Podemos propone actuar contra los dueños de más de diez pisos

El Gobierno delimitará el concepto de vivienda vacía antes de proponer cualquier penalización a sus dueños. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, expuso este martes “la necesidad de acotar bien este concepto antes de aplicar ninguna medida y plantearse cualquier carga sobre ello”, después de que EL PAÍS adelantara la intención del Ejecutivo de imponer medidas “coercitivas” contra los tenedores de pisos vacíos.

El grupo de trabajo interministerial que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha puesto en marcha esta semana para el desarrollo de medidas urgentes en materia de vivienda concretará los términos del concepto. A falta de aclarar qué viviendas se verían afectadas, fuentes del Gobierno excluyen por ejemplo a las segundas residencias. “Garantizar la función social de la vivienda es una de las prioridades del Gobierno”, insistió Ábalos en un acto organizado por la Cadena SER en Alicante.

El Ministerio de Fomento se ha puesto como objetivo “conseguir movilizar la vivienda vacía” de bancos, promotoras y personas físicas y su destino al mercado de alquiler. El Gobierno contempla adoptar, “cuando sea preciso, medidas de carácter coercitivo que sean proporcionales al problema que haya que resolver”, según figura en un informe interno de la Secretaría General de Vivienda sobre la situación de la residencia social que ya ha sido presentado en el Consejo de Ministros.

Los últimos datos de viviendas vacías a nivel nacional corresponden al Censo de Población y Viviendas del INE del año 2011, cuando se cuantificaron 3,4 millones. El Gobierno estudia la aplicación de desgravaciones fiscales a arrendadores e inquilinos para animar a su salida al mercado. Fomento también se está coordinando con la sociedad pública de suelo (Sepes) y las comunidades autónomas para seleccionar los terrenos donde construir 20.000 viviendas de alquiler a precios limitados.

La regularización del mercado de alquiler es una de las principales demandas de Podemos y sus confluencias. Así se lo trasladó Pablo Iglesias al presidente del Gobierno en la reunión que mantuvieron en La Moncloa el pasado 6 de septiembre. “En vivienda y alquiler pensamos que hay que regular las zonas tensionadas con un mercado de vivienda, instalar un sistema de contención del precio del alquiler y que salgan al mercado pisos vacíos de grandes tenedores”, detalló Iglesias, que especificó que se refería a los dueños de más de diez pisos.

El precio del alquiler se ha incrementado en los últimos cinco años un 47% en Barcelona y del 38% en Madrid, los dos referentes principales de los denominados Ayuntamientos del Cambio. Ábalos reiteró su compromiso para intentar “garantizar un precio asequible”.

"Nos parece una buena idea [las sanciones a los dueños de viviendas vacías], de hecho proponemos obligar a los grandes propietarios a poner esos pisos en alquiler y trasladar a los ayuntamientos la competencia de poder subir el IBI a quien tenga varios pisos fuera del mercado", señala Lucía Martín, portavoz de En Comú Podem en el Congreso. "También exigimos la retirada de recursos del Tribunal Constitucional para recuperar leyes autonómicas que obligan a ceder pisos vacíos al parque público y pedimos más facilidades para que las Administraciones Públicas puedan comprar a precios bajos los pisos que la banca está vendiendo baratísimos a fondos buitre internacionales", añade Martín.

José Marcos / El País

Página Web -2018/09/19

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El año pasado se entregaron las llaves de 4.938 viviendas, la cifra más baja en 30 años

La crisis dejó temblando la construcción de vivienda protegida en España. Si entre los años 2000 y 2008 se iniciaron, de media, 72.673 inmuebles al año, en el periodo 2009-2017 ese promedio bajó hasta los 24.761. Es decir, la recesión y los recortes presupuestarios acabaron con dos tercios del esfuerzo de creación de nuevos pisos sociales. La recuperación no ha tenido efecto en este sector: el año pasado se entregaron las llaves de 4.938 viviendas, la cifra más baja en 30 años.

“Mientras no se recupere la capacidad presupuestaria, la situación no va a mejorar”, asegura Mario Yoldi, director de Planificación y procesos operativos de vivienda del Gobierno Vasco y coautor de un análisis histórico de evaluación de las políticas de vivienda recién publicado por el Observatorio Vasco de la Vivienda. Este trabajo, que compara la situación de la edificación y la rehabilitación de vivienda protegida en todas las comunidades, destaca que las consecuencias del boom inmobiliario continúan presentes tras casi una década del comienzo de la recesión de 2008.

El informe hace un repaso de los últimos 30 años de políticas públicas de vivienda a partir de las cifras oficiales. En la última década del siglo pasado había una gran actividad de construcción de vivienda protegida, con promedios anuales superiores a 61.000 pisos terminados. En cambio, en la primera década del siglo XXI el ritmo empezó a caer, aunque de forma moderada, un 10%. Hasta que llegó 2008. "La vivienda de protección ha caído en picado durante la fase de crisis (2009-2017) en consonancia con la caída general de la edificación residencial", explica Carme Trilla, economista y exsecretaria de Vivienda de Cataluña.

“En los años del boom inmobiliario las viviendas libres eran una alternativa quizá más rentable que las protegidas. Los inversores privados abandonaron la construcción de este tipo de pisos y se fueron a la vivienda libre. A partir del año 2008 es cuando se produce una reducción dramática y la vivienda protegida prácticamente desaparece. En Euskadi hemos sido como el tuerto en el país de los ciegos, porque nuestra producción cayó, pero menos, sobre todo por la apuesta por el alquiler. Y tenemos una particularidad, que es que la vivienda protegida cuesta la mitad que la libre, cuando en otras ciudades ese diferencial es muy pequeño”, afirma Yoldi.

Ahora, pasados 10 años, las cifras no muestran mejoría. “La vivienda protegida no se está recuperando”, afirma tajante Yoldi. Y no repuntará, añade, hasta que las comunidades recuperen capacidad presupuestaria, muy mermada desde la aplicación de las restricciones del Pacto de Estabilidad. “Si no hay dinero, no hay política”, resume. Pone el ejemplo de la vivienda protegida de alquiler, quizá la más costosa de todas: “No la hace ningún promotor privado porque no es rentable. Así que la tenemos que construir las administraciones. Pero nuestro presupuesto de vivienda, al menos en el País Vasco, ha caído a la mitad”.

El informe señala que la apuesta por la vivienda protegida en alquiler ha sido poco significativa “tanto en los ciclos expansivos de la economía como en los periodos de crisis”. Entre 2012 y 2016 se iniciaron apenas 898 viviendas protegidas en alquiler en toda España cada año, frente a las más de 15.000 entre 2005 y 2011, lo que supone una caída del 94%. Ocho de cada diez viviendas promovidas en España entre 2005 y 2016 fueron en régimen de compra. Por comunidades, Baleares, Cataluña y Canarias fueron las que más porcentaje de pisos de alquiler construyeron con respecto al total en esa etapa. Las que menos, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja.

A la crisis se ha sumado el hecho de que han ido expirando los plazos de calificación de las viviendas de compra que se iniciaron 20 o 30 años antes, apunta Trilla, que hace unos meses publicó un estudio sobre el parque de vivienda pública junto con el arquitecto Jordi Bosch para la Fundación Alternativas y Fundipax. "En algunos casos, como en la Comunidad de Madrid, también han expirado o están a punto de hacerlo viviendas protegidas de alquiler iniciadas apenas 10 años antes", añade. Durante los años de la burbuja ese fue el plazo del alquiler al que se calificaron. "Esto explica que esta comunidad tuviera más viviendas calificadas anualmente que la mayoría: porque fueron concebidas para el muy corto plazo. Y esto también explica el interés y la facilidad de los fondos internacionales por comprar estas viviendas", resalta.

“La única forma de revertir la situación es que las calificaciones de las viviendas protegidas que se produzcan con subvenciones públicas o sobre suelos de reserva para la protección oficial se califiquen indefinidamente; es decir, que no se conviertan en viviendas libres a corto o medio plazo que es lo que ha ocurrido en España durante los últimos sesenta años”, asegura Trilla.

Hace 15 años que la vivienda protegida en el País Vasco lo es para siempre. Esta comunidad implantó la calificación permanente en 2003, para garantizar que esos pisos pasen a estar disponibles para generaciones futuras sin fugas al mercado libre. También intentó sacar al mercado las viviendas vacías, con una normativa que preveía, en primer lugar, fomentar que los propietarios quisieran alquilar sus pisos —entre otras cosas, con préstamos sin interés para rehabilitar viviendas en malas condiciones—, y en segunda instancia, con medidas punitivas, como el pago de un canon. Aquella legislación también preveía el alquiler forzoso, pero fue recurrida en el Tribunal Constitucional por el Gobierno de Mariano Rajoy y actualmente se encuentra suspendida.

“Nos suena muy bien lo que está proponiendo el Gobierno de Sánchez con respecto a las políticas de vivienda”, asegura. “Algunas cosas se parecen a lo que intentamos hacer aquí, que ya nos gustaría poder aplicarlo”, añade. Sobre las 20.000 viviendas en alquiler que ha prometido el Ejecutivo, asegura que en el País Vasco ya estarían cumpliendo su parte, porque actualmente tienen 2.000 en construcción.

Las ayudas a la rehabilitación siguen sin recuperarse

El informe del Observatorio Vasco de la Vivienda destaca que el “giro radical” que supuso la práctica eliminación de las ayudas a la rehabilitación en España se produjo a partir de 2012. En apenas tres años, según los datos oficiales, el número de viviendas que recibieron estas ayudas en toda España cayó un 75%. Por ejemplo, en 2011 se beneficiaron de estas cantidades 109.148 viviendas, mientras que en 2014 solo fueron 26.326.

En este apartado el País Vasco destaca sobre el resto de comunidades autónomas. Según los datos que recoge el estudio, entre 2001 y 2017 recibieron una subvención para rehabilitación 96 viviendas de cada 1.000. Es decir, cerca de un 10% del parque total, lo que deja a esta comunidad muy por encima del resto. Navarra es la segunda autonomía que más esfuerzo ha hecho, con 88 viviendas subvencionadas por cada 1.000. Le sigue Cantabria, con 59.

Los autores del estudio aseguran que solo el País Vasco y Andalucía mantuvieron un apoyo presupuestario significativo a la rehabilitación de viviendas durante los años más duros de la crisis, entre 2012 y 2015. Ya con el inicio de la recuperación, en 2016, otras comunidades recuperaron parcialmente estas ayudas, según los datos del Ministerio de Fomento. Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria y Murcia empezaron a destinar fondos de sus presupuestos. A pesar de ello, en 2016 y 2017 “en importantes comunidades no se han retomado las líneas de subvención que existían a comienzo de la década”, añade.

Elena G. Sevillano / El País

Página Web -2018/09/19

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El Gobierno quiere evitar la venta de pisos de alquiler adjudicados a familias en situación vulnerable a "personas jurídicas con ánimo de lucro"

El Gobierno quiere dar un giro a la regulación de la vivienda “como un servicio público de interés general”. Y una vía para conseguirlo será adoptar “medidas de carácter coercitivo” contra los propietarios de viviendas vacías. Así lo asegura un informe interno sobre la situación de la vivienda social elaborado por la Secretaría General de Vivienda y al que ha tenido acceso EL PAÍS. Estas medidas no se limitarán a los inmuebles propiedad de bancos o promotoras, sino también a “personas físicas”, según este documento, que insiste también en regular la función social de la vivienda y darle rango de ley estatal.

En España se calcula que hay 3,4 millones de viviendas vacías, según el Censo de Población y Viviendas del INE del año 2011, el último disponible. “Conseguir movilizar” esa bolsa de vivienda vacía es uno de los principales objetivos que se ha marcado el Ministerio de Fomento. En un informe fechado el 11 de septiembre, y que ya ha sido presentado en el Consejo de Ministros, Fomento insiste en que es necesaria una normativa homogénea y que la única forma de garantizarla es la legislación básica estatal. Solo así se evitaría la situación actual de “desigualdad”: hay comunidades que han puesto en marcha medidas como las sanciones, la cesión y el alquiler forzosos, e incluso la expropiación temporal del uso; las hay que aplican estas medidas a bancos y sociedades de activos inmobiliarios, y otras a cualquier propietario, y también se da el caso de Administraciones que han vendido parques públicos de vivienda a sociedades de inversión.

El Gobierno, según esta hoja de ruta, pretende que la vivienda deje de considerarse un bien especulativo. Por eso la regulación básica de los patrimonios públicos de vivienda social incluirá la protección “frente a posibles enajenaciones a personas jurídicas con ánimo de lucro” y que no respeten esa función social. Uno de los casos más sonados fue la enajenación, en plena crisis económica, de 5.000 viviendas sociales de alquiler adjudicadas a familias en situación vulnerable por parte de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Las compraron los fondos de Goldman Sachs y Blackstone, y empezaron a subir las rentas y a desahuciar a quienes no pudieron pagarlas.

Evitar estos casos es una de las prioridades de la estrategia gubernamental, que también plantea modificar el actual Plan Estatal de Vivienda, el instrumento con el que el Estado puede influir en una competencia que reside en las comunidades autónomas. El Gobierno quiere “ahondar en el carácter social de los programas de ayudas” y, más concretamente, incrementar el parque público de vivienda en alquiler y “protegerlo” para asegurar en el tiempo su carácter de servicio de interés general. El actual plan de vivienda trata por igual a los promotores públicos y privados y establece el mismo plazo de protección de una vivienda financiada con fondos públicos: 25 años. La intención del Ejecutivo es acabar con esta situación y establecer plazos de gestión social “de muy larga duración”. Una vez finalizados estos plazos, las viviendas ya se regirían por el nuevo régimen jurídico, es decir, nunca perderían la finalidad para la que fueron construidas con fondos públicos.

Línea de ayudas

Fomento habla en el documento presentado al Consejo de Ministros de crear una línea específica de ayudas para la creación de parque de viviendas sobre suelos públicos “con una protección de sus inquilinos durante un plazo muy superior al actualmente previsto”. También prevé otra línea de financiación para ampliar los parques públicos de vivienda mediante la compra. Bien adquiriendo en el mercado, bien ejerciendo el mecanismo del tanteo y retracto para evitar que fondos con ánimo de lucro se puedan hacer con promociones públicas.

El titular de Fomento avanzó algunas de estas medidas en su comparecencia en el Congreso en julio pasado. Allí ya anunció que la duración de los contratos, que se redujo a tres años con la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013, volverá a ser de cinco años para dar mayor seguridad a los inquilinos. También presentó un plan de choque para promover la construcción de 20.000 viviendas en zonas con alta demanda y donde los precios del alquiler son tan altos que expulsan a las clases trabajadoras y medias. El documento no da más detalles y habla tanto de provisión como de “rehabilitación”. Precisamente la rehabilitación de vivienda, especialmente para favorecer el alquiler, tendrá financiación a través de líneas específicas del Instituto de Crédito Oficial (ICO), según el informe.

Los tribunales ya reconocen la función social

Los tribunales están empezando a reconocer la función social de los parques públicos de vivienda. Un juzgado madrileño acaba de estimar el recurso colectivo de la Plataforma de Afectados/as por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) contra la venta de 2.935 viviendas del antiguo Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (Ivima) al fondo de inversión Encasa Cibeles.

En mayo pasado, otro juzgado de Madrid criticó que “no se ofrece ni justifica la razón o el porqué dejan de ser necesarias dichas promociones [...] cuando cumplen una función social, como es la de proporcionar a clases desfavorecidas una vivienda digna”. Tanto en la sentencia de mayo como en esta última, los fallos consideran que la venta produjo una “vulneración de los principios de protección a la familia, de protección a los menores y del derecho a una vivienda digna”.

Hacia un acuerdo amplio por la vivienda digna: ley o pacto de estado

“El derecho a la vivienda es, sin duda, un derecho social”, afirma el documento de trabajo que resume los objetivos del Ministerio de Fomento en cuanto a la situación de la vivienda social en España. Partiendo de esa base, y sumando la idea de que acceder a un hogar digno y adecuado “debe ser un servicio público de interés general”, el Gobierno de Pedro Sánchez quiere sumar los máximos consensos posibles para poner en marcha la elaboración de una ley estatal en materia de vivienda. Entre otras cosas, el Ejecutivo valora incluir en el texto legislativo la definición y régimen jurídico de la vivienda social, la planificación de vivienda que corresponde al Estado y la vinculación del suelo con uso residencial a la efectividad del derecho a una vivienda.

La minoría parlamentaria del Partido Socialista y la corta duración de la legislatura complican sacar adelante esta propuesta legislativa. El Ejecutivo también valora la posibilidad de intentar sumar apoyos y apostar por un pacto de Estado por la vivienda digna. El presidente, Pedro Sánchez, escribió la semana pasada en su cuenta de Twitter: “Hago un llamamiento a todas las fuerzas políticas para alcanzar un pacto que convierta la vivienda en un derecho de ciudadanía, lejos de la especulación”.

Fuentes del Ejecutivo destacaron que el plan se centrará en los regímenes de tenencia y que no entrará en las competencias de las comunidades autónomas. “Definiremos, como han hecho nuestros vecinos europeos, lo que es alquiler social y un alquiler asequible”, añadieron estas fuentes.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha trasladado este mes a Pedro Sánchez tres propuestas “muy concretas” para bajar el precio de los alquileres: obligar a los grandes tenedores a poner viviendas en el mercado, que las Socimis (sociedades inmobiliarias cotizadas con ventajas fiscales para los inversores) dejen de tributar al 0% y que los ayuntamientos puedan regular el precio del alquiler “en aquellas áreas donde el mercado está más tensionado”.

El Gobierno ya ha puesto en marcha un grupo de trabajo interministerial “para el desarrollo de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler” que este lunes se reunió por primera vez con un orden del día que incluyó la presentación del informe elaborado por la Secretaría General de Vivienda. En el grupo están representados ocho ministerios. El presidente es el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura.

Elena G. Sevillano - José Marco / El País

Página Web -2018/09/18

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Crece el número de propietarios e inmobiliarias que vuelven a hacer negocio con la venta de pisos por encima del precio legal y exigiendo dinero en negro. En Madrid se han duplicado las infracciones

La vivienda protegida vuelve a ser pasto del fraude. Como ocurrió en la anterior etapa de auge inmobiliario, los propietarios de estas casas, a los que se presuponen ciertas necesidades, vuelven a hacer negocios sucios vendiendo por encima de lo que la Administración autonómica exige y solicitando el sobrecoste en dinero negro. Vuelta a las andadas. No ocurre con la misma intensidad que hace una década ni con el mismo descaro, pero haberlas, haylas.

En los portales inmobiliarios es fácil adivinar anuncios en los que se oferta vivienda protegida a un precio que, a simple vista, no cuadra. En uno de ellos se vende “vivienda protegida en el Ensanche de Vallecas, en Madrid. Tres habitaciones y 100 metros cuadrados. Exterior con ascensor, dos plazas de garaje y trastero”. Lo gestiona una inmobiliaria que enseguida advierte por teléfono de que el precio de venta es de 252.000 euros, pero el de escrituración es de 225.000 euros. Es el precio máximo que fija la Comunidad de Madrid. La agente especifica que “aquí [Ensanche de Vallecas] casi todo es vivienda protegida y los propietarios ponen un precio más alto del real”. En los foros vecinales de los nuevos barrios madrileños también dan cuenta del fraude. Alguien deja constancia por escrito de su indignación: “Estoy buscando piso en el barrio [Las Tablas] y es indignante cómo hay multitud de anuncios de particulares y agencias queriendo vender pisos de protección pidiendo un precio por el que están escriturados más dinero en B”.

Madrid es precisamente una de las regiones donde esta práctica, que ha existido desde siempre pero que durante la crisis perdió ritmo, ha vuelto a florecer. “Desde el año 2017, y especialmente en 2018, se observa un incremento de expedientes abiertos por exigencia o percepción de sobreprecio en paralelo a la incipiente recuperación del mercado inmobiliario. En lo que llevamos de año, casi se han doblado los expedientes abiertos en todo 2015” según fuentes de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda. En su Dirección General de Vivienda y Rehabilitación se han estudiado centenares de casos en el último año y medio y se han abierto 101 expedientes por sobreprecio que han concluido en sanción.

En la Comunidad de Madrid el precio de la vivienda protegida fue de 1.359 euros en el primer trimestre del año, un 1,2% más bajo que en el mismo periodo del año anterior, según los datos del Ministerio de Fomento. Mientras la protegida pierde valor, la libre se encarece. Su precio es de 2.413 euros por metro cuadrado, un 8% más interanual. La diferencia entre vender a precio limitado y hacerlo a precio de mercado es de casi el doble. Unos propietarios ganan, otros pierden. El bocado es demasiado tentador. A nivel nacional la brecha es menor: entre un tipo de vivienda y la otra restan 437 euros por metro cuadrado.

Los promotores dicen desconocer lo que hacen los compradores una vez entregan las casas. “Creemos que hace 10 años esta práctica era muy habitual porque la diferencia de precio era muy grande, pero ahora no lo es tanto. Y, además, el control de Hacienda estrangula mucho estas ventas porque no se pueden hacer pagos en efectivo de más de 2.500 euros y se controlan los billetes de 500 euros”, dice Juan José Perucho, presidente de la Asociación de Gestoras de Viviendas (AGV). Las Administraciones pueden detectar las ofertas o las ventas de vivienda protegida con sobreprecio, pero es muy difícil saber la cantidad de dinero negro que se mueve, ya que no se refleja en las escrituras ante el notario. Todo se hace bajo cuerda. En la Dirección General de Vivienda de Madrid han calculado que, de media, los propietarios que cometen esta infracción piden un sobreprecio de entre 30.000 y 40.000 euros. Aunque va por barrios: de los 20.000 euros en Moratalaz a los 70.000 en Las Tablas.

Los focos del fraude, y no solo en la venta sino también en el alquiler, son los ensanches de las ciudades, con una fuerte demanda y mucha vivienda protegida con pocos años. En el caso de Madrid son Las Tablas, Sanchinarro, Ensanche de Vallecas, Montecarmelo y Valdebebas. O en las zonas de Valdelasfuentes y Fuentelucha, en Alcobendas. Hay que recordar que en ellos las cesiones de suelo para vivienda protegida en los nuevos desarrollos que marca la ley han sido del 30% y en algunos casos del 50%.

Descubrir el fraude en una región como Madrid, donde cambian de manos 70.200 casas al año (dato del INE de 2017), es un trabajo arduo. Un equipo de cinco personas se encarga de detectar los anuncios con exigencias de sobreprecio haciendo batidas en los portales inmobiliarios (Idealista, Fotocasa, Pisos.com…). Cuentan con la ayuda de estas plataformas, que remiten la información acerca de los inmuebles reclamados. Y, de vez en cuando, es la colaboración ciudadana la que destapa el fraude. El vecino, el primo o el amigo del vecino... Hay más concienciacion social. O furia, porque ellos venden por los cauces legales y por menos dinero. O porque el comprador, cansado de que le pidan dinero opaco y no pueda comprar casa, acaba denunciando. Algo que se puede hacer de forma online, presencial o por escrito a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación.

En la Generalitat de Catalunya, donde dicen no haber notado un alza de las ventas y alquileres fraudulentos de vivienda protegida por la mayor vigilancia sobre el dinero negro, se inician los controles cuando existen denuncias y no antes.

Multas por especular

Especular con un derecho fundamental como es la vivienda puede salir gratis. Pero los que son pillados se enfrentan a multas cuantiosas. Solo el hecho de anunciar y exigir un sobreprecio supone una infracción grave sancionada con multas de 1.501 a 6.000 euros. Si se llega a vender o alquilar el piso es una infracción muy grave, con sanciones de 6.001 a 60.000 euros y la obligación de reintegrar las cantidades indebidamente percibidas. Las multas son las mismas para la agencia que intermedia en la operación. En la Comunidad de Madrid los expedientes concluidos, sin recurrir, con sanciones firmes ascienden este año a más de 115.000 euros, aunque en lo que va de legislatura se superan los 500.000 euros.

Vender vivienda protegida no es ilegal si se respetan los límites que marca la ley, tanto en plazo como en precio. De hecho, son más los propietarios que hacen las cosas bien. En la región madrileña, las descalificaciones voluntarias y autorizaciones de venta de vivienda protegida han pasado de 6.325 en 2017 a 11.050 con que se cerrará el 2018, según estimaciones de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda.

Durante el tiempo en que la vivienda está sometida a protección se puede vender al precio máximo legal vigente en el momento de efectuarse la transmisión. En este caso se deben reintegrar las ayudas recibidas incrementadas con los intereses legales producidos desde el momento de su percepción. Se deberá además cancelar o novar el préstamo cualificado o convenido. Los plazos de los regímenes legales de protección son muy dispares. En Madrid van de 10 años a 30 años.

Si lo se quiere es decalificar la vivienda antes de tiempo para vender a precio libre tienen que haber pasado 15 años y también devolver las ayudas percibidas.

Sandra López Letón / El País

Página Web -2018/09/15

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