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El principal motivo de los expedientes es la no ocupación de los pisos protegidos

 

El Gobierno vasco ha sancionado a 270 adjudicatarios de viviendas de protección oficial en el último año y medio por vulneracr la normativa que regula estos pisos y deberán hacer frente a multas que ascienden a un total de 240.747 euros. El consejero vasco de Vivienda, Iñaki Arriola ha ofrecido estos datos este viernes en el pleno de control del Parlamento Vasco.

Arriola ha informado de que en 2017 se inspeccionaron 9.502 viviendas de VPO de las 75.000 que conforman, aproximadamente, el parque de protección oficial con calificación permanente y temporal, lo que supone el 12,6% del total. De esas visitas de comprobación, 4.095 se realizaron en Bizkaia, 2.010 en Gipuzkoa y 3.397 en Álava. Además, entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año se habían realizaron otras 7.277 inspecciones (2.644 en Bizkaia, 2.380 en Gipuzkoa y 2.253 en Álava).

Fruto de estas averiguaciones y la comprobación de denuncias, en este periodo de tiempo se han abierto 270 expedientes sancionadores a otros tantos propietarios. El motivo más frecuente de las sanciones es la no ocupación de la vivienda protegida, que según establece la normativa debe ser utilizada como residencia principal y permanente por el adjudicatario. Por este motivo se han cerrado con sanción 45 expedientes, la gran mayoría de ellos (44) en el pasado ejercicio.

El siguiente supuesto más habitual es la ausencia prolongada y no justificada del adjudicatario de la vivienda de protección oficial, con 26 casos sancionados. Otra causas de sanción fue el alquiler no autorizado del piso (12 casos sancionados).

El importe global de las sanciones impuestas en el último año y medio es de 240.747 euros, con una media de 2,88 euros por sanción. Arriola ha recordado que la entrada en vigor de la Ley de Vivienda de 2015 "endureció de forma muy considerable" las multas, que oscilan, en función de la gravedad, entre los 300 y los 300.000 euros.

 

 


M. O. / El País

Página Web -2018/10/05

Fuente: https://elpais.com/


El mercado españos es la gran economía europea donde más creció el precio en el segundo trimestre del año

 

Los precios de la vivienda en España crecen por encima de la media de la Unión Europea y de la zona euro, pero la escalada es menor que en otros países del entorno. Esa es la principal conclusión de los datos publicados este viernes por la oficina estadística comunitaria, Eurostat. Según esta estadística, la subida interanual del 6,8% que registró España en el segundo trimestre del año la sitúa en el 12º puesto de la clasificación entre 27 países miembros (la serie no ofrece datos de Grecia). Los precios crecieron como media en la Unión Europea dos puntos y medio menos que en España, un 4,3%. La cifra es idéntica a la de la media de la eurozona.

España sí fue el país donde más creció la vivienda entre las cinco grandes economías de la Unión. La que más se acerca es Alemania (4,7%) y mucho más alejadas, y por debajo de la media europea, quedaron Reino Unido (3,4%) y Francia (2,8%). El caso de Italia es excepcional ya que es, junto con Suecia, el único lugar donde los precios cayeron; aunque lo hicieron al ritmo más moderado (-0,2%) desde que la vivienda empezó a bajar en el último trimestre de 2016.

Por delante de España quedaron en la mayoría de casos países del Este, liderados por Eslovenia donde la subida interanual alcanzó el 13,4%. Sin embargo, la vivienda también escaló precios a un ritmo mayor que en España en tres países de Europa Occidental. De ellos destaca Irlanda, donde las cifras de crecimiento interanuales se han situado por encima de los dos dígitos desde mediados de 2017 y baten récord cada trimestre respecto al anterior. En el último dato disponible la escalada alcanza ya el 12,6% respecto al mismo periodo del año anterior. También Portugal se encuentra abonado a crecimientos por encima del 10% (11,2% en el último dato de Eurostat) mientras que Holanda se acerca cada vez más (9,3%).

Al comparar el crecimiento del segundo trimestre del año con el del primer trimestre, si se observa una mayor aceleración en España. En este caso la cifra arroja un 2,6% de incremento, más de un punto por encima de la media de la UE y la eurozona (1,4% en ambos casos). Además, España es el séptimo país donde más progresó el precio de la vivienda en el segundo trimestre del año y lo hizo, en este caso sí, por encima de las grandes economías europeas y de todos los países de Europa Occidental. Solo registraron mayores crecimientos Eslovenia (que vuelve a liderar la lista con un 4,2%), Malta, Letonia, Rumanía, Bulgaria y Lituania.

 

 


José Luis Aranda / El País

Página Web -2018/10/05

Fuente: https://elpais.com/


Un juez sentencia que la "precaria situación" de una familia justifica que viviera de forma ilegal en la casa de un 'fondo buitre'

 

El vocabulario de la crisis se coló con fuerza, en los últimos años, en el seno de la familia de A. C.: desahucios, fondos buitre, desempleo... Las malas noticias se sucedían en el hogar de esta madre y sus cuatro hijos que, tras ser expulsados en 2008 del piso de Bankia donde vivían, okuparon una casa del BBVA. Una vivienda que adquiriría después un fondo buitre, que les denunció y les abocó a un proceso judicial que ha terminado este septiembre, según informa el colectivo de abogados que les ha apoyado, el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES). La Audiencia Provincial de Madrid acaba de anular la sentencia del juzgado de Instrucción número 1 de la capital, que los condenó el pasado junio por un delito de usurpación.

Un magistrado de la sección 16 de la Audiencia Provincial, constituido como tribunal unipersonal para valorar el recurso, ha considerado que los condenados se encontraban en una "precaria situación" y, por tanto, se le debe aplicar el eximente previsto en el artículo 20.5 del Código Penal para aquellos que se salten la ley por encontrarse en un "estado de necesidad" y para "evitar un mal propio o ajeno". Según subraya el dictamen del juez, al que ha tenido acceso EL PAÍS, los informes de los servicios sociales de Madrid han permitido acreditar que se trata de un núcleo familiar "en claro riesgo de exclusión social, con escasos ingresos e irregulares".

A. C. es madre de cuatro hijos. Dos de ellos son menores de edad. El tercero sufre una discapacidad del 44%. Y el cuarto se encuentra en paro. "La entrada en la vivienda se produjo acuciados por la situación económica que sufrían", insiste la sentencia, donde se absuelve a los dos condenados por el Juzgado de Instrucción número 1 —la progenitora, sin empleo fijo, y uno de los hijos mayores de edad—, que los consideró responsables de un delito leve de usurpación y les impuso una pena de tres meses de multa (180 euros).

El magistrado de la Audiencia Provincial ha considerado también que la madre ha actuado siempre de "buena fe". Intentó negociar un alquiler social con el BBVA; pidió ayuda a las autoridades, que están estudiando la concesión de una renta mínima de inserción; y solicitó la adjudicación del uso de una vivienda social. E, incluso, escribió una carta a la Casa Real para exponerle su caso —"contestada amablemente en nombre de su majestad la reina Doña Sofía", detalla el juez—.

"Tal situación económica y familiar justifica la ocupación de una vivienda que pertenecía en su momento a una entidad bancaria y en la actualidad a una empresa especializada en la compraventa de activos inmobiliarios", subraya la Audiencia Provincial, que le reprocha a esta compañía que, "con toda probabilidad, conocía la ocupación de la finca por parte de terceras personas cuando la adquirió". Y recuerda que este tipo de sociedades se ha dedicado a comprar casas "al socaire de la crisis" que en España se ha "padecido".

 

 

 


J. J. Gálvez / El País

Página Web -2018/10/03

Fuente: https://elpais.com/


Una asociación solidaria de Jerez rehabilita viviendas vacías a cambio de que sus propietarios las arrenden a precios sociales

 

“Me está resultando todo muy duro, pero quiero avanzar y creo que lo voy a superar”. La menuda Merci Rúa, de 30 años, rostro bregado y ojos vivos, se crece cuando relata sus adversidades: una renta de 300 euros para criar a dos hijos, una de ellos, discapacitada. Parecía imposible acceder a una vivienda en la hinchada burbuja del alquiler. Pero ahí está, sentada en la terraza de su casa recién estrenada en Jerez de la Frontera, gracias a que alguien encontró en Merci un ideal más elevado que el dinero. “Cuando una persona tiene las fuerzas y las ganas de salir por sí misma ahí estamos nosotros”, reconoce Victoria Sánchez, presidenta de la asociación solidaria Todos Con Casa.

Es lo que Sánchez llama “el motor de la persona” o “la importancia de la intención”. Con ese potencial, tan noble como etéreo, la asociación Todos Con Casa lleva tres años funcionando en esta ciudad gaditana. Los ocho voluntarios de la entidad rehabilitan pisos que sus propietarios mantenían cerrados, a cambio de que los alquilen por un precio módico a personas con pocos recursos pero con voluntad de pagar. Así han recuperado hasta 12 casas y alojado a un perfil heterogéneo de familias con niños, personas mayores o inmigrantes que han dejado los pisos tutelados al cumplir la mayoría de edad.

“Esto no es una inmobiliaria. No buscamos a propietarios que quieran hacerse ricos, sino que tengan un compromiso social”, aclara la presidenta en el pequeño local atestado de herramientas y materiales que posee la entidad. Sánchez habla con el convencimiento de la comercial que fue y, sobre todo, por haber pasado por ese mismo trance: “Soy Victoria, una madre soltera que no tiene nómina, pero me comprometo a arreglarte la casa si me la alquilas”. Esa fue la nota que dejó hace nueve años por los buzones de Valencia cuando la despidieron de la inmobiliaria en la que trabajaba. Y un propietario accedió a su petición.

“Aprendí mucho de aquello. Sé lo difícil que es pedir ayuda”, reconoce la comercial. Gracias a la confianza de ese arrendador, pudo salir adelante y encontró un nuevo trabajo en su sector, ya en Jerez. Pero la experiencia la cambió: “En el mercado inmobiliario hay gente a la que ni se le atiende debido a su aspecto o a su nómina. Decidí hacer algo”. En mayo de 2015, con la ayuda de dos amigas se lanzó a arreglar la primera de vivienda, propiedad de un conocido que la tenía vacía. “Fue en plan autodidacta, con vídeos de Youtube de bricolaje. Incluso le pedimos ayuda a un obrero que trabajaba allí cerca para arreglar una pared”, rememora entre risas.

Desde entonces, la iniciativa ha ido creciendo y formalizándose con distintas ayudas. Más de diez empresas -la mayoría locales- colaboran ya con Todos con Casa. Entre ellas, Leroy Merlín o la cementera Holcim aportan los materiales necesarios para las obras y RACC hace lo propio con los seguros de las viviendas. Este año, una subvención de la Diputación de Cádiz les ha permitido  aumentar su capacidad de respuesta. Con esa red, en la entidad llevan semanas de ritmo frenético.

En estos días se afanan en dejar listo un bajo con un dormitorio. Han tenido que arreglar la instalación eléctrica, pintar y montar la cocina. Será para Joaquín Fontiberio, un jubilado que, empapado en sudor, trasiega sin descanso enfrascado en los últimos detalles. “Es una condición de la asociación que todos los que quieran acceder a una vivienda colaboren, si no esto no podría funcionar”, reconoce Fontiberio. De hecho, él ya contribuyó a otra reforma que no fue para él y volverá a hacer arreglos en alguna otra casa más.

Por menos de 200 euros

Cuando la asociación termine de adecentar y amueblar el bajo, el hombre pagará por el alquiler un máximo de 200 euros. “Es algo que puedo asumir, con mi pensión me era imposible pagar 350 o 400, lo más barato que se encuentra aquí”, reconoce. El reducido alquiler es posible gracias a que los propietarios interesados firman un acuerdo de cesión de tres años con la entidad. En ese tiempo y, a cambio de las reparaciones, la asociación selecciona al inquilino, actúa como intermediaria en el alquiler y se encarga de que los pagos lleguen al dueño.

José Arana ha arrendado su vivienda a un matrimonio rumano con cuatro niños por 130 euros. “El anterior alquilado me dejó el piso fatal y decidí sumarme a esta iniciativa. Ahora cobro menos que lo que pago por la hipoteca, pero conocí al inquilino y quise ayudarle. Me siento satisfecho”, asegura. Está haciendo feliz a Virka Memis, que llegó a  España hace 16 años. Él y su mujer, Gabriela, están desempleados y tienen a su cargo a cuatro hijos, de los 5 a los 11 años. “Vamos pidiendo por ahí para subsistir, pero yo lo único que quiero es conseguir un trabajo para llenar la nevera a mis hijos. Yo trabajo de lo que sea”, asegura Memis. Él mismo participó en la reparación de la vivienda alquilada y de otros pisos de Todos con Casa: “Aquí estamos para ayudarnos”. Tanto es así que este rumano de 32 años ya tiene una relación estrecha con su casero: “Para mí Pepe es como un amigo, incluso me da trabajo en la vendimia cuando puede, estamos muy agradecidos”. “Hay españoles que ganan 800 euros y no están contentos, yo no pido tanto, solo un trabajo para salir adelante”.

Merci Rúa se encontró con esa misma disposición el pasado mes de julio. Tras contribuir en la rehabilitación del piso, ahora disfruta de la primera vivienda que tiene en su vida por un alquiler de 200 euros. Y eso que cerca estuvo de acabar de okupa: “Es lo más fácil que he tenido a mano. Me llegó justo antes de hacer una locura por ahí”. Ahora la joven cree que este es solo el inicio de “algo mejor” que está por venir, aunque aún le cueste creerse su suerte. “Vivíamos con mi abuela y no tenía nada. Todavía me cuesta decir que esta es mi casa”.

 

 


Jesús A. Cañas / El País

Página Web -2018/10/03

Fuente: https://elpais.com/


El Tribunal Constitucional avala los aspectos fundamentales de la ley vasca de Vivienda que el Gobierno del PP recurrió en 2016

 

El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado la capacidad del Gobierno vasco y de los ayuntamientos para proceder a la expropiación forzosa de viviendas que permanezcan deshabitadas durante más de dos años sin causa injustificada y estén situadas en zonas en las que haya una demanda contrastada de personas que necesitan una vivienda pública o social. Las instituciones tendrán la potestad de ponerlas a disposición del mercado de alquiler social cuando haya una demanda en las zonas donde se ubican.

"Esto no va a suponer que el Gobierno o los ayuntamientos van a proceder a una ola expropiatoria", ha querido aclarar el consejero vasco de Vivienda, el socialista Iñaki Arriola. El pronunciamiento del máximo tribunal da luz verde a decretar el alquiler forzoso de aquellos hogares que están sin uso durante un periodo prolongado de tiempo y están situadas en ámbitos donde la demanda de vivienda social es elevada. Se trata, ha precisado Arriola, de que "haya una compensación entre las políticas de incentivo de vivienda en alquiler y las medidas punitivas en el caso de que no se haga un buen uso de una propiedad como es la vivienda".

El último censo de viviendas vacías y deshabitadas de Euskadi lo hará público mañana el propio consejero, quien hoy ha declinado adelantar cuál es el parque inmobiliario en desuso en esta comunidad autónoma. El informe anterior, con datos de 2015, cifra en 86.325 las viviendas vacías (el 8,3% del total de hogares vascos). De estos, casi la tercera parte (32%) son utilizados como vivienda de temporada y el 68% restante están clasificadas como "deshabitadas". De las 58.697 viviendas deshabitadas, más de la mitad (35.647) se encontraban sin oferta, esto es, no estaban a la venta ni se ofrecían en alquiler.

No se considerará una vivienda deshabitada cuando es una segunda residencia y en los supuestos de traslados de domicilio por razones labores, de salud, de dependencia y de emergencia social que justifiquen que estén desocupadas, ha precisado Arriola. Antes de declarar una vivienda desocupada, las instituciones deberán abrir un expediente, dar audiencia a los propietarios y posteriormente determinar si cumple con los requisitos de la ley para que se pueda aplicar un canon, su alquiler forzoso o la expropiación temporal.

El Gobierno del PP recurrió en 2016 ante el Constitucional la ley vasca de Vivienda al considerar que varios de sus preceptos excedían de las competencias autonómicas y se adentraban en terrenos reservados al Estado. La normativa vasca, que establece el derecho subjetivo a disponer de una vivienda, fue aprobada en junio de 2015 a iniciativa del PSE y obtuvo el apoyo de EH Bildu y UPyD. El PNV y el PP votaron en contra.

El recurso del Ejecutivo de Rajoy se fundamentaba en que la normativa vasca impone una nueva regulación del derecho de propiedad sobre la vivienda por incluir el deber de habitarla. La Abogacía del Estado impugnó 13 artículos y varios apartados, la mayoría referidos a la definición de vivienda deshabitada y a las herramientas de actuación sobre aquellos hogares que no están ocupados y, por lo tanto, no cumplen la función social que marca la ley.

El consejero Arriola ha asegurado que el TC convalida "sin restricción alguna" la capacidad de las instituciones vascas de actuar sobre las viviendas deshabitadas que "no cumplen una función social". La normativa otorga al Gobierno vasco y a los ayuntamientos la capacidad de determinar cuándo una vivienda está deshabitada y los instrumentos "para incentivar su ocupación o penalizar su falta de uso".

El consejero de Vivienda ha valorado positivamente la sentencia que, en su opinión, permite la "plena competencia" de Euskadi para regular este ámbito con toda la seguridad jurídica. Sin embargo, el tribunal considera inconstitucional el artículo en el que se recoge la expropiación forzosa del uso temporal de viviendas incursas en procedimientos de desahucio por ejecución hipotecaria que estén impulsados por entidades financieras, sus filiales inmobiliarias y entidades de gestión de activos.

 

 


Mikel Ormazabal / El País

Página Web -2018/10/02

Fuente: https://elpais.com/