Tras terminar de pagar completamente el préstamo, hay que iniciar un proceso formal para dejar atrás esta carga

Tarde o temprano, después de varios años cumpliendo religiosamente con las cuotas de una hipoteca, llega el momento de terminar de pagarla. Esta deuda finaliza, bien porque se han pagado la totalidad de las mensualidades, bien porque se ha logrado ahorrar el suficiente capital como para liquidar el préstamo de forma anticipada. El propietario de un inmueble debe dar una serie de pasos para cancelar formalmente la hipoteca. En pisos.com desarrollamos el procedimiento para aclarar cualquier duda:

1. Deuda cero. El primer paso que hay que dar para que todo funcione correctamente es que el hipotecado acuda a la entidad financiera correspondiente para comunicar su intención de cancelar su préstamo. El banco debe emitir un certificado de deuda cero. Este documento demuestra que se ha pagado la deuda en su totalidad. Este consentimiento por parte del acreedor es imprescindible. El dueño de la vivienda no puede llevar a cabo este proceso de forma unilateral.

2. Posibles comisiones. El propietario debe ser consciente de que materializar este trámite puede conllevar el pago de una comisión por cancelación. Este gasto está previsto en las escrituras de la hipoteca, a las que habrá que acudir para verificar su existencia y conocer el porcentaje aplicado. En ningún caso, el banco podrá exigir una comisión que no esté contemplada en dichas escrituras. Siempre prevalece lo firmado en el contrato del préstamo hipotecario.

3. Costes añadidos. Aunque no haya comisión por cancelación, finiquitar la hipoteca no sale gratis. Hay que tener en cuenta los gastos de notaría y registro. Igualmente, habrá que sumar los honorarios del agente externo que lo tramite, ya sea el banco a través de su gestoría o aquella que nosotros elijamos. Los expertos recomiendan que el cliente solicite al banco la provisión de fondos que se debe hacer para cancelar la hipoteca y hacer lo mismo con una gestoría, comparando ambos presupuestos.

4. Escritura de cancelación. El notario es el encargado de preparar la escritura de cancelación a partir del certificado de deuda cero. El propietario debe proveer a este profesional de todos los datos relativos a la vivienda, el importe de la hipoteca y la responsabilidad hipotecaria. En paralelo, la entidad financiera ha de enviar a la notaría a un apoderado para que firme dicha escritura. Después, el notario entregará al interesado o a la gestoría este documento que prueba que la hipoteca ha sido cancelada.

5. Libre de cargas. Con las escrituras de cancelación firmadas, llega el último paso, que no es otro que hacer constar en el registro donde esté inscrito el inmueble que esta deuda ha sido eliminada de forma fehaciente. De este modo, la vivienda quedará libre de cargas. Este proceso se realiza por parte del registro en un plazo máximo de dos a tres días, tras los cuales, ya constará la anotación de que la hipoteca se ha dado de baja.

 

 

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ABC.ES

Página Web - 2018/12/18

Fuente: https://www.abc.es/

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Cáritas pide implicación de la administración y reclama que el parque de vivienda social aumente del 2% al 15%

 

Las personas sin techo y sin hogar son la punta del iceberg de un problema con la vivienda que se extiende de Barcelona a su área metropolitana. Un estudio de Cáritas muestra que el 36% de los habitantes de los 27 municipios que forman la Diócesis de Barcelona vive en un hogar “inseguro” o “inadecuado”. En total, 950.000 personas viven en habitaciones realquiladas, están a punto de ser desahuciadas, o viven en situaciones de hacinamiento, insalubridad o en asentamientos informales. Cáritas ha reclamado este miércoles que la Administración aumente la vivienda social: representa el 2% del parque, mientras que la media europea está en el 15%.

Los resultados de la encuesta de Cáritas, un estudio realizado junto con la fundación Foessa y que cuenta con una muestra de 1.700 personas entrevistadas, han puesto en alerta a una entidad que, en solo un año, ha destinado dos millones de euros en ayudas al alquiler para evitar más de 2.000 desahucios. La situación, avisan, es dramática, ya que las dificultades para acceder a una vivienda digna no afectan solo a unas pocas personas, sino que se extienden y cada vez empujan a más gente hacia el riesgo de la exclusión social. En concreto, uno de cada tres vecinos del área de Barcelona vive en un hogar inadecuado o inseguro, ya sea por problemas financieros, situaciones de hacinamiento o por vivir en pisos sin lavabo o sin suministros básicos.

Y los hay que acumulan años de vivir en diversas de estas situaciones sin poder salir del círculo vicioso. Artur, uno de los entrevistados por Cáritas para su estudio, es una persona sin hogar que acude a la entidad desde hace tres años. Vive en un local comercial en Barcelona sin cocina, sin ducha, sin lavadora y sin agua caliente, y durmiendo en un sofá. Su situación económica se agravó en 2009 cuando perdió el trabajo. Desde entonces, su “trayectoria residencial” ha sido la siguiente: piso compartido, vivir en la calle, habitación realquilada, local comercial, habitación, otra vez en la calle y, finalmente, volver a vivir en un local. “Estar en la calle ha afectado a mi salud, a la mente, a los dientes, el estómago, muchos cambios en la vida... Si estás en tu casa tienes un horario normal, trabajas, desayunas, comes...”, dijo a Cáritas en la encuesta.

Artur, nacido en Eslovaquia hace más de 40 años, representa uno de los perfiles más vulnerables al problema de la vivienda: siete de cada diez personas que no tienen una vivienda digna son extranjeros y están en el paro.

Cáritas lanza otra alerta: el 44% de las familias que sufren problemas de vivienda tienen menores a cargo. La entidad atendió en 2017 a 769 familias con menores, un 33% más que hace diez años. “Es difícil encontrar habitaciones en Barcelona, porque no te permiten llevar a los niños”, explica Marta Eugenia Rodríguez en la encuesta de Cáritas. Esta salvadoreña llegó a Barcelona hace un año. La primera habitación que realquiló, detalla, era pequeña, tenía humedad, y ella dormía en el suelo para que sus hijos durmiesen en la cama. “Siempre estaba haciendo algo para no estar en la habitación”, asegura.

El problema de la vivienda, según demuestra el estudio, ha ido en aumento en los últimos años. A la crisis económica y a la desigualdad que ha generado se le suma el incremento del precio de la vivienda, especialmente de alquiler, en la capital catalana y los municipios de su área metropolitana. En Barcelona, cada ciudadano dedica, de media, un 53% de su sueldo a la vivienda. En el resto del área metropolitana también casi la mitad de lo que se gana se destina a pagar el piso. Lo máximo, según los expertos, debería ser un 33%. El porcentaje, que en España en su conjunto se sitúa en un 42%, se reduce drásticamente en la media europea (los europeos dedican un 15% de su salario a la vivienda) y en las ciudades en las que el parque de alquiler social es más grande. En Ámsterdam, Berlín o Londres el alquiler social representa el 48%, el 30% y el 23% del parque de viviendas. En Barcelona es el 2%, muy lejos del 15%, la media europea.

La respuesta política a esta situación, según Cáritas, debe ser contundente. “Dejar en manos del libre mercado el problema de la vivienda no es factible”, ha afirmado el director de Cáritas Barcelona, Salvador Busquets. La entidad ha pedido que no se vulnere el derecho a una vivienda digna, y ha reclamado que se proteja con medidas concretas. Entre ellas, elevar el parque de pisos protegidos, evitar el aumento “desorbitado” de los precios del alquiler, agilizar el padrón para personas sin domicilio fijo, y tejer una estrategia para luchar contra la situación en la que se encuentran las personas sin hogar.

 

 

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Josep Catà / El País

Página Web - 2018/12/12

Fuente: https://elpais.com/

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Los préstamos para comprar vivienda crecieron casi un 14% interanual, según la estadística notarial

 

El caos en el Tribunal Supremo por el impuesto hipotecario que se inició el pasado octubre apenas afectó en ese mes a la constitución de nuevos préstamos. Esa es la principal conclusión de la estadística del Consejo General del Notariado, difundida este lunes, que refleja un aumento del 13,8% en las hipotecas para adquisición de vivienda respecto a octubre de 2017. En términos absolutos eso significa que se constituyeron 21.786 préstamos para la compra de casas y pisos. Se trata de una cifra baja pero hay que tener en cuenta que los datos son todavía provisionales, ya que podrían quedar casos por computar en el registro informático notarial.

En los datos recogidos por los notarios de toda España tampoco se observa ninguna anomalía en el resto de hipotecas constituidas para otros fines como la construcción, la compra de otro tipo de inmuebles o la financiación empresarial. El total, sumando los de vivienda que son el grueso principal de la estadístca, se firmaron 30.113 nuevas hipotecas, un 9% que en el mismo mes del año anterior.

Además de subir en volumen, las hipotecas también crecieron en importe, aunque en este caso más modestamente. La cuentía media de los préstamos para comprar vivienda en octubre se situó en 134.900 euros, lo que supone un incremento interanual del 1,8%. Al tener en cuenta las hipotecas concedidas para otros fines la media se eleva hasta 173.373 euros, un 5,5% que en octubre de 2017.

La estadística notarial también ofrece datos del volumen total de compraventas de viviendas. Y como es de esperar, si el embrollo por el impuesto hipotecario no afectó a los préstamos, tampoco lo hizo con las operaciones comerciales. De acuerdo con los datos difundidos este lunes, en octubre se compraron 49.515 viviendas en toda España. Esa cifra supone un aumento interanual del 8,4%. Donde sí se observa un descenso es en el precio medio por metro cuadrado que reflejan esas operaciones, que se situó en 1.367 euros (-0,4% interanual).

 

 

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José Luis Aranda / El País

Página Web - 2018/12/10

Fuente: https://elpais.com/

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Faltan viviendas asequibles y pervive una legislación contraria a las directivas europeas y a los dictámenes de Naciones Unidas.

 

La vivienda es uno de los problemas sociales más graves de este país. Hay dos grandes déficits: falta de viviendas asequibles y pervivencia de una legislación contraria a las directivas europeas y a los dictámenes de Naciones Unidas.

En relación con la carencia de viviendas, los países más avanzados ya aprendieron hace años que la vivienda no se podía dejar en manos del mercado exclusivamente. Por ello dedicaron continuados recursos a promover viviendas sociales. En Viena, que inició sus residencias municipales en 1919, el 62% de sus habitantes viven en 220.000 viviendas municipales o en 200.000 pisos de renta subsidiada, según la reciente conferencia de International Housing, celebrada en la capital austriaca.

Ámsterdam, en donde las asociaciones iniciaron sus actividades en 1917, cuenta con un 42,9% de viviendas sociales y un 14,5% de residencias con renta social en el sector privado. Las viviendas sociales representan el 32% de total en Holanda; el 23% en Austria, el 18% en el Reino Unido, el 17% en Francia y el 1,1% en España, según Amnistía Internacional. España camina en dirección contraria. Cada año se construyen menos viviendas protegidas. Los presupuestos estatal y autonómico en materia de vivienda son raquíticos.

El Ayuntamiento de Barcelona, presidido por Ada Colau, ha decidido exigir que el 30% de las nuevas viviendas sean obligatoriamente de tipo social. Es necesario que no se torpedee esta iniciativa que de verdad nos acerca a las sociedades europeas.

La segunda cuestión es la permanencia de una legislación antisocial en materia de vivienda y desahucios. Hasta el momento, el Gobierno y el Congreso de Diputados han sido incapaces de incorporar íntegramente a nuestra legislación las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, (TJUE) de los casos Aziz (2013), Sánchez Morcillo (2014) o Peñalva López (2015). La primera, impulsada por la acción del abogado Dionisio Moreno y el magistrado José María Fernández Seijo, establecía el derecho a invocar la existencia de cláusulas abusivas y paralizar una ejecución hipotecaria.

En el Congreso ahora se debate la ley de los contratos de crédito inmobiliario que debe incorporar la doctrina de las sentencias del TJUE y la directiva europea de 2014. El Congreso ha mejorado la propuesta inicial del PP, en asuntos importantes como que ahora serán necesarias entre 12 o 15 mensualidades impagadas (3% o 7% del capital) para iniciar una ejecución hipotecaria, frente a los tres impagos vigentes. Pero todavía es menos protectora que en Alemania, que prevé el impago del 10% del capital como exige Unidos Podemos, impulsor de las principales mejoras.

Hay temor por si la ley desbloquea los miles de casos de desahucios paralizados en los Juzgados pendientes del TJUE. Tampoco se prevé la opción de dación en pago ni la exigencia de realojo a los desahuciados como exige el dictamen del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas de 20 de junio de 2017. Hay que evitar tener que volver al TJUE después de esta ley.

 

 

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Andreu Missé / El País

Página Web - 2018/12/09

Fuente: https://elpais.com/

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