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Urbanismo adelantará la reunión de la Subcomisión que debe aprobar la modificación

 

El gobierno de la Generalitat acelerará el trámite para aprobar, o no, la modificación de planeamiento en Barcelona para obligar a los promotores inmobiliarios a destinar un 30% de sus proyectos a vivienda asequible. La modificación tiene que recibir el aval jurídico en la Subcomisión de Urbanismo de Barcelona, cuya próxima reunión estaba prevista para el día 5 de diciembre. Pero ayer, el Secretario de Hábitat Urbano y Territorio de la Generalitat, Agustí Serra, reveló que la reunión se adelantará y que “posiblemente” se podrá aprobar.

Aunque ambiguas, las palabras de Serra son un avance en la tramitación de la norma. Hasta ahora la Generalitat había mostrado reparos ante la seguridad jurídica de la modificación del gobierno de la alcaldesa Ada Colau, contra la que el sector inmobiliario ha puesto el grito en el cielo, porque entienden que les perjudica.

“Compartimos el objetivo genérico, el país necesita mayor cantidad de vivienda de protección. Pero hay cuestiones a pulir y mejorar”, dijo sin entrar en detalle. “Una vez las solventemos, elevaremos el texto al organismo colegiado”, afirmó después de una reunión con el Ayuntamiento y las entidades promotoras de la nueva norma (entidades vecinales, PAH, Observatorio DESC y Sindicato de Inquilinos).

De hecho, tanto las entidades como la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, sí se mostraron convencidas de que la modificación se aprobará. “La medida se aprobará y entrará en vigor en las próximas semanas”, afirmó la portavoz de la PAH, Lucía Delgado a la salida de la reunión. En la misma línea se expresó la concejal, que aseguró que la reunión sirvió para “clarificar dudas jurídicas para hacer la norma más fuerte y que pueda ser aprobada en las próximas semanas”.

El trámite que afronta ahora la modificación del Plan General Metropolitano (el PGM) no es una negociación política en la que se pueda tocar el texto que aprobó el Ayuntamiento. Se trata exclusivamente de analizarlo desde un punto de vista jurídico.

 

 


Clara Blanchar / El País

Página Web -2018/10/20

Fuente: https://elpais.com/


A partir de 2020, todos los inmuebles de nueva construcción deberán ser de consumo casi nulo

A partir de 2020, tal y como marca la Unión Europea, todos los edificios de nueva construcción deberán ser de consumo casi nulo (ECCN). Una de las principales ventajas de este tipo de construcciones será el ahorro económico y energético en calefacción. Según los expertos, al mejorarse los aislamientos de la vivienda y evitar al máximo las filtraciones de aire, este gasto puede llegar a reducirse en una quinta parte en comparación con los edificios convencionales.

Los expertos de Sto, compañía alemana especializada en la elaboración de elementos y soluciones constructivas, explican las principales características de este tipo de edificación:

-Diseño bioclimático. El sol es una fuente de energía inagotable que conviene aprovechar al máximo. Una buena orientación al sur y unos grandes ventanales son claves, sobre todo en invierno. También hay que tener en cuenta el clima general que caracteriza la ubicación de la vivienda, el viento o la vegetación que la rodea.

-Aislamiento térmico. Debe ser transpirable y tener baja conductividad, alta resistencia térmica, fibras amortiguadoras y absorbentes de ruido (aislamiento acústico), elevada resistencia al paso del calor y un buen comportamiento frente al fuego.

-Estanqueidad del aire y ventilación controlada. El sellado de todas las uniones entre los diferentes materiales del edificio impide el paso del aire incontrolado del interior al exterior y viceversa. Por su parte, el uso de sistemas de ventilación mecánicos permite cumplir con las necesidades de calidad interiores eliminando el aire viciado, impidiendo que las partículas contaminantes del exterior entren dentro de la vivienda y regulando la humedad.

-Carpinterías con altas prestaciones. Las ventanas y las puertas son los elementos más «débiles» en la envolvente de un edificio. Aparte de estar hechos de materiales de buena calidad, en el caso de las ventanas es muy importante que cuenten con buena transmitancia térmica.

-Uso de energías renovables. Una vez se ha conseguido reducir al mínimo el consumo energético, es importante nutrirse de fuentes de energía renovable. Las más usuales son las placas solares o las fotovoltaicas. No obstante, también hay otros métodos que se pueden aplicar en el diseño. Por ejemplo, la aerotermia (bombas de calor) extrae energía contenida en el aire y aporta calefacción en invierno, refrigeración en verano e, incluso, agua caliente todo el año. Además, se ha comprobado que por cada kilovatio de energía eléctrica producida con paneles solares o aerogeneradores se ahorran 800 kilos de emisiones de dióxido de carbono al año.

-Componentes alternativos: materiales sostenibles y tecnología. La conectividad de todos los sistemas permitirá un control global del edificio y, por ende, un mayor ahorro energético. No obstante, aparte de minimizar este gasto, será preciso que las viviendas utilicen también materiales ecológicos y saludables. Es decir, duraderos, con un mantenimiento mínimo y con capacidad reciclable, reutilizable y de recuperación.

Por otro lado, los expertos de Sto resumen cuatro alternativas para reducir la factura de la calefacción tradicional con motivo del Día Mundial del Ahorro de Energía:

-Aplicación de reguladores de temperatura. El objetivo es que no se superen los 21 grados durante el día ni se baje de los 17 grados por la noche. Gracias al uso de este complemento, los expertos estiman un ahorro económico en el consumo anual de entre el 8% y el 13%. Si se utiliza un termostato inteligente, estas cifras pueden llegar al 35%-40%.

-Instalación de cerramientos de calidad. Lo ideal es optar por ventanas con rotura de puente térmico y vidrio doble con cámara de aire intermedia. El ahorro en calefacción que se produce es bastante significativo, alrededor 30%.

-Apostar por la materia orgánica como son estufas o calderas de biomasa. Aparte de las convencionales energías renovables (paneles solares, bombas de calor, sistemas híbridos…), las estufas de biomasa utilizan residuos naturales (desde madera -como pellets o serrín- a deshechos de la agricultura -huesos de aceituna, cáscaras de frutos secos, restos de poda de vid…), y sus emisiones son mínimas. Se calcula que suponen un ahorro económico de entre un 40% y un 50% respecto a las calderas que funcionan con gas ciudad o combustibles derivados del petróleo.

-Emprender hábitos de ahorro. Hay varias alternativas: purgado de radiadores (durante los meses de inactividad se llenan de aire, lo que provoca que, al volver a poner la calefacción, calienten menos); revisión periódica de la caldera (optimizará su uso y se configurará para obtener el máximo rendimiento); evitar calentar habitaciones vacías; no cubrir los sistemas de calefacción con muebles o ropa, colocar paneles reflectantes entre la pared y el radiador o cerrar persianas y cortinas por la noche para que no se escape el calor. Estos consejos permiten reducir la factura entre un 10% y un 40%.

 

 


ABC.ES

Página Web -2018/10/22

Fuente: https://www.abc.es/


Las principales entidades no permiten ahora mismo contratar nuevos créditos a la espera de lo que decida finalmente el Tribunal Supremo sobre el impuestos de AJD

 

La sentencia del Tribunal Supremo que obligaba a los bancos a asumir el impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) en la escritura de las hipotecas, en lugar de a los clientes, y la insólita rectificación 24 horas después del propio Alto Tribunal paralizando temporalmente y dejando ese fallo sin efecto ya tienen consecuencias a nivel comercial. Las principales entidades financieras del país han puesto en revisión su oferta de créditos para la compra de vivienda a la espera de conocer la postura final del Supremo.

Desde los grandes bancos admiten que aquellos consumidores que acudan ahora mismo a sus sucursales a solicitar información sobre las condiciones de sus hipotecas no obtendrán respuesta, ya que tras la rectificación del Supremo las entidades desconocen si, por ejemplo, tendrán que asumir o no el pago de ese impuesto, que supone una media de entre 2.000 y 3.000 euros por crédito. Además, en caso de que finalmente el Alto Tribunal mantenga su criterio y además obligue a devolver las cuantías abonadas anteriormente por los clientes, las entidades tendrán que revisar el clausulado de los contratos y, previsiblemente, modificar las condiciones, incluidos los precios.

Prueba de esa paralización temporal de la oferta es que entidades como el Santander, BBVA y Bankia han retirado temporalmente de sus páginas web el detalle de las condiciones de sus créditos hipotecarios. Otros bancos no han quitado esa información, pero reconocen que tienen también bajo revisión sus productos. Es más, desde alguna entidad reconocen ya que incluso se han revisado al alza las tarifas hipotecarias —elevando el diferencial en proporción al plazo medio del crédito y el impuesto— y «salvo operaciones ya señaladas para la firma y ofertas vinculantes, es de aplicación para todas las nuevas hipotecas los precios nuevos».

 

 


Moncho Veloso / ABC.ES

Página Web -2018/10/19

Fuente: https://www.abc.es/


El Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol ha aprobado el decreto ley que permitirá poner en marcha diversas indemnizaciones

 

El Gobierno balear otorgará ayudas de hasta 60.000 euros a las familias cuyas viviendas se vieron afectadas por las inundaciones habidas el pasado 9 de octubre en el noreste de Mallorca. En cuanto a las ayudas para los coches siniestrados, serán de hasta 6.000 euros por vehículo afectado. Así lo ha anunciado este jueves la portavoz del Ejecutivo regional, Pilar Costa, quien también ha avanzado otras ayudas que serán concedidas igualmente en breve.

Cabe recordar que las riadas de la pasada semana provocaron un total de 13 víctimas mortales, así como cuantiosos daños materiales en distintos municipios, en especial en Sant Llorenç des Cardassar, debido al desbordamiento de su torrente. El primer balance provisional hacía referencia a 322 casas afectadas, 324 vehículos dañados y 30 comercios con serios desperfectos.

El Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol ha celebrado esta mañana un Consejo de Gobierno extraordinario, en el que se ha aprobado un decreto ley que establece las ayudas y otras medidas urgentes para reparar los daños producidos por las inundaciones. En total, se han definido ocho líneas de ayudas, entre ellas una por defunción, que será de 32.000 euros y que será compatible con cualquier otra indemnización. Las medidas concretas que se aplicarán a partir de ahora se desarrollarán en los decretos específicos que se aprobarán mañana viernes en el Consejo de Gobierno ordinario. El citado decreto ley ha entrado en vigor hoy mismo y tiene rango de ley, «para tener el marco legal que ampare todas y cada una de las medidas que a continuación se desarrollarán».

 

Recuperar la normalidad

«Hemos aprobado el marco legal de las medidas extraordinarias para hacer frente a una situación extraordinaria, muy dura por el sufrimiento que ha causado, y sobre todo por la necesidad de dar respuesta ágil y efectiva a las víctimas de la riada del pasado 9 de octubre», ha explicado Costa, quien en su comparecencia ante los medios ha tenido palabras de recuerdo para las víctimas y de reconocimiento para todos los servicios de emergencias. «No podremos agradecer nunca el esfuerzo que va más allá de la profesionalidad de todas las personas que han intervenido», ha destacado la portavoz, que también ha elogiado la labor de los miles de voluntarios que estos días se ofrecieron para colaborar.

El objetivo de las medidas que se empezarán a aplicar ahora es que «todos los afectados puedan recuperar la normalidad lo más rápidamente que sea posible». El decreto ley aprobado este jueves aporta «flexibilidad» en la contratación, que se podrá hacer por vía de emergencia, y además «reduce los plazos y facilita la tramitación con las administraciones afectadas». Las ayudas que concederá el Govern «se podrán compatibilizar con otras ayudas que provengan de otras administraciones, con la única limitación de que nadie pueda recibir más de aquel daño material que haya podido sufrir».

Costa ha explicado que «las ayudas son de carácter subsidiario con respecto al sistema privado de seguros en el caso de que, en casos concretos, las personas que hayan sufrido daños tuvieran un seguro privado», lo que significa que las ayudas del Govern se podrán complementar con las de una entidad aseguradora. Las ayudas han sido catalogadas en tres grupos distintos. Por un lado, están las prestaciones sociales urgentes, que está tramitando ya la Consejería de Servicios Sociales y que prevé ayudas que oscilarán entre los 4.000 y los 5.500 euros por familia. Por otro lado, están las indemnizaciones para las viviendas afectadas y por último están las ayudas que se tramitarán como una subvención, como ocurrirá en el caso de las ayudas a empresas.

Ayudas compatibles

En el caso de las indemnizaciones previstas para la viviendas afectadas, será necesario presentar un informe técnico para acreditar los daños padecidos. Dichos informes están siendo realizados ya estos días por técnicos del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) o por profesionales del Colegio de Arquitectos. Como se ha señalado ya, se prevé una ayuda máxima de 60.000 euros por vivienda en el caso de que se haya producido un «siniestro total». En ese caso, si la familia afectada no tuviera ahora un lugar donde poder ir, se le facilitará una ayuda de 700 euros mensuales para poder pagar un alquiler por un periodo máximo de dos años.

En las situaciones en que no haya habido un «siniestro total» de la vivienda, sino sólo daños estructurales concretos, los afectados recibirán un máximo de 30.000 euros de indemnización. Si los daños no fueran estructurales, sino sólo de carácter leve, la ayuda sería de un máximo de 10.000 euros. En el caso de que la vivienda dañada no sea la habitual de residencia de la familia afectada, las ayudas se reducirán al 50 por cien de las cuantías citadas. Finalmente, cuando se trate de edificios de varias plantas, las comunidades de propietarios podrán tener una ayuda máxima de 8.000 euros por los elementos comunes que hayan podido resultar dañados.

Otra línea de ayudas será, como se ha señalado al principio, para los vehículos afectados por las inundaciones, con un máximo previsto de 6.000 euros por vehículo siniestrado. Dicha ayuda será compatible con la que vaya a facilitar el consorcio de seguros. En cuanto a las ayudas para empresarios y trabajadores, serán de un máximo de 100.000 euros para las industrias, de 60.000 euros para las empresas turísticas y de 30.000 euros en el caso de comercios.

 

 


Josep María Aguiló / ABC.ES

Página Web -2018/10/18

Fuente: https://www.abc.es/


Amalia, de 75 años, lleva 20 años viviendo en un piso pequeño junto al cementerio de Poblenou. Los nuevos dueños han decidido no renovar su contrato

 

La historia del número 166 de la calle Doctor Trueta, en el Poblenou de Barcelona, no es nueva en una ciudad que soporta cada día una decena de desahucios debido a la especulación inmobiliaria. Este edificio viejo, al lado del cementerio, se destinó en su día destinado a familias humildes. Esas familias son hoy un obstáculo para los propietarios, que quieren convertir esos pisos en viviendas de lujo a unos metros de la playa.

Este jueves le ha llegado el turno a Amalia, de 75 años. Lleva 40 viviendo en Poblenou y 20 en el entresuelo del 166 de Doctor Trueta. Como el resto de vecinos, Amalia tenía un acuerdo con la propietaria del edificio por el que renovaban, cada cinco años, un contrato de alquiler que permitía a la mujer vivir allí a cambio de poco más de 500 euros al mes. El último de esos contratos expiró en febrero.

Amalia cobra una pequeña pensión y, gracias a una ayuda del Consistorio, abonaba regularmente la mensualidad. Después de 20 años, pensaba que acabaría sus días en este piso. Pero la historia del 166 de Doctor Trueta le tenía reservado un giro. La propietaria del edificio falleció y los herederos tenían otros planes que no pasaban por mantener a Amalia en el piso. Ni a ella ni al resto de inquilinos al que se les acaba el contrato de alquiler los próximos meses.

Pocas semanas antes de que expirase el contrato, llegó un burofax al entresuelo de Amalia. Los nuevos propietarios le comunicaban que no renovaban el contrato de alquiler a la anciana, que vive sola. Amalia no podía hacer nada ya que ni siquiera querían que pagara. La querían fuera del inmueble. Pero no se fue. Y los propietarios iniciaron la vía judicial.

 

Protesta vecinal

“Nunca pensé que tendría que abandonar mi casa”, ha asegurado la mañana de este jueves, minutos antes de que llegara la comitiva judicial para desahuciarla. Amalia no ha estado sola. La han acompañado 70 vecinos convocados por la Comisión de Vivienda de Poblenou y de la plataforma Ens Plantem, concertados para intentar evitar el desahucio. Amalia tiene concedido un piso de alquiler social, pero la lista de espera es de más de un año. Si se hacía efectivo el desahucio, Amalia se quedaba literalmente en la calle.

Isabel Vázquez, de la plataforma Ens Plantem, ha asegurado en la calle que era una injusticia que Amelia fuera obligada a abandonar su casa: “Es una mujer mayor que nunca se ha negado a pagar. No debería irse del piso pero, si lo tiene que hacer, pedimos que la propiedad espere hasta que se le entregue un inmueble de alquiler social que ya tiene concedido”.

La comitiva judicial ha considerado que era imposible llevar a cabo el desahucio dada la cantidad de vecinos que había en la puerta. La historia del 166 de la calle Doctor Trueta todavía continúa. Amalia seguirá viviendo, al menos, durante unas semanas en el modesto piso al lado del cementerio cuya mensualidad ha pagado durante dos décadas. La nueva orden de desahucio llegará en unos días.

 

 


Alfonso L. Congostrina / El País

Página Web -2018/10/18

Fuente: https://elpais.com/