Una sentencia del Tribunal Supremo apunta que no tiene que perturbar la convivencia entre el residente habitual con el usuario turístico que está de vacaciones y que tiene horarios y costumbres diferentes

El Tribunal Supremo ha anunciado este viernes que ha anulado el precepto del decreto de viviendas vacacionales del Gobierno canario que prohíbe a sus propietarios alquilarlas por habitaciones sueltas, al no encontrar ninguna razón que justifique esa limitación, ni siquiera en las molestias a los vecinos.

El Supremo revoca así otro de los artículos más controvertidos de la normativa que regula el alquiler vacacional en Canarias desde 2015, semanas después de haber anulado su principal limitación: la que prohibía ofrecer ese tipo de alquileres en zonas turísticas.

En esa nueva sentencia, el Alto Tribunal se reafirma en que vetar las viviendas vacacionales en las áreas turísticas contraviene la libertad de empresa y es una medida que solo puede responder a un intento «por favorecer la oferta de productos alojativos tradicionales», lo que vulnera la Ley sobre Unidad de Mercado.

Este nuevo fallo entra a examinar un nuevo artículo del decreto, para dar la razón al Tribunal Superior de Justicia de Canarias en su decisión de eliminar del decreto también el artículo que prohibía el llamado «alojamiento y desayuno», el alquiler por habitaciones.

El Gobierno de Canarias había alegado en su defensa motivos que consideraba de interés general y que concretaba en el impacto que, a su juicio, podía tener ese tipo de alquileres por habitaciones en edificios donde coexisten viviendas residenciales y turísticas.

Permitir en ellas el «bed and breakfast», argumentaba la comunidad autónoma, «perturba la convivencia entre el residente habitual con el usuario turístico que está de vacaciones y que tiene horarios y costumbres diferentes».

El Tribubal Supremo se pregunta, en primer lugar, por qué el Gobierno de Canarias no esgrime esa misma objeción cuando se trata de autorizar el alquiler de viviendas completas, a las que no pone impedimentos de ese tipo, aunque estén en edificios con residentes habituales.

Pero, además, el Tribunal aclara que tampoco comparte esas razones, porque el Gobierno de Canarias no ha «justificado que esa hipotética pertubación de la convivencia debería resultar, en todo caso, inevitable e intolerable por exceder de las meras incomodidades que, de manera natural, comporta la vida compartida en el ámbito de una comunidad de vecinos».

La comunidad autónoma también intentó defender que ese tipo de alquiler por habitaciones vulneraba la Ley de Arrendamientos Urbanos, cosa que el Supremo rechaza de plano, porque no existe en esa norma ninguna disposición de prohíba esa actividad.

 

 

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R.L.P. / ABC.ES

Página Web - 2019/01/25

Fuente: https://www.abc.es/

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El problema del alquiler solo tiene una solución de fondo: hay que aumentar la oferta y al mismo ritmo que el crecimiento demográfico. En manos de las autoridades está garantizar pisos asequibles

 

Es paradójico que en un país donde una década atrás se construía vivienda con alegre exuberancia tengamos ahora percepciones de escasez. La razón, fácil de entender, es que el acceso a la misma por la vía tradicional de la propiedad se ha hecho más difícil y menos atractiva. Conseguir una hipoteca es mucho más complejo que en el pasado; un joven sin patrimonio y sin un trabajo fijo no puede ni pretenderlo. Además, la consideración de la propiedad como instrumento de ahorro ha perdido lustre: se ha demostrado que el valor de mercado de una residencia puede descender. Por todo ello la demanda se ha desviado hacia el alquiler. No hay nada problemático en este paso, un reequilibrio desde la propiedad hasta el alquiler era recomendable en España. Pero un efecto ha sido tensionar el mercado de alquiler, sobre todo en aquellos puntos de la geografía donde la población aumenta. Es un tema debatido si la presión turística es un factor coadyuvante. Seguramente lo es, pero solamente en poblaciones y barrios muy concretos. En todo caso, en las localidades problemáticas —que incluirían las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona— nos encontramos con un grueso nada despreciable de hogares para los que los alquileres representan, o pueden representar, una proporción claramente excesiva de sus ingresos. La consecuencia es que los desahucios por impago de alquiler están aumentando. Y los niveles altos de desahucios, sea por alquiler, sea por impago de hipotecas, son una desgracia social a la que, en contraste con los niveles altos de paro, la sociedad española no estaba acostumbrada.

Las autoridades públicas han de encarar esta situación con decisión. Sin embargo, en la búsqueda de soluciones deben guardarse de algunas que parecen simples, pero que son falaces. Una son las subvenciones al alquiler. Dejando de lado el inconveniente de que pudieran ser fiscalmente irrealizables, cabe señalar que no constituyen una solución porque, a oferta fija, la subvención se trasladará a los alquileres, de forma que el arrendatario acabará pagando lo mismo, y no menos estresado. El beneficio irá al propietario. Cierto es que este efecto puede aumentar la oferta y moderar la traslación. Pero, en conjunto, la incidencia, si la hay, es costosa e indirecta. Otra no-solución, hoy debatida y de mucha actualidad en el contexto de la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, es el control de alquileres. La experiencia histórica e internacional a este respecto ofrece lecciones muy nítidas: en contraste con la subvención de alquileres, el control de los mismos es una medida fiscalmente barata, pero su efecto es reducir la oferta de vivienda en alquiler. Constituye un incentivo muy efectivo para que los propietarios sustraigan las viviendas al mercado de alquiler y las pongan a la venta. También induce a los inquilinos a la práctica de contorsiones varias para mantener el contrato de alquiler y evitar su salida al mercado. En cualquier caso: encontrar un apartamento de alquiler se hace no más fácil, sino más difícil.

El problema del alquiler solo tiene una solución de fondo: hay que propiciar el aumento de la oferta, y a un ritmo conmensurable, donde lo haya, con el crecimiento demográfico. La tesis que quisiera defender en este artículo es que, por un lado, la posibilidad del aumento de esta oferta está en buena medida en manos de las autoridades públicas y, por otro, que esas autoridades, incluyendo al legislador, no deberían ser tímidas a la hora de ejercer esta potestad de una forma que garantice alquileres asequibles en las viviendas que sea posible.

En una localidad, la oferta nueva de volumen edificable para vivienda está muy condicionada por normativas urbanísticas. La propuesta sería que todo volumen que esté disponible a consecuencia de la acción pública, o que ya desde el principio sea de propiedad pública, genere vivienda que llamaré “de regulación pública”. No digo “pública” porque la forma natural de transformar la posibilidad en realidad sería por la vía de programas de colaboración con el sector privado. Por ejemplo, mediante concursos donde se asignaría un derecho de uso del volumen aportado públicamente que tendría como contrapartida la regulación de alquileres por parte de la autoridad pública, siempre garantizando al promotor una tasa de rendimiento razonable y, un aspecto muy importante, fija. De esta forma, el sector público podría constituir progresivamente un stock de vivienda de regulación pública accesible por alquiler. Debería también existir un compromiso firme de no pasarlo a régimen de propiedad en el futuro. Es decir, serían de alquiler indefinidamente.

Estos programas no deberían incidir sobre los presupuestos públicos. Ello permitiría un ritmo de constitución relativamente rápido. Ahora bien, para que esto sea posible, el nivel medio de alquileres debe cubrir los costes incurridos por la autoridad pública y la inversión del promotor privado. Se sigue que ya desde el principio debe anticiparse la ocupación por inquilinos de rentas variadas, de forma que con alquileres condicionales en renta, y, por tanto, diversos, la viabilidad económica quede asegurada.

Discuto dos objeciones posibles. La primera es que aun con el incremento de oferta que comportaría, esta política podría dar lugar a un segmento de viviendas con un alquiler inferior al de mercado. Abriríamos así la puerta a complicaciones como la demanda insatisfecha, la necesidad de criterios de adjudicación, la subcontratación fraudulenta, etcétera. Es así, y por tanto habrá que ser cuidadoso y estar vigilante. Pero la alternativa es no hacer nada, con lo cual, al menos en las grandes metrópolis, se obligará, como por ejemplo preocupa en San Francisco, a los maestros a vivir muy lejos de sus escuelas, si están situadas en zonas de alquileres caros. Y muy probablemente se generará una gran presión para el control generalizado de alquileres, un resultado pésimo. Es mucho mejor que la acción pública se oriente a facilitar el acceso a la vivienda de alquiler a aquellos que lo necesitan, o, en términos más generales, a contribuir a la competitividad de la economía local conteniendo el coste de la vida en uno de sus componentes clave para los profesionales, trabajadores y cuadros medios de las empresas.

La segunda objeción derivaría de preguntarse de qué forma se garantizarían al promotor sus ingresos. En principio, sería con los alquileres. Pero no hay duda de que un buen funcionamiento de esta metodología requiere que la autoridad pública cubra cualquier impago. Reconozco que esto tiene aspectos problemáticos. Exige que las autoridades públicas sean prudentes y estén bien informadas sobre la demanda potencial, y que estén dispuestas a ejercer las opciones que la legalidad ofrece en casos de morosidad injustificada por los ingresos del arrendatario. Todo ello probablemente pone un límite a la velocidad de constitución del stock de vivienda regulada. Añado que esa garantía podría presentar problemas para la normativa contable, inclinada, quizás, a conceptuar como gasto público el privado con cláusula de garantía pública.

Sin duda, habría que negociar estos aspectos con las autoridades contables correspondientes, posiblemente europeas, que pudieran recelar por malas experiencias en el pasado. Pero estoy convencido de que se podría hacer, sobre todo si existe, por parte de la autoridad pública, un compromiso firme, y evaluable, con el principio de comportamiento prudente.

*Andreu Mas-Colell es profesor de la Universitat Pompeu Fabra.

 

 

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*Andreu Mas-Colell / El País

Página Web - 2019/01/22

Fuente: https://elpais.com/

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La decisión de algunos juzgados de Barcelona de ordenar desahucios sin fijar fecha y hora impide que se organice la solidaridad con los afectados y les condena a la invisibilidad

 

Si estás pensando en vivir en un trastero, te recomendamos que cambies de idea. Los inconvenientes son innumerables y su uso está claramente definido por la legislación vigente”. Es decir, no se puede. Con esta amigable recomendación concluye el escrito que figura en la página web de la empresa Gobalbox de alquiler de espacios de almacenamiento. Ellos saben muy bien de qué están hablando. En una sociedad en la que la maquinaria de los desahucios trabaja a todo gas, la deriva que va de perder el empleo a perder la casa puede terminar, con suerte, en un trastero. Hay gente que vive en un trastero. Y gente que está pensando en alquilar uno como solución de emergencia a una situación límite. Vivir en un trastero puede ser una medida temporal, pero también la antesala de vivir en la calle.Muchos de los sin techo pensaron, la primera noche que durmieron en la calle, que sería algo temporal. “A lo sumo una semana”, repetía un hombre que había perdido casa y familia a causa del alcohol cuando uno de los voluntarios de Arrels se acercó a él.

¿Cuánta gente vive en estos momentos en un trastero? No lo sabemos. Pero hace unos días hemos conocido el perfil de una de esas personas que entran sigilosas y cierran la puerta rápidamente para que no se descubra que vive en un guardamuebles. Rosario Planas es una mujer de Valencia de 66 años que acabó viviendo en un trastero con su hijo discapacitado. Cuidaba ancianos y ganaba suficiente para ir tirando pero se rompió el tobillo y se quedó sin trabajo. Con los 380 euros que cobraba su hijo por discapacidad y los 366 que percibía ella por cuidarlo podía pagar los 370 euros de alquiler del piso en el que vivían, pero solo le quedaban 50 euros para comer. Justo lo que costaba alquilar un trastero de cinco metros cuadrados. Esos son los datos de la economía de los excluidos.

En Barcelona se producen más de 4.000 desahucios cada año. El 84% de ellos por impago del alquiler. Hay más de 30.000 personas en la lista de espera del Ayuntamiento para una vivienda social. El goteo de lanzamientos judiciales no cesa, en una imagen que se mimetiza con el paisaje social de la ciudad como algo tan cotidiano como inevitable. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) trata de luchar contra la idea de fatalidad, como si los lanzamientos fueran las réplicas imprevisibles de un seísmo inevitable. Cada vez que el desahucio afecta a una persona enferma, anciana, con menores a su cargo y sin disponer de un lugar alternativo en el que vivir, actúan para impedirlo. Con ello los activista de la PAH persiguen un doble objetivo: tejer una malla de solidaridad que permita preservar en lo posible la autoestima de los afectados y, tan importante como lo anterior, hacer visible una realidad que incomoda a los poderes públicos.

Ahora se encuentran con que la misma administración de Justicia maniobra para devolverlos a la invisibilidad. Desde hace unos meses algunos juzgados de Barcelona dictan la orden de desalojo sin fijar una fecha y una hora para el lanzamiento. Son los llamados deshaucios abiertos. Sin fecha y hora, es imposible organizar la solidaridad. Se acabó la resistencia. Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero la justicia es la primera que ha de cumplir la ley. Los activistas de la PAH y del movimiento vecinal consideran que los desalojos abiertos no solo vulneran la actual normativa sino también privan a los afectados del derecho a una tutela judicial efectiva.

¿Qué gana la administración de justicia impidiendo que afloren las disfunciones de un sistema económico y político incapaz de garantizar el derecho a la vivienda? Los juzgados que han ideado esta maniobra no son conscientes, seguramente, de las muchas implicaciones que tiene. Con la fría ejecución de una justicia ciega e insensible, el sistema puede perder su último banderín de enganche. Los agraviados, los que sufren los rigores del último peldaño social, se sienten expulsados, ignorados. No se consideran tratados como ciudadanos de pleno derecho.

Si los poderes públicos les ignoran y tratan de sepultarlos bajo una losa de invisibilidad, si tratan de arrebatarles lo único que tienen, que es la solidaridad de los demás, ¿qué incentivos les queda para creer en el sistema político? Si las vías convencionales de protesta no sirven para hacer prosperar su causa, puede que cada vez más excluidos lleguen a la conclusión de que solo alterando el fundamento del sistema, que es el orden, este reaccionará. ¿Cuanto de eso hay en la explosión de los chalecos amarillos en Francia?

 

 

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Milagros Pérez Oliva / El País

Página Web - 2019/01/20

Fuente: https://elpais.com/

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Crecen las alternativas para movernos por las grandes ciudades de forma más cómoda, económica y respetuosa con el medioambiente

 

El aumento del precio de la vivienda, alquilada o comprada, en el centro de las ciudades (incluso en barrios más alejados del casco central) causado, entre otros factores, por la gentrificación, ha provocado que mucha gente tenga que vivir alejada de sus trabajos y se vea obligada a pasar mucho más tiempo en coche o transporte público. Muchos consideran que merece la pena, mientras que otros se han convertido en decididos detractores de esta fórmula. Entretanto, cada vez surgen más alternativas de desplazamiento y nuevos escenarios que modifican la forma en que nos desplazamos a diario. Por eso no está de más plantearse los pros y los contras de elegir una u otra opción.

La distancia: ventajas y desventajas

VENTAJAS

Por el lado de las cosas positivas, hay muchas y variadas. La principal es el precio. Si la zona de residencia está alejada del centro, posiblemente encontrarás viviendas más grandes y/o más baratas, ya que en las afueras de las urbes el metro cuadrado suele tener un precio inferior. Un piso pequeño en el centro puede costar lo mismo que una vivienda de tres habitaciones en el extrarradio. Además, puedes acceder a una vivienda nueva ya que la mayor parte de las promociones de obra nueva se sitúan en la periferia al haber poco espacio disponible en el centro de las ciudades.

También es bueno recordar que a las afueras suele haber más zonas verdes y menos contaminación, y es probable que te sea más fácil desconectar al salir de la rutina de la oficina.

La desconexión, en general, es la otra clave de vivir apartado del trabajo. Quienes viven cerca tienen el riesgo de echar más horas de las debidas, sabiendo que llegar a casa no les va a llevar mucho tiempo. Y estar en un barrio distinto al del trabajo ayuda a que olvidemos el estrés laboral y nos centremos en el ocio, la familia y otras actividades sin pensar en nuestros deberes laborales.

DESVENTAJAS

Según distintos estudios, como el realizado por Ipsos y BCG, los europeos pasamos una media de entre nueve horas y media y diez horas semanales (de lunes a viernes) desplazándonos. Es decir, unas 40 al mes. ¿Te das cuenta de que eso son casi dos días? ¿Estás dispuesto a gastar esas horas, incluso más si te vas al extrarradio, en traslados? Además, una investigación de la Universidad de Waterloo en Canadá de hace unos años constató lo que la sabiduría popular intuía: cuanto más tiempo pasemos yendo y volviendo del trabajo, menos probable será que estemos satisfechos con nuestra vida. Así de rotundos. Del mismo modo, un estudio de la Universidad de Western England, en Bristol, para medir la satisfacción laboral ha concluido que alargar en 20 minutos el traslado diario al centro de trabajo es percibido, en términos psicológicos, a tener un 19% menos de salario.

Esta pérdida diaria de tiempo que podrías dedicar a otras cosas, o a estar con la familia o amigos, es a priori la principal desventaja de vivir lejos de tu trabajo, pero hay otra que le sigue de cerca: el dinero que se te puede ir en transporte y en comer todos los días fuera de casa. Los cálculos en esta materia tienen que estar hechos de antemano.

La última desventaja puede ser la oferta cultural y de ocio. Si nuestro trabajo está en el núcleo urbano y vivimos cerca de él, también estaremos cerca de un amplio repertorio de cosa1s que hacer y que ver en el fin de semana. Viviendo en la periferia, este abanico de posibilidades no queda tan a mano.

Ya ves que, como todo en la vida, tener el trabajo y tu residencia cerca o lejos puede ser una buena o mala elección. Todo dependerá de tus prioridades y, muy importante, de cómo lo enfoques.

 

Ideas para que el trayecto no sea una pesadilla

El 62% de los españoles nos trasladamos a nuestro puesto de trabajo en coche privado, según datos del Ministerio de Fomento citados en el VI Estudio españoles ante la nueva movilidad, pero esto está cambiando. Afortunadamente, cada día aparecen nuevos medios de transporte, sobre todo en las grandes ciudades, que permiten que nos relacionemos de forma más sostenible con el entorno urbano. De hecho, un 94% de los madrileños conoce el carsharing y un 53% de ellos lo ha usado en el último año y medio, según el mencionado estudio.

Hagamos un repaso a las opciones de movilidad más usadas por los ciudadanos y las innovaciones que están llegando.

Carsharing. Los vehículos eléctricos que se alquilan por minutos ya forman parte del paisaje de las grandes ciudades. Empezaron siendo de pequeño tamaño, pero ahora ya puedes elegir desde el móvil vehículos más capaces, con sillita de bebé, que admitan mascotas, que puedas usarlos fuera de la ciudad, con tarifa reducida de espera... y un largo etcétera de opciones. Y todos con un denominador común: son eléctricos, por lo que no emiten contaminación, pueden acceder a las ciudades sin restricción y no pagan aparcamiento en las zonas limitadas. Se calcula que un coche multiusuario sustituye a ocho coches privados, que pasan gran parte de su vida útil aparcados.

Motosharing. A las dos ruedas también ha llegado una tendencia que se está extendiendo rápidamente por todas las ciudades españolas, gracias a una flota que no para de crecer y que se compone fundamentalmente de vehículos eléctricos. Diseñadas para no poder superar los 60 km/hora, ya hay seis empresas en Madrid, que suman un parque de 4.200 motocicletas eléctricas que se pueden alquilar por minutos. En Barcelona cuentan con unos 3.500 vehículos de estas características.

Vehículos con conductor. Entre las nuevas opciones para moverse por la ciudad no nos podemos olvidar de los vehículos VTC, es decir, Uber o Cabify. Aquí la principal ventaja es que el usuario conoce de antemano cuánto va a pagar. En poco tiempo han conseguido hacerle la competencia a los tradicionales taxis que no obstante también se han renovado y, por ejemplo, ofrecen la posibilidad de reservarse con antelación vía móvil.... y son los únicos que siguen parándose cuando levantas la mano.

Bicicleta. Es el origen de todo. Nada más sano que hacer ejercicio camino de donde sea. Pensadas para trayectos cortos, hoy puedes encontrarlas tanto en estaciones específicas como por las aceras –no siempre aparcadas sin molestar al peatón– con el logotipo de numerosas empresas privadas. Pero las bicis de uso compartido nacieron como un servicio subvencionado por los ayuntamientos, una iniciativa acompañada por la ampliación y adecuación de redes de carriles bici que han propiciado el regreso de este tipo de transporte a los hábitos de los ciudadanos. Madrid es el último ejemplo de esta alternativa. El consistorio de Manuela Carmena sigue ampliando los espacios para la circulación de bicicletas y su red pública de estaciones y vehículos, BiciMad, ya tiene más de 2.000 bicis y acumula más de 10.000 desplazamientos diarios.

Patinetes. Las alternativas verdes no dejan de crecer en las ciudades y los últimos en llegar, no exentos de polémica, han sido los patinetes. También aquí el usuario tiene donde elegir entre distintas compañías y modelos, de pie o con un pequeño sillín. Para muchos suponen una invasión de las aceras, por lo que algunos Ayuntamientos están restringiendo su uso y están desarrollando normativas específicas. Madrid, por ejemplo, va a limitarlos a 10.000 en toda la ciudad. Gandia (Valencia), por su parte, va a exigir llevar casco, chaleco reflectante y seguro de responsabilidad.

Para no perderte.

Si e parece un lío tener tantas aplicaciones de transporte en el móvil, hay solución. Por ejemplo, Maas Madrid, un nuevo sistema de movilidad compartida que aúna todos los agentes proveedores de movilidad de la ciudad (incluyendo tanto la oferta de la EMT como taxis y coches, motos o bicicletas multiusuario). Free2Move te da acceso a todo el carsharing: coches, scooters, bicis y viajes por distintas ciudades. Maas Málaga da la opción de comparar rutas para varios usuarios.

 

 

 

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Vera Castelló / El País

Página Web - 2019/01/18

Fuente: https://elpais.com/

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