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El organismo no considera que haya una burbuja, pero pide a las autoridades españolas que preparen ya las herramientas para controlar un crecimiento del crédito

 

El Fondo Monetario Internacional reclama a España que empiece a seguir con atención la evolución de los precios inmobiliarios. Con datos de cierre de 2017, el organismo detecta las primeras señales de una “ligera sobrevaloración”, si bien destaca que todavía se está lejos de una nueva burbuja. “Aunque aún no hay evidencia clara de una desviación significativa, las autoridades necesitan estar vigilantes”, dice el Fondo. Por ese motivo, pide a los supervisores españoles que amplíen las herramientas de las que disponen para atajar los riesgos financieros y controlar la concesión de crédito. Estos instrumentos deben estar ya “listos para ser empleados”, concluye en una clara referencia a la autoridad para frenar burbujas que ultiman el Ministerio de Economía y el Banco de España.

 

La situación de la economía española dista ahora mucho de la efervescencia propia de una nueva burbuja especulativa de deuda. El encarecimiento de la vivienda no se ve acompañado de un incremento del crédito. El endeudamiento privado no sube y el saldo con el exterior es positivo. España se halla muy lejos de aquellos momentos en los que se pedía prestados al extranjero unos 100.000 millones de euros al año, fundamentalmente destinados a la compra de vivienda a precios disparados. No obstante, el valor de los inmuebles preocupa. En primer lugar, porque tan pronto como los precios repuntan con fuerza, el propietario se cree más rico y deja de ahorrar. En la actualidad la tasa de ahorro se sitúa en mínimos históricos tras haber tocado máximos durante lo peor de la crisis.

Conforme se vayan afianzando estos escenarios alcistas, se corre el peligro de que la revalorización pueda conducir a una confianza excesiva en el valor del ladrillo y, por tanto, a una espiral de relajación en la concesión del crédito y en los criterios para construir. “Nunca se debe infravalorar la velocidad con la que toman impulso estos procesos”, explica un alto cargo de la Administración.

De ahí que el Fondo Monetario Internacional realice en su informe anual sobre España un análisis sobre el sector inmobiliario nacional. Bajo el título de La evolución del mercado de la vivienda, ¿un motivo ya para la preocupación?, los economistas del organismo elaboran dos estimaciones distintas para intentar medir desviaciones de los precios.

En una de ellas, el Fondo hace cálculos que incluyen la trayectoria de los ingresos per cápita, de la población en edad de trabajar, de los tipos de interés, de la Bolsa, de los costes de la construcción o de la relación entre el precio de la vivienda y los ingresos de los hogares. En definitiva, trata de medir si la propiedad es asequible y si su valor es coherente con la marcha de la economía. Con este modelo, el FMI sostiene que se observa una “ligera sobrevaloración en el cuarto trimestre de 2017”. No obstante, también señala que estos resultados deben tomarse con precaución dadas las complejidades de los cálculos.

Igual que en 2003

La otra comparativa se elabora a partir de medias históricas y examina, por un lado, la relación entre los precios de la vivienda y las rentas de las familias y, por otro, el coste de la vivienda con relación al del alquiler. A la luz de estas variables, el Fondo concluye que a finales de 2017 estas ratios se encuentran “aproximadamente en los mismos niveles de mediados de 2003” y ligeramente por debajo de su media histórica. En consecuencia, “indica que no hay sobrevaloración”. No obstante, el único aviso del Banco de España alertando de una sobrevaloración en el mercado de la vivienda la hizo en 2003, con el gobernador Jaime Caruana al frente. Sin embargo, nunca más se alertó y en ningún momento se tomaron medidas con el fuste suficiente como para corregirlo.

Dados los precedentes, poco importa que el endeudamiento aún esté disminuyendo en proporción al PIB. El Fondo defiende que es hora de empezar a prevenir y preparar herramientas con las que evitar una acumulación de desequilibrios. “Si bien las desviaciones en las valoraciones de las casas no son por ahora significativas y la situación financiera de los hogares ha mejorado desde 2012, las presiones persistentes sobre la demanda en el mercado inmobiliario podrían elevar los riesgos para la estabilidad financiera”, advierte.

En su opinión, los bancos se hallan todavía “altamente expuestos al sector inmobiliario” y, por tanto, las herramientas macroprudenciales, aquellas que permiten controlar los riesgos financieros, deberían ampliarse para embridar dicha exposición.

Es decir, los supervisores españoles deberían adquirir nuevos poderes para poder limitar la concesión de hipotecas, en función del valor de la vivienda, la renta del prestatario o los plazos del crédito. De hecho, el Gobierno de Pedro Sánchez está preparando un decreto para dotar al Banco de España de estas capacidades.

“La urgencia para mejorar los instrumentos macroprudenciales ha aumentado. (...) Es crítico que el Banco de España disponga de un conjunto de herramientas completo para poder actuar rápidamente si emerge una descorrelación en los precios”, afirma. El Fondo pide mecanismos que aseguren que la información se comparte entre los supervisores y que sus actuaciones se coordinan. Y valora positivamente que España ya esté organizando una autoridad para vigilar la formación de burbujas encargada en principio de estas tareas.

El propio FMI destaca, no obstante, que el ciclo financiero todavía no presenta visos de una burbuja de deuda. Por una parte, el endeudamiento privado ha seguido descendiendo. Solo en 2017 cayó un 10%, resalta. Y la balanza con el exterior, el verdadero termómetro de si se generan o no desequilibrios económicos, es positiva, si bien en los últimos meses se ha deteriorado con rapidez. Por otra parte, algunos expertos recuerdan que hay menos financiación para las titulizaciones que propiciaron el crecimiento desmedido de las hipotecas. Como apunta el Fondo, las vulnerabilidades más bien se concentran en la elevada acumulación de deuda pública y externa.

Sin auge del ladrillo

Además, el FMI subraya que esta vez la recuperación de los precios inmobiliarios no está ligada a una bonanza en la construcción, que fue lo que realmente canalizó el endeudamiento desaforado, sobre todo con el exterior. La actividad del ladrillo aún representa en el PIB la mitad de lo que era antes de la crisis, dice. Y la mayoría de las compras se dan en la vivienda usada, no en obra nueva. A pesar de que en algunas ciudades los precios causan alarma, se trata de subidas muy focalizadas en municipios y zonas donde la demanda está muy concentrada: “Entre 2014 y 2017 los precios se han aumentado un 15%, impulsados por las rápidas recuperaciones de ciudades como Madrid y Barcelona”, apunta el informe.

Entre las recomendaciones que hace el Fondo, insta a que haya un saneamiento de los balances de las empresas de la construcción, en algunos casos todavía dañados por la crisis y con altas tasas de morosidad. Anima a fomentar la contratación de hipotecas a tipo fijo para proteger a los endeudados de futuras alzas en los tipos de interés. Pide asegurar que se utilizan bien los criterios de acceso a la vivienda social y los subsidios al alquiler. Y considera que se precisa mejorar la regulación de los desarrollos urbanísticos para romper con las restricciones que existen en la oferta. Después de que el Gobierno de Sánchez haya anunciado medidas para domeñar la escalada de los alquileres, el Fondo las critica: “Cualquier nueva iniciativa diseñada con el fin de reducir las presiones de los precios del alquiler debería evitar causar efectos negativos en la oferta, lo que tendría un impacto adverso en los arrendatarios con ingresos bajos”.

Deberes para la nueva autoridad antiburbujas

El FMI lleva años reclamando a España que forme una autoridad de riesgos sistémicos, esto es: un organismo que se ocupe de vigilar los riesgos financieros para evitar la formación de desequilibrios y, en última instancia, burbujas. El Fondo ve un primer indicio de ligero calentamiento en el mercado de la vivienda. Eso no es una burbuja. Pero sí que es una primera señal que se debe monitorizar y por la que es necesario que se orqueste cuanto antes esa autoridad. El anterior Gobierno del PP retrasó su constitución. El ministro Guindos era reacio a brindarle más poderes al Banco de España. Pero ahora, con Calviño al frente, Economía tiene ya completado su diseño. La idea es que en un comité se agrupe al Banco de España, la CNMV y el Ministerio de Economía, con la capacidad para emitir informes, alertas y recomendaciones. Además, el Banco de España obtendrá poderes de los que antes no disponía para frenar la concesión de crédito por sectores. Incluso podrá limitar las condiciones en que se prestan las hipotecas.

Con este informe, una década después del inicio de la crisis, el FMI presiona para que se ponga por fin en marcha esta autoridad e, incluso, le pone sus primeros deberes. En Europa solo Italia no ha creado algo en esta línea. Se trata también de una recomendación europea desde 2013.

 

 


Antonio Maqueda / El País

Página Web -2018/12/10

Fuente: https://elpais.com/


La vivienda en las dos mayores ciudades se separa del mercado nacional mientras el FMI observa una "sincronización global" de precios entre las grandes metrópolis de todo el mundo

 

Prácticamente a medio camino entre Madrid y Barcelona se encuentra Zaragoza, la quinta ciudad española en tamaño. Su población, como en las dos primeras urbes, apenas ha variado en los últimos diez años y puede presumir de tener una tasa de paro inferior. Sería razonable que, a grandes rasgos, el mercado inmobiliario de Zaragoza se comportara de manera similar al de dos núcleos que tiene, por carretera y AVE, a unos 300 kilómetros. Pero la evolución de precios desde la crisis no podría ser más diferente (ver el gráfico). De hecho, para hallar algún paralelismo con lo sucedido en Madrid y Barcelona, es más fácil mirar a Washington o Nueva York, ciudades que experientaron en el último lustro un aumento de precios similar al de la capital española, según datos de la consultora inmobiliaria Knight Frank.

La separación de las dos principales ciudades respecto al resto del mercado inmobiliario español es visible en numerosas estadísticas. Sin ir más lejos, el pasado viernes el INE publicaba el Índice de Precios de Vivienda relativo al tercer trimestre del año. En España el crecimiento interanual se situaba en el 7,2%, pero el dato engaña: la mayoría de comunidades se quedaron muy por debajo.

En realidad, solo Madrid y Cataluña superaban la media nacional. Y aunque esa estadística no desciende a nivel local, no es arriesgado suponer que dentro de ambas comunidades son las capitales y sus áreas metropolitanas las que más tiran del carro. Eso sí puede observarse, por ejemplo, en las series sobre valor tasado de la vivienda que también publica el INE. Pero, ¿por qué sucede esto?

Para los precios inmobiliarios en Londres, consulte las cotizaciones en Tokio. Con ese título escribió Claudio Raddatz, jefe de la División de Análisis de la Estabilidad Financiera Mundial del Fondo Monetario Internacional (FMI), un artículo en el blog del organismo. El texto presentaba el Informe sobre la estabilidad financiera mundial del pasado abril. En un capítulo de ese estudio, de periodicidad semestral, se analizaba la sincronía “global” de precios de vivienda entre países, con especial atención a las grandes áreas metropolitanas de todo el planeta.

“La exposición de países y ciudades a las condiciones financieras globales ha jugado un rol importante. Esto es especialmente claro para grandes ciudades en países avanzados, lo cual probablemente refleja su mayor integración financiera o su atractivo para inversores”, explica Raddatz por correo electrónico. Se refiere, entre otras, a las políticas monetarias de los grandes bancos centrales para estimular el crédito. Sin embargo, aclara el economista chileno, el informe “no estudió la dispersión de vivienda dentro de países”.

"Factores propios"

El estudio del FMI tampoco consideraba en su análisis a Barcelona, pero para el sector inmobiliario español fue aceptado como una explicación teórica de algo que hace tiempo muestran los datos: a medida que se superaba la crisis, los inmuebles en Madrid y Barcelona comenzaron a crecer antes y con más fuerza que en el resto del país. “La recuperación no es igual”, resume Beatriz Toribio, directora de estudios del portal inmobiliario Fotocasa.

Al preguntar por las causas, los expertos coinciden. Además de los factores que citaba el FMI en su informe -como la facilidad de acceso al crédito, el ciclo económico expansivo o la atracción de inversión internacional- Toribio destaca que las dos ciudades “son los principales motores económicos del país y los mayores polos demográficos y turísticos".

A esas circunstancias, Rafael Gil, director de estudios de la sociedad tasadora Tinsa, añade otros dos: la escasez de vivienda nueva y la carestía del suelo. Pero para Gil, más allá de las similitudes con otras grandes urbes, también “hay factores propios” que pueden ser determinantes si la uniformidad mundial se resquebraja. Por eso, añade, Madrid y Barcelona “en los últimos meses han tenido comportamientos diferentes a otras ciudades del mundo donde empieza a verse una contracción del ciclo expansivo”. Es decir, que los precios han seguido subiendo mientras ya caen en otras grandes metrópolis.

Tampoco las predicciones de la experta de Fotocasa apuntan a bajadas inmediatas en las dos primeras ciudades españolas. Pero esa diferencia respecto a otras áreas urbanas no sería, después de todo, una mala noticia. Al fin y al cabo, recuerda Raddatz, “el grado de sincronización de precios afecta a la efectividad de las políticas” locales que intentan controlar la escalada de precios.

 

 


José Luis Aranda / El País

Página Web - 2018/12/10

Fuente: https://elpais.com/


El Ayuntamiento quiere sumar viviendas modulares en sus edificios que no han agotado la edificabilidad

 

El Ayuntamiento de Barcelona hará pisos sociales de alquiler y de construcción modular en azoteas de equipamientos como bibliotecas, escuelas o mercados. Los equipos de vivienda y urbanismo están peinando los edificios de equipamiento existentes y que son de titularidad municipal, para localizar los que podrían albergar pisos porque no tienen la edificabilidad agotada. En la mayoría de casos las viviendas se construirán en la azotea, levantando más plantas, pero también hay la posibilidad de adosar las viviendas en paredes medianeras. La primera prueba se hará en el distrito de Gràcia.

Si para este proyecto el Ayuntamiento piensa en equipamientos es para agilizar los trámites, porque la idea es recurrir a la figura de las viviendas dotacionales, que con el planeamiento urbanístico en la mano son equipamientos. En estos casos, pues, no sería necesario modificar el planeamiento vigente. Además de la primera experiencia que se quiere materializar en el barrio de Gràcia, también se analizan ubicaciones en la Sagrada Família y Sant Antoni del Eixample o en los barrios del Gòtic y Raval Sud, en el distrito de Ciutat Vella.

La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, explica que se trata de exprimir “todas las opciones que da la ciudad”. En este caso, “compatibilizar la vivienda dotacional con el suelo de equipamiento mediante remontas [añadir plantas a las existentes]“. Hace unos días, en la feria Smart City Expo, el gerente de vivienda, Javier Burón, explicó que estas construcciones no serán “viviendas en sentido estricto, sino equipamientos habitacionales de uso temporal para colectivos como personas jóvenes, mayores o en riesgo de exclusión”. Perfiles que encajan con los adjudicatarios de pisos dotacionales.

El plan de vivienda de la alcaldesa Ada Colau para 2016-2025 contempla aumentar el parque de vivienda asequible con todas las fórmulas imaginables: construyendo, comprando pisos que están vacíos o proceden de desahucios, con acuerdos de cesión con bancos, convirtiendo locales en pisos, haciendo edificios con contenedores (los APROP), con la modificación del Plan General Metropolitano aprobada esta semana para imponer el 30% de vivienda asequible a los promotores... y también estudiando agotar edificabilidades. “Optimizar suelo urbano consolidado a partir de la identificación de solares vacantes y solares que no han agotado la edificabilidad o la densidad residencial y que pueden permitir generar vivienda asequible”, afirma el plan.

La propuesta de añadir vivienda a los equipamientos es fruto del trabajo del propio Ayuntamiento y un grupo de expertos, que han estudiado cómo aumentar el parque de pisos sociales en toda la ciudad con un ejercicio de microcirugía: localizando solares o edificios que no han agotado su edificabilidad permitida. El proyecto se llama ATRI: Alojamientos tácticos de repoblación inclusiva. Para la administración representa una oportunidad para conseguir metros cuadrados para vivienda asequible en una trama densa como la de Barcelona. Y los profesionales que trabajaron en el proyecto (arquitectos, urbanistas, juristas y economistas) hablan de “repoblación inclusiva”, de trufar de vivienda a precio asequible cualquier barrio de la ciudad.

Y hacerlo con construcción en seco, modular, rápida de ejecutar, y más sostenible y barata. Y que puede ser permanente o reversible. Pero descartan los contenedores marítimos reciclados con los que se han proyectado los llamados APROP (Alojamientos Provisionales de Proximidad) en Glòries, el Gòtic y Can Batlló. Precisamente porque la filosofía de las viviendas en contenedores es que tengan una vida útil breve y se trasladen en pocos años a nuevas ubicaciones. Los ATRI están pensados más a largo plazo.

 

La estación de Fontana

Una de las ubicaciones que encaja con el concepto de ATRI es la estación de metro de Fontana, en la esquina entre las calles de Gran de Gràcia y Astúries. La estación tiene una sola planta (donde están el vestíbulo de la estación, servicios y un quiosco) y nada más construido en altura, por lo que es la candidata perfecta a aumentar la edificabilidad. Con todo, es poco probable que sea el primer emplazamiento de vivienda social, por dos razones que impiden una tramitación rápida. Una es que la titularidad del edificio no es estrictamente municipal, sino de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB). La otra obedece a cuestiones técnicas, dada la estructura de la estación y los túneles que hay en el subsuelo, habría que reforzarla.

 

 


Clara Blanchar / El País

Página Web - 2018/12/07

Fuente: https://elpais.com/


La vivienda usada subió en España un 7,3% anual durante el tercer trimestre del año

 

De momento, ni aterrizaje ni ralentización. Los precios de la vivienda en España continuaron calentándose durante el tercer trimestre del año y el segmento que tiró con más fuerza fue el de los inmuebles de segunda mano. Según datos del INE, a partir de las escrituras notariales, las operaciones de compraventa de vivienda usada entre julio y septiembre de este año reflejan un aumento de precios interanual del 7,3%. Se trata de la mayor tasa registrada desde el tercer trimestre de 2007, en el umbral del estallido de la burbuja inmobiliaria.

El comportamiento algo más moderado de la vivienda nueva, que subió un 6,1%, sitúa el índice general en el 7,2%. Se trata también de la cifra más alta desde 2007, aunque en este caso ya se alcanzó una cota similar en el cuarto trimestre del año pasado y luego los incrementos se atenuaron de nuevo. De momento, en la variación intraanual, es decir, desde que empezó 2018 hasta septiembre, el nivel es similar al registrado en 2017. Habrá que esperar por tanto al cuarto trimestre para ver si la tendencia continúa o si se produce un leve enfriamiento como sucedió en ocasiones anteriores después de un pico de incremento de los precios. La estadística de los últimos tres meses del año, permitirá conocer además si el caos iniciado en el Tribunal Supremo por el impuesto hipotecario ha afectado a las compraventas y a los precios.

La estadística difundida por el INE este viernes permite también ver la evolución por Comunidades Autónomas. Nuevamente, destacan los crecimientos en Madrid y Cataluña, del 10,9% y el 9,1% respectivamente. Son las únicas dos comunidades, junto con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que crecieron por encima de la media española. Pero en ninguna de las dos se trata del pico máximo en el último año. Esto significa que el récord registrado a nivel nacional se debe a que los precios en el resto de territorios se van calentando poco a poco, aunque con subidas más sostenibles, mientras que en Madrid y Cataluña apenas se enfrían.

Entre el resto de comunidades, Baleares es donde el incremento anual de precios (7%) más se acerca a la media, seguida de La Rioja (6,7%). Las que más lejos quedaron de esa media, por registrar los aumentos más bajos, fueron Extremadura (2,2%) y Castilla-La Mancha (3,2%). En todas las demás, los precios crecieron entre el 3,9% que marcó Murcia y el 5,7% de Cantabria y Castilla y León. En ocho comunidades (Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Murcia, Navarra y La Rioja) el precio de la vivienda experimentó durante el tercer trimestre un crecimiento interanual desconocido desde hace más de una década.

 

 


José Luis Aranda / El País

Página Web - 2018/12/07

Fuente: https://elpais.com/


La Generalitat da el visto bueno definitivo a la modificación del Plan General Metropolitano

 

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, recurre con frecuencia a la expresión “hoy es un día histórico” cuando logra aprobar una medida de calado. Este miércoles lo repitió. La modificación urbanística aprobada por el consistorio barcelonés, que recibió el visto bueno de la Generalitat, lo es, porque marca un antes y un después. Obliga a los promotores privados a que destinen un 30% de los pisos que construyan, en cualquier barrio, a vivienda asequible. “Los que se dedican al negocio inmobiliario deben hacerlo desde la corresponsabilidad”, celebró Colau sobre una medida que entrará en vigor la próxima semana.

La aprobación definitiva por parte de la Subcomisión de Urbanismo de la Generalitat llega tras la bronca de la semana pasada entre Colau y el consejero de Territorio, Damià Calvet. El Ayuntamiento y el Govern, que durante meses ha puesto reparos a la modificación urbanística, chocaron por una cuestión técnica: si los promotores que compraron solares o edificios para rehabilitar durante el primer semestre de 2016 debían ceder el 30% de las viviendas que construyeran o si se les eximía porque perderían dinero.

Calvet aseguraba que al texto de la modificación le faltaba solidez jurídica. Colau le acusó de querer descafeinarla. La cuestión se ha resuelto con una fórmula mixta. Los proyectos fruto de compraventas de ese periodo se estudiarán caso por caso y en función de su viabilidad económica se obligará o no al promotor a ceder pisos. La Generalitat también aprobó que el Ayuntamiento tenga derecho de compra preferente sobre estas viviendas: si los promotores quieren venderlas, la ciudad podrá incorporarlas al parque de alquiler.

La imposición del 30% supone para el gobierno de Barcelona en comú uno de los grandes logros de su mandato, junto a otras como el veto a la apertura de nuevos hoteles en el centro de la ciudad, el pacto para reurbanizar y abrir el entorno del Camp Nou, o que las obras de la Sagrada Familia paguen licencia.

En el caso del 30%, su aprobación no se explica sin el empuje de las entidades que defienden el derecho a la vivienda, de las que en su pasado como activista proceden la alcaldesa y buena parte de sus colaboradores más próximos, como la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Observatorio DESC o la Asamblea de Barrios por un Turismo Sostenible (ABTS). “Hemos vuelto a demostrar que se puede hacer posible lo imposible”, celebraron. Fueron estas entidades, más el Sindicato de Inquilinos, quienes en un contexto de emergencia habitacional —con siete desahucios al día y vecinos que se marchan de Barcelona porque no pueden pagar sus pisos— llevaron la modificación al Ayuntamiento.

En febrero pasado exigieron a la administración que exprimiera la legislación vigente para aumentar el parque público de vivienda. Y desempolvaron la Ley del Derecho a la Vivienda de 2007. Una ley del gobierno tripartito de la Generalitat que contempla obligar a los promotores a hacer vivienda asequible en la ciudad construida, pero que nadie había aplicado. La exigencia se convirtió en una moción que aprobó el pleno del Ayuntamiento con amplia mayoría. Y fue entonces cuando el gobierno municipal redactó la modificación del Plan General Metropolitano. Se aprobó inicialmente en junio y definitivamente en septiembre con los votos de PDeCAT, ERC, PSC y la CUP. Pero la última palabra la tenía la Generalitat.

A petición de ERC y el PSC durante la tramitación no se dictó una moratoria de licencias, como es habitual cuando en urbanismo se cambian las reglas del juego. Los promotores han aprovechado esta ventana para pedir licencias y esquivar la obligación de hacer vivienda social. Solo con las solicitadas desde octubre la ciudad hubiera ganado 300 pisos sociales.

 

 


Clara Blanchar / El País

Página Web - 2018/12/05

Fuente: https://elpais.com/