El deseo de poseer otra residencia distinta de la habitual crece en España, pero alternativas, rentabilidades, gastos e impuestos pueden hacernos retroceder

 

Comprar una segunda vivienda es una aspiración que crece entre los españoles, aunque su realización concreta no parece ser tan fácil. Si, por un lado, un estudio del portal inmobiliario Casaktua revela que la proporción de ciudadanos que está en un proceso de búsqueda de este tipo de vivienda en propiedad se ha incrementado en ocho puntos porcentuales, al pasar del 10% en 2017 al actual 18%, por el otro, las compras efectivamente realizadas y estudiadas por Fotocasa en cinco grandes comunidades autónomas muestran una tendencia desigual en la geografía española.

Según un informe de esta web inmobiliaria, de todas las operaciones de compraventa de viviendas en el último año, las de segunda residencia en el País Vasco fueron solo el 2%, frente al 8% registrado el año anterior. En la Comunidad de Madrid, esta proporción ha pasado del 21% al 19%, y en Andalucía, del 17% al 15%. Por el contrario, en Cataluña ha subido del 13% al 15%, y en la Comunidad Valenciana, del 8% al 12%.

Puede que quien se esté proponiendo adquirir una segunda residencia la considere una buena inversión a largo plazo, como es el caso de los 52% de los encuestados por Fotocasa, y que le atraiga especialmente su rentabilidad (para el 46%, esta no es comparable con la de ningún otro producto financiero). O que considere que este es el momento, ya que los precios están subiendo (así lo cree el 24%), que una vivienda es un seguro de cara al futuro (22%), que pueda mejorar de esta forma su vivienda actual (16%), o que pueda destinarla a su disfrute durante las vacaciones (15%). Sea como fuere, la adquisición de una segunda vivienda le requerirá cuidar de una forma especial sus finanzas personales.

 

¿Y si, en vez de comprar, alquilaras?

El primer consejo que comparte al respecto José María López Jiménez, miembro del proyecto de educación financiera Edufinet, es valorar detenidamente si, en lugar de comprar, no compensaría más alquilar. ¿Qué ventajas presentaría esta opción? “La posibilidad de optar cada año por un destino diferente, no tener que asumir todos los gastos ligados a una transacción de compraventa o de la hipoteca, y evitar aquellos vinculados al mantenimiento de la propiedad”, desglosa López.

Este experto admite, sin embargo, que en esta decisión los aspectos psicológicos juegan un papel apreciable y que para algunas personas la seguridad de poseer un lugar fijo donde pasar las vacaciones puede ser un elemento importante, así como el período en el que quiere ser propietario de la vivienda y sus previsiones sobre la evolución del mercado inmobiliario.

 

¿De qué te sirve una segunda casa?

El segundo aspecto a tener en cuenta, según López, es el objetivo que se quiere conseguir. ¿Es una inversión para alquilar o revender, o la segunda vivienda servirá para el disfrute personal? “Deberíamos plantearnos si merece la pena realizar un desembolso al contado o distribuido entre varios años –como es el caso de una hipoteca– para utilizar el inmueble como propietarios solo unas semanas o meses al año”, advierte López.

Por el contrario, “si durante la parte del año en que el inmueble no se ocupa este estuviera arrendado, la situación estaría equilibrada”, destaca el experto, pero habrá que valorar qué rentabilidad espera obtener el propietario. Y propone el ejemplo de una vivienda que se adquiere por 250.000 euros, impuestos y gastos incluidos. Si el propietario la alquila y obtiene de ello 12.000 euros en un año, la rentabilidad sería del 4,8%. Pero de ella se deberían descontar todos los costes asociados a la vivienda, como el pago de la cuota de la hipoteca, los impuestos y los gastos.

No hay que olvidar tampoco que, si está ubicada en un destino turístico, su atractivo para alquilarla a un tercero se concentraría en la temporada alta, “justo el momento en el que, como propietarios, estaríamos interesados en ocupar nuestra propiedad”, avisa López.

 

Hipotecas más caras

“Asumir solo cargas financieras que pueda razonablemente permitirse”, es el tercer consejo de López para el potencial comprador de una segunda vivienda, y entender que no es lo mismo adquirir el inmueble donde se vive habitualmente o una casa para las vacaciones. En lo que se refiere a condiciones hipotecarias, por ejemplo, las entidades financieras pueden pedir entre un 10% y un 20% más de ahorro que para una primera vivienda, subraya el director de hipotecas del comparador bancario iAhorro, Manuel Gonzalvez. “El banco nos pedirá también información sobre nuestra vivienda habitual, para ver si está totalmente pagada y si la situación registral es coherente”, añade.

Ya que, al adquirir una segunda residencia, las probabilidades de impago aumentan, a Gonzalvez no le extraña que la entidad trate de entender más en detalle la situación económica del contrayente. De esta forma, “si ya has tenido una hipoteca en la primera vivienda, querrán saber si hubo algún retraso o impago, y pueden exigir un mayor tiempo mínimo de empleo en la misma empresa”, concluye.

 

Tendrás que imputar una renta en el IRPF

Algo que en ningún caso el potencial comprador de una segunda residencia podrá permitirse pasar por alto es la fiscalidad de este tipo de vivienda. En efecto, a diferencia del hogar habitual, la segunda casa “deberá imputar unas rentas inmobiliarias”, subraya rebeca Vázquez, experta fiscal del comparador bancario iAhorro. Es decir, el contribuyente deberá incluir en la base imponible del IRPF unas rentas por el mero hecho de ser propietario de un inmueble en el que no vive habitualmente, siempre y cuando no lo tenga alquilado. Esta renta será generalmente “el 2% del valor catastral del inmueble, que figura en el recibo del IBI”.

Al pago del IRPF sobre esta renta deberán añadirse todos los tributos comunes a los distintos tipos de vivienda. La compra de una vivienda de obra nueva supone para el comprador tributar por el IVA (10% con carácter general o 4% en el caso de viviendas de protección oficial de régimen especial o de promoción pública). Por el contrario, en la adquisición de una vivienda usada –como ha sido el caso del 85% de las compraventas de segundas residencias en el último año, según Fotocasa– se pagará el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (ITP). “Dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que se encuentre la casa, se fija un porcentaje sobre el precio escriturado, generalmente entre el 6% y el 10%”, explica Vázquez.

 

Pagarás AJD, IBI y plusvalía

La modalidad de Actos Jurídicos Documentados (AJD) del ITP es un tributo que grava, entre otros, los documentos notariales. Por lo que, en cuanto se produzca la firma ante el notario de la escritura y la inscripción en el Registro de la Propiedad, se generará también este impuesto, que consta de dos partes: la cuota fija y la cuota variable. Si el contribuyente ya tributa por Transmisiones Patrimoniales Onerosas, como en el caso de la compra de una vivienda de segunda mano, solo tendrá que pagar la cuota fija de AJD. Por el contrario, si el inmueble que se adquiere es una vivienda de obra nueva, al no estar sujeto a Transmisiones Patrimoniales Onerosas, tendrá que corresponder también la cuota variable. Cada Comunidad Autónoma establece el tipo de gravamen. Según la experta, se encuentra en torno al 0,5% y el 1,5% del precio del inmueble.

A ello se suman el IBI –cuyo gravamen se sitúa entre el 0,4% y el 1,1% del valor del inmueble, con un posible recargo del 50% de la cuota del impuesto por parte del Ayuntamiento– y, cuando el nuevo propietario decida de revender la casa, el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, la llamada plusvalía. Cada Ayuntamiento establece el tipo de este impuesto, que no podrá superar el 30% del incremento de valor.

 

Los cinco errores a evitar

Como en cualquier compraventa, también en el caso de la adquisición de una segunda vivienda las equivocaciones están al acecho. José María López Jiménez, miembro del equipo que trabaja en el proyecto de educación financiera Edufinet, señala cinco posibles errores.

Pagar la vivienda más de lo que vale, según los criterios del mercado. “Recurrir a especialistas que nos asesoren y solicitar una tasación a un profesional, pueden ser medidas para mitigar este riesgo”, subraya.

No aquilatar el esfuerzo que supone pagar el segundo inmueble, en el caso de tener que asumir una carga financiera significativa para la primera vivienda.

Infravalorar los costes asociados a la propiedad de la vivienda: mantenimiento, impuestos y seguros, entre otros.

No ponderar la ubicación de la vivienda. Según el portal inmobiliario Fotocasa, el 42% de los españoles que han comprado una segunda vivienda en el último año lo ha hecho en una localidad de una provincia diferente a la que reside, un 23% en una localidad diferente pero cercana, y otro 15% ha comprado en una localidad diferente, alejada de la que reside pero en la misma provincia. El riesgo de adquirir una casa en una zona no óptima, en palabras de López, es “encontrarse con dificultad a la hora de vender o alquilar, o ser obligados a hacerlo a un precio muy inferior al esperado”.

Concentrar inversiones en exceso en el  sector inmobiliario, si no se dispone de una cartera diversificada, con el riesgo que ello conlleva cuando los precios del alquiler o de las propias viviendas evolucionen a la baja. López resalta que “en la segunda vivienda debe ser más sencillo desinvertir, para hacer frente a la necesidad de liquidez. Por ello”, advierte, “lo que puede parecer una ganga no lo es si el inmueble carece de un mercado en el que vender posteriormente”.

 

 

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Gabriele Ferluga / El País

Página Web - 2018/08/27

Fuente: https://elpais.com/

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Colau se inspira en Londres, París o Berlín, pero los precios de las viviendas siguen subiendo en estas grandes ciudades

Londres, París, Berlín o Nueva York son para la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, espejos en los que mirarse por su política de vivienda. Con el alcalde de Londres, Sadiq Khan, Colau impulsó un manifiesto contra la especulación del capital internacional de la vivienda que fue trasladado a Naciones Unidas. De París, Colau alaba que frenara la subida del alquiler y obligara a los promotores privados a hacer un 30% de vivienda social. A Berlín, Colau la cita como ejemplo de ciudad que ha conseguido limitar las subidas del alquiler. Pero, pese a las buenas intenciones, no son medidas sencillas de aplicar. Esta es la situación de las cuatro ciudades.

París. Los precios de compra en París hacen que la mayoría de vecinos (60%) no tenga otra opción que alquilar. Pero no es una decisión fácil, ni barata. Sobre todo, desde que la justicia frenó, a finales del año pasado, la ley que permitía una limitación de los alquileres, fijada por el gobierno del socialista François Hollande. La normativa buscaba evitar que el precio del alquiler se disparara, después de que los arrendamientos subieran un 50% en la última década. El reglamento establecía que, en zonas con tensión por la falta de oferta inmobiliaria accesible, el precio del alquiler no podía exceder más de 20% de un precio de referencia fijado por decreto, ni tampoco ser inferior en 30%. París empezó a aplicarla en agosto de 2015. Pero en diciembre un tribunal echó por tierra la norma, dándole la razón a las asociaciones de propietarios y a las de agencias inmobiliarias que la habían recurrido.

El efecto ha sido inmediato. Según el Observatorio de Alquileres del Núcleo urbano de París, los precios han aumentado un promedio de 2,5% en lo que va de año. Otro estudio de la Asociación Nacional de Defensa de los Consumidores (CLCV) reveló que casi 520 de los mil pisos ofrecidos en alquiler en París proponían alquileres superiores a los límites establecidos hasta el año pasado. De media, los alquileres son 128 euros más caros del límite mensual. El Ayuntamiento ha anunciado que volverá a imponer los límites al alquiler en el otoño, aprovechando que la nueva ley inmobiliaria da un mayor margen de acción a las ciudades. Pero no está claro si esta medida es la solución al problema, porque cuando se controlan los precios, muchos pisos desaparecen, según se constató mientras duró la normativa.

Berlín. El 1 de junio de 2015 entró en vigor una ley casi revolucionaria que alegró la vida a millones de personas en Alemania obligadas a pagar un alquiler por una vivienda, la llamada Mietpreisbremse (freno de los alquileres). La ley limita las subidas de los nuevos contratos al 10% del alquiler medio de la zona de la vivienda y solo se puede aplicar en los contratos nuevos, en zonas con un mercado inmobiliario “tenso” y si la vivienda no se ha renovado. A pesar de las buenas intenciones, amenazas de multas y una cierta disposición para castigar a los propietarios, la ley no logró cumplir con sus objetivos.

En Berlín, el precio del alquiler, a pesar de todas las disposiciones legales ha aumentado en los últimos cinco años más de un 20%o. Peor aún, para encontrar una vivienda barata se necesita mucha suerte o mucho dinero para pagar sobornos.

La ley causó irritación en las agencias inmobiliarias, pero también entre los inquilinos. El presidente de la Federación Alemana de Inquilinos, Franz-Georg Rips, dijo que la medida legal no había funcionado y calificó la iniciativa del gobierno de “insatisfactoria”. Según Rips, el cálculo de los precios medios se basa en datos obsoletos, la posibilidad de tomar acciones legales contra el propietario es complicada y la descripción de las excepciones permite un alto grado de arbitrariedad.

Londres. Clases medias expulsadas al extrarradio, escasez de oferta, una generación apodada Generation Rent porque no pueden comprar y que como inquilinos están desprotegidos (el contrato de alquiler parte de seis meses y, entre depósito y otras tasas, se ven obligados a adelantar el equivalente a casi 4.000 euros). Barrios que en pro de la regeneración urbanística venden el parque público a promotores privados que reducen el número de viviendas sociales. E incluso familias que, pese a trabajar a jornada completa, no tienen hogar (según la organización benéfica Shelter, en Inglaterra hay más de 33.000 familias trabajadoras que viven en alojamientos temporales o de emergencia, y el 60% de ellas están en Londres). Son muchos los problemas que han convertido la llamada “crisis de la vivienda” en uno de los temas que más preocupan a los londinenses.

El alcalde de la ciudad, el laborista Sadiq Khan, se ha comprometido a poner en marcha 10.000 nuevas viviendas públicas hasta 2022 (en los últimos siete años, solo se han construido 2.100). Desde que comenzó su mandato se ha asegurado fondos gubernamentales por valor de 5.300 millones de euros para promover la creación de 116.000 nuevas viviendas asequibles y sociales antes de 2022 (tanto para venta como para alquiler). Ha creado un programa de alquiler para clases medias llamado London Living Rent que regula el precio máximo de la renta situándolo por debajo del de mercado y ofrece contratos mínimos de tres años. También ha lanzado una iniciativa que permite denunciar de forma anónima a caseros abusivos para acabar con las malas prácticas en el mercado del alquiler. Además, ha puesto en marcha una medida para dar voz a los vecinos que se enfrentan a la demolición de sus viviendas porque la autoridad local se ha aliado con un promotor privado para regenerar la zona. Se lee como una reacción a casos tan controvertidos como el de Heygate State, en el área de Elephant & Clastle, donde se derribaron 1.194 viviendas sociales y solo se ofrecieron 74 para reemplazarlas.

Nueva York. Bill de Blasio llegó la alcaldía de Nueva York con la promesa de elevar el stock de viviendas asequibles (una figura regulada, a medio camino entre las viviendas sociales y las libres). El plan avanza, pero no tan rápido como esperaba el demócrata. La ciudad cuenta con cerca de un millón de viviendas con un alquiler regulado. No hay un tope, pero su precio solo puede elevarse en pequeños incrementos cada año que se negocia con los propietarios.

Es el mayor sistema regulado en Estados Unidos y se ofrece incluso asistencia legal gratuita a los inquilinos con problemas. Pero estas protecciones no funcionan como deberían en los vecindarios gentrificados. Hay un intenso debate político en la ciudad para cambiar las reglas que gobiernan este tipo de alquileres, porque se corre el peligro de que este tipo de apartamentos desaparezcan si a los propietarios no les sale a cuenta.

De Blasio destinó el año pasado el equivalente a 1.400 millones de euros a proyectos para elevar el número de apartamentos asequible. Pero eso no evitó que siguiera subiendo el dinero que los neoyorquinos destinan de media al alquiler (el 65% de sus ingresos, cuando la media nacional no llega al 30%). El cálculo excluye la vivienda estrictamente pública, donde el problema es la degradación acelerada del parque.

La crisis de la vivienda en Nueva York se explica también porque el coste de las construcciones crece mientras las ayudas federales merman. Eso obliga al alcalde a movilizar más dinero del previsto a preservar o construir apartamentos asequibles. Y eso pese a que la economía de la ciudad es muy robusta y a que las nuevas construcciones por ley deben incluir una porción de apartamentos asequibles. El problema es, como en Barcelona, que tampoco hay suelo libre para nuevas promociones.

 

 

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El País

Página Web - 2018/08/27

Fuente: https://elpais.com/

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El Gobierno municipal asegura que la iniciativa podría empezar a aplicarse entre 2020 y 2021 y las fincas se destinarán a la construcción de viviendas sociales

 

Ada Colau ha firmado un decreto para crear un registro municipal de solares vacíos. Con ese archivo el Ayuntamiento de Barcelona pretende monitorear el estado de los solares y expropiar aquellos que, teniendo licencia, no construyan en el plazo de dos años. Según la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, la expropiación de esos solares podría comenzar a efectuarse entre 2020 y 2021 y destinarse a la construcción de viviendas sociales. Tanto el sector como gran parte de la oposición municipal considera que la medida es “electoralista” y fruto de la “improvisación”.

Janet Sanz aseguraba ayer que con el registro municipal de solares el Consistorio pretende garantizar que los propietarios cumplan con su obligación de edificar y, en el caso de que no lo hagan, el Ayuntamiento pueda ampliar, mediante la expropiación, el parque de vivienda pública “asequible”. Sanz aseguró que con esta iniciativa se quiere luchar contra aquellos propietarios que retienen solares con voluntad especulativa.

La teniente de alcalde no avanzó cuántos solares se podría acoger a esta nueva directriz, ya que aseguró que por el momento el Consistorio está realizando una radiografía de la situación actual. Sanz defendió que uno de los primeros pasos del Ayuntamiento es corregir lo que considera una anomalía: el hecho de que, hasta ahora, no hubiera datos ni fechas de ejecución establecidas en las licencias, por lo que no “se podía obligar” a los propietarios a llevar a cabo una construcción en un determinado periodo de tiempo.

Este instrumento permitirá al Consistorio registrar, a partir de ahora, todos los solares vacíos y obligar a que en un plazo de dos años los propietarios comiencen a edificar si no quieren someterse a una posible expropiación. Si se llega a ese extremo, el Consistorio abonará al dueño del solar el valor que determine una sentencia judicial.

Además, Sanz destacó que la aprobación inicial que se realizó en junio de la Modificación del Plan General Metropolitano —que permite la compra preferente de inmuebles por parte de la Administración en toda la capital catalana— define que cuando el planteamiento vigente no indique el plazo para iniciar una edificabilidad se impondrá un tiempo de dos años a partir del momento en el que los terrenos hayan alcanzado la condición de solar. La modificación del plan no ha sido aprobada definitivamente, por lo que se calcula que eso no empezará a producirse hasta 2021. Ese plazo de dos años se ampliará en otro más para solares de polígonos industriales.

Las reacciones no tardaron. El director de Economía de Foment del Treball, Salvador Guillermo, recalcó que “la expropiación solo es posible cuando hay unos intereses generales que superan los particulares. Ahora mismo no es el caso porque no hay operadores con el suelo congelado para poder especular”. Guillermo destacó que las administraciones no destinan presupuestos “ni políticas” para que la vivienda sea asequible. Denunció los retrasos en el otorgamiento de licencias y destacó: “Teniendo cuatro años de mandato, que en los últimos meses se acuerden de esta posibilidad no es serio. Hay que hacer una política de vivienda integral y no con una herramienta como la expropiación, muy de Robin Hood pero muy poco efectiva”.

 

 

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Alfonso L. Congostrina / El País

Página Web - 2018/08/21

Fuente: https://elpais.com/

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Pese al espectacular aumento del precio del alquiler, algunos propietarios deciden no subir la renta para vivir más tranquilos y luchar contra la llegada de otra burbuja

 

“Nosotros no alquilamos para hacernos ricos”, dice Mar, propietaria junto a su marido de un piso en Lavapiés. Su inmueble, de 60 metros cuadrados útiles y dos habitaciones, se alquila por 830 euros mensuales en un barrio en el que podrían pedir unos cuantos cientos más y encontrar inquilinos con facilidad. “No nos gusta la situación de subida desmesurada de los alquileres que estamos viviendo”, continua Mar, que prefiere no dar su apellido, al igual que el resto de entrevistados para este reportaje. “Este es un tema con el que estamos sensibilizados, ya que nosotros también hemos sido arrendatarios durante varios años, y vivimos esta situación desde ambas partes. No queremos contribuir a una nueva burbuja inmobiliaria”.

La burbuja del precio del alquiler es una preocupación que está afectando a los centros —y también a periferias— de muchas ciudades en España. Y particularmente en las más grandes, como Madrid. La subida media en los precios, a final del segundo cuatrimestre, había sido de un 10,3% respecto al año anterior, fijando un nuevo máximo. Las mayores subidas interanuales se dieron en Carabanchel (15,8%), Villa de Vallecas (16%) y Puente de Vallecas (19%). En distrito Centro fue del 5,1%, todo según datos del portal inmobiliario Idealista. A esto hay que añadir la subida de los precios de los alimentos y de la factura de la luz. Y el estancamiento de los salarios.

A pesar de todo, hay arrendadores que, pudiendo sacar mayores beneficios, optan por no subir el precio o hacerlo moderadamente, sin subirse a la ola de la rentabilidad creciente. Sus motivos son variados: desde el compromiso ético a la búsqueda de estabilidad.

Rosa, residente en Alicante, administra el piso de su tía, por la zona de Acacias, compartido por cuatro personas de diferentes nacionalidades con las que se comunica mediante un grupo de WhatsApp. “Son personas que trabajan o que están estudiando y debido a una situación económica precaria no pueden vivir de forma independiente. En este piso pueden vivir de una manera digna: no vamos a andar asfixiando a la gente”, dice la administradora. Incluso, en ocasiones de apuro, les ha bajado un poco el alquiler. Ellos mismos son los que, cuando queda una habitación libre, hacen las entrevistas y la selección. “En los inquilinos busco estabilidad y tranquilidad”, explica Rosa, “y procuro que la gente esté bien si tú estás bien con ellos”.

Una de las inquilinas es Ophélie, joven francesa de 22 años, que se mudó a Madrid a estudiar hace un año y ahora trabaja en el sector del cine. Paga 280 euros mensuales por una habitación, más los gastos. “Lo que estaba encontrando eran habitaciones pequeñísimas que ni siquiera tenían ventanas y costaban 500 euros”, dice. “Mi habitación actual está bien y el precio es razonable”. En París, de donde procede, también hay problemas con la vivienda. “Yo tuve que decir que estaba casada con mi mejor amigo, que es gay, porque no les gustaba que compartiéramos piso”, relata.

Hay presión social. “La gente me decía que por qué tenía un piso a 500 euros si podía pedir más de 700. Me animaba a que lo subiera”, dice Juan, propietario de un inmueble de dos habitaciones en la plaza de Cascorro. Ahora lo alquila por 640 euros mensuales, un precio más que razonable dada la zona. “Cuando lo pongo en alquiler, veo cómo está la cosa: viene muchísima gente, se puede alquilar muy rápido”.

 

Inquilinos que no estén de paso

¿Ha valorado la posibilidad de utilizarlo como piso de alquiler turístico? “No me interesa, tengo un vínculo sentimental muy fuerte con el centro de Madrid y no me gusta que se convierta en un parque temático para el turismo. Tampoco queremos dar problemas a una comunidad de vecinos con la que hemos convivido”. contesta Juan. Busca inquilinos que no estén de paso, que quieran quedarse en Madrid. “Ahora nos quieren meter a todos en la cabeza que somos inversores, pero yo no tengo esa mentalidad. No pretendo que el alquiler me saque de pobre”, dice el propietario.

Eduardo es arrendador, junto con su madre, de dos inmuebles, uno en Delicias y otro en San Fermín (Usera), que alquila a un precio razonable, alrededor de 600 euros. “Considero que a los particulares no nos interesa que se cree otra burbuja, ya que un pinchazo perjudicaría finalmente a todos: demasiado pan para hoy es hambre para mañana, por eso creo que mantener precios razonables no es decisión política o ética, sino más bien lógica”, opina.

Estos propietarios también prefieren inquilinos de largo recorrido. “Gente que se puede encariñar con la casa, considerarla en cierto modo suya, mimarla un poco. Eso solo es posible si están contentos con el precio y el lugar en el que viven”, dice Eduardo. Y añade: “Es importante pensar que uno está recibiendo un dinero pero también dando un servicio. Y es importante no comprar cosas que parecen un piso pero que no lo son, aunque se alquilen bien, como esos sótanos sin ventanas que se ven en las inmobiliarias”.

Extrañas relaciones

La fiebre de subida de alquileres está produciendo efectos notables para los vecinos. Por ejemplo, en Lavapiés varios bloques de viviendas han sido comprados por diferentes empresas y fondos de inversión y sus vecinos, expulsados al término de sus contratos. Las empresas planean poner pisos de lujo o apartamentos turísticos. Un ejemplo notorio es el de la calle de Argumosa 11, donde el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas (nacido al calor de estos conflictos) ya ha parado varios desahucios. Varios de estos inmuebles se han unido en la asamblea Bloques en Lucha.

Las relaciones entre inquilinos y caseros toman otro cariz dada la coyuntura. “Tengo el aire acondicionado estropeado hace meses y no me atrevo a llamar al dueño del piso, no vaya a aprovechar para subirme el alquiler”, dice Rebeca, que vive cerca de Gran Vía. A Diego, inquilino en Carabanchel, su casera le envía por WhatsApp con frecuencia links con ofertas de pisos del portal Idealista, sobre todo cuando toca subir el IPC. “Son pisos en mi barrio más pequeños y más caros. Como no le respondo nunca, no sé si me está amenazando o demostrándome lo buena casera que es”, dice.

 

 

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Sergio C. Fanjul / El País

Página Web - 2018/08/19

Fuente: https://elpais.com/

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