Necesitamos empresarios comprometidos con el bien común, y que la Generalitat y el Gobierno pongan recursos

 

Barcelona sufre una nueva burbuja de precios en la vivienda tanto de alquiler como de compra. Los precios han subido de forma sostenida en los últimos años en toda el área metropolitana por diversas causas: un marco legal y de incentivos fiscales perverso o la vivienda entendida cada vez más como un bien de inversión. Una tormenta perfecta que está provocando la expulsión del vecindario de sus barrios.

La gravedad del problema provocó que el pasado mes de febrero, todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Barcelona, excepto el PP, votaran a favor de una propuesta para aumentar la vivienda asequible en Barcelona. Una iniciativa presentada por cinco entidades ciudadanas: la PAH Barcelona, el Sindicato de Inquilinos, la FAVB, la ABTS y el Observatorio DESC.

Esta medida, que se aprobó inicialmente el pasado 18 de junio, comporta un cambio en la normativa urbanística que permitirá incrementar el parque público de vivienda en todos los distritos y regular el mercado inmobiliario exigiendo a los promotores privados que se corresponsabilicen.

La medida plantea la obligatoriedad de que las promociones de viviendas con más de 600 metros cuadrados de techo, ya sean de reforma o de nueva creación, destinen un 30% de su superficie a vivienda asequible. Una propuesta que desarrolla lo previsto en la Ley de Urbanismo y en la Ley de Vivienda y que se inspira experiencias anteriores de ciudades como París o Nueva York.

Con este mecanismo esperamos hacer crecer el parque de vivienda asequible en unas 350 nuevas viviendas asequibles cada año. De las 16.000 viviendas que se construyen de media en Barcelona cada diez años, 3.200 serían viviendas asequibles. Además, queremos garantizar una distribución territorial equilibrada del parque de viviendas protegidas para evitar que se concentren en determinados barrios periféricos.

Con esta medida todo el mundo gana. Para las familias supone ver ampliado el parque de vivienda asequible, y, por lo tanto, una mejora de sus opciones para acceder a ellas. Para el sector de la construcción de Barcelona supone una protección con respecto a los fondos especuladores y oportunistas sin escrúpulos. La expectativa de negocio continúa, pero para construir, no para especular.

Desde Barcelona estamos impulsando cambios en las reglas del juego del urbanismo y emprendiendo políticas de vivienda pioneras. Sin embargo, la magnitud del problema al que nos enfrentamos requiere de todos los apoyos y complicidades: vecindario, entidades, sociedad civil, partidos políticos, administraciones.

Necesitamos empresarios comprometidos con el bien común, necesitamos unos Gobiernos de la Generalitat y del Estado fuertes que pongan sus recursos económicos y normativos al servicio de la creación de vivienda pública. Se trata de una responsabilidad compartida en la que hay mucho en juego. Barcelona ya se ha comprometido.

Janet Sanz, Teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona.

 

 

 

---

Janet Sanz / El País

Página Web - 2018/07/14

Fuente: https://elpais.com/

---

Un hombre es desahuciado y multado con 4.750 euros por no abonar la renta en un asentamiento irregular de Madrid

 

Un juez de Madrid ha ordenado el desahucio de Azzdine Khnisser y le ha impuesto el pago de 4.750 euros por los alquileres impagados de una infravivienda ilegal en la Cañada Real Galiana, un gigantesco asentamiento irregular donde viven unas 8.000 personas al este de Madrid. Da igual, según la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 86, que el inmueble no sea legalmente propiedad del denunciante —se trata de terrenos públicos ocupados hace décadas que están todavía en proceso de regularización—, porque la jurisprudencia establece que se debe hacer honor a un contrato de arrendamiento con independencia de la cuestión de la propiedad. Nada dice el fallo sobre las condiciones de la destartalada construcción, sin acceso al alcantarillado y conexiones ilegales a la luz y, hasta el mes pasado, al agua.

Khnisser, marroquí de 42 años, mostraba el pasado martes ese contrato que firmó en 2005 con Francisco Bas, un acuerdo entre particulares que ni siquiera le sirvió, asegura, cuando lo presentó en el Ayuntamiento de Madrid para empadronarse —lo cual solo consiguió cuando la Policía Municipal certificó en persona su lugar de residencia—. Y, sin embargo, ese mismo papel es el que le acaba de condenar, se queja.

El hombre cuenta que llegó a España “en patera” hace casi 20 años, sin papeles, y que en seguida recaló en el asentamiento irregular por falta de alternativas. Trabaja de albañil haciendo reformas y tiene en Marruecos mujer y un hijo de un año. Asegura que pagó durante más de una década religiosamente la renta del alquiler —muestra ahora un montón de recibos cumplimentados a mano y también algún extracto bancario—, pero admite que dejó de hacerlo —el verano pasado, y no desde finales de 2016 como dice la sentencia— porque el propio casero se lo pidió, “para no tener líos” con las autoridades, asegura.

“Eso es mentira. Me dejó de pagar porque le dio la gana. Es un ladrón que quiere quedarse con mi casa”, protestaba el propio Francisco Bas, sentado en una silla de playa a la puerta del inmueble en el que vive, justo en el piso debajo del de Khnisser. A las dudas del periodista sobre la propiedad de ese inmueble —teniendo en cuenta que en esa zona de la Cañada Real, una antigua vía pecuaria de titularidad pública y no urbanizable, nadie ha podido registrar todavía nada—, Bas contesta con violencia antes de dar por concluida la conversación: “¿Qué no es mía? Y eso, ¿por qué? ¿Porque lo dices tú?”.

En cualquier caso, según el fallo firmado el pasado 20 de junio el juez Ignacio de Torres, da exactamente igual que lo sea o no, pues a la hora de cobrar el alquiler y echar al inquilino la razón judicial seguirá estando de su parte. “Los procedimientos administrativos que puedan seguirse contra el actor no afectan a su falta de legitimación, quedando acreditada su condición de arrendador mediante la aportación del correspondiente contrato”, señala el texto de la sentencia, que todavía se puede recurrir ante la Audiencia Provincial.

“Entiendo que el juez dice que el propio acusado ha legitimado al casero como tal en el momento en que ha firmado el contrato y le ha pagado las rentas”, interpreta Andrés Vilacova, abogado especialista en arrendamientos urbanos. Entiende, por tanto, que la decisión es jurídicamente correcta. Otro experto abogado, Miguel Crespo, coincide: "Hay que diferenciar entre el plano administrativo sobre la legalidad de la vivienda, y el plano civil sobre la legitimidad de arrendamientos urbanos", insiste, y añade que el estado de la infravivienda no tiene importancia en este procedimiento, entre otras cosas, porque el inquilino no lo incluyó entre los argumentos de su defensa.   

Otra cuestión es que la decisión del juez, vista la situación en su conjunto, pueda escandalizar a algunas de las personas que trabajan en la Cañada Real. Y a Khnisser, que dice no entender nada, que no tiene dónde ir si le echan y que desde luego carece de los 4.750 euros que se le exigen por las rentas no pagadas desde finales de 2016, sin contar las costas de las que también deberá hacerse cargo. Así que quiere negociar que le permitan pagar a plazos, poco a poco. “No quiero robar nadie. Solo quiero trabajar y quedarme en la casa”, asegura. La misma que él ha ido completando poco a poco —la pintura, la cocina, el baño…— a partir del cascarón de paredes desnudas que se encontró hace más de una década.

Una decena de inquilinos más

Alrededor del inmueble que ocupan Bas, abajo, y Khnisser, arriba, hay otras cinco infraviviendas y una nave industrial donde viven una decena de personas más, incluidas dos parejas con niños. Pese a las malas condiciones —por ejemplo, viven sobre tres pozos negros, uno delante de la puerta de una de las casas— todos le han estado pagando a Bas un alquiler de unos 250 euros, aseguran. Pero todos dejaron de hacerlo en algún momento, bien porque el propio casero se lo pidió para evitar responsabilidades legales, como defiende Khnisser, bien porque repararon en que tal vez no tenían por qué pagarle si él no es legalmente el propietario.

Sea como sea, fuentes municipales aseguran que los inquilinos pidieron el amparo del Comisionado del Ayuntamiento de Madrid para la Cañada Real, Pedro Navarrete, porque temían ser expulsados. Y, de hecho, las mismas fuentes aseguran que Bas llegó a pedir al Consistorio el derribo de todos los chamizos que tenía arrendados para conseguirlo. “Yo soy el primero, pero luego van los demás”, dice Khnisser en referencia a la sentencia que le obliga a dejar la casa y pagar todos los retrasos del alquiler; del resto de inquilinos, algunos tienen un contrato firmado, como él, y otros no.

El contexto de la Cañada Real es muy complicado, pues se trata de un gigantesco entramado urbano —con chabolas, pero también viviendas bien construidas y hasta chalés de lujo—, consentido durante décadas por las administraciones a lo lo largo de casi 15 kilómetros de la antigua vía pecuaria. Y con residentes que, a pesar de haber levantado sus casas de forma ilegal ocupando terrenos públicos o adquiriendo algo que en realidad no se podía ni comprar ni vender, han ido generando en ese tiempo una serie de derechos que han complicado enormemente cualquier solución. "Muchos han estado pagando el IBI. Por eso creo que esta situación no es exactamente la misma que cuando alguien ocupa una casa dando una patada a la puerta y después la alquila", insiste el abogado Miguel Crespo. 

Un gran pacto político abrió el año pasado el camino para regularizar las viviendas que se pueda y realojar a los que vivan en el resto. Pero el proceso puede durar lustros. Mientras, la presión de las autoridades se centra en las nuevas construcciones —para evitar que siga llegando gente—, los puntos de venta de droga y los numerosos alquileres ilegales de infraviviendas, chabolas y hasta en naves industriales. En febrero pasado, por ejemplo, el Consistorio tiró abajo seis casetas de obra alquiladas como vivienda por entre 150 y 300 euros al mes. El Ayuntamiento tiene por norma, en todo caso, no derribar ninguna construcción ocupada por familias si no tienen una vivienda alternativa para ellas.

 

 

---

J. A. Aunión / El País

Página Web - 2018/07/15

Fuente: https://elpais.com/

---

Se necesitan medidas de choque, pero también un debate sobre la política de vivienda

 

La emergencia se repite. Antes fueron los desahucios; ahora, los alquileres. Se disparan. También generan alarma social.

Hace décadas que parecía que lo que tradicionalmente había sido un problema nacional (“sociedad sin vivienda”, se llegó a decir antaño) se había superado. El mercado resolvía la cuestión, que ya no problema, de la vivienda. La demanda sustituyó al concepto anterior, de necesidad. Ya no hacía falta una política de vivienda. De pronto, incluso cuando se nos decía que ya éramos ricos, irrumpió una vez más en escena la incapacidad de una parte de la población, nunca conocida, de acceder a una vivienda digna. Primero, incluso en lo más álgido de la burbuja; después, en la crisis. Finalmente, cuando parecía que empezábamos a remontar, en el mercado “complementario” del alquiler, en un país que ya cuenta con un significativo mayor número de viviendas que de hogares. Las emergencias denotan la ausencia de un debate pendiente: necesitamos una política de vivienda. No puede improvisarse.

La nueva emergencia requiere medidas inmediatas, de choque. Ante un parque reducido, y concentrado en las áreas centrales de las ciudades, tres grandes factores presionan hoy al alza los alquileres. En primer lugar, la relativa recuperación económica del país, que lleva a los propietarios a concebir expectativas de aumento de las rentas.

Los otros dos son fenómenos relativamente recientes. Son la “gentrificación” y la “turistificación”. El primero responde al atractivo por las áreas centrales de las ciudades de hogares de mayores ingresos, de las que antes tendían a huir. Al poder pagar rentas más altas pueden contribuir a expulsar a residentes anteriores que pueden no tener capacidad para hacerles frente. En todo caso, esos nuevos residentes mantienen la condición residencial de esas áreas centrales. No ocurre así con la irrupción de los “pisos turísticos” con su distinta condición de actividad económica cuasi hotelera. Deben tener entonces su propia regulación, distinta de la de vivienda.

Incluso contradictorios entre sí, ambos fenómenos contribuyen a la potencial expulsión de residentes de esas áreas centrales, o no tanto, de las grandes ciudades. Eso está ocurriendo.

Como se hizo con los desahucios, la respuesta inmediata sería una moratoria de renovación de contratos, establecida mediante decreto ley. Moratoria a aplicar durante un periodo de reflexión. Moratoria que sin embargo pudiera soslayarse en los casos que, de común acuerdo entre las partes, se cumplieran ciertos requisitos. El primero sería el registro sistemático. Otros requisitos apuntarían ya a soluciones.

Cabe empezar a reconocer el derecho al lugar. La Constitución establece el derecho a una vivienda digna. No establece dónde haya de materializarse ese derecho. Dado el inusitado atractivo que hoy concitan las áreas centrales de las ciudades no todo el que pretenda allí residir va a poder hacerlo. Hay que establecer entonces reglas que permitan matizar, en términos sociales, lo que de otra forma se dejaría tan solo al mercado. El criterio básico consistiría en que los aumentos de la renta, reconociendo el mercado, hayan de ser inversamente proporcionales a los años anteriores de permanencia del inquilino.

El derecho al lugar tiene un precedente: el que los residentes en barrios de chabolas de Madrid y otras ciudades consiguieron que se les reconociera. Su derecho a nuevas viviendas en el lugar que, con su presencia y resistencia en condiciones precarias, habían contribuido a revalorizar. Los que siempre vivieron en el centro o los pioneros que allí se instalaron también han contribuido a su mejora y revalorización.

Con la introducción de esa relación inversa de incremento de alquileres/tiempo de permanencia, se introduciría además una aproximación a la conveniente baremación de los alquileres. Sería algo que pudiéramos denominar el alquiler equitativo, en función de la localización y de las características del inmueble y de la vivienda. Algo propio de una economía social de mercado, a establecer de acuerdo con los Ayuntamientos.

La acción inmediata no puede supeditarse a la discusión de una nueva política de vivienda. La nueva emergencia vuelve sin duda a reclamar ese debate.

 

 

---

Eduardo Leira Sánchez / El País

Página Web - 2018/07/13

Fuente: https://elpais.com/

---

El Ministerio de Fomento prepara un plan para aumentar la oferta de alquiler y moderar los precios

 

El Ministerio de Fomento prepara un ambicioso abanico de medidas para que crezca la oferta de pisos en alquiler, dejen de escalar los precios y se facilite el acceso de jóvenes y familias de rentas bajas. Su propuesta incluye un plan para que se construyan 20.000 viviendas que se destinarán al alquiler a precios limitados en ciudades donde se hayan disparado los precios, según ha podido saber EL PAÍS. Además, quiere ampliar la duración de los contratos de alquiler de tres a cinco años, limitar las fianzas y estimular con incentivos fiscales la oferta de vivienda en alquiler y la moderación de las rentas.

 

Más presupuesto, cambios regulatorios y una reforma fiscal son las tres patas del amplio plan con el que el Ministerio de Fomento asegura que quiere dar un giro social a las políticas de vivienda y cuyas líneas principales anunciará hoy en el Congreso su titular, José Luis Ábalos. El objetivo es evitar una nueva burbuja de precios de la vivienda que desestabilice otra vez la economía, trasladan fuentes gubernamentales, y ayudar especialmente a familias con pocos recursos y a los jóvenes.

El paquete incluye medidas urgentes destinadas a paliar el incremento de los precios del alquiler, que se han disparado en las grandes ciudades hasta en un 50% en los últimos cuatro años por la irrupción de los alquileres turísticos y la reactivación del mercado inmobiliario. El Gobierno pondrá en marcha un Grupo de trabajo interministerial dirigido a desarrollar el conjunto de políticas urgentes en materia de vivienda y alquiler.

Entre las iniciativas que va a desplegar el Ministerio de Fomento está un plan de 20.000 viviendas en alquiler a precios asequibles en el plazo de cuatro a seis años. El Estado promoverá la construcción de estas 20.000 casas mayoritariamente públicas (aunque esto no está cerrado y van a estudiarse todas las fórmulas posibles, porque lo importante es que se construyan rápido) destinadas de forma indefinida al alquiler o la cesión en uso, con una renta o precio limitado, en aquellas ciudades de demanda acreditada y donde los precios del alquiler sean más altos.

Palma de Mallorca, Las Palmas, Barcelona, Valencia, Madrid, Málaga, San Sebastián y Sevilla son las ciudades que han experimentado un mayor aumento del precio del alquiler en los últimos cuatro años, que llega hasta el 50% en las islas, según datos de Idealista.

El año pasado se terminaron de construir en España 48.853 viviendas libres y 4.938 de protección oficial, según datos de Fomento. En el momento álgido de la burbuja inmobiliaria, en 2007, se llegaron a construir casi 650.000 viviendas en un año.

El plan se realizará en colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que identificarán y facilitarán los suelos más adecuados sobre los que levantar esas promociones de viviendas. El Estado involucrará al SEPES, la entidad pública empresarial de suelo, en este programa, y contribuirá con su impulso y apoyo financiero. El ICO también jugará un papel en el diseño de estas políticas.

A corto plazo, el Ejecutivo promoverá un cambio del régimen jurídico del alquiler, con objeto de revertir las consecuencias de la reforma “liberalizadora” que hizo el PP en el año 2013 de la Ley de Arrendamientos urbanos. Se ampliarán los plazos de prórroga obligatoria y tácita de los contratos de arrendamiento, probablemente recuperando los de la Ley de 1994. Esto es, se vuelve a la prórroga forzosa hasta cinco años. En 2013, el PP lo rebajó a tres años, lo que provoca que cuando estos se cumplen el propietario pueda dar por concluido el contrato o imponer al inquilino una fuerte subida de la renta, lo que favorece la escalada de precios.

La reforma legal establecerá también límites razonables a las fianzas que se exigen al arrendatario al suscribir un contrato de alquiler. Se trata de evitar que haya que aportar 2.000, 3.000 o hasta 4.000 euros para poder alquilar una vivienda. Asimismo, se protegerá a los inquilinos en el caso de que se venda su casa, porque el nuevo propietario deberá respetar el contrato de arrendamiento.

Reforma fiscal

El Gobierno quiere operar además directamente sobre los precios del alquiler, y para eso hará una reforma fiscal que contribuya a estimular la oferta de vivienda en alquiler y a moderar los precios. Posiblemente a partir de ventajas fiscales a los propietarios que alquilen su vivienda a precios razonables, tal y como fijaba la propuesta de ley que el PSOE registró en el Congreso cuando aún estaba en la oposición. Pero esta iniciativa está abierta a la negociación con el resto de grupos, y especialmente con Unidos Podemos, a quien no convencen los incentivos fiscales y propone introducir directamente un control regulado de los precios por los Ayuntamientos. El PNV se opone, en cambio, a endurecer la ley de arrendamientos urbanos.

El ministerio quiere optimizar el uso del parque de vivienda que ya existe y acotar de forma precisa qué se entiende por una vivienda vacía y qué por una turística a efectos de su regulación. Aunque ya hay iniciativas de algunas comunidades y ayuntamientos en marcha, el Gobierno cree que el Estado debe tratar de armonizarlas y fijar un criterio. Una vez definidas, se estimulará la incorporación de las viviendas vacías al mercado del alquiler a través de un catálogo de medidas regulatorias y de carácter fiscal cuyo contenido no concreta.

El plan del PSOE pasa además por ampliar las ayudas que ya aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en marzo de este año, en el plan estatal de Vivienda 2018-2021 y que el Ejecutivo socialista quiere mejorar presupuestariamente. Los socialistas critican la notable reducción económica de las partidas destinadas a política de vivienda en los Presupuestos Generales. Desde el Plan estatal de 2009 a 2012 la financiación ha caído un 40%. Ese plan dedicó 4.762 millones de euros, mientras el del Ejecutivo del PP para 2018-2021 destinó un total de 1.871 millones.

 

Mejoras en las condiciones para las ayudas

El PP aprobó en marzo un Plan estatal con ayudas a la compra y el alquiler con condiciones algo restrictivas. Este plan, con ocho programas de subvenciones, será revisado para mejorar “sustancialmente” las condiciones para acceder a las ayudas, trasladan fuentes del Ejecutivo socialista. También se estudiarán posibles programas adicionales.

Con el plan vigente, los jóvenes de entre 18 y 35 años pueden acceder a una ayuda de hasta el 50% del alquiler si sus ingresos anuales no superan los 22.558,77 euros y la mensualidad de la vivienda no excede los 600 euros, con excepciones de hasta 900 euros. Para la compra, la ayuda es del 20% del precio del inmueble, con un máximo de 10.800 euros, para menores de 35 años, con los mismos ingresos que en el alquiler siempre que la casa no supere los 100.000 euros y esté en una localidad de hasta 5.000 habitantes.

 

 

---

Elsa García de Blas / El País

Página Web - 2018/07/12

Fuente: https://elpais.com/

---