La alcaldesa acusa al Govern de rebajar la norma y Territori responde que no tiene solidez jurídica

 

La vivienda pública abrió este miércoles una brecha entre la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el del presidente de la Generalitat, Quim Torra. La tramitación de la reforma para obligar a los promotores a hacer un 30% de vivienda social llegaba al último escollo: la subcomisión de Urbanismo de la Generalitat. Colau acusó al Govern de querer rebajar las obligaciones a los promotores, insinuó que ha cedido a sus presiones y suspendió la reunión. El consejero de Territorio, Damià Calvet, respondió que el texto es “débil jurídicamente” y que la única presión que recibe “es la de los ciudadanos”. El choque se produce en plena negociación de los presupuestos de las dos administraciones.

Los reproches que se lanzaron Colau y Calvet alcanzaron un calibre considerable. “No entendemos qué está pasando, la medida se ha hecho con consenso y aval técnico y jurídico”, dijo la alcaldesa. “No quisiera pensar que hay presiones de grandes promotores de la ciudad o de grandes especuladores, sería inaceptable”, añadió y recordó que la modificación del plan General Metropolitano (MPGM) contó en el consistorio con apoyo de PDeCAT, ERC, PSC y la CUP.

Colau acusó al Govern de haber demorado la tramitación, aseguró que hasta ayer no planteó la rebaja y sostuvo que el 30% ya tiene aval técnico y jurídico y que “la función de la Generalitat no es rebajar textos y menos en una cuestión tan importante como la vivienda y en un momento de emergencia habitacional”. También arremetió contra los promotores: “Podrán seguir haciendo negocio, pagar a sus trabajadores, lo que no podrán es forrarse a costa de un bien de primera necesidad”. Los promotores siempre han criticado la medida y aseguran que si tienen que hacer el 30% de pisos sociales perderán dinero.

Calvet, a su turno, puntualizó cada una de las acusaciones de la alcaldesa. Respondió que la tramitación no se ha demorado y que el consistorio tardó 17 días en hacerles llegar el expediente. Defendió que el planteamiento de la Generalitat “no es de rebajas sino de seguridad jurídica” y llegó a decir que de aprobar la modificación el Govern “estaría haciendo un flaco favor a la política de vivienda y no hacer caso a los informes jurídicos sería prevaricar”. Habría recursos que “tumbarían” la reforma urbanística, aseguró.

La rebaja que plantea la Generalitat es una cuestión muy técnica. Se trata de eximir de hacer el 30% de vivienda social a los propietarios que compraron suelo durante el primer semestre de 2016. El indulto estaría argumentado para garantizar la viabilidad de los proyectos de las empresas. Es decir, que al precio que compraron el suelo en esas fechas, les salieran los números pese a hacer pisos más baratos.

La modificación aprobada por el Pleno del Ayuntamiento prevé que en ese periodo solo hagan un 20% de pisos sociales y Calvet aseguró que la Ley del Derecho a la Vivienda contempla reservas del 30%, pero nunca del 20. En la reforma que plantea Colau, se salvan por completo de la obligación de hacer un 30% de vivienda social los promotores que compraron suelo entre junio de 2016 y hasta que se apruebe definitivamente en la Comisión de Urbanismo de la Generalitat. Se volverá a celebrar en 10 días, el 5 de diciembre.

Teniendo en cuenta los tiempos de la administración, la tramitación de la modificación del Plan General Metropolitano (PGM) ha ido a toda pastilla. La idea del 30%, que contempla en la Ley del Derecho a la Vivienda, la lanzaron en febrero pasado las entidades que luchan por el derecho a la vivienda. Colau la hizo suya, la tramitó en el Ayuntamiento, consiguió el apoyo del PDeCAT, ERC, PSC y la CUP, y en septiembre se aprobó en el pleno municipal. Pero falta un último trámite: el visto bueno de la Comisión de Urbanismo de la Generalitat. La Comisión se iba a celebrar ayer, pero al plantear el gobierno catalán una modificación del texto, el gobierno municipal se ha plantado y ha pedido la suspensión. De hecho, la Generalitat siempre ha puesto reparos al texto.

Las entidades promotoras de la medida también se mostraron muy molestas. Representantes de la FAVB, el Sindicato de Inquilinos, la PAH y el Observatorio DESC se citaron ante el departamento de Territori pese a la suspensión. "Exigimos que se apruebe, se aplique y no se modifique el texto que salió del pleno del Ayuntamiento de Barcelona", reclamó Guillem Domingo, del DESC. "El sistema transitorio de la aplicación del 30% [las exenciones citadas] es plenamente legal, seguro y está fundamentado. Es solvente porque se adapta a lo que dice la ley del derecho a la vivienda", dijo y recordó que muchos promotores ya se han escapado de la medida al pedir licencias para sus proyectos durante los últimos meses. Domingo también aseguró que en la decisión de la Generalitat han pesado presiones de los promotores.

 

 

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Clara Blanchar / El País

Página Web - 2018/11/21

Fuente: https://elpais.com/

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La alcaldesa necesitará apoyo político para aumentar el uso residencial del 10% al 30%

 

La revisión del 22@, la calificación inventada hace casi 19 años para transformar la zona industrial del Poblenou de Barcelona en un mix de actividad económica, vivienda, equipamientos y verde, ya está lista. La alcaldesa Ada Colau presentó ayer el pacto alcanzado con las empresas y los vecinos de la zona: la gran novedad es que se quiere triplicar la vivienda prevista en el plan original (toda pública): pasar del 10% al 30% del techo que se edifique. Pero para materializarlo es necesario el apoyo de la oposición. Y no será fácil.

El 22@ se ha desplegado en los solares que hay por debajo de la Diagonal (de Glòries hacia el mar). Pero la otra mitad, las 80 hectáreas que hay por encima de la Diagonal y a lado y lado de la calle de Pere IV y por encima de Cristóbal de Moura, están en su mayoría por transformar, según el actual gobierno. Es en esta zona, el nortedel 22@, donde se busca aumentar el porcentaje de vivienda pública.

Pasar del 10% al 30% del techo supondría llegar a entre 5.000 y 6.000 nuevos pisos “preferiblemente de alquiler”, calculó ayer el coordinador de la Comisión 22@, David Martínez. La comisión se ha encargado de fusionar el documento surgido del proceso participativo vecinal y con el de una comisión de expertos, en la que han participado las universidades.

El actual ejecutivo entiende que un 10% de techo de vivienda social, frente a un 90% de actividad económica, no acaba de hacer ciudad. Es preciso aumentar la densidad de vivienda. “Al 22@ le faltaba profundizar en la cohesión social”, afirmó la alcaldesa. “El 70% se mantendrá de actividad económica y el 30% será de vivienda, para hacer barrio y ciudad”, afirmó Martínez, que precisó que del total de vivienda, el 10% la hará el Ayuntamiento fruto del aprovechamiento que obtenga de cada operación, y el 20% los propietarios privados. El cambio supondría modificar el Plan General Metropolitano (PGM).

El pacto también prevé “desafectar”, que dejen de formar del planeamiento del 22@, una quincena de manzanas de estructura urbana antigua (con calles muy estrechas y muchos pequeños propietarios) entre las que están los barrios de la Plata, Bogatell y Trullàs. Con esta trama y propiedad, asegura el gobierno, no se puede desarrollar el planeamiento original del 22@. En materia económica, el pacto contempla que el 22@ siga siendo un distrito innovador, pero da entrada a la economía social y solidaria. También sitúa en el centro del futuro planeamiento el eje Pere IV, donde están dos complejos industriales como La Escocesa o Can Ricart. Cristóbal de Moura, una calle de ancho doble, será un eje verde.

Un plan “inviable”

El ex arquitecto en jefe del Ayuntamiento, Oriol Clos, muy vinculado al proyecto original, cuestionó ayer el pacto, que tachó de “triunfalista” y aseguró que es “inviable”: porque en la zona norte ya hay planeamiento ya aprobado, aunque los solares estén vacíos. Clos —uno de los 80 firmantes de un manifiesto que el verano pasado pedía mantener el espíritu original del plan y que el texto del pacto ni menciona—, defendió el liderazgo público del proyecto y reclamó una oficina técnica que “impulse, promueva y active” la transformación y alertó de que “en el 22@ la vivienda no es motor, lo es la actividad económica".

 

 

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Clara Blanchar / El País

Página Web - 2018/11/20

Fuente: https://elpais.com/

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Un grupo de expertos ha presentado al Gobierno medidas para fomentar 350.000 rehabilitaciones energéticas al año en España

 

Las viviendas pierden dinero y nadie hace nada para evitarlo. Ni sus dueños ni la Administración, tan ocupada ahora en la problemática del alquiler, pero tan despreocupada en atender un mercado de casas tan vasto como ineficiente desde el punto de vista energético. En torno a 12.000 millones de euros se escapan cada año por las ventanas, puertas, cimientos y cubiertas de casi 26 millones de viviendas ineficientes, que son todas las construidas en España antes de 2007, calcula Carlos Castro, responsable técnico de Eficiencia Energética de Danosa, multinacional de soluciones integrales para la construcción sostenible. "Podrían ahorrar ese dinero cada año mediante una adecuada rehabilitación energética con aislamiento térmico de los edificios", añade.

Esto es así porque más de la mitad del parque de viviendas es anterior a 1980 y fue levantado sin normativa de eficiencia energética. Estas casas no tienen, por ejemplo, aislamiento térmico. Hay que añadir todas las casas edificadas entre 1980 y 2007, antes de la aprobación del Código Técnico de la Edificación, porque tienen algo de aislamiento pero muy pobre. Así, dice Castro, "el 99% del parque derrocha energía". Además, lo hecho hasta ahora es insustancial: "las fachadas que se rehabilitaron entre 2011 y 2015 suman 57.000. Son 400.000 casas, de las que ni el 15% (unas 60.000) fueron con criterios de eficiencia energética", dice Albert Grau, gerente de la Fundación La Casa que Ahorra.

Cierto es que algunas obras son costosas y que sin ayudas públicas los propietarios y comunidades de vecinos no pueden asumirlas. Pero otras son aptas para cualquier economía y por poco que se haga, se nota. Por ejemplo, sellar puertas y ventanas cuesta menos de 20 euros y evita que se pierda hasta un 30% del calor. Aunque sin cambiar las viejas ventanas por otras con doble acristalamiento, puede que no se alcance esa cifra.

Otra medida es dejar entrar la luz natural en la vivienda para rebajar el coste de calefacción. La solución es colocar grandes ventanales (con doble acristalamiento). Aunque los españoles no entiendan de julios (unidad de energía) sí saben qué implica una buena orientación. "El 41,20% de los españoles lo que más valoran a la hora de elegir vivienda es la orientación", según una encuesta de Habitissimo.

La calefacción se lleva por delante hasta el 46% del gasto energético de una casa, así que las revisiones puntuales de la caldera individual permiten ahorrar hasta un 15% de energía, indican desde el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Aunque también puede haber llegado el momento del pase. El cambio de la vieja caldera por otra de condensación puede reducir el consumo en 200 euros anuales. Cuestan en torno a 1.600 euros, pero la inversión se puede amortizar en poco tiempo. Más eficientes y caros —por encima de los 3.000 euros— son los equipos de aerotermia, que dan calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria con una reducción del coste energético, como mínimo, del 50% frente al gasóleo y un 25% frente al gas natural. Además de purgar los radiadores al menos una vez al año, conviene colocar un material reflectante detrás de ellos para que el calor se disperse por la habitación. Otra medida es instalar termostatos y temporizadores en los aparatos de calefacción. "Puede suponer un ahorro de entre el 8% y el 13% del gasto, 60 euros al año. Una temperatura de 21ºC es suficiente y cada grado de más incrementa un 7% el consumo, es decir, casi 30 euros anuales", indican en el portal Kelisto.

No es muy costoso renovar las bombillas. Las Led convierten el 90% de la energía en luz y el ahorro puede llegar a los 156 euros anuales. Y comprar electrodomésticos con etiquetas A+, A++ o A+++ puede significar un ahorro en el consumo de hasta el 50%, 100 euros al año.

El propósito de ser eficientes se pone cuesta arriba cuando entran en juego medidas más ambiciosas que competen a todos los vecinos, como el aislamiento térmico de cubiertas y fachadas, que puede reducir el consumo energético entre el 50% y el 65%. Solo rehabilitando las principales zonas comunes se podría abaratar la factura en 1.500 euros al año, con datos de la Agencia para la Rehabilitación de Edificios.

 

Europa aprieta

Los edificios se comen un tercio del consumo de energía total en España —el 18,5% por el sector residecial—. Dejar este coladero en manos de los particulares es comparable a matar moscas a cañonazos. Rehabilitar ya no es solo una opcion, sino una obligación. Y urgente porque Europa aprieta. España debe acelerar su descarbonización si quiere cumplir con los objetivos para 2030. Y debe adaptarse a la directiva europea por la que en 2020 todos los edificios nuevos o rehabilitados serán de consumo casi nulo. En ambas cuestiones va con retraso.

Un grupo de expertos ha puesto sobre la mesa algunas propuestas para impulsar de una vez por todas este nicho de mercado. Un informe de la Fundación La Casa que Ahorra, encargado al Grupo Garrigues, estima que España necesita rehabilitar 350.000 viviendas al año hasta 2030. Y para ello plantean la creación del pasaporte energético, que ya funciona en Alemania, Francia y Bélgica —en algunos es voluntario y en otros obligatorio—. Es un acuerdo entre la Administración y los propietarios, por el que el primero se compromete a dar subvenciones y los otros a realizar las obras durante un plazo de cuatro años. Se subvencionaría la mejora del aislamiento térmico de la fachada, cubierta y suelo, sustitución de sistemas de calefacción y refrigeración, producción de agua caliente sanitaria y ventilación. Un 80% de la ayuda sería abonada al final de cada fase y el 20% restante al inicio de la siguiente para evitar que los vecinos abandonen las obras a medio camino. También se contemplan medidas fiscales, como una bonificación en el IBI de hasta el 50%, o una bonificación de hasta el 95% en el ICIO, así como un IVA reducido del 4%.

El documento ha sido presentado a responsables de los ministerios de Fomento y de Transición Ecológica. "Ambos nos mostraron todo su apoyo, y nos emplazaron a seguir trabajando conjuntamente para acabar de dar forma a esta medida", indica Albert Grau.

 

 

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Sandra López Letón / El País

Página Web - 2018/11/20

Fuente: https://elpais.com/

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El ministro José Luis Ábalos propone abaratar el peaje de las autopistas rescatadas para que tengan más actividad

 

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha anunciado este lunes que el ministerio va a transferir 21,5 millones de euros a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) para promover la construcción de más de 5.000 viviendas. Los inmuebles se destinarán a alquiler social, que no superará los 400 euros mensuales, y se ubicarán en Madrid, Valencia, Sevilla, Ibiza y Málaga.

El titular de Fomento ha apuntado que la promoción de estas 5.000 viviendas se suma a las 1.540 incluidas en el Plan Estatal de Vivienda. Con ello se alcanzará casi un tercio de las 20.000 viviendas para parque público de alquiler que anunció en el Congreso, según ha explicado durante una conferencia en los Desayunos Informativos de Europa Press.

En concreto, Ábalos aseguró el pasado julio durante su comparecencia en la Cámara baja que el ministerio promovería entre los cuatro y seis próximos años 20.000 viviendas públicas. Este lunes, el ministro ha recordado que el parque público actual en España es "de los más bajos de Europa", ya que supone alrededor del 2,5% del total. La incapacidad de contener las subidas de precios, ha añadido, convierte a la vivienda "en un quebradero de cabeza para las clases medias y en una quimera para los jóvenes". Por ello se ha comprometido a sacar adelante una Ley Estatal de Vivienda que, según ha especificado, continúa en fase de diálogo con las administraciones autonómicas, ya que se trata de una competencia transferida.

Para Ábalos, las primeras medidas que el Gobierno ha puesto en marcha sientan las bases de una política encaminada a garantizar el acceso a la vivienda. No obstante, ha asegurado que es consciente de que esta tarea requerirá del concurso de todas las administraciones y fuerzas políticas. Por ello, ha instado a alcanzar "un gran pacto de Estado por la vivienda en España" al tiempo que ha señalado que mientras tanto el Gobierno intentará sacar decretos para algunas medias "urgentes" en la materia.

 

Rebajar autopistas de peaje

El ministro también ha admitido que baraja abaratar el precio del peaje de las nueve autopistas quebradas que gestiona a través de Seittsa, con el fin de fomentar su uso y que aumenten el tráfico. Ábalos ha señalado que se estudia poner a esas vías "precios razonables" y dar "ciertas ventajas para los vecinos" de las zonas en las que se encuentran. Fuentes del Ministerio señalan que se trata de una "intención" y que se está valorando si una bajada de precios compensaría los ingresos mediante el aumento del número de usuarios de estas vías, actualmente infrautilizadas.

El titular de Fomento se ha pronunciado de esta forma al indicar que su departamento no prevé volver a sacar a concurso las autopistas quebradas para ceder de nuevo su gestión a la iniciativa privada hasta que tenga calculado el importe que el rescate de las autopistas en la anterior legislatura supondrá para las arcas públicas. De momento, ha indicado, estas nueve vías seguirán siendo gestionadas por el ministerio a través de la sociedad Seittsa. Para ello, el Ejecutivo ha dado cobertura legal a través de un real decreto ley recientemente aprobado en Consejo de Ministros y que este jueves afronta su debate de convalidación en el Congreso.

Las nueve vías rescatadas y que gestiona Fomento son las cuatro radiales de Madrid, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda, la que une Madrid y el aeropuerto de Barajas, la circunvalación de Alicante y la Cartagena-Vera.

Ábalos ha insistido en la "reflexión" que hizo el pasado 9 de noviembre sobre el cobro por el uso de otras autovías. "Tenemos que abrir un debate sobre la sostenibilidad de algunas infraestructuras", ha señalado el titular de Fomento. En ese sentido, ha destacado que de momento el Gobierno "no ha planteado ningún modelo", pero ha recordado que en el caso de aeropuertos o ferrocarriles, los usuarios pagan unas tasas por utilizarlos. "El único sitio donde hay debate es en las autopistas, y no en todas. Unas ya se pagan demasiado y otras no, depende de territorios", ha indicado el ministro.

 

 

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José Luis Aranda - EP / El País

Página Web - 2018/11/19

Fuente: https://elpais.com/

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