanteo y retracto para comprar mil viviendas "antes que lo hagan terceros o fondos de inversión". Los Ayuntamientos que pueden ejercer el tanteo y retracto desde 2015 porque tienen una demanda acreditada son 233.

 

Un 5% de vivienda social como objetivo

Calvet aseguró que la Generalitat se ha marcado como objetivo pasar de un 2% de vivienda pública sobre el total de parque residencia a un 5% en los próximos años. La cifra está lejos de lo que se marcó la Ley del Derecho a la Vivienda de 2007, que hablaba de un 15% en veinte años. Calvet no perdió la ocasión para reprochar al Gobierno central la reducción de las inversiones en vivienda.

En el nuevo gobierno catalán, el área de vivienda vuelve a estar bajo el paraguas del departamento de Territorio y Sostenibilidad, "donde se integrarán las políticas de territorio, las urbanísticas y la vivienda", explicó Calvet. El ejecutivo ha creado una Secretaria de Hábitat Urbano y Territorio, que capitaneará Agustí Serra.

 

 

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Clara Blanchar / El País

Página Web - 2018/06/15

Fuente: https://elpais.com/

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Las transacciones registran su mayor subida del año después de la caída de marzo por las vacaciones

 

La compraventa de viviendas se disparó en el mes de abril al registrar la mayor subida en lo que va de año. Las transacciones de casas inscritas en los registros de la propiedad en España aumentaron un 29,7% respecto a abril de 2017, hasta sumar 42.014 unidades. Este acelerón remonta con creces un mes de marzo marcado por la Semana Santa que terminó con la cifra más baja de ventas de casas y pisos (39.579, un 3,1% anual menos). De hecho, entre un mes y otro (de abril a marzo) la subida en las operaciones fue de un 6,2%, lo que supone 26,9 puntos más que la del año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). El buen dato de marzo supera además los dos meses de fuerte avance de enero y febrero, en los que cambiaron de manos un 23% y un 16% más casas, respectivamente.

 

Este año la Semana Santa se celebró en marzo y en 2017 cayó en abril. De ahí que todas las estadísticas económicas estén influidas por ese efecto estacional. Sin embargo, eliminando ese impacto, también se observa un avance en el sector de la vivienda a velocidad de crucero: si se tienen en cuenta en conjunto las ventas de casas de marzo y abril, la subida en las operaciones se elevan el 11,4% interanual, lo que supone una tasa 2,3 puntos más que la del año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). El buen dato de abril, del 29,7%, supera además los dos meses de fuerte avance que ya se vivieron en enero y febrero, en los que cambiaron de manos un 23% y un 16% más casas, respectivamente.

El efecto vacaciones de Semana Santa se salva con nota y en lo que va de año las compraventas de viviendas suben ya un 15,6%. Además, "las operaciones cerradas en los últimos 12 meses suponen un 16,8% más que las del año anterior, que es la subida más elevada desde que hay registros (2007) pero que sigue en línea con los aumentos que se venían produciendo en los últimos meses y que confirma el buen momento que vive el sector y la vuelta de la confianza de los españoles en el mercado inmobiliario", comenta Fernando Encinar, jefe de estudios de Idealista. Aun así, los números del mercado de la vivienda español siguen lejos de los registros de los meses más boyantes del ladrillo, donde en un solo mes se vendían el doble de casas que ahora (83.713 unidades en enero de 2007). "La consolidación del crédito, la mejora del contexto económico y las buenas perspectivas para el sector y para la economía en general explican esta reactivación de la demanda de vivienda, aunque los niveles de actividad y de precios siguen lejos de los máximos registrados durante el boom inmobiliario”, indica Beatriz Toribio, directora de Estudios de Fotocasa, que habla de "claros signos de recuperación".

El 90% de las operaciones que se cerraron en abril fueron de viviendas libres y el 83% de segunda mano, aunque el INE destaca que las transacciones aumentaron para todos los tipos de casas. Las libres crecieron un 30,4% y las protegidas un 23,3%. Las nuevas subieron un 29,3% y las usadas se incrementaron un 29,8% respecto a abril de 2017.

También todas las comunidades autónomas registraron alzas en el número de operaciones. Las regiones que presentaron los mayores incrementos anuales fueron La Rioja (59,1%), Murcia (50,2%) y Castilla-La Mancha (48,7%). En mitad de la tabla se situaron Madrid, con un alza de casi el 30% anual, y Cataluña, donde las compraventas crecieron un 22,7%. Por su parte, Baleares (13,8%), País Vasco (16,5%) y Cantabria (17,8%) contabilizaron las tasas de variación anual más bajas en abril.

Con respecto al número de fincas (rústicas y urbanas) transmitidas inscritas en los registros de la propiedad (procedentes de escrituras públicas realizadas anteriormente) sumaron 161.444 unidades, lo que supone un 20,8% más que en el mismo mes de 2017. Según el INE, como en 2018 la Semana Santa se celebró en marzo y en 2017 fue en abril, es conveniente analizar el periodo agregado marzo-abril, en el que “se observa un aumento del 4,8% del número de fincas transmitidas respecto al mismo bimestre de 2017”.

 

 

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Sandra López Letón / El País

Página Web - 2018/06/12

Fuente: https://elpais.com/

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Seis autonomías y varios municipios no han alcanzado todavía un acuerdo en esta materia con la entidad

 

La Sareb puso a disposición de autonomías y ayuntamientos hace tres años 4.000 viviendas para que las cediesen en régimen de alquiler social a familias en situación de vulnerabilidad. Más del 40% de esos pisos y casas aún no han sido objeto de ningún acuerdo con las administraciones públicas y por tanto no han podido ser entregados a los ciudadanos que lo requieren.

El consejo de administración de la entidad presidida por Jaime Echegoyen acordó en 2013 destinar 2.000 viviendas a hogares con grave riesgo de exclusión social, parque que en 2015 elevó a 4.000 inmuebles. Hasta ahora el llamado banco malo ha firmado acuerdos con 11 autonomías y seis municipios por los que les ha entregado la gestión de 2.390 inmuebles.

Los 1.610 pisos restantes, el 40,25% del total, son los que siguen sin adjudicarse. Echegoyen explicó ayer en una jornada organizada por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) que el hecho de que haya aún un elevado «stock» de viviendas para fines sociales sin ceder se debe a que muchos municipios y varias autonomías o bien no lo han solicitado o bien no han firmado aún un acuerdo de este tipo con la Sareb para acceder a ese fondo de viviendas.

Cataluña fue la primera en hacerlo a mediados de 2014, y obtuvo 600 viviendas que luego amplió a 930. Le siguieron Andalucía (400), Castilla y León (100), Aragón (80), Baleares (75), Galicia (50), Canarias (50), Extremadura (45), Cantabria (40), Navarra (30) y País Vasco (10). Solo seis ayuntamientos han solicitado pisos: Madrid (300), Barcelona (200), Hospitalet de Llobregat (50), Sevilla (15), San Sebastián de los Reyes (9) y Málaga (6).

 

Negociaciones actuales

La Sareb mantiene actualmente conversaciones con los gobiernos autonómicos de Castilla-La Mancha, Valencia, Murcia, Madrid y Asturias, así como con los consistorios de Alcobendas, Parla, Móstoles, Valladolid, Getafe, Santander, Coslada, Valdemoro, Pinto, San Fernando de Henares, Zaragoza, Valencia, Alicante y Elche para llegar a acuerdos en esa dirección.

A través de estos contratos, la Sareb cede las viviendas y su gestión a la autonomía o ayuntamiento que lo solicite. A partir de ahí es el gobierno local o regional el encargado de selecciona a las familias que por sus condiciones pueden acceder a uno de esos pisos y casos, y a las que no cobrará por alquiler más del 30% de sus ingresos. La administración corre además con gastos de mantenimiento ordinarios e IBI, y la Sareb costea seguro, comunidad y gastos extraordinarios a cambio de una cuota mensual de 75 euros al mes que paga el ayuntamiento o región.

 

 

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Moncho Veloso / ABC.ES

Página Web - 2018/06/12

Fuente: http://www.abc.es/

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