La alcaldesa de Madrid busca que se prohíba la subida de precios en las rentas a excepción del IPC anual

Ahora Madrid, el grupo municipal de la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, pedirá al Gobierno una prórroga automática de los contratos de alquiler que finalicen antes de la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mediante el establecimiento de una moratoria que restringiría las subidas al incremento del IPC. La proposición que llevará el miércoles al Pleno ordinario el grupo de Ahora Madrid reclama al Gobierno que se suspendan las finalizaciones o renovaciones de contrato de alquiler en las que el arrendador pretenda incrementar la renta sin acuerdo con el inquilino.

La alcaldesa, que afronta mañana su último debate del estado de la ciudad, ya anunció a principios de septiembre que su grupo trabajaba en una propuesta para regular los precios del alquiler y apuntó que las competencias en esta materia son del Gobierno. "Quedarían fuera de la moratoria aquellos casos en los que se pacte una renovación con aumento de la renta de común acuerdo entre las partes, cuando el arrendador acredite necesidad de la vivienda para él o un familiar cercano o cuando exista incumplimiento del contrato", recoge la propuesta de Ahora Madrid.

El grupo que gobierna el Ayuntamiento de Madrid plantea además "una reunión inmediata" de todos los niveles administrativos -estatal, autonómico y municipal- para abrir un "debate profundo" sobre competencias en materia de vivienda y fiscalidad asociada a la propiedad inmobiliaria. Durante el periodo de vigencia de la moratoria, que finalizaría con la aprobación de los cambios en la ley de arrendamientos urbanos, quedaría prohibido subir precios en las rentas de alquiler con la excepción del porcentaje correspondiente al IPC anual a la fecha de finalización del contrato de origen.

La proposición de Ahora Madrid recoge que son varios los factores que presionan "al alza" los alquileres, entre ellos la expectativa de los propietarios de incrementar sus ingresos "amparados en la legislación", ya que pueden decidir unilateralmente los aumentos cada tres años. "Además, hay otros fenómenos relativamente recientes, y cuya incidencia se agudiza día a día: los denominados gentrificación y turistificación", recoge la proposición de Ahora Madrid, que señala la enorme incidencia de esos aspectos en la progresiva expulsión de residentes de las áreas centrales. "Esto está ocurriendo en buena parte de las ciudades españolas y, por supuesto, también en Madrid", lamenta la proposición del grupo de la alcaldesa.

Con esta propuesta, Ahora Madrid pide medidas urgentes "que permitan frenar la hemorragia" a la espera de abordar la necesaria revisión de la política de vivienda de las últimas dos décadas, "incapaz de resolver los problemas de acceso a la vivienda para sectores cada vez más amplios de la población".Según la propuesta que se llevará al debate del Pleno del miércoles. "las medidas de urgencia pasan en primer lugar por frenar, de forma inmediata y contundente, las subidas desorbitadas de los alquileres residenciales que están generando una enorme alarma social".

EFE / El País

Página Web -2018/09/24

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Solo un tercio están en localidades de más de 100.000 habitantes, muchas de ellas en mal estado o ruinoso

La idea del Gobierno socialista de pretender desinflar la burbuja del alquiler en las grandes ciudades mediante un gravamen a las viviendas vacías topa con la realidad de que la mayoría de ellas, más de dos terceras partes, están en localidades de menos de 100.000 habitantes, con menor o ninguna presión por el alza de precios. Y muchas están en un estado deficiente o ruinoso que las aleja de la posibilidad de salir al mercado.

La propuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez cuenta con varios obstáculos de partida, más allá de la oposición de los expertos que ven esta medida coercitiva contraproducente para el objetivo último de enfriar el precio del alquiler, o directamente una injerencia en la propiedad privada. La primera cuestión consiste en definir qué considera una vivienda vacía. El segundo problema es contar esos inmuebles.

El actual registro más detallado de viviendas vacías es el elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el censo de 2011, un extenso trabajo que no tendrá actualización hasta 2021. El INE considera una vivienda familiar desocupada o vacía cuando no es la residencia habitual de ninguna persona ni es utilizada de forma estacional, periódica o esporádica por nadie.

En España, según ese censo, hay 3.443.365 viviendas vacías. Supone el 13,7% del total del parque nacional. Pero no todos esos inmuebles están disponibles para sacar al mercado del alquiler. La sexta parte está en un estado deficiente, malo o directamente ruinoso. Quedan, por tanto, 2,8 millones de viviendas vacías en buen estado en toda España.

Abandono y despoblación

Sin embargo, esas viviendas no están mayoritariamente en suelos de las ciudades con problemas del alquiler. Tan solo la décima parte de todas las viviendas vacías en España está en las grandes ciudades, las de más de 500.000 habitantes. En todas ellas, el porcentaje de las desocupadas es inferior al de la media nacional. En Madrid capital, por ejemplo, el porcentaje de viviendas vacías es del 10%. En Barcelona capital, del 11%, y de ellas, la sexta parte está en un estado de inhabitabilidad.

Si contamos a todas las localidades de más de 100.000 personas, su parque de viviendas vacías supone el 30% de las de toda España. Lejos de poder servir para enfriar la burbuja del alquiler, en localidades que han sufrido las subidas más elevadas el porcentaje de las deshabitadas es de los más bajos. Así, por ejemplo, en Palma de Mallorca, las viviendas vacías son el 9%, y la quinta parte de ellas es inhabitable en su estado actual. En San Sebastián, otra ciudad de alquileres encarecidos, suponen el 6%.

La mayor parte de las viviendas vacías, el 70%, están en municipios de menos de 100.000, con menor o ninguna presión con los precios del alquiler. En el censo elaborado por el INE, además, hay que tener en cuenta que entran viviendas abandonadas y de pueblos en paulatina despoblación. En algunos casos las viviendas vacías son más de la mitad del parque total. Es decir, muy alejadas de una potencial salida al mercado del alquiler. Ni siquiera de venta.

Tampoco las viviendas vacías son sinónimo de promociones construidas durante la burbuja de la construcción. Solo una tercera parte del total nacional de viviendas vacías fueron levantadas en los 90 y la primera década de este siglo.

Medidas coercitivas

El Gobierno socialista tiene previsto ajustar una definición propia para elaborar un registro a partir del cual fijar un eventual el gravamen. Una vez tenga la cifra, «analizará» la posibilidad de establecer medidas coercitivas, según matizó la secretaria de Estado de Vivienda, Helena Beunza. Alegó que no está en la agenda inmediata del Gobierno, y que implementará antes medidas para incentivar la salida de viviendas al mercado.

Las críticas no se han hecho esperar. En un foro de vivienda organizado esta semana por Europa Press, los expertos cuestionaron una medida que consideran contraproducente para enfriar los precios del alquiler. Desde quienes señalan que «toda restricción que se introduce en el mercado lo que hace es subir los precios» (Juan Fernández-Aceytuno, presidente de la Sociedad de Tasación), a quienes consideran que «si se quiere sacar al mercado las viviendas vacías hay que aprobar incentivos, no medidas restrictivas» (Beatriz Toribio, directora de estudios de Fotocasa), o quienes creen que «el incremento de los precios del alquiler se está produciendo porque existe una falta de suelo en las grandes ciudades» (Pedro Soria, director comercial de Tinsa), informa Guillermo Ginés.

El área metropolitana de Madrid, sin apenas viviendas vacías

En el caso de Madrid capital, el porcentaje de viviendas vacías es del 10%, inferior a la media nacional. El parque de viviendas desocupadas del área metropolitana de Madrid es incluso menor que en la capital. En municipios como Móstoles, Fuenlabrada, Leganés, Alcorcón, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes o Pozuelo de Alarcón es igual o inferior al 5%.

En Madrid capital, por distritos, no siempre hay una relación directa entre los aquellos con mayor porcentaje de viviendas vacías y los que han sufrido una mayor subida del precio del alquiler en el último año. Así, según el informe elaborado por Tinsa, Salamanca es el distrito donde más se ha encarecido el arrendamiento, y, a su vez, según el INE, es donde hay un porcentaje mayor de viviendas vacías en la capital, el 16%. Sin embargo, en Retiro, otro de los distritos donde más ha subido el precio del alquiler, solo hay vacías un 6% del total de viviendas, menos que en ningún otro distrito de la capital.

Luis Cano / ABC.ES

Página Web -2018/09/21

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En Madrid ciudad, en 2017 la mayor problemática la presentan los distritos del sur: Usera, Puente de Vallecas, Carabanchel y Villa de Vallecas

En 2018 la Comunidad de Madrid ha registrado 4.494 viviendas okupadas, un 12,18% más que en 2017. Sin embargo, los datos sobre la distribución de estas viviendas en los distintos municipios de la Comunidad todavía no se han hecho públicos.

Si nos centramos en los datos de 2017, que son los que se recogen en el mapa superior, la mayoría de las 3.994 casas okupa de la Comunidad de Madrid se encuentran en la demarcación de la Policía Nacional (3.641), que aglutina a la capital (2.521) y a otros catorce grandes municipios, que suman alrededor de cinco millones de habitantes. En Madrid ciudad, la mayor problemática la presentan los distritos del sur: Usera (504), Puente de Vallecas (438), Carabanchel (256) y Villa de Vallecas (214). La otra cara de la moneda la presentan los barrios más ricos: Chamberí (4), Retiro (6) y Salamanca (9).

Entre los otros grandes municipios (1.120), la palma se la llevan también los del sur : Fuenlabrada (210), Móstoles (163), Leganés (140) y Parla (103). El Corredor del Henares también tiene un problema grave en Alcalá de Henares (118), Torrejón de Ardoz (108) y Coslada (42). Pozuelo y Alcobendas suman apenas 4 y 17 denuncias.

Desde la puesta en marcha de la Oficina, la Policía y la Guardia Civil han identificado a 3.731 okupas, de los que 2.597 se corresponden a 2017. Más de la mitad tiene antecedentes policiales y el 30% está en situación irregular en España. El 84% de los usurpadores en 2017 son de origen extranjero procedentes de la República Dominicana, Marruecos, Rumanía, Ecuador y Colombia.

La demarcación de la Guardia Civil comprende 164 municipios y alrededor de 1,5 millones de habitantes. Pese a que la inmensa mayoría son localidades de escasa población, suman 353 «okupaciones». Las principales se dan en Mejorada del Campo (46); Arganda del Rey (38); Rivas Vaciamadrid (22); Nuevo Baztán (14); Galapagar (20); Casarrubuelos (15), y Collado Villalba (14).

La Oficina de Seguimiento de Viviendas Ocupadas cuenta con un número de teléfono (900 100 301) y una dirección de correo electrónico (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.), que funcionan las 24 horas de los 365 días del año.

Carlos Hidalgo - Laura Albor / ABC.ES

Página Web -2018/09/21

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La Generalitat, que hasta la fecha ha mostrado sus recelos respecto a cambiar las reglas para las empresas privadas, tiene la última palabra en la modificación urbanística

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este miércoles en la Comisión de Urbanismo una modificación del planeamiento para obligar a los promotores inmobiliarios a destinar un 30% de los pisos que construyan a vivienda asequible. Es una medida que busca ampliar el parque público de vivienda social y que está prevista en la Ley catalana del Derecho a la Vivienda, de 2007, pero que hasta la fecha nadie ha aplicado. El trámite se ratificará la semana que viene en el pleno del Consistorio. Pero faltará el sí definitivo de la Generalitat, que hasta la fecha ha expresado recelos a cambiar las reglas a los promotores privados. Las empresas, por su parte, han puesto el grito en el cielo, asegurando que perderán dinero en los suelos donde tenían la expectativa de levantar vivienda 100% libre.

Han sido las entidades que defienden el derecho a la vivienda (como la PAH, FAVB, ABTS, el Observatorio DESC y el Sindicato de Inquilinos) quienes han impulsado la modificación de la norma que rige el urbanismo en Barcelona, el Plan General Metropolitano (PGM). En febrero pasado, las entidades exigieron exprimir las leyes para aumentar el parque público de vivienda, y el Gobierno de la alcaldesa Ada Colau recogió el guante y anunció su intención de imponer la cesión a los promotores privados recurriendo a la ley de 2007.

La aprobación ha contado con los votos del Gobierno municipal, ERC, el PSC y dos concejales no adscritos (que durante el mandato han abandonado sus partidos). En total, 21 votos de 41. Las entidades han subrayado antes de la votación "que no es una medida de Colau, sino de los vecinos de la ciudad, que demuestran que pueden conseguir lo que los políticos no hacen", en palabras de la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Ana Menéndez. Desde el Observatorio DESC, Guillem Domingo ha celebrado que la norma "obligue al sector privado a corresponsabilizarse" y ha señalado que si entra en vigor la medida permitirá sumar al parque público 400 pisos sociales al año (el 30% del algo más de un millar que se construyen cada año).

Colau, activista de la PAH antes de presentarse a las elecciones para ser alcaldesa, ha calificado la votación de "histórica y de justicia" y ha aplaudido que "la ciudadanía haya ido por delante de las instituciones". "Marca un punto de inflexión, aprobamos una medida que significa un cambio de paradigma, de las reglas del juego, se introduce la idea de que la vivienda es un derecho y no una mercancía, después de los despropósitos, la especulación y el daño causado a tantas familias" por parte del sector inmobiliario y financiero. "Queremos decirles que en nuestra ciudad las inversiones son bienvenidas pero que hemos perdido el miedo y no se pueden enriquecer sin límites", ha añadido.

La Generalitat no ha querido pronunciarse sobre cuál será su posicionamiento en la Comisión técnica de Urbanismo. La modificación está muy trabada jurídicamente, aseguran las entidades, que se reunirán la próxima semana con los responsables de vivienda del Gobierno catalán. Entre los partidos que han apoyado la modificación figura ERC, presente en el Gobierno catalán. Desde la PAH, Lucía Delgado ha invitado al PDeCAT, que ha reservado su voto, a sumarse al acuerdo y votar sí la semana que viene en el pleno. Y ha avisado de que las entidades seguirán trabajando "para sumar más apoyos [en otros Ayuntamientos] a una medida que es un cambio de paradigma".

Compra preferente del Ayuntamiento

Además de las reservas para construir vivienda asequible, la comisión también ha aprobado declarar la ciudad de Barcelona área de tanteo y retracto, para que el consistorio tenga derecho de compra preferente en algunos solares o edificios. Una medida que busca también evitar operaciones de compraventa especulativas que expulsen vecinos, operaciones en el mercado negro y condiciones favorables para conseguir solares (y censar los vacíos) o pisos para destinar a alquiler asequible.

La medida se aplicará durante seis años e incluye edificios plurifamiliares, propiedades verticales, terrenos sin edificar, edificios en mal estado, viviendas sometidas al impuesto de viviendas vacías y vivienda protegida.

Clara Blanchar / El País

Página Web -2018/09/19

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