El grupo nacionalista vasco exige el traspaso de competencias y también deja en vilo la aprobación del decreto de la estiba portuaria y el destino del superávit de las comunidades autónomas y entidades locales

 

El pulso se mantiene hasta el final. El necesario apoyo del PNV para que el Gobierno convalide los decretos aprobados en sus «viernes sociales» solo está garantizado para las normas que competen al ministerio de Trabajo y el Brexit. Esto es, quedarán convalidada la ampliación de cinco a ocho semanas de la baja de paternidad y la ampliación desde los 55 hasta los 52 años del subsidio de 420 euros para los parados de larga duración.

Además, aunque tachado de «claramente insuficiente», el grupo nacionalista vasco apoyará también el paquete de medidas para paliar los efectos de un Brexit sin acuerdo. En vilo sigue, por tanto, el decreto que regula el mercado del alquiler, que ya se ha visto afectado por tres regulaciones en los últimos tres meses, así como el de la estiba portuaria y el destino del superávit de las comunidades autónomas y entidades locales.

Durante el debate de este decreto, el diputado del PNV Mikel Legarda no ha avanzado el sentido del voto de su grupo aunque ha cerrado su intervención con una conclusión muy crítica. «No aborda las causas más importantes de la escasez y carestía del sector del alquiler», ha concluido. Fuentes de la formación insistieron en que el sentido del voto sigue sin estar decidido aunque apuntaron a que, en este momento, su posición es más cercana a votar en contra que a apoyarlo.

En declaraciones a los medios de comunicación a la entrada de la Diputación Permanente, Aitor Esteban, portavoz del grupo ya dejó patente que su grupo mantendrá la tensión hasta el final: «Los decretos de Trabajo cuentan con apoyo de PNV, los demás ya veremos, habrá que esperar al momento de la votación». Además, Esteban ha mostrado su malestar por la forma en la que el Gobierno está intentando sacar adelante estos decretos: «Estamos molestos. No es de recibo hacer decretos leyes en este periodo cuando se podían haber presentado anteriormente. Y es menos de recibo que se haga sin consultar al resto de los grupos parlamentarios. Este es un trámite de sí o no y es muy difícil estar de acuerdo en todas las materias». Respecto a la posibilidad de tramitar la norma como proyecto de ley, Esteban se han mostrado contrario: «Aquí no valen las enmiendas, no tiene pies ni cabeza discutir en plena campaña. Esto se podría convertir en una competición y la legislación en un churro».

Tras el pulso del PNV se esconde su reclamo a La Moncloa de que se culmine el traspaso de siete competencias antes del 28 de abril: las referentes al transporte de cercanías y FEVE, innovación tecnológica, estudios de obras públicas, productos farmacéuticos, seguros escolares, ayudas a la jubilación de empleados afectados por EREs y escuelas viajeras. «El Gobierno español asumió unos compromisos y si ha tenido tiempo de presentar estos decretos también podría haberlos presentado. Esperamos que haya una actitud de compromiso», ha advertido Esteban.

El grupo vasco tiene en su mano inclinar el resultado en un sentido u otro ya que la Diputación Permanente cuenta con 65 miembros de los que el PSOE y sus socios de investidura suman 33, frente a los 32 del PP y sus aliados. En esos 33 votos del bloque de izquierdas se incluye el asiento del PNV. Por tanto, si este grupo decide no otorgar su apoyo al PSOE, el Gobierno necesitaría recabar el "sí" de algún grupo del bloque de derechas para poder convalidar los textos. La Diputación Permanente, órgano que sustituye al Congreso de los Diputados cuando la cámara está disuelta, debate hoy seis decretos: el relativo al Brexit, igualdad de oportunidades en el empleo; lucha contra la precariedad laboral; medidas relacionadas con la vivienda y el alquiler; regulación las empresas de trabajo temporal para su adaptación a la actividad de la estiba portuaria, y destino del superávit de las comunidades autónomas y entidades locales.

 

 

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Ana I. Sánchez - María Cuesta / ABC.ES

Página Web - 2019/04/03

Fuente: https://www.abc.es/

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La compraventa de viviendas avanzó en España en 2018 a dos velocidades: mientras Madrid, las islas y las provincias del arco mediterráneo avanzan a velocidad de crucero, el interior se estanca

 

76.636 compraventas de vivienda en Madrid, 798 en Soria. Son las cifras ofrecidas este lunes por los registradores en su anuario estadístico de 2018. La diferencia de operaciones entre la provincia más poblada de España y la menos poblada es natural en términos absolutos. Donde vive más gente, es lógico que se produzcan más compras. El problema comienza cuando los territorios menos habitados tampoco resisten la comparación en términos relativos. Por ejemplo, en Madrid se realizaron 11,90 compraventas por cada mil habitantes en 2018, casi ocho décimas por encima de la media nacional (11,16). En Soria y Teruel, por citar las dos provincias menos pobladas y con mayor protagonismo en la manifestación de la España vaciada que recorrió la capital este domingo, ese mismo indicador se sitúa en 8,82 y 7,93 respectivamente.

Y no son las peor paradas: en Zamora, la sexta provincia menos poblada, se registraron el año pasado 5,9 compraventas de vivienda por cada mil habitantes, la menor actividad de todo el país. En el extremo opuesto se situaron Alicante (21,35) y Málaga (19,74), quinta y sexta provincias con más habitantes. En otras palabras, el mercado inmobiliario no solo tiene más actividad donde vive más gente, sino que además tiende a una concentración cada vez mayor. La doble velocidad de crecimiento, que reflejan las estadísticas en muchos parámetros, se corresponde a grandes rasgos con el mapa de los territorios más y menos favorecidos demográficamente.

 

Un crecimiento “muy asimétrico”

“Lo sostengo desde hace años: hemos vuelto al crecimiento afortunadamente, pero no con una capilaridad que llegue a toda España”, valoró este lunes Fernando Acedo-Rico, director de Relaciones Institucionales del Colegio de Registradores, tras la presentación del anuario. Acedo-Rico define el crecimiento del mercado inmobiliario como “muy asimétrico” y cree que por eso “se da ese contraste tan grande [de las principales ciudades] con la España interior”.

La fotografía del mercado sí deja, al menos, un lugar para la esperanza al analizar la evolución anual en algunas provincias. En Teruel, por ejemplo, la compraventa de casas se disparó en 2018 un 24,88%, muy por encima de la media nacional (11,3%). Y el crecimiento con respecto a 2017 también fue superior a la media en Soria, Segovia y Ávila. Sin embargo, el estancamiento es casi total en Palencia (0,08%), una de las que menos crecieron junto con Cuenca, que registró un 1,2% menos de compraventas de viviendas que en el año anterior. De hecho, es la única provincia en negativo junto con Baleares (-0,09%), pero el archipiélago fue uno de los primeros territorios donde el mercado se reactivó tras la crisis y concentra uno de los mayores crecimientos de precios del actual ciclo.

En general, puede decirse que la ralentización del ritmo de compraventas en España (11,3% frente al 14,98% de 2017) responde sobre todo al agotamiento que muestran algunos de los grandes mercados que más han crecido en el último lustro. No solo es Baleares; también Madrid, Barcelona, Málaga y las dos provincias canarias registraron crecimientos de las compraventas inferiores a la media. Pero toman su relevo Valencia, Sevilla, Alicante o Murcia, todas entre las siete más pobladas, donde la recuperación ha tardado más en llegar. Como estas crecen por encima de la media, y las que anteriormente dominaban no se desploman, al final el resultado es parecido: donde más fuerza sigue teniendo el mercado inmobiliario es en torno al litoral mediterráneo y los archipiélagos, con Madrid como un islote en el centro peninsular.

Compradores extranjeros

Gran parte de esa fuerza responde, con las estadísticas en la mano, al tirón de la demanda externa. Más de una de cada diez casas que se compraron en España en 2018 fue a manos de un extranjero. Concretamente el porcentaje se situó en el 12,64%. Pero la media encubre diferencias enormes como la que se da entre Alicante (40,75%) y Lugo (0,37%). Tras Alicante, el podio de provincias con más compradores de fuera lo completan Tenerife y Baleares. A Lugo le acompañan Pontevedra y Badajoz, ambas también por debajo del 1%. Lo que no cambió el año pasado fue el orden de las nacionalidades más frecuentes: británicos (15,5%), alemanes (7,5%) y franceses (7,4%) siguen copando el mercado. La primera nacionalidad no comunitaria, la marroquí, aparece en octavo lugar con un 4,8%.

 

Otro ejemplo de la dinámica divergente entre los distintos mercados internos es el interés de los inversores. La estadística de los registradores recoge un indicador que apunta en esa línea, el del porcentaje de casas compradas por personas jurídicas (es decir, por fondos u otro tipo de empresas). Aunque en este caso la información no se desglosa por provincias, la asimetría entre comunidades es evidente. En el conjunto de España, detrás del 12,18% de las operaciones del año pasado había empresas. Canarias (17,94%), Cataluña (15,84%) y Murcia (14,70%) tienen los porcentajes más altos. Los más bajos corresponden Navarra (7,78%), Castilla y León (6,19%) y País Vasco (4,48%).

Aunque de manera menos evidente, y con excepciones muy llamativas, el mercado hipotecario también refleja las diferencias territoriales. En 2018 se constituyeron en España 346.366 hipotecas sobre viviendas, un 11,5% más que en el año anterior. Entre las seis provincias más pobladas, solo Málaga queda por debajo de esa media. Entre las seis con menos habitantes, no hay una tendencia unánime. En Zamora las hipotecas cayeron un 2,64%, en Teruel se quedaron casi planas con un crecimiento del 0,86% y en Palencia quedaron muy lejos de la media, con un 3,72%, Pero Soria lidera los crecimientos de toda España con un 51,29% más de hipotecas que en 2017 (aunque en términos absolutos son poco más de medio millar), Segovia logra una evolución notable del 22,40% y Ávila se queda prácticamente en la media española, con el 11,57%.

 

La vivienda se encarece un 8,22%

Al margen de las diferencias territoriales, el anuario presentado este lunes por el Colegio de Registradores de la Propiedad de España también permite tomar el pulso a otros indicadores de la vivienda. Uno de ellos es el precio, que aumentó un 8,22% en 2018. Se trata de un porcentaje superior al recogido por el INE, que se basa en fuentes notariales, pero ambas estadísticas coinciden en que es el más alto desde 2007, el año previo al estallido de la burbuja inmobiliaria.

Tomando el primer trimestre de 2005 como base 100, el índice de precios elaborado por los registradores se situó en 110 puntos en 2018, más o menos lo que valían las casas en 2011, cuando los precios bajaban tras el estallido de la burbuja. Han crecido por tanto mucho desde el pico más bajo (85,73), pero se encuentran un 16% por debajo de los máximos precrisis (130,02, en el segundo trimestre de 2007).

Por el contrario, el precio medio de las naves industriales y los locales comerciales descendió el año pasado un 6,9%. En términos absolutos, se situó como media en 1.307 euros por metro cuadrado, aunque las diferencias por comunidades son enormes. Madrid es la más cara (2.159 euros/metro cuadrado), seguida de Canarias (1.573 euros/metro cuadrado) y Baleares (1.521 euros/metro cuadrado). Las tres más baratas son Castilla-La Mancha (716 euros/metro cuadrado), Murcia (792 euros/metro cuadrado) y Extremadura (795 euros/metro cuadrado).

También varía, aunque menos, el importe de los garajes y trasteros. El precio medio de los garajes en toda España fue de 966 euros por metro cuadrado. Cinco comunidades (País Vasco, Baleares, Madrid, Aragón y Cataluña) superaron esa media. Para los trasteros, la media se acercó a los 920 euros y solo cuatro comunidades (todas las anteriores, salvo Aragón) se situaron por encima.

 

 

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José Luis Aranda / El País

Página Web - 2019/04/02

Fuente: https://elpais.com/

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Calvet defiende que el decreto de Vivienda del Govern busca fomentar la promoción de vivienda asequible

 

El equipo del presidente de la Generalitat, Quim Torra, defendió ayer su decreto de vivienda, criticado por las entidades y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, porque tendrá en cuenta el precio del suelo de los barrios para promover pisos sociales. El consejero de Territorio, Damià Calvet, señaló que el objetivo del decreto es fomentar la promoción de vivienda asequible entre operadores públicos y privados. Por ello, la administración pagará la diferencia entre lo que al promotor le cueste construir pisos sociales en cualquier barrio (aunque sea de renta alta), y el alquiler o hipoteca que las familias adjudicatarias puedan asumir.

Hasta ahora había tres tipos, tres módulos, de vivienda social: de régimen especial (para familias con rentas muy bajas), de régimen general (para rentas bajas) o concertado (para rentas moderadas). Y Cataluña estaba dividida en cuatro zonas, con precios de construcción por cada una de ellas (porque no es lo mismo construir vivienda social en Barcelona que en Balaguer, porque el suelo en la capital tiene un coste muy superior).

La idea que recoge el polémico decreto es que haya un solo tipo de vivienda social. Y que lo que definirá el coste de construcción será el precio del suelo, los costes de construcción y un “factor de localización que permitirá corregir al alza el precio de venta básico”. Esto es, si en un barrio rico el suelo es muy caro y al promotor no le sale a cuenta construir pisos sociales, el precio de venta o alquiler podrá ser más alto. Pero, como las familias que tienen derecho a pisos sociales tienen rentas limitadas, la diferencia que no puedan pagar la asumirá la administración.

“El precio máximo de renta o venta de un piso no puede estar por debajo del precio que cuesta hacerlo. Y como queremos que los operadores públicos y privados puedan hacer vivienda social, hay que definir bien el precio del módulo, que lleva 12 años congelado”, defendió el consejero Calvet. Y añadió: “La Generalitat cubrirá lo que no puedan pagar respecto al módulo”, vía ayudas al alquiler de la Generalitat (el “aval lloguer”) o a través del Consorcio, en el que participan Govern y Ayuntamiento de Barcelona.

“Con este decreto hacemos posible el 30%”, defendió sobre la modificación urbanística aprobada por Barcelona que obliga a los privados a destinar un 30% de sus promociones a vivienda asequible. La interpretación de Colau, errónea según Calvet, es que al hablar de barrios, solo los ricos podrán optar a vivienda social en los barrios ricos.

Preguntado por si, con esta fórmula a la administración no le acabará costando muy caro hacer vivienda social, Calvet respondió: “Las políticas de vivienda, como las del transporte público, son deficitarias por definición”.

En la misma línea de fomentar la promoción como sea, el decreto fija que las futuras viviendas de protección tendrán calificación permanente, para que no se puedan vender y se pierda patrimonio público. Pero excluye a las viviendas sociales en suelo privado: “Las promociones de vivienda social en suelos privados no deben tener calificación permanente, se lo tenemos que poner fácil [a los privados], no difícil”, manifestó Calvet.

 

Colau exige al Govern que retire el decreto de vivienda

La política de vivienda ha vuelto a enfrentar a los gobiernos de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. La alcaldesa Ada Colau compareció ayer para arremeter contra el Decreto de medidas urgentes en materia de vivienda del Govern. Un decreto que en solo diez artículos modifica o anula otros 50 artículos las leyes vigentes de urbanismo, vivienda y desahucios. Colau entiende que el decreto abre la puerta a la liberalización de la vivienda pública al vincular su precio a los barrios donde se ubique.

La alcaldesa acusó al presidente Quim Torra que dejar solos a los Ayuntamientos y le pidió que retire el decreto antes de que en entre en el Parlament. Horas más tarde, el consejero Damià Calvet salió para responder a la alcaldesa y afirmó que la idea del Govern es “abrir el decreto como proyecto de Ley para poderlo debatir”.

Calvet insistió varias veces en que la vivienda “es una cuestión fundamental” para el Gobierno de la Generalitat y acusó a Colau de “querer gesticular en tres meses lo que no ha hecho en todo el mandato”. “Le puede más el populismo que hacer de alcaldesa”, afirmó y acusó a la alcaldes de “mentir” respecto a las aportaciones de la Generalitat en materia de vivienda, las promociones realizadas y las consecuencias del decreto. El consejero precisó que los 700 pisos que entregará Colau proceden de suelos movilizados por su antecesor, Xavier Trias.

 

 

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Clara Blanchar / El País

Página Web - 2019/04/02

Fuente: https://elpais.com/

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Los extranjeros adquieren más pisos que nunca en España, según el Colegio de Registradores, que niega que exista una burbuja en el mercado

 

No hay ningún riesgo de burbuja inmobiliaria. Es el mensaje que ha querido transmitir este lunes el Colegio de Registradores, que ha presentado su Anuario Inmobiliario de 2018 en Madrid. Una radiografía del mercado de la vivienda que muestra datos como que el año pasado se cerraron 516.680 operaciones, un 11% más. Entre ellas, el 82,5% fueron pisos usados y el 17,5% vivienda nueva.

Dentro de estas compraventas, solo el 12,8% estuvieron protagonizadas por personas jurídicas. La cifra, que llega hasta el 18% en Canarias, refleja que el mercado nacional sigue monopolizado por los particulares, que aglutinan hasta el 87,82% de las transacciones. Una posición que contradice las tesis de Podemos, que ha alertado en los últimos meses del papel que estaban desempeñando en la subida de los precios de la vivienda entidades como las socimis y los fondos buitre.

«Es un dato sano», ha destacado el director de relaciones institucionales, Fernando Acedo, durante la presentación del informe. Para el Colegio, existen otras muestras de que el crecimiento del mercado es «sostenido», como el tiempo medio de posesión de una vivienda, que según el anuario se establece en 14 años y ocho meses, máximo de la serie histórica. Para Acedo, esto demuestra que «la vivienda se compra para ser usada». Y aunque desde el Colegio admiten que un alto porcentaje de estas adquisiciones se destinan al alquiler, consideran que esta también «es una forma de crear riqueza».

La estadística de los Registradores también hace referencia al mercado hipotecario, que alcanzó los 346.366 préstamos en 2018, un 11,5% más que el año anterior. Pese a ello, la estadística (que no se ha visto afectada los vaivenes jurídicos del Supremos con el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados) supone una cuarta parte de las 1.316.262 hipotecas que se concedieron en 2006. «Tras seis años de crecimiento, percibimos que el aumento sigue siendo progresivo y paulatino», ha apuntado Acedo,

Eso sí, el estancamiento de los sueldos producido en los últimos años ha provocado que el pago de este préstamo se coma cada vez más porcentaje del sueldo. En 2018, el pago de la hipoteca representaba el 30% del salario de los españoles. En Baleares, sin embargo, esta cuota se disparó hasta el 45%.

 

El Brexit pasa de largo

Respecto al papel de los extranjeros en el mercado, el Colegio apunta que estos alcanzaron cifras récord en 2018, cuando alcanzaron las 65.400 operaciones, el 12,7% del total. En regiones como Baleares y Canarias, no obstante, su presencia crece hasta el 30%.

Los británicos siguen siendo los grandes protagonistas en este segmento, representando el 15,% de las operaciones acometidas por extranjeros. Por detrás se sitúan los alemanes (7,5%), franceses (7,4%), belgas (6,3%) y suecos (5,8%). «No hemos percibido un impacto en el mercado tras el Brexit», ha destacado el director de relaciones institucionales del Colegio.

Los compradores foráneos también registran un resultado récord en el mercado hipotecario, donde alcanzan las 23.000 operaciones, máximos de la última década. A nivel nacional, supone un 6,7% del total, pero en regiones costeras este porcentaje crece hasta el 10%.

La compleja tarea de elaborar un índice del alquiler

El Colegio de Registradores también ha hecho referencia a la posibilidad de elaborar un índice oficial sobre el mercado del alquiler, un ambicioso plan que se ha puesto como objetivo el Gobierno en un plazo de ocho meses. «Es un proceso difícil y complejo. Primero tenemos que ver qué consideramos alquiler de vivienda y luego escoger bien las fuentes», han destacado desde el organismo.

 

 

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Guillermo Ginés / ABC.ES

Página Web - 2019/04/01

Fuente: https://www.abc.es/

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